Colombia es un país privilegiado por su ubicación septentrional, rodeada del Océano Pacífico y del Océano Caribe, tres cordilleras y variedad de ecosistemas en diferentes pisos térmicos que van desde aquellos marino costeros, pasan por bosque húmedo tropical, llegando a páramos, en donde se encuentra una amplia diversidad de ambientes y climas. Su posición estratégica en la punta del continente suramericano facilita la migración y movilidad de la fauna silvestre no sólo dentro del territorio nacional, sino regional, y además permite la creación de rutas comerciales valiosas entre países vecinos.
Esta ubicación geográfica en la zona intertropical hace que el país tenga un fuerte potencial de recursos naturales para la generación de energía con fuentes renovables como la solar o la eólica, especialmente en el caribe colombiano por sus características climáticas. Según la Asociación de Energías Renovables de Colombia (SER), el potencial de energía eólica del país se estima en 30 GW. El departamento de La Guajira, por ejemplo, ubicado en el extremo norte del país, es la zona con mayor concentración de vientos alisios, por encima del promedio mundial con una velocidad media del viento de 9,8 m/s y un potencial eólico de 18 GW.
Asimismo, según la Hoja de ruta para el despliegue de la energía eólica costa afuera en Colombia:
“La costa caribe de Colombia tiene abundantes recursos eólicos, en particular cuenta con un potencial total estimado de 109 GW de energía eólica costa afuera. Al considerar varias limitaciones ambientales, sociales y de otro tipo, el análisis revela que hay áreas de exploración de desarrollo de aproximadamente 50 GW en potencial acumulado. Los factores de capacidad neta estimados para sitios de proyectos representativos, que se refiere a la cantidad de electricidad que podrían producir con respecto a su potencial teórico completo, particularmente en el este de La Guajira, se acercan al 70% y se encuentran entre los más altos del mundo”.
Todo esto, combinado con las ambiciosas metas climáticas, económicas y de descarbonización que se plantea el país, ha venido incentivando la proyección, licenciamiento y operación de parques eólicos costa adentro y costa afuera (onshore y offshore). Si bien hay mucho mayor avance y alrededor de 60 proyectos en licenciamiento en La Guajira de parques eólicos costa adentro, también está iniciando en Colombia la apuesta en el Caribe de la energía eólica costa afuera que se plantea iniciar en Bolívar y Atlántico. De la misma forma, no se puede dejar atrás la importancia de los proyectos de transmisión que buscan conectar toda esta energía eólica al Sistema Interconectado Nacional.
Estos departamentos cuentan con unas características socioeconómicas y poblacionales complejas y heterogéneas, en donde encontramos una fuerte presencia indígena (como es el caso, por ejemplo, del pueblo Wayuu en La Guajira o de los pueblos de la Sierra Nevada en el Magdalena), afro y campesina. Además, parten de diferentes experiencias históricas con industrias extractivas que han tenido diversos impactos y conflictividades en sus zonas de influencia. Si bien, estas conflictividades no emergen exclusivamente de la llegada de este tipo de proyectos o de la instalación de parques eólicos, sino de una serie de procesos multicausales e históricos que generan situaciones que determinan riesgos al ejercicio de derechos humanos de las comunidades que habitan en estos territorios, es importante analizarlas en aras de fortalecer una agenda de diálogo, transformación de conflictos y defensa de DD.HH. en el marco de las actividades empresariales.
Así, en un esfuerzo conjunto entre CREER y el Instituto Danés de Derechos Humanos, se busca desarrollar una Evaluación Integral Sectorial de Impactos en Derechos Humanos en el sector eólico en Colombia. El alcance propuesto del estudio comprende los impactos sobre los DD.HH. de los proyectos eólicos en tierra (onshore) y costa afuera (offshore) en el Caribe colombiano, con un énfasis en La Guajira. En este marco se analiza el ecosistema de generación y transmisión de la energía eólica.
En esta evaluación tenemos tres ejes como valor agregado que harán parte transversal del análisis de información e impactos:
A partir de lo anterior y otros componentes metodológicos, esta evaluación buscará fortalecer los siguientes aspectos:
Así, esta evaluación se presenta como una oportunidad de transformar las relaciones Estado-empresas-comunidades hacia una concepción de toma de decisiones de abajo hacia arriba, que permita un diálogo más simétrico y dignificante que rompa las lógicas de relaciones transaccionales que ha dejado el legado de las economías extractivas.
