Con el objetivo de fortalecer las acciones de los funcionarios de la entidad se evidenció la necesidad de integrar la Doctrina Defensorial y los Principios de Actuación en la gestión de la entidad. Para lo anterior se planteó un ejercicio de socialización y capacitación de estos documentos con las Defensorías Regionales y Direcciones y Delegadas del nivel central, para que se apropien las herramientas desarrolladas en los documentos antes señalados, y que sirvan como un marco de actuación para abordar situaciones específicas entre Estado, empresas y comunidades.
El proyecto no solo se centró en tener una perspectiva desde la Defensoría del Pueblo, sino también en complementarla con las percepciones que los actores locales tienen sobre el ejercicio de derechos en contextos de operación empresarial. Para ello, se realizaron sesiones de diálogo o encuentros regionales divididos por el tipo de actores: i) con funcionarios de la Defensoría del Pueblo, ii) con líderes sociales, iii) con funcionarios de entidades del Estado locales o regionales y iv) representantes del sector empresarial.
A partir de la información y diálogo sostenido con los actores se recogió información sobre las percepciones de los participantes sobre la manera como las actividades económicas estaban afectando o vulnerando los derechos humanos de personas o comunidades. En este ejercicio de análisis se partió de las situaciones identificadas por los actores y así determinar los derechos vulnerados y la dimensión del derecho afectada, que significa comprender la dinámica que una actividad económica ejerce sobre los elementos esenciales o dimensiones de los derechos.
Al final del proceso se presentó el documento «Identificación de situaciones de amenaza de los derechos humanos en escenarios de actividad empresarial», que recoge estas percepciones analizadas a la luz de las dimensiones del derecho, es decir la manera como una actividad económica ejerce un impacto negativo sobre los elementos esenciales del derecho. Este documento pretende ser una herramienta de trabajo para los funcionarios de la Defensoría y fortalecer su incidencia preventiva en el territorio nacional.
Adicionalmente a este documento, se elaboraron dos cartillas para la Defensoría del Pueblo que sirvieran de material pedagógico para la formación de los funcionarios de la entidad, y actores externos como la ciudadanía, sobre lo que significa la protección, respeto y reparación de los derechos humanos en el marco de las actividades económicas.
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El despliegue acelerado de minerales críticos para la transición energética y otras industrias estratégicas (agricultura, defensa, tecnología) nos sitúa ante una paradoja: la descarbonización del planeta depende de una intensificación de la actividad minera. Para CREER, esta rápida expansión conlleva riesgos críticos en materia de derechos humanos, dinámicas económicas locales y equilibrio ecosistémico. Nuestro trabajo se enfoca en analizar estos dilemas bajo un prisma de transición justa, fomentando marcos de gobernanza que mitiguen los impactos negativos y garanticen que la minería de ‘minerales para el futuro’ se desarrolle bajo estándares rigurosos de sostenibilidad, equidad y respeto por los derechos fundamentales, en diálogo entre diferentes actores.
Analizamos los desafíos de gobernanza y sostenibilidad que surgen en la implementación de modelos de generación descentralizada. Nuestra labor se centra en investigar cómo las estructuras de asociatividad local interactúan con los marcos regulatorios y los estándares de derechos humanos. A través de la investigación aplicada, evaluamos los riesgos de captura de rentas, los conflictos internos de toma de decisiones y las condiciones necesarias para que estos esquemas de autogestión garanticen una participación equitativa y transparente en el territorio.
Con un enfoque basado en la gestión responsable del suelo y el respeto por los medios de vida locales, en CREER aplicamos nuestra experiencia técnica en el sector fotovoltaico para promover una transición solar con integridad social. A través del análisis de entornos rurales, el fortalecimiento de la gobernanza local y el diseño de mecanismos de participación, buscamos que el despliegue de gran escala en América Latina no sólo aporte a la matriz energética, sino que fortalezca el tejido social. Nuestro propósito es liderar modelos de debida diligencia que aseguren que la infraestructura solar coexista con la seguridad alimentaria, los ecosistemas estratégicos y las vocaciones productivas de cada comunidad.
