En un evento realizado en la ciudad de Neiva el día 22 de noviembre, CREER estuvo presente como uno de los actores involucrados en el fortalecimiento de una alianza que tiene como objetivo trabajar por el desarrollo sostenible del Corredor Andino Amazónico en el departamento del Huila.
La alianza Pacto HYLEA es la unión de esfuerzos, la suma de voluntades y el establecimiento de objetivos comunes entre dos iniciativas existentes en el territorio: Pactos PPI, liderada por la organización holandesa IDH con la participación de CREER, quien ejerce la secretaría técnica del programa; y la iniciativa Hylea Corredor Andino Amazónico, liderada por la Gobernación del Huila, la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM y Conservación Internacional, con el apoyo de Walmart y Starbucks
Esta alianza permitirá trabajar en tres grandes pilares: producción sostenible, protección del medio ambiente e inclusión social de diferentes actores del territorio, impactando catorce municipios del Huila: Acevedo, Algeciras, Baraya, Agrado, Colombia, Campoalegre, Guadalupe, Hobo, Neiva, Garzón, Suaza, Gigante, Tello y Rivera.
En el desarrollo de esta nueva iniciativa también es importante reconocer la participación de empresas privadas, universidades, gremios, asociaciones de productores y grupos de monitoreos comunitarios, que aportan cada uno desde sus conocimientos, capacidades y experiencias para lograr los objetivos que se proyecten en el marco del proceso.
Los actores involucrados acordaron llevar a cabo un plan de acción que se desarrollará durante los próximos dos años (2024-205), con monitoreos y seguimientos permanentes para validar los avances y oportunidades de mejora en el proceso.
La Primera Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles realizada en Santa Marta, dejó una conversación más realista sobre la transición energética.
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En un contexto donde las finanzas sostenibles han avanzado principalmente en la dimensión ambiental, desde CREER hacemos un llamado claro: no hay transición sostenible sin derechos humanos en el centro de las decisiones financieras.
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Memoria encuentro con trabajadores y sindicatos
Testimonio trabajadores y sindicatos
El despliegue acelerado de minerales críticos para la transición energética y otras industrias estratégicas (agricultura, defensa, tecnología) nos sitúa ante una paradoja: la descarbonización del planeta depende de una intensificación de la actividad minera. Para CREER, esta rápida expansión conlleva riesgos críticos en materia de derechos humanos, dinámicas económicas locales y equilibrio ecosistémico. Nuestro trabajo se enfoca en analizar estos dilemas bajo un prisma de transición justa, fomentando marcos de gobernanza que mitiguen los impactos negativos y garanticen que la minería de ‘minerales para el futuro’ se desarrolle bajo estándares rigurosos de sostenibilidad, equidad y respeto por los derechos fundamentales, en diálogo entre diferentes actores.
Analizamos los desafíos de gobernanza y sostenibilidad que surgen en la implementación de modelos de generación descentralizada. Nuestra labor se centra en investigar cómo las estructuras de asociatividad local interactúan con los marcos regulatorios y los estándares de derechos humanos. A través de la investigación aplicada, evaluamos los riesgos de captura de rentas, los conflictos internos de toma de decisiones y las condiciones necesarias para que estos esquemas de autogestión garanticen una participación equitativa y transparente en el territorio.
Con un enfoque basado en la gestión responsable del suelo y el respeto por los medios de vida locales, en CREER aplicamos nuestra experiencia técnica en el sector fotovoltaico para promover una transición solar con integridad social. A través del análisis de entornos rurales, el fortalecimiento de la gobernanza local y el diseño de mecanismos de participación, buscamos que el despliegue de gran escala en América Latina no sólo aporte a la matriz energética, sino que fortalezca el tejido social. Nuestro propósito es liderar modelos de debida diligencia que aseguren que la infraestructura solar coexista con la seguridad alimentaria, los ecosistemas estratégicos y las vocaciones productivas de cada comunidad.
