Promoción de los derechos humanos en ambientes construidos: El caso de Cartagena de Indias y perspectivas para otras ciudades

Escrito por: por parte de IHRB; Alejandra Rivera, consultora investigadora, Annabel Short, asesora senior IHRB. Por parte de CREER; José Fernando Gómez, investigador y director de estrategias, Felipe Cely investigador. 

Entre octubre de 2021 y marzo de 2022, IHRBCREER y la Fundación Rafto adelantaron una investigación sobre Derechos Humanos y transiciones justas en los ambientes construidos de Cartagena, Colombia. El siguiente artículo describe el proceso, los hallazgos y la relevancia para otras ciudades.

Hogar del mayor puerto de Colombia, con sus históricas murallas que hacen que el pasado se sienta en el presente, impresionantes vistas sobre el océano, comida deliciosa y gente amable, es fácil ver por qué millones de turistas llegan a Cartagena y sus playas de Bocagrande, El Cabrero y Los Morros cada año. Lo que quizás sea una cara menos conocida de la ciudad, es el entramado de luchas sociales presentes en los barrios del interior. A primera vista: un paisaje sonoro ruidoso, tráfico complicado, residuos sin gestionar y manglares asfixiantes. Desde una mirada más profunda: graves desafíos sociales, económicos y ambientales que enfrenta la mayoría de la población.

Por lo tanto, Cartagena es una ciudad de dos caras: dividida por ingresos, raza, barrio, estatus migratorio y más . Esta segregación se ve exacerbada por los desafíos de la inestabilidad política: haber tenido 12 alcaldes en 10 años, en parte por problemas de corrupción, y un relativo abandono de ciertos barrios, ha provocado la desconfianza de la gente en el gobierno y la política en general. El resultado es un alto grado de vulnerabilidad de los Derechos Humanos: exclusión de servicios básicos como agua y saneamiento, vivienda digna asequible y un medio ambiente saludable; así como el derecho a la educación y a la participación.

No obstante, esta situación también presenta grandes oportunidades de acción e impacto positivo. La administración actual fue elegida sobre la base de una campaña anticorrupción y la voluntad de cambiar este historial. 2022 es un año clave en el tiempo: se está gestando un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT)y, con él, el interés por mejorar la imagen de la ciudad. Para que esto se traduzca en un cambio real y significativo, los Derechos Humanos deben estar en el centro de la planificación urbana y proyectos concretos de urbanización, así como en vías e infraestructura creadas para que las personas ejerzan su “derecho a la ciudad” .

Crédito de foto: Alejandra Rivera

1. Milanović, Branko. 2011. The haves and the have-nots: A brief and idiosyncratic history of global inequality. New York: Basic Books.

2. Lefebvre, Henri. 1968. Le droit à la ville (The right to the city). Paris: Anthropos

El proceso de investigación que IHRB, CREER y la Fundación Rafto realizaron en Cartagena se desarrolló entre octubre de 2021 y marzo de 2022 . Formó parte del trabajo global de la Coalición por la Dignidad en el Entorno Construido. El proceso empleó cuatro métodos de investigación:

  1. Investigación documental o de escritorio: recopilación de datos iniciales y análisis de varias fuentes secundarias con el objetivo de comprender el contexto local y sus problemas sociales y ambientales.

  2. Mapeo de actores: identificación de los actores clave de cada sector (público, privado, académico, ONGs y comunidades) con respecto a la toma de decisiones (o falta de ellas) en los ambientes construidos.

  3. Entrevistas semiestructuradas: diez entrevistas para recoger el punto de vista de cada uno de los actores y su comprensión de los desafíos y oportunidades sociales, ambientales, políticas y económicas de la ciudad.

  4. Participación de talleres: observación en tres talleres comunitarios organizados por la Alcaldía como parte de su proceso participativo para escuchar las inquietudes y necesidades de la población para la elaboración del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Las tres mesas redondas a las que se asistieron tuvieron lugar en los barrios y corregimientos de Manzanillo del Mar, Tierra Baja y Punta Canoa.

La fusión de las diversas voces de la ciudad, especialmente las de las ONGs locales y los grupos comunitarios, amplió la profundidad y el alcance de la investigación y permitió aprender de las luchas, opiniones y la posición única de todos dentro del ecosistema urbano de Cartagena.

