Top 10 asuntos prioritarios en la agenda de empresas y derechos humanos 2026
De cara a 2026, CREER presenta su Top 10 de los asuntos prioritarios en la agenda de empresas y derechos humanos en América Latina, una mirada prospectiva que identifica los principales desafíos y oportunidades que marcarán el año siguiente.
La selección se construye a partir de un análisis del contexto político, económico y social, regional y global, y de los desarrollos más recientes por parte de CREER. El Top 10 refleja, así, las dinámicas emergentes que están redefiniendo la relación entre actividades empresariales y entre estas y los territorios, así como prioridades estratégicas frente a las cuales existen riesgos, tensiones y oportunidades para habilitar condiciones de coexistencia y convivencia entre las actividades económicas y los entornos donde estas se desarrollan. Este conjunto de asuntos orientará el enfoque programático de CREER durante 2026.
Los PRNU cumplen 15 años desde su adopción en 2011. Y sus primeros 15 años llegan en un contexto de péndulo entre la regulación y la desregulación.
Como resultado de lo ocurrido en 2025, el paquete “Ómnibus” de la Unión Europea será aprobado a inicios de 2026 alcanzando el propósito de varios gobiernos y lobistas de grandes corporaciones: reducir el ámbito de aplicación de la CSRD y la CSDDD. Con ello, el enfoque basado en el riesgo se tratará de un ejercicio de alcance más general; la exigencia de información a las empresas de la cadena se hará “cuando sea necesario”; se suprime la obligación para las empresas de contar con un plan de transición climática; y se pospone un año más -a 2029- la entrada en vigor de estas normas, entre otros ajustes. ¿Qué tan preocupante debería ser esto?
Podría afirmarse que también fracasaron el Tratado de las Naciones Unidas sobre los Plásticos, la mención de los combustibles fósiles en el texto final acordado en la COP 30 de Brasil sobre cambio climático y el Marco Net-Zero de la Organización Marítima Internacional. Y las Naciones Unidas entran en proceso de revisión, como corolario de una nueva crisis del multilateralismo.
¿Es la (des)regulación un indicador de fracaso del Sistema de las Naciones Unidas?
Lo que podemos saber y afirmar es que los PRNU siguen siendo el marco de referencia más aceptado en relación con la expectativa de conducta de las empresas. Y, por esta sola razón, siguen más vigentes que nunca. La pregunta que debería formularse es hasta qué punto han logrado su objetivo, luego de 15 años desde su adopción por consenso.
Si el indicador de éxito es legislaciones nacionales que obliguen a las empresas a hacer debida diligencia en derechos humanos, seguramente el objetivo debería declararse incumplido. Sin embargo, entendemos que el objetivo no es ese sino su potencial habilitador y moderador de conductas; el cambio en el ser y el actuar de las empresas es, quizás, el objetivo más inmediato.
Desde CREER, queremos proponer una reinterpretación de los PRNU que vaya más allá de propósitos inmediatos de direccionar conductas en clave de “Do No Harm”. El enfoque de acción sin daño es, sin duda, fundamental, pero es, a todas luces, insuficiente, especialmente en los países de América Latina donde su riqueza en diversidad étnica, biodiversidad y recursos naturales -incluyendo minerales y metales estratégicos- se ve permeada por pobreza estructural, corrupción y economías criminales. La debida diligencia no puede ser -o continuar siendo- un fin en sí mismo.
Quizás al enfoque de “Do No Harm” habría que añadirle un enfoque de “Impacto Positivo”; y, de esta manera, un marco de referencia como los PRNU, podría ser funcional a conversaciones difíciles acerca de pobreza energética, pobreza tecnológica y digital, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y beneficios compartidos de manera equitativa.
Es hora de hacer balances: 2026 será el aniversario No. 15 de los PRNU. Y, seguramente, vendrán opiniones -ojalá informadas- acerca de sus alcances, limitaciones y oportunidades de mejora.
Desde CREER estaremos atentos a sumar a la discusión, apelando a la necesidad de miradas “más allá de Europa” sobre la agenda de Derechos Humanos y Empresa y, en general, sobre el movimiento de derechos humanos. Es quizás el momento oportuno para que América Latina sea un actor clave en la generación de conocimiento y práctica, de manera que deje de ser la única preocupación lo que ocurra en el Consejo, la Comisión y Parlamento europeos.
La llegada de nuevos liderazgos globales y regionales coincide, en América Latina, con un recambio significativo de las orientaciones ideológicas, en un contexto en el que las recientes y futuras elecciones —tanto a nivel nacional como subnacional— parecen consolidar este giro. Este cambio se expresa en agendas más nacionalistas, polarizantes y críticas del multilateralismo; así como en una menor prioridad otorgada a los derechos humanos, políticas climáticas y agendas sociales.
En muchos países, ello se ha traducido en el impulso a procesos de desregulación, debilitamiento institucional y reducción del espacio cívico, acompañados de narrativas que presentan los estándares internacionales como imposiciones externas o frenos al crecimiento. En este entorno, la agenda de derechos humanos y empresa ha visto erosionada su capacidad de incidencia y legitimidad pública, al tiempo que disminuyen los incentivos —políticos, regulatorios y simbólicos— para que el sector empresarial avance de manera sostenida en la debida diligencia y en prácticas responsables.
Este viraje no responde únicamente a decisiones de las élites políticas en Latinoamerica, sino que encuentra un respaldo claro en problemáticas sociales más amplias. De acuerdo con el Barómetro de las Américas (2023), solo el 59 % de los adultos en América Latina expresa apoyo a la democracia, reflejando una caída sostenida durante la última década que aún no se revierte. Países como Argentina, Colombia o Jamaica registran algunos de los descensos más severos, mientras aumentan las preocupaciones ciudadanas sobre la libertad de expresión. A ello se suma una percepción persistente de corrupción. Según Transparency International (2024), la región continúa mostrando bajos desempeños en el Índice de Percepción de la Corrupción y, en la última década, solo Guyana y República Dominicana han logrado mejoras sostenidas. La combinación de baja confianza democrática y altos niveles percibidos de corrupción profundiza la polarización y debilita la legitimidad institucional.
Frente a este escenario, CREER orientará su acción en 2026 a romper estos bloqueos desde dos ejes complementarios. Primero, comprender las bases narrativas de la polarización para identificar convergencias posibles entre actores aparentemente enfrentados -especialmente empresas y organizaciones de la sociedad civil y ONG-, demostrando que existen intereses compartidos en torno a la estabilidad territorial, el empleo, la legalidad y la sostenibilidad. Segundo, reafirmar que el respeto y cumplimiento de los derechos humanos se encuentra en el corazón de la sostenibilidad empresarial, no como una agenda ideológica, sino como una garantía concreta para las empresas en términos de gestión de riesgos, legitimidad social, seguridad jurídica y viabilidad de largo plazo en contextos marcados por la incertidumbre y la desconfianza.