Esta ubicación geográfica en la zona intertropical hace que el país tenga un fuerte potencial de recursos naturales para la generación de energía con fuentes renovables como la solar o la eólica, especialmente en el caribe colombiano por sus características climáticas. Según la Asociación de Energías Renovables de Colombia (SER), el potencial de energía eólica del país se estima en 30 GW. El departamento de La Guajira, por ejemplo, ubicado en el extremo norte del país, es la zona con mayor concentración de vientos alisios, por encima del promedio mundial con una velocidad media del viento de 9,8 m/s y un potencial eólico de 18 GW.
Al considerar este último aspecto, en un esfuerzo conjunto entre CREER y el Instituto Danés de Derechos Humanos, se busca desarrollar una Evaluación Integral Sectorial de Impactos en Derechos Humanos en el sector[1] eólico en Colombia, con énfasis en La Guajira. El alcance propuesto del estudio comprende los impactos actuales y potenciales sobre los derechos humanos de los proyectos eólicos en tierra (onshore) y costa afuera (offshore) planificados en los municipios de Uribia y Maicao. En ellos, la fase de delimitación del estudio identificó, entre los temas clave, principalmente:
Si bien estos proyectos se llevan desarrollando hace varios años en la zona, la aceleración de los últimos gobiernos para cumplir las metas climáticas y las agendas políticas alrededor de la transición energética, han incentivado una serie de reflexiones alrededor de cómo el sector eólico puede impactar concretamente a comunidades de las áreas de influencia. Así, este estudio sectorial contribuirá a una transición energética justa y la integración de la promoción, protección y respeto de los derechos humanos en el desarrollo de proyectos de parques eólicos a partir de 3 ejes principales:
Acá podrás ver algunos insumos que hemos construido sobre la EISI eólica.
Acá podrás consultar algunos insumos que presentamos en la conferencia de la Asociación Internacional de Evaluaciones de Impacto (IAIA por sus siglas en inglés), dialogando sobre los resultados de la fase diagnóstica del estudio que llevamos a cabo en La Guajira.
[1] De acuerdo con el Instituto Danés de Derechos Humanos, una Evaluación de Impacto Integral Sectorial” (EISI), es un examen de los impactos reales y potenciales sobre los derechos humanos generados por las industrias de un sector económico específico en un contexto geográfico en particular, a través de diferentes niveles de análisis.Su finalidad es proveer una visión panorámica e integral de los impactos de un sector sobre los derechos humanos. Por lo tanto, en lugar de evaluar los impactos sobre los derechos humanos por parte de los proyectos u operaciones de una compañía en específico, una EIS se enfoca en los impactos sobre los derechos humanos por parte de un sector industrial en su totalidad.
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El despliegue acelerado de minerales críticos para la transición energética y otras industrias estratégicas (agricultura, defensa, tecnología) nos sitúa ante una paradoja: la descarbonización del planeta depende de una intensificación de la actividad minera. Para CREER, esta rápida expansión conlleva riesgos críticos en materia de derechos humanos, dinámicas económicas locales y equilibrio ecosistémico. Nuestro trabajo se enfoca en analizar estos dilemas bajo un prisma de transición justa, fomentando marcos de gobernanza que mitiguen los impactos negativos y garanticen que la minería de ‘minerales para el futuro’ se desarrolle bajo estándares rigurosos de sostenibilidad, equidad y respeto por los derechos fundamentales, en diálogo entre diferentes actores.
Analizamos los desafíos de gobernanza y sostenibilidad que surgen en la implementación de modelos de generación descentralizada. Nuestra labor se centra en investigar cómo las estructuras de asociatividad local interactúan con los marcos regulatorios y los estándares de derechos humanos. A través de la investigación aplicada, evaluamos los riesgos de captura de rentas, los conflictos internos de toma de decisiones y las condiciones necesarias para que estos esquemas de autogestión garanticen una participación equitativa y transparente en el territorio.
Con un enfoque basado en la gestión responsable del suelo y el respeto por los medios de vida locales, en CREER aplicamos nuestra experiencia técnica en el sector fotovoltaico para promover una transición solar con integridad social. A través del análisis de entornos rurales, el fortalecimiento de la gobernanza local y el diseño de mecanismos de participación, buscamos que el despliegue de gran escala en América Latina no sólo aporte a la matriz energética, sino que fortalezca el tejido social. Nuestro propósito es liderar modelos de debida diligencia que aseguren que la infraestructura solar coexista con la seguridad alimentaria, los ecosistemas estratégicos y las vocaciones productivas de cada comunidad.