Esta fase inicial de investigación culminó con un evento de diálogo multiactor el día 3 de marzo de 2022, que reunió a una diversa gama de 27 organizaciones de todos los sectores que hicieron parte del trabajo desarrollado durante los seis meses de este proceso. En el evento, los participantes conocieron la investigación adelantada y profundizaron en los temas, de tal forma que la información recopilada permitiera elaborar un documento final de la investigación. El taller de todo el día incluyó un diálogo en mesas redondas para discutir el papel y las responsabilidades de cada actor en la planificación y desarrollo de la ciudad; y también, un panel estructurado con representantes de cada sector, que giró en torno a las necesidades existentes en Cartagena y la visión para el futuro cercano.

En este taller, CREER (como organización asociada de IHRB en Colombia) firmó un Memorando de Entendimiento (MoU) con la Alcaldía de Cartagena para fortalecer la colaboración entre las organizaciones y su compromiso de ayudar a promover los Derechos Humanos en los ambientes construidos. Este MoU también sirve como marco para facilitar acciones futuras como la cooperación técnica, la formulación de políticas, la elaboración conjunta de proyectos, la recaudación de fondos, el desarrollo de comunicaciones estratégicas, entre otras oportunidades

Firma del Memorando de Entendimiento, Alcaldía de Cartagena, marzo 3 de 2022 | Créditos: Alcaldía de Cartagena

 

La investigación arrojó varios hallazgos. Una constatación general fue que, si bien los tres motores económicos de Cartagena –el turismo, la industria petroquímica y el puerto– generan ingresos considerables para la ciudad, la gestión macroeconómica ineficiente no ha permitido aprovecharlos para reducir la brecha de pobreza.

Estos son algunos de los principales desafíos que se encuentran en el ambiente construido:

  • La falta de planificación y regulación ha agudizado las desigualdades sociales: el 37% de los hogares tiene necesidades básicas insatisfechas y gran parte de la población vive en zonas de riesgo, insalubres o contaminadas.

  • La urbanización especulativa, rápida, no participativa, (especialmente la asociada a megaproyectos), no ha considerado adecuadamente el contexto sociocultural donde opera; por ejemplo, al no tener en cuenta las tradiciones ancestrales de las comunidades periféricas e insulares, que muchas veces se sustentan en prácticas de resiliencia ambiental y social. Esto genera el riesgo de dividir a las comunidades y romper los vínculos urbano-rurales.

  • Los ecosistemas estratégicos como los manglares y los humedales reciben una presión atenuante de la urbanización formal e informal, y corren el riesgo de desaparecer.

  • A pesar de que la Alcaldía promueve actividades participativas, tales como los talleres comunitarios para la elaboración del POT, estas aún son muy incipientes y requieren de acompañamiento de otros organismos para su fortalecimiento.

  • Existe un déficit importante en cantidad y calidad de infraestructura social como escuelas, hospitales, centros culturales, etc. Además, una vez construida, la infraestructura social carece de recursos para su dotación y mantenimiento continuo.

A su vez, el taller de diálogo multiactor realizado el 3 de marzo de 2022 destacó varias oportunidades que deberían atenderse de forma inmediata para la ciudad:

  • Fortalecer la visión colectiva de Cartagena como ciudad de bien público.

  • Fortalecer la participación ciudadana activa y generar mecanismos que permitan su continuidad.

  • Desarrollar alternativas para la movilidad, por ejemplo, transporte acuático, aprovechando las características geográficas de la ciudad y aprendiendo de las lecciones de otras ciudades.

  • Articular el nuevo POT con otros mecanismos de planificación territorial regionales y nacionales.

  • Aprovechar los beneficios económicos del turismo, la cultura local y el patrimonio medioambiental de forma sostenible.

  • Trascender de la elaboración de diagnósticos para la ciudad a acciones concretas para el abordaje de los problemas identificados.