Tras un 2025 marcado por ajustes geopolíticos, especialmente entre China y Estados Unidos, los países en vía de desarrollo ganan importancia. América Latina desempeña un papel estratégico en la cadena de valor global de las energías renovables. Cerca del 65 % de la energía producida en la región proviene de fuentes renovables y se prevé que su participación en la generación eléctrica continúe en expansión. No obstante, a nivel global, la Agencia Internacional de Energías Renovables advierte que las incorporaciones actuales y los niveles de inversión en energías renovables son insuficientes para cumplir el objetivo de triplicar la capacidad instalada y alcanzar los 11,2 TW en 2030. Lograr esta meta requeriría añadir 1.122 GW de capacidad anual a partir de 2025 y acelerar el crecimiento hasta un 16,6 % anual, en línea con las metas climáticas internacionales establecidas.
Para alcanzar estos objetivos, resulta esencial la extracción de minerales críticos como el cobre, el níquel, las tierras raras y el grafito, entre otros, dado su uso en la construcción de infraestructura y tecnologías energéticas. La región concentra alrededor de un tercio de la producción y exportación mundial de minerales estratégicos para la transición energética, liderada por países como Chile, Perú, Argentina y Brasil, que cuentan con importantes reservas. Se prevé que la demanda de estos minerales aumente de manera significativa, impulsando inversiones de hasta USD 130 mil millones en minería y USD 24 mil millones en actividades de refinamiento hacia 2040.
Estas metas e inversiones se desarrollan en un contexto regional marcado por desafíos estructurales, como altos niveles de pobreza multidimensional (incluida la pobreza energética), cambios en la geopolítica regional que modifican las agendas climáticas, vulnerabilidades macroeconómicas persistentes y la necesidad de integrar de forma efectiva las demandas socioambientales y de derechos humanos que históricamente han configurado la agenda pública. En este escenario, ante el aumento previsto y acelerado tanto de las operaciones del sector de energías renovables como de la extracción de minerales, resulta fundamental gestionar adecuadamente los riesgos e impactos sociales, económicos, ambientales y en derechos humanos asociados a estas industrias, así como promover mecanismos de beneficios compartidos que permitan superar el modelo extractivista tradicional que ha predominado en América Latina.
En este contexto, el sector privado tendrá un papel fundamental, tanto en la movilización de capital como en el fortalecimiento de una gobernanza participativa, especialmente en escenarios marcados por una fuerte polarización en torno a la agenda climática y energética. No obstante, su involucramiento exige la integración coherente de principios de derechos humanos y de transición justa, condición indispensable para sostener la inversión y consolidar un crecimiento energético bajo en carbono. De lo contrario, persistirán la incertidumbre y una baja legitimidad en el relacionamiento con los territorios y sus comunidades, lo que terminará por comprometer la viabilidad y la aceptación social de los proyectos.
2026 será un año en el que CREER impulsará y facilitará discusiones pragmáticas sobre el devenir de los sectores de las energías renovables y minerales de transición en América Latina, con un énfasis central en la debida diligencia y la trazabilidad a lo largo de sus cadenas de suministro. Desde esta perspectiva, buscaremos contribuir al fortalecimiento de modelos de gobernanza territorial y generación de mecanismos de beneficios compartidos desde el diálogo multiactor que permitan identificar, gestionar y remediar de manera colectiva los riesgos e impactos en derechos humanos, así como las conflictividades socioambientales que pueden surgir en contextos específicos asociados a la operación de estos proyectos.
Aspiramos a aportar a una transición energética justa y sostenible, desde una mirada sistémica que reconozca los dilemas, matices y oportunidades de las transformaciones globales y sus impactos a nivel regional y local.
Hace diez años, 196 países suscribieron el Acuerdo de París con el objetivo de limitar el calentamiento global y enfrentar el cambio climático. Desde entonces, se han adoptado múltiples tratados y compromisos en el marco de distintas convenciones climáticas. En noviembre de 2025, durante la COP30 celebrada en Brasil, se lanzó el Mecanismo de Acción de Belém (BAM, por sus siglas en inglés), una iniciativa orientada a avanzar colectivamente hacia una transición justa, ordenada y equitativa para dejar atrás los combustibles fósiles y limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C. Esta plataforma pone en el centro a las comunidades y a los trabajadores cuyos medios de vida dependen de los combustibles fósiles o de sectores intensivos en carbono. Si bien no fue posible consensuar un lenguaje formal que incorporara explícitamente esta eliminación en los resultados finales de la COP, el debate diplomático, político y económico ganó un renovado impulso tanto en las negociaciones como en la agenda pública y mediática.
América Latina es una región rica en recursos naturales (como petróleo, gas y minerales) y ha sido históricamente exportadora de materias primas para el mercado global. Sus economías, afectadas por la denominada “enfermedad holandesa”, dependen en gran medida de las exportaciones de las industrias extractivas, así como de los ingresos fiscales y el empleo que estas generan, especialmente a nivel territorial. Sin embargo, la persistente desigualdad, la debilidad institucional, una gobernanza frágil, la volatilidad económica y la corrupción han limitado de manera significativa el aprovechamiento de los recursos producidos por estas industrias, obstaculizando la diversificación económica y el desarrollo de otros sectores productivos. A ello se suma el elevado impacto que estas industrias han tenido sobre el goce efectivo de los derechos humanos en los territorios donde operan.
En este contexto se despliega la agenda de descarbonización en América Latina, caracterizada por metas climáticas ambiciosas, la coexistencia de nuevas industrias (especialmente, las renovables) con modelos económicos extractivos y la necesidad de transformaciones profundas del sistema económico. Dichas transformaciones resultan indispensables para avanzar hacia un modelo de desarrollo que equilibre la inversión, el gasto público y las múltiples transiciones requeridas (exportadora, tributaria, fiscal, entre otras) con el fin de reducir los impactos sociales, económicos, ambientales y en derechos humanos que pueden suceder con la transición energética. Si bien varios países de la región (como Colombia, Brasil, Uruguay y México) han desarrollado lineamientos en materia de Transición Energética Justa que abordan la salida progresiva de los combustibles fósiles, solo Chile cuenta con un plan claro y definido hacia 2040. En consecuencia, persisten desafíos relevantes para el diseño de programas con objetivos medibles, instrumentos vinculantes y mecanismos efectivos de distribución de beneficios asociados a la salida de estas industrias en la región.
