Wiki-EISI

LA MINERÍA QUE NO SE VE (Doc completo y resumen ejecutivo)

English version

Executive Summary

LA MINERÍA QUE NO SE VE

EVALUACIÓN INTEGRAL SECTORIAL DE IMPACTOS DEL SECTOR MINERO EN COLOMBIA

 

PORTADAS-02 PORTADAS-01

 

Introducción

Este estudio no busca demostrar que la minería es un imposible social y ambiental en Colombia, tampoco busca concluir, que lo que esté ocurriendo en los entornos de minería y de extracción ilícita de minerales sea la consecuencia de una conspiración entre empresas y estado, ni una toma permitida del sector por organizaciones depredadoras. Tampoco es una investigación dirigida a evaluar un ministerio o unas agencias

Esta Evaluación Integral de Impactos del Sector Minero busca mostrar que para que Colombia pueda tener la minería que puede aceptar, con la que puede vivir,  ésta tiene que fundamentarse en criterios de sostenibilidad, de inclusión y ser, tan celosa en atraer la inversión hacia el sector,  como en proteger a las poblaciones en los entornos en donde hay explotaciones de minerales. De allí que la institucionalización de la actividad minera en todos los territorios sea el primer requisito para lograr una mineria no solamente legal sino que goce de una licencia social por su legitimidad. Aspiración que conlleva retos para el estado, para las empresas y para las comunidades. Este estudio es una aproximación a la identificación y al analisis de esos retos.

Las Evaluaciones Integrales Sectoriales de Impactos (EISI) se distinguen entre los múltiples enfoques disponibles para estudiar los impactos en derechos humanos porque adoptan una perspectiva amplia en todas sus etapas: en la recolección de información a partir de múltiples fuentes; en la identificación de actores y en el análisis de los factores intervinientes que explican la presencia de los impactos. Un EISI no se limita al estudio de impactos de un proyecto, ni a la percepción de un solo actor. Por el contrario, tiene múltiples cápas de análisis, como se explica en la metodología de este trabajo.

Por las características de su diseño, el EISI permite hacer una tarea más profunda de identificación de las potenciales causas de los impactos, centrar la atención en los impactos agregados asociados con un sector e identificar las dinámicas de interacción de diversos actores cuyos comportamientos resultan favoreciendo o moderando el efecto de dichos impactos. De la riqueza de la información obtenida surgen recomendaciones y otros productos valiosos:

  • Las entidades estatales, encontrarán recomendaciones para que las políticas públicas estén orientadas a la protección de derechos, la prevención y la mitigación de daños.
  • Las empresas y las comunidades locales, organizaciones de cooperación para el desarrollo y otras organizaciones de sociedad civil, dispondrán de un diagnóstico integral sobre la situación de los derechos humanos que les permitirá actuar de manera más informada y fortalecer la cultura de respeto a los derechos basada en el enfoque de acción sin daño.

No solo hay que destacar el valor agregado de la información del EISI, que se obtiene con una combinación de fuentes y métodos y que se pone a disposición del público. También, el camino de construcción del EISI es un resultado en sí mismo: la manera como se elabora el diagnóstico promueve espacios de diálogo que faciliten la reflexión acerca del cambio que cada uno de estos actores debe asumir para abordar efectivamente la problemática de impactos. Así, el EISI contribuye a la transformación de comportamientos de las instituciones que pueden ser fuente de impactos y conflictos y aspira a motivar a todos los actores para que consideren sus acciones en función de la prevención impactos futuros.

El sector de interés de este EISI es la minería en Colombia y, en particular, durante el estudio se incuyeron las situaciones presentes en entornos de minería de carbón, oro y materiales de construcción. En la sección sobre información de contexto presenta una descripción general de los factores económicos, sociales e institucionales del sector. Este documento realiza una descripción de los hallazgos identificados durante el EISI y los ordena en función de siete grandes ejes temáticos, que permiten comprender de una manera ordenada las lógicas de los impactos agregados en derechos humanos.

Pero antes de adentrarse en el análisis detallado de los impactos, es importante recordar brevemente las ventajas de adoptar los derechos humanos como categoría conceptual para el análisis, en términos de los resultados obtenidos y de la coherencia de todo el ejercicio. Las siguientes secciones ayudan a aclarar la significancia de este enfoque y ofrecen elementos orientadores para quienes que no están familiarizados con ejercicios de impactos en derechos humanos.

En primer lugar, se muestra como el enfoque basado en derechos produce diagnósticos más integrales y permite una comprensión mucho más precisa de las diferencias en cada contexto y como estos razgos particulares se articulan con el disfrute de los derechos. A su turno, esta visón holística propicia la formulación de políticas que respondan al mandato de proteger los derechos. En seguida, se discute la fortaleza de este enfoque para hacer visibles las circunstancias de los sujetos en cada contexto. Y por último, como resultado de esta capacidad de percibir la diversidad de condiciones y contextos, se plantean dos grandes resultados del EISI: un diagnóstico que invariablemente apunta a la necesidad de un Estado con capacidad de responder a su función de protección y la producción de recomendaciones de política sensibles a estas diferencias.