Vea también algunas de las de diapositivas presentadas en el evento

De izquierda a derecha: Isabel Mathieu, Directora de la Fundación Serena del Mar; Angélica Salas, Directora Regional de CAMACOL (Cámara Colombiana de la Construcción) para el departamento de Bolívar; Javier Mouthon, Director de EPA Cartagena (Establecimiento Público Ambiental) | Créditos: Yesid Cabeza Flores

De izquierda a derecha: Franklin Amador, Secretario de Planeación de Cartagena; Moisés Zabaleta, Líder Comunitario de Tierrabaja | Créditos: Yesid Cabeza Flores

 

Discusión entre representantes de grupos comunitarios, ONGs locales, Academia y Sector privado | Créditos: Yesid Cabeza Flores

 
 

John Alexander Gallego, Director del Programa de Arquitectura de la Universidad San Buenaventura (USB) expresa su punto de vista a los demás participantes | Créditos: Yesid Cabeza Flores

 
 
 

John Alexander Gallego, Director del Programa de Arquitectura de la Universidad San Buenaventura (USB) expresa su punto de vista a los demás participantes | Créditos: Yesid Cabeza Flores

 
 
 

Ampliar el enfoque de derechos humanos: debido a la historia de violencia del contexto colombiano, los derechos humanos suelen estar asociados con los derechos civiles y políticos, el proceso de paz y la reconciliación. Sin embargo, los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales, también se ejercen o se niegan en los ambientes construidos según la forma en que se conciba, planifique y construya la ciudad (incluyendo la idea de ‘para quién’ se está haciendo).

El Marco para la dignidad en los ambientes construidos del IHRB es precisamente una herramienta para guiar la toma de decisiones sobre planificación, financiación, diseño y construcción, y ayudar a garantizar que se respeten los derechos humanos durante todo el ciclo de vida de los ambientes construidos. Se deriva de estándares internacionales, pero se basa en el contexto local. El compromiso en Cartagena, y especialmente la firma del MoU, reveló el potencial para la implementación de este marco en dos niveles:

  • Política pública: Brindar asistencia técnica a la Alcaldía en el contenido del nuevo POT, para integrar un enfoque de derechos humanos, incluyendo estrategias de inclusión socioespacial.

  • Proyectos: Aplicar el enfoque de derechos humanos de manera muy concreta a un nuevo edificio administrativo para la ciudad, con la visión de otros proyectos de infraestructura pública a seguir.

Dignidad Humana en el Ciclo de Vida del Ambiente Construido

Compromiso de los actores

Hasta ahora, el proceso ha demostrado cuán importante es identificar e involucrar a todos los actores desde una etapa temprana. Facilita el reconocimiento de las necesidades, los intereses, el valor y el papel de cada uno en el proceso de (re)creación del ambiente construido. Los instrumentos de participación eficientes y confiables pueden facilitar la participación de los actores.

El taller de múltiples partes interesadas organizado por IHRB y CREER fue una demostración de lo que es posible:

Encendió un diálogo que de otro modo no habría ocurrido y permitió que los actores reconocieran el valor que cada uno aporta a la mesa.

  • El taller también alimentó la idea de solidificar esta convocatoria en otras más permanentes y recurrentes que pudieran servir como plataforma de participación y de conexión entre los actores.

El Marco para la dignidad en los ambientes construidos del IHRB es precisamente una herramienta para guiar la toma de decisiones sobre planificación, financiación, diseño y construcción, y ayudar a garantizar que se respeten los derechos humanos durante todo el ciclo de vida de los ambientes construidos. Se deriva de estándares internacionales, pero se basa en el contexto local. El compromiso en Cartagena, y especialmente la firma del MoU, reveló el potencial para la implementación de este marco en dos niveles:

  • Política pública: Brindar asistencia técnica a la Alcaldía en el contenido del nuevo POT, para integrar un enfoque de derechos humanos, incluyendo estrategias de inclusión socioespacial.

  • Proyectos: Aplicar el enfoque de derechos humanos de manera muy concreta a un nuevo edificio administrativo para la ciudad, con la visión de otros proyectos de infraestructura pública a seguir.

El proceso de investigación y participación sobre los derechos humanos en el ambiente construido en Cartagena, Colombia, mostró las diferentes formas en que el ‘Marco de la Dignidad desde el Diseño’ puede implementarse a través de la administración pública de una ciudad y una multitud de actores. Así, es posible generar procesos similares en otras ciudades a través de:

  • Evaluar los diversos roles, responsabilidades y puntos de influencia de los diferentes actores en torno al ciclo de vida del ambiente construido, a través de un proceso altamente participativo e interactivo.

  • Investigar con un doble propósito: entrevistar a actores para conocer la ciudad y su punto de vista sobre los desafíos y oportunidades, pero también para introducir el ‘Marco Dignidad desde el Diseño’ en un nuevo contexto, así como para identificar oportunidades específicas de proyectos piloto.

