El proceso judicial que se iniciará contra Maduro no será un juicio internacional sino un indictment interno en EE.UU relacionado casi en su totalidad con delitos de narcotráfico y lavado de activos: cargos muy lejanos de los que podrían atribuirse al régimen venezolano por violaciones sistemáticas a los DD.HH y a los principios democráticos, largamente respetados y aceptados en América Latina.

Lo que sí mencionó Trump -repetidamente- fue su motivación económica y su interés particular en el petróleo venezolano. Y es que, en cuestión de horas, al parecer, EE.UU se autoproclamó gestor de las reservas de petróleo más grandes del planeta, con lo cual tendría una ventaja para alimentar sus necesidades energéticas y ganar terreno frente a China. 2026 podría ser un año de boom financiero para EE.UU por cuenta de Venezuela.

Tras varias décadas de ineficacia del sistema internacional para propiciar un cambio interno en Venezuela, las imágenes de Maduro fueron una noticia inédita, especialmente en Colombia que, como país vecino, ha sufrido el régimen venezolano: además de una ola migratoria de muchos años, dicho régimen ha dificultado, por más de una década, que Colombia avance -al menos a pasos más acelerados- en la consolidación de su Estado de Derecho, pues Venezuela ha sido refugio de grupos armados colombianos al margen de la ley y ha sido territorio de tránsito para el crimen transnacional organizado. Lejos de contribuir al debilitamiento de organizaciones armadas al margen de la ley, Venezuela ha sido funcional para fortalecerlas, contribuyendo a una notoria crisis de seguridad y estabilidad. Con todo, la salida de Maduro no equivale al fin del chavismo, hasta este momento.

El efecto indirecto positivo que pueda traer para Colombia esta noticia, así como para la región entera de Latinoamérica en términos de relativa estabilidad, también trae claros riesgos: la ruptura total del mandato del derecho internacional de abstención de intervención en los asuntos internos, incluyendo el uso de la fuerza, y el precedente que esto traerá para que EE.UU pueda seguir desplegando acciones similares en la región. Así como la justificación para que países como China -en relación con Taiwán, Rusia -en relación con Ucrania-, entre otros, actúen en territorios extranjeros, configurando -nuevamente- un escenario de “la ley del más fuerte”.

En CREER nos interesa propiciar conocimiento y práctica sobre cómo superar -si es que es posible- la falsa o aparente dicotomía entre crecimiento económico y bienestar social; entre actividad empresarial y equidad; así como indagar sobre las transiciones en territorios que pasan de un estado a otro, como parece ser ahora el caso de Venezuela. Y estas transiciones solo serán sostenibles y legítimas si son justas. Qué tan justa será la transición venezolana, es un asunto que nos interesa y que dependerá de las dimensiones de justicia que sean priorizadas.

No son claras las condiciones sobre las cuales se tomarán decisiones sobre el tipo de transición que, al parecer, empezará a vivirse en Venezuela.

¿Qué incidencia tendrá la ciudadanía venezolana en la decisión sobre su futuro? ¿Qué papel va a jugar la comunidad internacional al respecto? ¿Qué tipo de empresas van a operar en Venezuela a futuro y qué tipo de inversiones se van a ver? ¿Qué demanda quedará satisfecha con el petróleo venezolano? ¿Se repartirán los beneficios de manera equitativa, donde, ojalá, los mismos venezolanos sean quienes mejoren sus condiciones de vida? ¿Quién pondrá las condiciones? ¿Qué tanto afectará esta transición al resto de la región? ¿Qué papel jugará Venezuela y su transición gradual en la reconfiguración geopolítica en la cual América Latina, África y el sudeste asiático buscan dejar de ser meros espectadores y ser parte del juego político y económico internacional?

Mientras los días -y, seguramente, los años- vayan aclarando las respuestas a los anteriores interrogantes, desde lugares como CREER, estaremos siempre dispuestos y en favor de procesos y de esquemas de diálogo, en lugar de decisiones unilaterales y por la fuerza; mantenemos nuestra convicción en cuanto a que es mejor contar con el derecho internacional, el movimiento de derechos humanos y las Constituciones Políticas, pues con ellos la sociedad se asegura unos valores y unos principios de convivencia que, de no existir, harían aún más difícil la realidad.

Preferimos mantenernos en ese a veces paradójico lugar de generar incomodidad pues, si el derecho internacional y la expectativa de respetar la dignidad humana generan incomodidad, quizás esto signifique que todavía sirven de muro de contención. El reciente ejemplo de la legislación Ómnibus en la Unión Europea permite revelar que, para los Estados -incluyendo EE.UU- y los actores económicos sí sigue siendo relevante qué se legisla. Si el derecho internacional y los principios y valores de dignidad humana no incomodaran, de pronto ahí sí habría razones reales para preocuparse, porque la intrascendencia y la invisibilidad sí serían una señal de fracaso. Las reglas del juego deben ser para todos y no pueden ser opcionales.

Abogaremos por una transición realmente justa en Venezuela y esperamos que el apetito de inversión y de negocios que se avizora no solo sea para satisfacer la voracidad de intereses privados -extranjeros-, sino para llevar bienestar a una población que, por décadas, ha vivido de manera desproporcionada las consecuencias de un régimen antiderechos y antidemocrático.

Suele decirse en tono positivo que “después de la tempestad, llegará la calma”; o, en tono negativo, que “después de la fiesta, viene la resaca”. Si centramos nuestro principal interés en una Venezuela nuevamente en democracia, próspera y que sea un jugador relevante en la región, esperemos que la captura de Maduro traiga calma y no resaca.