Nuestro trabajo en CREER hacia 2026 se centra en una mirada pragmática que reconoce la necesidad de mejoras en la calidad de vida de personas y comunidades, la reducción de la pobreza energética -entendida esta como una vulneración de derechos humanos- y el rol que aún deben jugar las economías extractivas como habilitadores de una transición realmente justa. Por eso, aportamos en preparar a las regiones para una salida ordenada de los combustibles fósiles, integrando criterios sociales, ambientales y de derechos humanos en la planificación empresarial de cierre y salida, desde un enfoque participativo y multiactor. Al mismo tiempo, buscamos fortalecer las capacidades de las comunidades locales para avanzar en la gobernanza territorial y la diversificación económica. De este modo, contribuimos a que la transición hacia la carbono-neutralidad se consolide como una oportunidad de desarrollo sostenible de largo plazo.
El sector agropecuario enfrenta complejidades estructurales en materia de derechos humanos, manifestadas en tensiones económicas, sociales y ambientales a escala global. Dos hitos recientes ilustran esta realidad: en 2025, las protestas de agricultores europeos contra el acuerdo UE-Mercosur evidenciaron el conflicto por la competencia desleal y las asimetrías regulatorias. Paralelamente, en América Latina, la expansión de los biocombustibles en tierras fértiles genera dilemas éticos sobre la seguridad alimentaria y la justicia ambiental.
Ante este panorama, la agenda sectorial se centra en resolver la tensión entre la generación de ingresos en comunidades vulnerables y la conservación de los ecosistemas. Para CREER, la bioeconomía es una alternativa clave: un modelo de desarrollo territorial que articula el uso sostenible de recursos biológicos con innovación científica. Aunque estos modelos promueven el crecimiento económico y el respeto a las fronteras agrícolas, enfrentan desafíos críticos, como reducir la dependencia de actores externos, acceso al sector financiero, fortalecer las capacidades técnicas de las comunidades locales y, de manera preponderante, un incremento en la productividad de manera sostenida.
En territorios en transición que buscan superar la dependencia de economías extractivas, la agricultura se proyecta como el motor de la diversificación productiva. A través de elementos como la formalización, la restauración socioecológica y el monitoreo comunitario, es posible una gestión sostenible de los recursos. Así, 2026 se perfila como un año decisivo para consolidar prácticas de gobernanza local en América Latina que equilibren la protección ambiental con el desarrollo agrícola, sentando las bases de una transición verdaderamente justa.
La Transición hacia economías bajas en carbono está entrando en su etapa más “real” a través de cierres o reconversiones industriales, reentrenamiento laboral, nuevas infraestructuras, cambios en uso del suelo y expansión de cadenas de suministro de minerales críticos. A medida que estos cambios aumentan la pregunta deja de ser solo “cuánta inversión se necesita” y se convierte en “quién paga, quién se beneficia y quién asume los costos de la transición”.
El tamaño de la brecha financiera vuelve el tema inevitable. A escala global, la financiación climática alcanzó alrededor de USD 1,9 billones en 2023, pero las necesidades estimadas para esta década son muy superiores: se calcula que se requieren al menos USD 6,3 billones anuales entre 2024 y 2030 (CPI,2025). Esa diferencia empujará en 2026 una expansión rápida de instrumentos financieros (crédito, bonos, blended finance, garantías, banca de desarrollo) y, al mismo tiempo, un debate más intenso sobre condiciones, métricas y “taxonomías”.
Para la agenda de empresas y derechos humanos, esto es crítico porque los criterios para otorgar financiación pueden amplificar riesgos aos DDHH como despidos masivos sin protección, informalidad laboral, impactos a comunidades y pueblos indígenas, conflictos socioambientales, o puede promover mejores prácticas basadas en el respeto de los derechos humanos. Por eso en 2026 se espera un aumento en la presión para que bancos e inversionistas prueben que integran debida diligencia en derechos humanos en las decisiones financieras, y que cuentan con mecanismos de queja y reparación efectivos.
Desde CREER promovemos la idea de que la financiacion de la transición no se debe reducir solo a “movilizar capital hacia lo verde” sino que debe integrar un enfoque de derechos que incluya planes con participación significativa, diálogo social, protección social y salvaguardas verificables para no dejar a nadie atrás, alineando incentivos financieros con resultados reales para las personas —no solo con métricas de carbono.
En América Latina las economías criminales y las organizaciones delictivas transnacionales han experimentado un proceso de sofisticación y expansión inédito en la última década, pasando de un modelo basado exclusivamente en el narcotráfico hacia una estructura de portafolios diversificados que incluyen la deforestación, la minería ilegal de oro, la extorsión, la trata de personas, el tráfico de migrantes, entre otras. Según el Índice Global de Crimen Organizado (GI-TOC, 2023), América Latina y el Caribe se consolidan como la región con los niveles de criminalidad más altos del mundo, facilitados por la porosidad de las fronteras y una debilidad institucional crónica. Este incremento del poder económico les ha permitido consolidar una «gobernanza criminal», mediante la cual estas estructuras ejercen un control social y territorial de facto en zonas donde la presencia del Estado es deficiente o nula.
La magnitud de este fenómeno es llamativa. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que los costos directos e indirectos del crimen organizado representan aproximadamente el 3.4 % del PIB regional, una cifra que triplica el promedio de los países de la OCDE y que supera la inversión pública en educación de países enteros. No obstante, el impacto más crítico se refleja en la violencia: aunque la región alberga solo al 8 % de la población mundial, concentra cerca del 33 % de los homicidios globales, según datos de la UNODC. La infiltración en la economía formal es una realidad tangible: por ejemplo, en Brasil, se han detectado activos por más de US$220 millones en cadenas de suministro de combustibles vinculadas al lavado de activos (AP, 2025); mientras que en Chile, las denuncias por extorsión ligadas a bandas transnacionales como el Tren de Aragua aumentaron un 938 % en apenas cuatro años, afectando la operatividad de pequeñas y medianas empresas (CIPER, 2024).
Ante la creciente porosidad entre los mercados lícitos e ilícitos, los riesgos de infiltración para el sector privado se han vuelto sistémicos, lo que obliga a las empresas a evolucionar desde un enfoque de cumplimiento reactivo hacia modelos avanzados de Debida Diligencia Reforzada en Derechos Humanos y de gestión de riesgos multidimensionales. Ya no es suficiente con comprender y mitigar los riesgos en la cadena de valor inmediata; es imperativo anticipar y mitigar riesgos territoriales vinculados a la cooptación de mercados por actores no estatales.
Para 2026, CREER aportará a la consolidación de ejemplos concretos de innovación en los procesos de debida diligencia, que integren mecanismos de diálogo multiactor que permitan cocrear estrategias de prevención y reducción de riesgos. Esto significa que la debida diligencia pasa de ser un trámite burocrático para convertirse en un instrumento estratégico de prevención y transformación estructural, esencial para garantizar la sostenibilidad operativa, la trazabilidad y la integridad de las cadenas de valor globales.
