La Procuraduría General de la Nación expidió la directiva 001 de 2014, con el fin de adoptar los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos – PRNU, reconociendo que las actividades empresariales pueden generar vulneraciones a los derechos humanos – DD.HH. y que el rol de la institucionalidad estatal está en años después de su adopción, y en el marco de las nuevas realidades territoriales, la PGN decide actualizar su directiva para asegurar la efectividad de su mandato de prevención, intervención y función disciplinaria (Decreto Ley 262 de 2000), así como incluir nuevos enfoques para la prevención de violencia y la gestión de conflictos sociales. En este proceso de actualización la PGN busca integrar las visiones de los diversos actores que tienen incidencia en la agenda de DD.HH. y Empresas (Estado, sociedad civil y sector empresarial) en el país.
La PGN y el Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables espera contar con sus valiosos aportes y opiniones a lo largo del proceso de actualización, así como mantenerlo informado de avances relevantes
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El despliegue acelerado de minerales críticos para la transición energética y otras industrias estratégicas (agricultura, defensa, tecnología) nos sitúa ante una paradoja: la descarbonización del planeta depende de una intensificación de la actividad minera. Para CREER, esta rápida expansión conlleva riesgos críticos en materia de derechos humanos, dinámicas económicas locales y equilibrio ecosistémico. Nuestro trabajo se enfoca en analizar estos dilemas bajo un prisma de transición justa, fomentando marcos de gobernanza que mitiguen los impactos negativos y garanticen que la minería de ‘minerales para el futuro’ se desarrolle bajo estándares rigurosos de sostenibilidad, equidad y respeto por los derechos fundamentales, en diálogo entre diferentes actores.
Analizamos los desafíos de gobernanza y sostenibilidad que surgen en la implementación de modelos de generación descentralizada. Nuestra labor se centra en investigar cómo las estructuras de asociatividad local interactúan con los marcos regulatorios y los estándares de derechos humanos. A través de la investigación aplicada, evaluamos los riesgos de captura de rentas, los conflictos internos de toma de decisiones y las condiciones necesarias para que estos esquemas de autogestión garanticen una participación equitativa y transparente en el territorio.
Con un enfoque basado en la gestión responsable del suelo y el respeto por los medios de vida locales, en CREER aplicamos nuestra experiencia técnica en el sector fotovoltaico para promover una transición solar con integridad social. A través del análisis de entornos rurales, el fortalecimiento de la gobernanza local y el diseño de mecanismos de participación, buscamos que el despliegue de gran escala en América Latina no sólo aporte a la matriz energética, sino que fortalezca el tejido social. Nuestro propósito es liderar modelos de debida diligencia que aseguren que la infraestructura solar coexista con la seguridad alimentaria, los ecosistemas estratégicos y las vocaciones productivas de cada comunidad.