En los últimos años, la Unión Europea había marcado una tendencia hacia la regulación de las actividades económicas llegando al punto de adoptar una directiva sobre debida diligencia ambiental y en DDHH el año pasado (2024), que extendía este deber a las «cadenas de actividades». Sin embargo, el mundo de lo político marca el compás -cuándo no- y, a pesar de lo anterior, tan solo un año después, la misma Unión Europea parece haberse arrepentido.

Es indudable que la regulación juega un papel fundamental, tanto para reconocer y abordar demandas y reclamos históricos de personas, grupos y comunidades en materia de vulneraciones a sus derechos, como para dar seguridad jurídica a empresas e inversionistas sobre cuál es, en últimas, la expectativa de conducta que se tiene sobre las empresas.

¿Por qué y para qué divulgar información? ¿Por qué y para qué hacer debida diligencia en derechos humanos? ¿Por qué y para qué utilizar la capacidad de influencia -leverage- para asegurar que las cadenas de valor no estén generando ese valor a costa de las personas y el medio ambiente? ¿Por qué, en últimas, se espera que una empresa genere utilidades pero no a cualquier precio -o, al menos, no a costa de las personas y el planeta-?

Si no es el Estado quien dé estas claridades -a través de una regulación clara, consistente, coherente, previsible- entonces, ¿quién las debe dar? ¿el mercado mismo? ¿los consumidores? ¿las comunidades de las zonas de influencia? ¿los trabajadores?

Lo cierto es que, ni la Unión Europea, ni la nueva administración de USA, pueden desvirtuar una realidad: las actividades económicas pueden generar -o generan- impactos positivos y negativos en las personas y en el planeta. Cuando se trata de impactos negativos, la pregunta que surge es ¿quién los asume? La respuesta de la Unión Europea de hoy pareciera ser distinta a la que se ha dado en las últimas décadas desde las Naciones Unidas, la OCDE y la OIT: los Estados son quienes deben garantizar los derechos y protegerlos; las empresas deben respetarlos. Y esto no es lo mismo. El respeto a los DDHH por parte de las empresas se materializa haciendo un proceso de debida diligencia. Y la debida diligencia no es nada distinto que identificar los impactos, evaluarlos y gestionarlos (previniéndolos, mitigándolos o reparándolos). Y esto incluye las actividades de la cadena de valor.

Uno de los argumentos principales de lobistas y defensores de la normatividad Ómnibus se centra en que divulgar información y hacer debida diligencia genera costos y dificulta la competitividad de las empresas. No obstante, quienes asumen esta postura, no cuentan con suficiente evidencia para soportar que los costos de divulgar información y hacer debida diligencia son mayores a los costos de no hacerlo.

Sin embargo, los defensores de las directivas europeas sobre reportes y debida diligencia, tampoco han logrado demostrar cómo estas iban a llevarnos a un mundo mejor. La razón: tienen una mirada marcadamente euro centrista. Al contrario, algunos efectos negativos de estas directivas ya se empezaban a ver en países no europeos, como los latinoamericanos y africanos, especialmente en el mundo del agro: pequeños productores veían ya, con gran preocupación, que las cargas de asegurar que sus productos estaban libres de trabajo infantil, de trabajo forzoso y de deforestación, las estaban soportando estos y no quienes, aparentemente, estaban más interesados: los mismos compradores europeos. ¿Cómo un pequeño productor de café, palma o cacao puede demostrar en un puerto europeo la trazabilidad positiva de su producto, en materia ambiental y de derechos humanos?

Asumiendo la inevitabilidad de la tendencia hacia la desregulación y, con ella, la deliberada omisión de los Estados para regular las actividades económicas en materia de impactos adversos sobre las personas y el planeta, ¿qué nos queda?

De manera paradójica, en la puja Estado vs Mercado, es el mercado, en este momento, quien más exige a las empresas. A diferencia de los Estados -que no quieren regulación-, las bancas de inversión, calificadoras de riesgos y sector financiero en general, prefieren poner sus recursos en los negocios que divulgan información social y ambiental y que, en últimas, les dan mejores garantías y confianza.

A continuación, cuatro razones por las que, creemos, las empresas deben seguir divulgando su información y hacer debida diligencia en derechos humanos: primero, porque es lo correcto; la vida social no equivale a un «business deal» (a pesar de Trump) y es indefendible generar utilidades a expensas del planeta y las personas. Segundo, porque, no hacerlo, incrementa riesgos financieros, legales, operacionales y reputacionales. Tercero, porque la presión de grupos de interés no va a cesar; el relacionamiento estratégico y la confianza siguen siendo altamente relevantes. Cuarto, por razones prácticas; si persisten o escalan los conflictos sociopolíticos, el acceso a recursos y materias primas en cadenas de suministro necesarias para la transición y el desarrollo, será cada vez más difícil.

En los 10 años de experiencia de CREER, seguimos viendo empresas que solo hablan de debida diligencia en DDHH si una norma se los exige (mero compliance) o si son demandadas o boicoteadas (actitud reactiva). Pero, también, hemos facilitado diálogos con empresas que tienen dentro de su ADN aportar en iniciativas de construcción de paz, inclusión social y prácticas de relacionamiento más horizontal con sus comunidades y trabajadores, sin necesidad de que se los diga ninguna norma. De la misma manera, seguimos viendo representantes de comunidades y ONG con una marcada agenda anti empresa, al tiempo que vemos líderes, lideresas y organizaciones de base que han ampliado sus repertorios de relacionamiento con las empresas y el Estado, en búsqueda de acuerdos no transaccionales, basados en la confianza.

La discusión del Ómnibus europeo es más que una simple discusión de coyuntura política. Realmente es una fotografía de las discusiones históricas y de fondo sobre Estado vs mercado, regulación vs autorregulación, información financiera vs no financiera (en este punto, suelo repetir que, para una empresa, no hay nada más financiero que lo no financiero); rendición de cuentas (mirada de espejo retrovisor y accountability) vs responsabilidad (mirada de espejo panorámico). Es más una cuestión de convivencia.

Por ello, el proceso y resultado del Ómnibus importa. Pero no debería importar demasiado tampoco. Hay dos cosas ciertas: (i) al Ómnibus aún le falta su aprobación en el Parlamento y en el Consejo Europeo; (ii) pase lo que pase, no podemos depender de esa decisión. Quizás sea el momento de generar conocimiento y práctica -y regulación adecuada- desde miradas regionales Asia-Pacífico, África y América Latina.