La región de la Amazonía representa quizá una de las tensiones globales más relevantes entre riqueza geológica y biodiversidad.
Gracias a Guyana y Brasil, Suramérica se ha convertido en la parte del mundo donde la producción de petróleo está creciendo más rápido, proyectándose un incremento de un tercio para 2030, incluso más que en Oriente Medio (una cuarta parte) y Norteamérica (una décima parte). El dilema que se presenta es que esta nueva frontera petrolera se desarrolla en el estuario del río Amazonas, quizás el corazón de la biodiversidad del planeta. Brasil presenta un enfoque pragmático: busca generar ingresos provenientes del petróleo para financiar la transición. El 5 de diciembre de 2025, Lula ordenó una hoja de ruta para reducir la dependencia de Brasil de los combustibles fósiles. De acuerdo con el Ministro de Energía de Brasil, se pretende garantizar la seguridad energética y la estabilidad fiscal a corto plazo, al tiempo que se financia la competitividad a largo plazo en energías renovables. Quizás esto explica la influencia de Brasil en la no inclusión de los combustibles fósiles en el acuerdo alcanzado en la COP 30 sobre cambio climático.
La Amazonía también es escenario de minerales estratégicos para la transición pues, además de ser reconocida históricamente por el oro -y la ilegalidad asociada a esta actividad extractiva-, las agencias de minerales de Brasil y de Colombia han advertido sobre la presencia de cobre, coltán y molibdeno (Colombia), niobio, tierras raras y níquel (Brasil).
Por otro lado, la Amazonía concentra el 68.2% de la deforestación en el territorio colombiano, cuyas pérdidas superan las 112.000 hectáreas anuales. Además, el 62.5% de esta destrucción de hábitat ocurre en áreas protegidas y el 9% en Parques Nacionales en Colombia, impulsada por acaparamiento de tierras, ganadería extensiva y economías ilícitas (Fundación Conservación y Desarrollo Sostenible, 2022). La corrupción y el crimen organizado se han vuelto endémicos a lo largo de toda la cuenca amazónica.
¿Cómo alcanzar un debate ponderado acerca de la Amazonía? ¿Quiénes deben decidir sobre la Amazonía? Ciertamente, la tensión entre biodiversidad y riqueza geológica debe ser resuelta de manera concertada entre los distintos países que comparten el bioma amazónico, con especial incidencia de parte de los pueblos indígenas que lo habitan. La COP 30 de Brasil y sus resultados son un preludio sobre lo que se discutirá en 2026 en Colombia alrededor del tratado para la no proliferacion de combustibles fósiles y la Amazonía será uno de los epicentros de la discusión.
América Latina y el Caribe enfrentan un crecimiento urbano acelerado que desafía los límites ecológicos de ecosistemas vitales como ríos, manglares y mares. En una región donde más del 27% de la población habita en zonas costeras, la exposición a cambios ambientales y tensiones socioeconómicas es crítica. En este escenario, el agua deja de ser un simple «servicio» para convertirse en el tejido vivo indispensable del que dependen comunidades, fauna y múltiples ecosistemas.
La vulnerabilidad de estos territorios se agudiza por la convergencia de eventos climáticos extremos y la expansión de actividades económicas de alto impacto. Las denominadas «industrias del océano» —que integran operaciones portuarias, infraestructura logística, turismo de gran escala y proyectos extractivos offshore (tanto de hidrocarburos como de energías renovables)— generan presiones y daños acumulativos. Este modelo de desarrollo no solo provoca pérdidas económicas y crisis de salud pública, sino que desencadena profundos conflictos por el uso del suelo y el agua, amenazando directamente a 41 millones de personas en las zonas costeras de la región.
En las zonas costero-ribereñas, el riesgo es sistémico. La vulnerabilidad climática se entrelaza con una dependencia profunda de los sistemas acuáticos que sostiene saberes, identidades y economías locales como la pesca artesanal y el marisqueo. Cuando estas actividades industriales degradan o contaminan el entorno, el impacto trasciende lo económico: se fractura el tejido social y se pone en riesgo la base misma de supervivencia de las comunidades.
A nivel regional, la magnitud del reto es evidente en los más de 72,000 km de litoral que posee América Latina y el Caribe. En las ciudades, las amenazas que marcan la agenda —olas de calor (67%), inundaciones (57%) y estrés hídrico (47%)— se ven agravadas por la fragmentación institucional y la presión económica de sectores como la logística y el turismo por ocupar zonas de alto riesgo. Ante esta realidad, los gobiernos enfrentan la necesidad urgente de articularse con los actores económicos para implementar una «planificación anfibia»: una estrategia de toma de decisiones donde el uso del suelo y la actividad económica se supediten rigurosamente al funcionamiento y la salud del sistema hídrico.
En 2026 aportaremos al conocimiento y práctica de ejemplos sobre prosperidad urbana en clave de sistemas socioecológicos sanos y funcionales, con interdependencia entre ecosistemas, derechos y economía.
A medida que los entornos digitales se integran en todas las esferas de la vida cotidiana y la innovación tecnológica supera la capacidad de los Estados para regular sus impactos, emergen nuevos riesgos para los derechos humanos. Para la agenda de Derechos Humanos y Empresa, este auge digital representa tanto un punto de inflexión como un punto ciego: los riesgos ya no se limitan a las dinámicas territoriales o a las prácticas empresariales tradicionales; ahora habitan en el código, las plataformas y las infraestructuras invisibles para la mayoría de trabajadores y consumidores. En 2026, abordar estos desafíos exige entender cómo se diseñan, desarrollan y utilizan estos sistemas, y cómo moldean nuestras dinámicas sociales, ambientales y laborales.
Se estima que más del 85 % de las empresas en América Latina usan inteligencia artificial en al menos uno de sus procesos mientras que, en países como Colombia, la brecha digital alcanza el 38,4 %. En un mismo ecosistema, un sector de la población automatiza tareas con IA y otro sigue excluido de la conectividad. En este contexto, los entornos digitales (desde redes sociales e inteligencia artificial hasta plataformas de servicios y banca digital) presentan riesgos multidimensionales: precarización laboral por control algorítmico, discriminación por sesgos automatizados, desinformación masiva y polarización inducida, vulneración a la privacidad y a los datos personales, y hasta un costo ambiental oculto, con una huella de carbono y consumo de agua significativos para mantener centros de datos construidos con minerales críticos.