  • Reunir a los actores para discutir y definir una visión compartida de la ciudad y los posibles caminos para poder alcanzarla. Esto incluye vincular la acción a nivel de ciudad con los derechos humanos internacionales y los principios transversales de participación, transparencia, no discriminación y rendición de cuentas.

  • Aprovechar los procesos de planificación y desarrollo territorial nacional, regional y local, como el POT en el caso de Cartagena, para incorporar el enfoque de derechos humanos y el Marco ‘Dignidad desde el Diseño’ en la política urbana.

  • Desarrollar alianzas para lograr continuidad. En este caso, las alianzas fueron, por un lado, entre IHRB como ‘tanque internacional de pensamiento y acción’ con CREER como organización regional y, por el otro, entre IHRB/CREER y la Alcaldía de Cartagena (a través de un MoU). Así mismo, es clave desarrollar alianzas con otras organizaciones locales, tales como universidades, autoridades portuarias, ONGs y grupos comunitarios, entre otros, para cimentar el trabajo realizado hasta el momento y asegurar que su continuidad sea impulsada localmente.

Luis Fernando de Angulo

Consejero asesor estratégico

Luis Fernando de Angulo lideró, conjuntamente con el Institute for Human Rights and Business -IHRB, la constitución de CREER desde el año 2015 y es miembro fundador de la junta directiva del IHRB desde 2009. Se desempeñó como director ejecutivo de CREER hasta enero de 2024 y actualmente tiene el rol de consejero asesor estratégico de la organización, además de miembro del Consejo Asesor Internacional del IHRB.

Willian Mancera Sanabria

Asistente administrativo

Administrador de Empresas de la Universidad EAN. Más de 15 años de experiencia en el sector privado en cargos administrativos y financieros, enfocado básicamente en control de ejecución de presupuestos y administración del gasto.

Ha trabajado en el sector privado, en la Fundación Ideas para La Paz, Embajada de Guatemala, el Elegido S.A.S., Global Asociados F&L, Consultores en Seguros Ltda., Universidad EAN, Serdán e Inpec.

Viviana Arango Villegas

Investigadora

Antropóloga con Maestría en Antropología Social de la Universidad de Los Andes, con más de 15 años de experiencia en el campo de seguridad ciudadana, empresas y derechos humanos y construcción de paz en Colombia y América Latina.

Cuenta con experiencia en el diseño de proyectos (conceptual, metodológico y financiero), así como en la planificación, ejecución y seguimiento de proyectos; desarrollo de metodologías cualitativas para el trabajo con comunidades urbanas, rurales y poblaciones vulnerables.

Ha trabajado en procesos de capacitación no formal en temas de: i) empresas y derechos humanos (incluyendo PRNU, Conducta Empresarial Responsable y Guías Sectoriales de la OCDE, instrumentos internacionales para el cumplimiento de la debida diligencia en DD.HH.), ii) construcción de paz, y iii) Principios Voluntarios en seguridad y derechos humanos.

Silvia Ayala Joya

Investigadora

Economista con especialización en gestión pública y una maestría en Desarrollo Rural y Políticas económicas. Siete años de experiencia enfocada en proyectos clave relacionados con el desarrollo económico y rural, así como en transformaciones territoriales y construcción de paz.

La experiencia profesional incluye el seguimiento y monitoreo de políticas públicas. En el ámbito de la investigación, se ha centrado en la recolección y tratamiento de información primaria, empleando metodologías avanzadas para el análisis de datos.

Sergio García Jiménez

Investigador

Ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en sistemas ambientales de la Universidad Nacional de Taiwán. Cuenta con más de 12 años trabajando en proyectos de investigación y desarrollo rural en conjunto con entidades del sector público como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Unidad de Planeación Rural Agropecuaria – UPRA.

En el sector agroindustrial de la caña de azúcar, ha participado en programas de agricultura de precisión y agricultura orgánica. Así mismo, ha acompañado ONG´s como Precisión para el Desarrollo en proyectos de agricultura climáticamente inteligente y extensión agropecuaria digital.

