Junto con el Institute for Human Rights and Business (IHRB) nos hemos unido en los esfuerzos para contribuir a la justicia climática, especialmente, con comunidades histórica y estructuralmente marginalizadas a partir de la generación de colectiva de conocimientos y capacidades, así como de la incidencia en políticas públicas y regulaciones más sólidas sobre el tema de la equidad comunitaria y el reparto de beneficios en el sector de la energía eólica.
En una Transición Justa lejos de los combustibles fósiles hacia la energía renovable, hay un gran potencial tanto para el empoderamiento económico como para asegurar el acceso a energía limpia y asequible para estas comunidades. Sin embargo, también existe un gran potencial para su mayor marginación, tanto en los sitios de producción de energía como en la minería de minerales, continuando con prácticas explotadoras arraigadas del sector extractivo durante las últimas décadas. La apropiación de tierras y océanos y la ejecución inadecuada de la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) ya se están evidenciando en Colombia, Honduras y más allá, en la ‘fiebre verde’ para poner en marcha proyectos de energía eólica.
En el umbral de un crecimiento exponencial en las próximas décadas, el sector de la energía renovable a lo largo de toda su cadena de valor, desde la producción de energía hasta el suministro de materias primas, necesita urgentemente marcos de negocio responsables, estándares y regulaciones que se alineen con los estándares internacionales de derechos humanos y ambientales. Los representantes de comunidades indígenas y marginadas deben estar consistentemente en la mesa con las principales empresas de energía, compradores de energía corporativos, inversores y reguladores, abogando por la importancia de procesos de FPIC más robustos, una mayor diligencia debida en derechos humanos (DDHH) y la inclusión de acuerdos equitativos de reparto de beneficios. La energía renovable justa también necesita pasar de la compensación financiera pagada a las comunidades afectadas hacia el diálogo y una asociación genuina. Este proyecto busca contribuir sustancialmente a este aspecto esencial de la justicia climática dentro del sector eólico en particular a través del desarrollo de capacidades y la elaboración de una agenda de abogacía colectiva dirigida para influir en los procesos de licenciamientos y los requisitos de diligencia debida de las empresas inversoras.
Para este caso en particular concentramos esfuerzos en la costa caribe colombiana, particularmente en el departamento de la Guajira. Hacemos un énfasis en los municipios de Uribia y Maicao, en donde se concentran la mayor cantidad de proyectos eólicos del país, con aproximadamente 60 de ellos en diferentes etapas de licenciamiento ambiental. La Guajira, por su potencial de vientos, se ha convertido en un foco de altísima importancia para el sector y ha venido generando una serie de reacciones de la ciudadanía frente a su ejecución: desde el optimismo de esta inversión en los territorios hasta altos niveles de conflictividad social, en particular con las comunidades Wayuu a raíz de los acuerdos o desacuerdos relacionados con la CPLI.
En este sentido, desde CREER le apostamos a trabajar de la mano con las comunidades de estos territorios para fortalecer las capacidades instaladas, aportar a la construcción colectiva de conocimientos, la resolución pacífica de conflictos y el fomento de diálogos multiactor informados que puedan ser simétricos para llegar a acuerdos. En este proyecto, nos enfocaremos en trabajar de la mano con comunidades indígenas Wayuu, mujeres, autoridades ancestrales, asesores de las consultas previas, jóvenes y demás actores del territorio para identificar las necesidades de información más importantes alrededor del tema eólico y cómo podrían ser subsanadas desde una mirada intercultural y territorial.
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El despliegue acelerado de minerales críticos para la transición energética y otras industrias estratégicas (agricultura, defensa, tecnología) nos sitúa ante una paradoja: la descarbonización del planeta depende de una intensificación de la actividad minera. Para CREER, esta rápida expansión conlleva riesgos críticos en materia de derechos humanos, dinámicas económicas locales y equilibrio ecosistémico. Nuestro trabajo se enfoca en analizar estos dilemas bajo un prisma de transición justa, fomentando marcos de gobernanza que mitiguen los impactos negativos y garanticen que la minería de ‘minerales para el futuro’ se desarrolle bajo estándares rigurosos de sostenibilidad, equidad y respeto por los derechos fundamentales, en diálogo entre diferentes actores.
Analizamos los desafíos de gobernanza y sostenibilidad que surgen en la implementación de modelos de generación descentralizada. Nuestra labor se centra en investigar cómo las estructuras de asociatividad local interactúan con los marcos regulatorios y los estándares de derechos humanos. A través de la investigación aplicada, evaluamos los riesgos de captura de rentas, los conflictos internos de toma de decisiones y las condiciones necesarias para que estos esquemas de autogestión garanticen una participación equitativa y transparente en el territorio.
Con un enfoque basado en la gestión responsable del suelo y el respeto por los medios de vida locales, en CREER aplicamos nuestra experiencia técnica en el sector fotovoltaico para promover una transición solar con integridad social. A través del análisis de entornos rurales, el fortalecimiento de la gobernanza local y el diseño de mecanismos de participación, buscamos que el despliegue de gran escala en América Latina no sólo aporte a la matriz energética, sino que fortalezca el tejido social. Nuestro propósito es liderar modelos de debida diligencia que aseguren que la infraestructura solar coexista con la seguridad alimentaria, los ecosistemas estratégicos y las vocaciones productivas de cada comunidad.