Desde CREER, abordamos este desafío como parte de nuestra agenda de transiciones, liderando discusiones basadas en evidencia sobre el desarrollo y uso responsable de estas tecnologías. Apostamos por una gobernanza tecnológica democrática, responsable y sostenible que conecte las voces de América Latina con el diseño de estas plataformas y la toma de decisiones sobre la materia. Nuestro enfoque busca transformar la IA y otros entornos digitales en herramientas con la capacidad de generar impactos colectivos positivos. El futuro de la agenda de empresas y derechos humanos depende de visibilizar lo invisible, especialmente en lo digital, y de convertir los posibles riesgos en oportunidades para todas y todos.
Los PRNU cumplen 15 años desde su adopción en 2011. Y sus primeros 15 años llegan en un contexto de péndulo entre la regulación y la desregulación.
Como resultado de lo ocurrido en 2025, el paquete “Ómnibus” de la Unión Europea será aprobado a inicios de 2026 alcanzando el propósito de varios gobiernos y lobistas de grandes corporaciones: reducir el ámbito de aplicación de la CSRD y la CSDDD. Con ello, el enfoque basado en el riesgo se tratará de un ejercicio de alcance más general; la exigencia de información a las empresas de la cadena se hará “cuando sea necesario”; se suprime la obligación para las empresas de contar con un plan de transición climática; y se pospone un año más -a 2029- la entrada en vigor de estas normas, entre otros ajustes. ¿Qué tan preocupante debería ser esto?
Podría afirmarse que también fracasaron el Tratado de las Naciones Unidas sobre los Plásticos, la mención de los combustibles fósiles en el texto final acordado en la COP 30 de Brasil sobre cambio climático y el Marco Net-Zero de la Organización Marítima Internacional. Y las Naciones Unidas entran en proceso de revisión, como corolario de una nueva crisis del multilateralismo.
¿Es la (des)regulación un indicador de fracaso del Sistema de las Naciones Unidas?
Lo que podemos saber y afirmar es que los PRNU siguen siendo el marco de referencia más aceptado en relación con la expectativa de conducta de las empresas. Y, por esta sola razón, siguen más vigentes que nunca. La pregunta que debería formularse es hasta qué punto han logrado su objetivo, luego de 15 años desde su adopción por consenso.
Si el indicador de éxito es legislaciones nacionales que obliguen a las empresas a hacer debida diligencia en derechos humanos, seguramente el objetivo debería declararse incumplido. Sin embargo, entendemos que el objetivo no es ese sino su potencial habilitador y moderador de conductas; el cambio en el ser y el actuar de las empresas es, quizás, el objetivo más inmediato.
Desde CREER, queremos proponer una reinterpretación de los PRNU que vaya más allá de propósitos inmediatos de direccionar conductas en clave de “Do No Harm”. El enfoque de acción sin daño es, sin duda, fundamental, pero es, a todas luces, insuficiente, especialmente en los países de América Latina donde su riqueza en diversidad étnica, biodiversidad y recursos naturales -incluyendo minerales y metales estratégicos- se ve permeada por pobreza estructural, corrupción y economías criminales. La debida diligencia no puede ser -o continuar siendo- un fin en sí mismo.
Quizás al enfoque de “Do No Harm” habría que añadirle un enfoque de “Impacto Positivo”; y, de esta manera, un marco de referencia como los PRNU, podría ser funcional a conversaciones difíciles acerca de pobreza energética, pobreza tecnológica y digital, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y beneficios compartidos de manera equitativa.
Es hora de hacer balances: 2026 será el aniversario No. 15 de los PRNU. Y, seguramente, vendrán opiniones -ojalá informadas- acerca de sus alcances, limitaciones y oportunidades de mejora.
Desde CREER estaremos atentos a sumar a la discusión, apelando a la necesidad de miradas “más allá de Europa” sobre la agenda de Derechos Humanos y Empresa y, en general, sobre el movimiento de derechos humanos. Es quizás el momento oportuno para que América Latina sea un actor clave en la generación de conocimiento y práctica, de manera que deje de ser la única preocupación lo que ocurra en el Consejo, la Comisión y Parlamento europeos.
La llegada de nuevos liderazgos globales y regionales coincide, en América Latina, con un recambio significativo de las orientaciones ideológicas, en un contexto en el que las recientes y futuras elecciones —tanto a nivel nacional como subnacional— parecen consolidar este giro. Este cambio se expresa en agendas más nacionalistas, polarizantes y críticas del multilateralismo; así como en una menor prioridad otorgada a los derechos humanos, políticas climáticas y agendas sociales.
En muchos países, ello se ha traducido en el impulso a procesos de desregulación, debilitamiento institucional y reducción del espacio cívico, acompañados de narrativas que presentan los estándares internacionales como imposiciones externas o frenos al crecimiento. En este entorno, la agenda de derechos humanos y empresa ha visto erosionada su capacidad de incidencia y legitimidad pública, al tiempo que disminuyen los incentivos —políticos, regulatorios y simbólicos— para que el sector empresarial avance de manera sostenida en la debida diligencia y en prácticas responsables.
Este viraje no responde únicamente a decisiones de las élites políticas en Latinoamerica, sino que encuentra un respaldo claro en problemáticas sociales más amplias. De acuerdo con el Barómetro de las Américas (2023), solo el 59 % de los adultos en América Latina expresa apoyo a la democracia, reflejando una caída sostenida durante la última década que aún no se revierte. Países como Argentina, Colombia o Jamaica registran algunos de los descensos más severos, mientras aumentan las preocupaciones ciudadanas sobre la libertad de expresión. A ello se suma una percepción persistente de corrupción. Según Transparency International (2024), la región continúa mostrando bajos desempeños en el Índice de Percepción de la Corrupción y, en la última década, solo Guyana y República Dominicana han logrado mejoras sostenidas. La combinación de baja confianza democrática y altos niveles percibidos de corrupción profundiza la polarización y debilita la legitimidad institucional.
Frente a este escenario, CREER orientará su acción en 2026 a romper estos bloqueos desde dos ejes complementarios. Primero, comprender las bases narrativas de la polarización para identificar convergencias posibles entre actores aparentemente enfrentados -especialmente empresas y organizaciones de la sociedad civil y ONG-, demostrando que existen intereses compartidos en torno a la estabilidad territorial, el empleo, la legalidad y la sostenibilidad. Segundo, reafirmar que el respeto y cumplimiento de los derechos humanos se encuentra en el corazón de la sostenibilidad empresarial, no como una agenda ideológica, sino como una garantía concreta para las empresas en términos de gestión de riesgos, legitimidad social, seguridad jurídica y viabilidad de largo plazo en contextos marcados por la incertidumbre y la desconfianza.