María Valentina Rincón Páez

Investigadora

Antropóloga de la Universidad de los Andes, especialista en Políticas Públicas para la Igualdad en América Latina de CLACSO. Su experiencia laboral gira alrededor de la sostenibilidad y gestión social en entornos empresariales, así como en la consultoría e investigación en temas de participación ciudadana, acceso a la información, transparencia, DDHH y gobernanza ambiental en el marco de las operaciones del sector minero-energético.

Al interior de CREER trabaja en la línea de transición energética justa y transformación territorial.

José Fernando Gómez Rojas

Director Ejecutivo

Abogado de la Universidad Javeriana, con Maestría en Estudios de Desarrollo y Especialización en Derechos Humanos del Instituto de Estudios Sociales -ISS (Holanda) y Especialización en Resolución de Conflictos Armados de la Universidad de Los Andes.

Ha trabajado como asesor y consultor del sector público, el sector privado y diversas organizaciones en la formulación de políticas públicas, proyectos de investigación e iniciativas relacionadas con Empresas y Derechos Humanos, sostenibilidad corporativa, justicia transicional, acceso a la justicia, derecho ambiental y reparación de daños por corrupción.

En los últimos años, en CREER ha liderado las líneas sobre transición justa; cadenas de abastecimiento con criterios de inclusión social y protección ambiental; océanos sostenibles; ambientes construidos basados en dignidad; acciones restaurativas; y construcción de paz.

Isabel Botero Suárez

Investigadora

Politóloga de la Pontificia Universidad Javeriana con énfasis en Gestión Pública y candidata a magister en Dinámicas Rurales y Globalización de la Universidad Externado de Colombia.

En su experiencia laboral ha abordado la seguridad, los derechos humanos, el desarrollo y la paz, desde el área educativa, la investigación, la facilitación y el fortalecimiento institucional. Adicionalmente, cuenta con experiencia en el diseño de metodologías cualitativas con enfoque de género.

Diana Muñoz Herrera

Investigadora

Politóloga de la Universidad de los Andes y magíster en Derechos Humanos de la Universidad de York en el Reino Unido. Cuenta con más de 8 años trabajando como investigadora y consultora en la implementación de la agenda de empresas y derechos humanos en Colombia desde el tercer sector y las empresas, así como el fortalecimiento e incidencia en política pública de derechos humanos en contextos empresariales en el sector público, específicamente para la industria minero energética.

Daniel Ocampo Martínez

Investigador

Politólogo especialista en Responsabilidad Social Empresarial. 13 años de experiencia profesional relacionada con la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas, facilitación de diálogos y construcción de acuerdos entre distintos actores públicos, privados y sociales.

Amplia experiencia en investigación y trabajo con comunidades en regiones de alto impacto en materia de actividad empresarial y conflicto armado, así como en metodologías y técnicas de investigación con enfoque mixto.

César Álvarez Rincón

Investigador

Ingeniero Agrónomo con especialización en Gerencia de Proyectos. Maestría en Conflicto Social y Construcción de Paz.  Con más de 14 años de experiencia en el campo de la estructuración, implementación, seguimiento y monitoreo de proyectos agropecuarios sostenibles.

Tiene un enfoque centrado especialmente en cadenas productivas como palma de aceite, cacao, ají picante, maracuyá, plátano, banano, yuca, maíz, ñame, aguacate, mango, hortalizas y ganadería doble propósito.

Cuenta con experiencia en el diseño e implementación de proyectos de restauración ecológica, extensión agropecuaria; desarrollo asociativo y empresarial de pequeños productores y diseño de Planes de Manejo Ambiental. En los últimos años ha adelantado procesos de formación, promoción, divulgación y protección de Derechos Humanos de la población campesina.

Blanca Llorente Carreño

Investigadora

Economista de la Universidad Javeriana con especialización en Evaluación Social de Proyectos de la Universidad de los Andes y Maestría en Salud Pública de la Universidad de Londres. Fue docente universitaria por 25 años en temas relacionados con desarrollo sostenible, evaluación de políticas y determinantes sociales de la salud.

Doce años de experiencia en investigación y construcción de capacidades en sector privado en gestión social y ambiental con enfoque en derechos humanos.

Es autora o coautora de más de 30 publicaciones científicas y técnicas en temas de política de salud, políticas de desarrollo, responsabilidad social y derechos humanos. Ha sido consultora de la OPS, el Banco Mundial y el BID y actualmente también se desempeña como directora de investigación de la Fundación Anáas.