En la actualidad, más de la mitad de la población mundial vive en áreas urbanas y la cifra continúa en aumento, ya sea por crecimiento natural o por el desplazamiento de personas desde el campo. En Colombia y otros países de América Latina el fenómeno urbano se encuentra en constante transformación, no sólo por la aparición ininterrumpida de proyectos inmobiliarios, sino también por la consolidación de barrios subnormales, cinturones de miseria y la consecuente expansión de las ciudades. En este contexto, los planes de ordenamiento territorial se presentan como herramientas para la planificación y control de estos fenómenos, respondiendo al interés público y propiciando un desarrollo equilibrado con las mejores condiciones de vida para la población.
A través de dichas herramientas, las diferentes agencias territoriales y gobiernos definen el futuro habitacional de las ciudades, en donde deben garantizarse las condiciones suficientes para que las personas puedan gozar de una vida plena. Esto implica el aseguramiento de la provisión de servicios básicos de saneamiento, agua potable y energía eléctrica, la posibilidad de acceso a un transporte público eficiente y zonas verdes, condiciones de accesibilidad y habitabilidad dignas, localización en áreas libres de amenazas naturales, seguridad jurídica, facilidades de acceso a la vivienda para población vulnerable y, en general, de condiciones que permitan el goce efectivo de los derechos.
En este sentido, uno de los principales retos de la agenda estatal está en la superación de las barreras que permanentemente han impedido la equidad e igualdad en las ciudades y demás ambientes construidos. Nos referimos por ejemplo a las ocasionadas por el sector financiero para el acceso a vivienda y también a los procesos de especulación, corrupción, acaparamiento de tierras, intereses políticos, entre otros, que históricamente han involucrado a sectores públicos y privados. Para ello deben trabajar los gobiernos, así como los consorcios y empresas líderes en los procesos de urbanización para satisfacer las necesidades de una población en constante crecimiento.
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Memoria encuentro con trabajadores y sindicatos
Testimonio trabajadores y sindicatos
El despliegue acelerado de minerales críticos para la transición energética y otras industrias estratégicas (agricultura, defensa, tecnología) nos sitúa ante una paradoja: la descarbonización del planeta depende de una intensificación de la actividad minera. Para CREER, esta rápida expansión conlleva riesgos críticos en materia de derechos humanos, dinámicas económicas locales y equilibrio ecosistémico. Nuestro trabajo se enfoca en analizar estos dilemas bajo un prisma de transición justa, fomentando marcos de gobernanza que mitiguen los impactos negativos y garanticen que la minería de ‘minerales para el futuro’ se desarrolle bajo estándares rigurosos de sostenibilidad, equidad y respeto por los derechos fundamentales, en diálogo entre diferentes actores.
Analizamos los desafíos de gobernanza y sostenibilidad que surgen en la implementación de modelos de generación descentralizada. Nuestra labor se centra en investigar cómo las estructuras de asociatividad local interactúan con los marcos regulatorios y los estándares de derechos humanos. A través de la investigación aplicada, evaluamos los riesgos de captura de rentas, los conflictos internos de toma de decisiones y las condiciones necesarias para que estos esquemas de autogestión garanticen una participación equitativa y transparente en el territorio.
Con un enfoque basado en la gestión responsable del suelo y el respeto por los medios de vida locales, en CREER aplicamos nuestra experiencia técnica en el sector fotovoltaico para promover una transición solar con integridad social. A través del análisis de entornos rurales, el fortalecimiento de la gobernanza local y el diseño de mecanismos de participación, buscamos que el despliegue de gran escala en América Latina no sólo aporte a la matriz energética, sino que fortalezca el tejido social. Nuestro propósito es liderar modelos de debida diligencia que aseguren que la infraestructura solar coexista con la seguridad alimentaria, los ecosistemas estratégicos y las vocaciones productivas de cada comunidad.