Tras un 2025 marcado por ajustes geopolíticos, especialmente entre China y Estados Unidos, los países en vía de desarrollo ganan importancia. América Latina desempeña un papel estratégico en la cadena de valor global de las energías renovables. Cerca del 65 % de la energía producida en la región proviene de fuentes renovables y se prevé que su participación en la generación eléctrica continúe en expansión. No obstante, a nivel global, la Agencia Internacional de Energías Renovables advierte que las incorporaciones actuales y los niveles de inversión en energías renovables son insuficientes para cumplir el objetivo de triplicar la capacidad instalada y alcanzar los 11,2 TW en 2030. Lograr esta meta requeriría añadir 1.122 GW de capacidad anual a partir de 2025 y acelerar el crecimiento hasta un 16,6 % anual, en línea con las metas climáticas internacionales establecidas.
Para alcanzar estos objetivos, resulta esencial la extracción de minerales críticos como el cobre, el níquel, las tierras raras y el grafito, entre otros, dado su uso en la construcción de infraestructura y tecnologías energéticas. La región concentra alrededor de un tercio de la producción y exportación mundial de minerales estratégicos para la transición energética, liderada por países como Chile, Perú, Argentina y Brasil, que cuentan con importantes reservas. Se prevé que la demanda de estos minerales aumente de manera significativa, impulsando inversiones de hasta USD 130 mil millones en minería y USD 24 mil millones en actividades de refinamiento hacia 2040.
Estas metas e inversiones se desarrollan en un contexto regional marcado por desafíos estructurales, como altos niveles de pobreza multidimensional (incluida la pobreza energética), cambios en la geopolítica regional que modifican las agendas climáticas, vulnerabilidades macroeconómicas persistentes y la necesidad de integrar de forma efectiva las demandas socioambientales y de derechos humanos que históricamente han configurado la agenda pública. En este escenario, ante el aumento previsto y acelerado tanto de las operaciones del sector de energías renovables como de la extracción de minerales, resulta fundamental gestionar adecuadamente los riesgos e impactos sociales, económicos, ambientales y en derechos humanos asociados a estas industrias, así como promover mecanismos de beneficios compartidos que permitan superar el modelo extractivista tradicional que ha predominado en América Latina.
En este contexto, el sector privado tendrá un papel fundamental, tanto en la movilización de capital como en el fortalecimiento de una gobernanza participativa, especialmente en escenarios marcados por una fuerte polarización en torno a la agenda climática y energética. No obstante, su involucramiento exige la integración coherente de principios de derechos humanos y de transición justa, condición indispensable para sostener la inversión y consolidar un crecimiento energético bajo en carbono. De lo contrario, persistirán la incertidumbre y una baja legitimidad en el relacionamiento con los territorios y sus comunidades, lo que terminará por comprometer la viabilidad y la aceptación social de los proyectos.
2026 será un año en el que CREER impulsará y facilitará discusiones pragmáticas sobre el devenir de los sectores de las energías renovables y minerales de transición en América Latina, con un énfasis central en la debida diligencia y la trazabilidad a lo largo de sus cadenas de suministro. Desde esta perspectiva, buscaremos contribuir al fortalecimiento de modelos de gobernanza territorial y generación de mecanismos de beneficios compartidos desde el diálogo multiactor que permitan identificar, gestionar y remediar de manera colectiva los riesgos e impactos en derechos humanos, así como las conflictividades socioambientales que pueden surgir en contextos específicos asociados a la operación de estos proyectos.
Aspiramos a aportar a una transición energética justa y sostenible, desde una mirada sistémica que reconozca los dilemas, matices y oportunidades de las transformaciones globales y sus impactos a nivel regional y local.
Hace diez años, 196 países suscribieron el Acuerdo de París con el objetivo de limitar el calentamiento global y enfrentar el cambio climático. Desde entonces, se han adoptado múltiples tratados y compromisos en el marco de distintas convenciones climáticas. En noviembre de 2025, durante la COP30 celebrada en Brasil, se lanzó el Mecanismo de Acción de Belém (BAM, por sus siglas en inglés), una iniciativa orientada a avanzar colectivamente hacia una transición justa, ordenada y equitativa para dejar atrás los combustibles fósiles y limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C. Esta plataforma pone en el centro a las comunidades y a los trabajadores cuyos medios de vida dependen de los combustibles fósiles o de sectores intensivos en carbono. Si bien no fue posible consensuar un lenguaje formal que incorporara explícitamente esta eliminación en los resultados finales de la COP, el debate diplomático, político y económico ganó un renovado impulso tanto en las negociaciones como en la agenda pública y mediática.
América Latina es una región rica en recursos naturales (como petróleo, gas y minerales) y ha sido históricamente exportadora de materias primas para el mercado global. Sus economías, afectadas por la denominada “enfermedad holandesa”, dependen en gran medida de las exportaciones de las industrias extractivas, así como de los ingresos fiscales y el empleo que estas generan, especialmente a nivel territorial. Sin embargo, la persistente desigualdad, la debilidad institucional, una gobernanza frágil, la volatilidad económica y la corrupción han limitado de manera significativa el aprovechamiento de los recursos producidos por estas industrias, obstaculizando la diversificación económica y el desarrollo de otros sectores productivos. A ello se suma el elevado impacto que estas industrias han tenido sobre el goce efectivo de los derechos humanos en los territorios donde operan.
En este contexto se despliega la agenda de descarbonización en América Latina, caracterizada por metas climáticas ambiciosas, la coexistencia de nuevas industrias (especialmente, las renovables) con modelos económicos extractivos y la necesidad de transformaciones profundas del sistema económico. Dichas transformaciones resultan indispensables para avanzar hacia un modelo de desarrollo que equilibre la inversión, el gasto público y las múltiples transiciones requeridas (exportadora, tributaria, fiscal, entre otras) con el fin de reducir los impactos sociales, económicos, ambientales y en derechos humanos que pueden suceder con la transición energética. Si bien varios países de la región (como Colombia, Brasil, Uruguay y México) han desarrollado lineamientos en materia de Transición Energética Justa que abordan la salida progresiva de los combustibles fósiles, solo Chile cuenta con un plan claro y definido hacia 2040. En consecuencia, persisten desafíos relevantes para el diseño de programas con objetivos medibles, instrumentos vinculantes y mecanismos efectivos de distribución de beneficios asociados a la salida de estas industrias en la región.
Nuestro trabajo en CREER hacia 2026 se centra en una mirada pragmática que reconoce la necesidad de mejoras en la calidad de vida de personas y comunidades, la reducción de la pobreza energética -entendida esta como una vulneración de derechos humanos- y el rol que aún deben jugar las economías extractivas como habilitadores de una transición realmente justa. Por eso, aportamos en preparar a las regiones para una salida ordenada de los combustibles fósiles, integrando criterios sociales, ambientales y de derechos humanos en la planificación empresarial de cierre y salida, desde un enfoque participativo y multiactor. Al mismo tiempo, buscamos fortalecer las capacidades de las comunidades locales para avanzar en la gobernanza territorial y la diversificación económica. De este modo, contribuimos a que la transición hacia la carbono-neutralidad se consolide como una oportunidad de desarrollo sostenible de largo plazo.
