Durante décadas, el mundo ha dependido de un modelo energético basado en combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, identificado como la principal causa del cambio climático. Para mitigar sus efectos, se impulsan procesos para lograr una economía descarbonizada, promoviendo una transición hacia fuentes renovables de energía (como la solar, eólica, biomasa y geotérmica, entre otras) que generan menores emisiones de gases de efecto invernadero.
Sin embargo, la escala y velocidad de esta transición en América Latina plantean un dilema ético y operativo, especialmente por los altos niveles de pobreza energética que concentra la región. En el marco de los proyectos de gran escala, las dinámicas de relacionamiento entre comunidades, empresas e instituciones generan retos críticos en materia ambiental y de derechos humanos, a su vez que diferentes tipos de conflictividad social. No existe una energía «limpia» si su implementación vulnera derechos fundamentales, desconoce la autonomía de las comunidades o no compagina con el ordenamiento y las visiones territoriales. En esta línea, analizamos cómo asegurar que el desarrollo de proyectos de energía renovable sea, ante todo, justa y acorde con principios de debida diligencia.
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(OLADE, 2025)
Las industrias extractivas continúan siendo pilares de las economías en América Latina, representando una fuente significativa de ingresos fiscales y divisas. Sin embargo, la persistencia de estos sectores exige una evolución hacia estándares superiores de responsabilidad. En CREER, analizamos el ciclo de vida y la trazabilidad de estas operaciones bajo un enfoque riguroso de debida diligencia en derechos humanos.
Nuestra investigación abarca desde las etapas de exploración y extracción hasta los complejos procesos de cierre y post-minería. Nos centramos en identificar y prevenir impactos negativos a lo largo de toda la cadena de valor, promoviendo que la gestión de recursos no renovables se traduzca en un desarrollo territorial real, el respeto a la autonomía de las comunidades y la mitigación efectiva de pasivos ambientales y sociales
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Sectores extractivos
representan entre
el 5% y el
del PIB en los principales países productores de la región.
(CEPAL)
Durante décadas, el mundo ha dependido de un modelo energético basado en combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, identificado como la principal causa del cambio climático. Para mitigar sus efectos, se impulsan procesos para lograr una economía descarbonizada, promoviendo una transición hacia fuentes renovables de energía (como la solar, eólica, biomasa y geotérmica, entre otras) que generan menores emisiones de gases de efecto invernadero.
Sin embargo, la escala y velocidad de esta transición en América Latina plantean un dilema ético y operativo, especialmente por los altos niveles de pobreza energética que concentra la región. En el marco de los proyectos de gran escala, las dinámicas de relacionamiento entre comunidades, empresas e instituciones generan retos críticos en materia ambiental y de derechos humanos, a su vez que diferentes tipos de conflictividad social. No existe una energía «limpia» si su implementación vulnera derechos fundamentales, desconoce la autonomía de las comunidades o no compagina con el ordenamiento y las visiones territoriales. En esta línea, analizamos cómo asegurar que el desarrollo de proyectos de energía renovable sea, ante todo, justa y acorde con principios de debida diligencia.
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(OLADE, 2025)
Las industrias extractivas continúan siendo pilares de las economías en América Latina, representando una fuente significativa de ingresos fiscales y divisas. Sin embargo, la persistencia de estos sectores exige una evolución hacia estándares superiores de responsabilidad. En CREER, analizamos el ciclo de vida y la trazabilidad de estas operaciones bajo un enfoque riguroso de debida diligencia en derechos humanos.
Nuestra investigación abarca desde las etapas de exploración y extracción hasta los complejos procesos de cierre y post-minería. Nos centramos en identificar y prevenir impactos negativos a lo largo de toda la cadena de valor, promoviendo que la gestión de recursos no renovables se traduzca en un desarrollo territorial real, el respeto a la autonomía de las comunidades y la mitigación efectiva de pasivos ambientales y sociales
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Sectores extractivos
representan entre
el 5% y el
del PIB en los principales países productores de la región.
(CEPAL)
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Con un enfoque basado en la gestión responsable del suelo y el respeto por los medios de vida locales, en CREER aplicamos nuestra experiencia técnica en el sector fotovoltaico para promover una transición solar con integridad social. A través del análisis de entornos rurales, el fortalecimiento de la gobernanza local y el diseño de mecanismos de participación, buscamos que el despliegue de gran escala en América Latina no sólo aporte a la matriz energética, sino que fortalezca el tejido social. Nuestro propósito es liderar modelos de debida diligencia que aseguren que la infraestructura solar coexista con la seguridad alimentaria, los ecosistemas estratégicos y las vocaciones productivas de cada comunidad.
Analizamos los desafíos de gobernanza y sostenibilidad que surgen en la implementación de modelos de generación descentralizada. Nuestra labor se centra en investigar cómo las estructuras de asociatividad local interactúan con los marcos regulatorios y los estándares de derechos humanos. A través de la investigación aplicada, evaluamos los riesgos de captura de rentas, los conflictos internos de toma de decisiones y las condiciones necesarias para que estos esquemas de autogestión garanticen una participación equitativa y transparente en el territorio.
El despliegue acelerado de minerales críticos para la transición energética y otras industrias estratégicas (agricultura, defensa, tecnología) nos sitúa ante una paradoja: la descarbonización del planeta depende de una intensificación de la actividad minera. Para CREER, esta rápida expansión conlleva riesgos críticos en materia de derechos humanos, dinámicas económicas locales y equilibrio ecosistémico. Nuestro trabajo se enfoca en analizar estos dilemas bajo un prisma de transición justa, fomentando marcos de gobernanza que mitiguen los impactos negativos y garanticen que la minería de ‘minerales para el futuro’ se desarrolle bajo estándares rigurosos de sostenibilidad, equidad y respeto por los derechos fundamentales, en diálogo entre diferentes actores.