Pero el diálogo también evidenció la complejidad de esta transición. Persisten tensiones difíciles de resolver: cómo reducir la dependencia fósil sin profundizar desigualdades, cómo acelerar la acción climática sin perder legitimidad social, cómo garantizar participación vinculante y no solamente consultiva, cómo articular las actividades económicas con las visiones y formas de vida de las comunidades y cómo evitar que las nuevas alternativas energéticas reproduzcan las mismas lógicas de exclusión que históricamente han cuestionado las comunidades.

Uno de los principales aprendizajes de Santa Marta fue reconocer que el reto ya no es únicamente abrir espacios de diálogo, sino traducir esas conversaciones en capacidades reales, decisiones concretas y rutas de implementación más claras. Esto también implica avanzar hacia modelos y arquitecturas financieras robustas que hagan viable la transición, especialmente para los territorios y países con mayores dependencias económicas y menores capacidades fiscales. Asimismo, fortalecer el conocimiento técnico en las dimensiones sociales y ambientales, incorporando tanto la evidencia científica como los saberes y experiencias locales, para construir soluciones contextualizadas, adaptadas e incluyentes.

De cara a la próxima conferencia en Irlanda y Tuvalu 2027, el desafío no será sólo sostener el diálogo, sino en la construcción de rutas con indicadores y lineamientos concretos y claros que permitan implementar transiciones viables, financiables y legítimas para los territorios, incorporando de manera efectiva las voces de las comunidades, la institucionalidad, el sector privado y los sindicatos.

En el marco de esta conferencia CREER participó en distintos espacios de diálogo, así como en la promoción de conversaciones sobre los desafíos de una transición justa:

• Lideró junto con el PDPC el panel “Salidas responsables de cara a una transición justa: experiencias de Alemania, Perú y Colombia”, con la participación de la Clara Solano, directora ejecutiva de la Fundación Natura, Cecilia Bonet Investigadora del Instituto Wuppertal, Mario Picón, director de programas en Results for Development, y Eva María Pérez lideresa de ASOVECAB.
• Presentó el documento “Una mirada a las transiciones en territorios mineros de carbón en Colombia: actores, responsabilidades y diálogo”.
• Impulsó junto con el Instituto de Ambiente de Estocolmo (SEI), el semillero de Transición Energética Justa de la Universidad del Magdalena, la Alianza TEJI y Foro Nacional por Colombia (FNC) el cine foro “Género, cierres y transiciones justas”, resaltando la importancia tanto de los formatos artísticos como de la implementación de un enfoque interseccional para abordar de manera integral los impactos de cierres mineros en diferentes contextos latinoamericanos.

Las discusiones coincidieron en la necesidad de fortalecer las condiciones institucionales, los marcos normativos y las salvaguardas para acelerar transiciones territoriales justas y evitar la inacción. También, se destacó la importancia de avanzar hacia procesos realmente vinculantes y con enfoques diferenciales, con participación activa de comunidades, jóvenes y mujeres en la toma de decisiones.

En esa línea se reconoció el papel del sector trabajador y sus apuestas alrededor de cierres progresivos de industrias de combustibles fósiles en términos de reconversión, diversificación, empleabilidad, formación y apuestas gremiales para afrontar procesos de cierres responsables. Un ejemplo de ello es la apuesta conjunta del Colectivo de Sindicatos para la Transición Energética Justa en Colombia que ha desarrollado un pliego con propuestas concretas para negociar con empresas del sector cómo puede pensarse la salida del carbón en el país. De allí que sea clave contar con el sector privado como un actor clave para entablar diálogos, acciones y financiamiento concreto a futuro para impulsar cambios estructurales, la recuperación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos como una prioridad colectiva, ligada a los medios de vida, la cultura y la construcción de paz en los territorios.

De manera general, en los distintos espacios de discusión, se resaltó también la importancia de abordar la Transición Energética Justa no como una agenda aislada, sino articulada con apuestas de desarrollo territorial y diversificación económica. En particular, se destacó la necesidad de conectar esta conversación con sectores dinamizadores como la agricultura y la agroindustria, promoviendo alternativas productivas sostenibles que contribuyan al fortalecimiento de los medios de vida locales y amplíen las oportunidades económicas en los territorios.

¿Qué discusiones será necesario desarrollar con mayor precisión a futuro?

Si bien los resultados de la conferencia ponen sobre la mesa cómo encontrar soluciones concretas más allá de las típicas negociaciones en las COP, encontramos algunas preguntas que requerirán de una mayor discusión a futuro:

Financiamiento y gobernanza global de la transición

• ¿Cómo transformar los esquemas de deuda externa existentes para los países en vía de desarrollo, de manera que se puedan habilitar planes efectivos de transición hacia modelos basados en energías renovables?
• ¿Qué rutas a nivel geopolítico pueden establecerse para encontrar alternativas de solución de controversias entre empresas extractivas e inversionistas y Estados -especialmente en vías de desarrollo-, distintas a los ISDS, que mantengan propósitos colaborativos público-privados en el largo plazo?
• ¿Qué modelos de financiación y movilización de recursos serán los más efectivos y viables para canalizar una salida responsable de los combustibles fósiles y quiénes deben liderarlos?

Implementación territorial y transformación productiva

• ¿Cómo abordar la discusión de la dependencia más allá del componente económico y fiscal, para incorporar la pregunta sobre el reemplazo de los usos del petróleo y los minerales en la vida humana (agroindustria, química, infraestructura, salud, entre otros)?
• ¿Cómo involucrar de mejor manera al sector privado e industria extractiva hacia cierres responsables que respondan a los impactos sociales y ambientales generados y se orienten a asegurar transiciones realmente justas, desde conceptos como “trailing liability”^[1]?
• Desde el lado de la demanda, ¿qué consideraciones se deben tener en cuenta en una economía global que demanda, cada vez más, minerales y metales críticos que habilitan no solo proyectos de energías renovables sino otros sectores económicos?

 Participación, inclusión y legitimidad de las transiciones

• ¿Cómo asegurar que el panel científico que se constituyó en la conferencia de Santa Marta se nutra de información, conocimiento y propuestas de soluciones que provengan de los territorios, comunidades y trabajadores, y se canalice un enfoque participativo e incluyente?
• ¿Qué formatos y metodologías será conveniente desarrollar en las conferencias subsiguientes en Tuvalu e Irlanda 2027, de manera que se asegure una participación significativa de todas las voces (incluyendo tanto las de las comunidades locales, trabajadores, indígenas, campesinos, sociedad civil y defensores ambientales y de derechos humanos, así como del sector empresarial) y se evite reproducir el esquema excluyente de las COP?
• ¿Cómo traducir el diálogo -y, ciertamente, las buenas intenciones- en implementación real, llevando la discusión hacia propuestas que vayan más allá de “falsas soluciones”?