El sector agropecuario enfrenta complejidades estructurales en materia de derechos humanos, manifestadas en tensiones económicas, sociales y ambientales a escala global. Dos hitos recientes ilustran esta realidad: en 2025, las protestas de agricultores europeos contra el acuerdo UE-Mercosur evidenciaron el conflicto por la competencia desleal y las asimetrías regulatorias. Paralelamente, en América Latina, la expansión de los biocombustibles en tierras fértiles genera dilemas éticos sobre la seguridad alimentaria y la justicia ambiental.
Ante este panorama, la agenda sectorial se centra en resolver la tensión entre la generación de ingresos en comunidades vulnerables y la conservación de los ecosistemas. Para CREER, la bioeconomía es una alternativa clave: un modelo de desarrollo territorial que articula el uso sostenible de recursos biológicos con innovación científica. Aunque estos modelos promueven el crecimiento económico y el respeto a las fronteras agrícolas, enfrentan desafíos críticos, como reducir la dependencia de actores externos, acceso al sector financiero, fortalecer las capacidades técnicas de las comunidades locales y, de manera preponderante, un incremento en la productividad de manera sostenida.
En territorios en transición que buscan superar la dependencia de economías extractivas, la agricultura se proyecta como el motor de la diversificación productiva. A través de elementos como la formalización, la restauración socioecológica y el monitoreo comunitario, es posible una gestión sostenible de los recursos. Así, 2026 se perfila como un año decisivo para consolidar prácticas de gobernanza local en América Latina que equilibren la protección ambiental con el desarrollo agrícola, sentando las bases de una transición verdaderamente justa.
La Transición hacia economías bajas en carbono está entrando en su etapa más “real” a través de cierres o reconversiones industriales, reentrenamiento laboral, nuevas infraestructuras, cambios en uso del suelo y expansión de cadenas de suministro de minerales críticos. A medida que estos cambios aumentan la pregunta deja de ser solo “cuánta inversión se necesita” y se convierte en “quién paga, quién se beneficia y quién asume los costos de la transición”.
El tamaño de la brecha financiera vuelve el tema inevitable. A escala global, la financiación climática alcanzó alrededor de USD 1,9 billones en 2023, pero las necesidades estimadas para esta década son muy superiores: se calcula que se requieren al menos USD 6,3 billones anuales entre 2024 y 2030 (CPI,2025). Esa diferencia empujará en 2026 una expansión rápida de instrumentos financieros (crédito, bonos, blended finance, garantías, banca de desarrollo) y, al mismo tiempo, un debate más intenso sobre condiciones, métricas y “taxonomías”.
Para la agenda de empresas y derechos humanos, esto es crítico porque los criterios para otorgar financiación pueden amplificar riesgos aos DDHH como despidos masivos sin protección, informalidad laboral, impactos a comunidades y pueblos indígenas, conflictos socioambientales, o puede promover mejores prácticas basadas en el respeto de los derechos humanos. Por eso en 2026 se espera un aumento en la presión para que bancos e inversionistas prueben que integran debida diligencia en derechos humanos en las decisiones financieras, y que cuentan con mecanismos de queja y reparación efectivos.
Desde CREER promovemos la idea de que la financiacion de la transición no se debe reducir solo a “movilizar capital hacia lo verde” sino que debe integrar un enfoque de derechos que incluya planes con participación significativa, diálogo social, protección social y salvaguardas verificables para no dejar a nadie atrás, alineando incentivos financieros con resultados reales para las personas —no solo con métricas de carbono.
En América Latina las economías criminales y las organizaciones delictivas transnacionales han experimentado un proceso de sofisticación y expansión inédito en la última década, pasando de un modelo basado exclusivamente en el narcotráfico hacia una estructura de portafolios diversificados que incluyen la deforestación, la minería ilegal de oro, la extorsión, la trata de personas, el tráfico de migrantes, entre otras. Según el Índice Global de Crimen Organizado (GI-TOC, 2023), América Latina y el Caribe se consolidan como la región con los niveles de criminalidad más altos del mundo, facilitados por la porosidad de las fronteras y una debilidad institucional crónica. Este incremento del poder económico les ha permitido consolidar una «gobernanza criminal», mediante la cual estas estructuras ejercen un control social y territorial de facto en zonas donde la presencia del Estado es deficiente o nula.
La magnitud de este fenómeno es llamativa. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que los costos directos e indirectos del crimen organizado representan aproximadamente el 3.4 % del PIB regional, una cifra que triplica el promedio de los países de la OCDE y que supera la inversión pública en educación de países enteros. No obstante, el impacto más crítico se refleja en la violencia: aunque la región alberga solo al 8 % de la población mundial, concentra cerca del 33 % de los homicidios globales, según datos de la UNODC. La infiltración en la economía formal es una realidad tangible: por ejemplo, en Brasil, se han detectado activos por más de US$220 millones en cadenas de suministro de combustibles vinculadas al lavado de activos (AP, 2025); mientras que en Chile, las denuncias por extorsión ligadas a bandas transnacionales como el Tren de Aragua aumentaron un 938 % en apenas cuatro años, afectando la operatividad de pequeñas y medianas empresas (CIPER, 2024).
Ante la creciente porosidad entre los mercados lícitos e ilícitos, los riesgos de infiltración para el sector privado se han vuelto sistémicos, lo que obliga a las empresas a evolucionar desde un enfoque de cumplimiento reactivo hacia modelos avanzados de Debida Diligencia Reforzada en Derechos Humanos y de gestión de riesgos multidimensionales. Ya no es suficiente con comprender y mitigar los riesgos en la cadena de valor inmediata; es imperativo anticipar y mitigar riesgos territoriales vinculados a la cooptación de mercados por actores no estatales.
Para 2026, CREER aportará a la consolidación de ejemplos concretos de innovación en los procesos de debida diligencia, que integren mecanismos de diálogo multiactor que permitan cocrear estrategias de prevención y reducción de riesgos. Esto significa que la debida diligencia pasa de ser un trámite burocrático para convertirse en un instrumento estratégico de prevención y transformación estructural, esencial para garantizar la sostenibilidad operativa, la trazabilidad y la integridad de las cadenas de valor globales.
La región de la Amazonía representa quizá una de las tensiones globales más relevantes entre riqueza geológica y biodiversidad.
Gracias a Guyana y Brasil, Suramérica se ha convertido en la parte del mundo donde la producción de petróleo está creciendo más rápido, proyectándose un incremento de un tercio para 2030, incluso más que en Oriente Medio (una cuarta parte) y Norteamérica (una décima parte). El dilema que se presenta es que esta nueva frontera petrolera se desarrolla en el estuario del río Amazonas, quizás el corazón de la biodiversidad del planeta. Brasil presenta un enfoque pragmático: busca generar ingresos provenientes del petróleo para financiar la transición. El 5 de diciembre de 2025, Lula ordenó una hoja de ruta para reducir la dependencia de Brasil de los combustibles fósiles. De acuerdo con el Ministro de Energía de Brasil, se pretende garantizar la seguridad energética y la estabilidad fiscal a corto plazo, al tiempo que se financia la competitividad a largo plazo en energías renovables. Quizás esto explica la influencia de Brasil en la no inclusión de los combustibles fósiles en el acuerdo alcanzado en la COP 30 sobre cambio climático.
La Amazonía también es escenario de minerales estratégicos para la transición pues, además de ser reconocida históricamente por el oro -y la ilegalidad asociada a esta actividad extractiva-, las agencias de minerales de Brasil y de Colombia han advertido sobre la presencia de cobre, coltán y molibdeno (Colombia), niobio, tierras raras y níquel (Brasil).
Por otro lado, la Amazonía concentra el 68.2% de la deforestación en el territorio colombiano, cuyas pérdidas superan las 112.000 hectáreas anuales. Además, el 62.5% de esta destrucción de hábitat ocurre en áreas protegidas y el 9% en Parques Nacionales en Colombia, impulsada por acaparamiento de tierras, ganadería extensiva y economías ilícitas (Fundación Conservación y Desarrollo Sostenible, 2022). La corrupción y el crimen organizado se han vuelto endémicos a lo largo de toda la cuenca amazónica.
¿Cómo alcanzar un debate ponderado acerca de la Amazonía? ¿Quiénes deben decidir sobre la Amazonía? Ciertamente, la tensión entre biodiversidad y riqueza geológica debe ser resuelta de manera concertada entre los distintos países que comparten el bioma amazónico, con especial incidencia de parte de los pueblos indígenas que lo habitan. La COP 30 de Brasil y sus resultados son un preludio sobre lo que se discutirá en 2026 en Colombia alrededor del tratado para la no proliferacion de combustibles fósiles y la Amazonía será uno de los epicentros de la discusión.
América Latina y el Caribe enfrentan un crecimiento urbano acelerado que desafía los límites ecológicos de ecosistemas vitales como ríos, manglares y mares. En una región donde más del 27% de la población habita en zonas costeras, la exposición a cambios ambientales y tensiones socioeconómicas es crítica. En este escenario, el agua deja de ser un simple «servicio» para convertirse en el tejido vivo indispensable del que dependen comunidades, fauna y múltiples ecosistemas.
La vulnerabilidad de estos territorios se agudiza por la convergencia de eventos climáticos extremos y la expansión de actividades económicas de alto impacto. Las denominadas «industrias del océano» —que integran operaciones portuarias, infraestructura logística, turismo de gran escala y proyectos extractivos offshore (tanto de hidrocarburos como de energías renovables)— generan presiones y daños acumulativos. Este modelo de desarrollo no solo provoca pérdidas económicas y crisis de salud pública, sino que desencadena profundos conflictos por el uso del suelo y el agua, amenazando directamente a 41 millones de personas en las zonas costeras de la región.
En las zonas costero-ribereñas, el riesgo es sistémico. La vulnerabilidad climática se entrelaza con una dependencia profunda de los sistemas acuáticos que sostiene saberes, identidades y economías locales como la pesca artesanal y el marisqueo. Cuando estas actividades industriales degradan o contaminan el entorno, el impacto trasciende lo económico: se fractura el tejido social y se pone en riesgo la base misma de supervivencia de las comunidades.
A nivel regional, la magnitud del reto es evidente en los más de 72,000 km de litoral que posee América Latina y el Caribe. En las ciudades, las amenazas que marcan la agenda —olas de calor (67%), inundaciones (57%) y estrés hídrico (47%)— se ven agravadas por la fragmentación institucional y la presión económica de sectores como la logística y el turismo por ocupar zonas de alto riesgo. Ante esta realidad, los gobiernos enfrentan la necesidad urgente de articularse con los actores económicos para implementar una «planificación anfibia»: una estrategia de toma de decisiones donde el uso del suelo y la actividad económica se supediten rigurosamente al funcionamiento y la salud del sistema hídrico.
En 2026 aportaremos al conocimiento y práctica de ejemplos sobre prosperidad urbana en clave de sistemas socioecológicos sanos y funcionales, con interdependencia entre ecosistemas, derechos y economía.
A medida que los entornos digitales se integran en todas las esferas de la vida cotidiana y la innovación tecnológica supera la capacidad de los Estados para regular sus impactos, emergen nuevos riesgos para los derechos humanos. Para la agenda de Derechos Humanos y Empresa, este auge digital representa tanto un punto de inflexión como un punto ciego: los riesgos ya no se limitan a las dinámicas territoriales o a las prácticas empresariales tradicionales; ahora habitan en el código, las plataformas y las infraestructuras invisibles para la mayoría de trabajadores y consumidores. En 2026, abordar estos desafíos exige entender cómo se diseñan, desarrollan y utilizan estos sistemas, y cómo moldean nuestras dinámicas sociales, ambientales y laborales.
Se estima que más del 85 % de las empresas en América Latina usan inteligencia artificial en al menos uno de sus procesos mientras que, en países como Colombia, la brecha digital alcanza el 38,4 %. En un mismo ecosistema, un sector de la población automatiza tareas con IA y otro sigue excluido de la conectividad. En este contexto, los entornos digitales (desde redes sociales e inteligencia artificial hasta plataformas de servicios y banca digital) presentan riesgos multidimensionales: precarización laboral por control algorítmico, discriminación por sesgos automatizados, desinformación masiva y polarización inducida, vulneración a la privacidad y a los datos personales, y hasta un costo ambiental oculto, con una huella de carbono y consumo de agua significativos para mantener centros de datos construidos con minerales críticos.
Desde CREER, abordamos este desafío como parte de nuestra agenda de transiciones, liderando discusiones basadas en evidencia sobre el desarrollo y uso responsable de estas tecnologías. Apostamos por una gobernanza tecnológica democrática, responsable y sostenible que conecte las voces de América Latina con el diseño de estas plataformas y la toma de decisiones sobre la materia. Nuestro enfoque busca transformar la IA y otros entornos digitales en herramientas con la capacidad de generar impactos colectivos positivos. El futuro de la agenda de empresas y derechos humanos depende de visibilizar lo invisible, especialmente en lo digital, y de convertir los posibles riesgos en oportunidades para todas y todos.
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