Calibrando los radares para el sector minero

Acercarse al sector de la minería desde una perspectiva de derechos humanos permite hacer diagnósticos y proponer recomendaciones para que esta actividad encaje en los parámetros constitucionales mínimos referentes a los modelos de desarrollo.

Nuestra constitución no impone un modelo de desarrollo único, ni excluye ninguno expresamente, sino que delega al Gobierno y al Congreso de la República, para que se diseñe el modelo que mejor atienda los intereses de las legítimas mayorías electorales.  Sin embargo, para que un modelo de desarrollo sea constitucionalmente admisible debe ajustarse al menos a cuatro mandatos: (i) debe respetar la riqueza natural y ajustarse a todos los estándares de la constitución ambiental; (ii) debe diseñarse e implementarse sin sacrificio de los derechos fundamentales individuales y colectivos que irradian todo el ordenamiento jurídico colombiano y que son norma vinculante de la más alta jerarquía; (iii) debe desarrollarse sin generar desajustes institucionales de ningún tipo, pero especialmente aquellos que terminen impidiendo la vigencia de principios constitucionales, como el principio democrático que rige toda actuación pública y que es esencial para mantener la dinámica descentralizada del ordenamiento territorial colombiano; y (iv) debe estar orientado al cumplimiento de los fines esenciales del Estado como los de facilitar la participación en la vida económica del país y  promover la prosperidad general de los colombianos.

En los cuatro puntos que conforman el marco mínimo de la constitucionalidad para cualquier modelo de desarrollo, se encuentra una perspectiva de derechos que resulta definitiva,  no solo para que la minería encuentre un lugar legítimo en el funcionamiento social, cultural y económico del país, sino para que sea un sector[1] estable y seguro jurídicamente para todos los actores cuyos intereses y derechos terminan involucrados.

La perspectiva de derechos humanos como mirada para gestionar de forma ordenada y armónica el sector, obliga a hacer un ejercicio de contextualización serio. Este ejercicio sigue pendiente, y el análisis que aquí se presenta es un avance en ese sentido.

Un mapa detallado y participativo de las realidades de las regiones en las que opera el sector, permitiría contar con diágnósticos básicos, tales como la caracterización diferenciada de esas regiones.  Así, podrían identificarse al menos dos grandes categorías: aquellas regiones sin tradición minera a las que llega el sector con toda su institucionalidad, y aquellas otras de tradición minera que tienen relaciones conflictivas con el sector.

Sólo teniendo claridad sobre esas categorías es posible comprender la identidad política y social de los sujetos (individuos y colectivos) en cada región.  Sólo a partir de ese punto de diagnóstico se puede entender el orgien, contenido y alcance de las reivindicaciones de sus derechos. 

Por ejemplo, el norte del cauca es una región tradicionalmente minera. El eje cafetero, en cambio es una región agrícola.  Los colectivos que se movilizan en el norte del cauca, en gran proporción, se identifican como mineros, por lo que las reivindicaciones de sus derechos tienen origen en su forma tradicional de asumir la minería, y por eso aunque reivindiquen el derecho al agua, o a la tierra, estas exigencias jamás tendrán el alcance o pretensión de detener de forma absoluta esa actividad.  En cambio, los campesinos del eje cafetero, seguramente movilizarán sus colectivos para exigir el respeto de los mismos derechos pero con la pretensión de excluir la minería de su región.

Sólo cuando el tomador de decisiones conoce la identidad política, social, económica y cultural de cada región, está en capacidad de construir un mapa de sujetos que permite identificar a quienes están en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión o marginación. Estos sujetos, deberían ser la población de mayor interés desde el punto de vista de la gestión de los derechos humanos[2], pero los vacíos en la construcción de estos mapas sociales del sector, los condenan a la invisibilidad e impiden que las politicas públicas atiendan sus derechos.

Sólo una mirada desde los derechos permite construir ese mapa de manera adecuada y completa. Adecuada, porque una aproximación desde los derechos obliga a fijar la atención en los sujetos y en su contexto, y ello implica de forma automática el conocimiento de sus características identitarias, de sus niveles y condiciones de vida, y de su posicionamiento social, cultural, político y económico en un escenario específico de relaciones humanas y ambientales que definen tanto en el territorio como en el hábitat en el que cada derecho se ejerce o se reivindica.

Existe una percepcion institucional de los derechos humanos como un criterio ineficaz tanto de representación de la realidad, como de activación de la intervención estatal en un sector económico, e inclusive como un factor que entorpece la gestión pública. Esa percepción, comprobable en documentos de planeación (DNP, 2103), y en algunos específicos del sector minero (UMPE, 2014A y 2014B, y Ministerio de Minas y Energía 2016), pone de presente la necesidad de recalibrar los radares. 

Los radares que permiten construir los mapas sobre los cuales se diseñan las políticas públicas del sector minero son calibrados para alcanzar importantes niveles de precisión en la planeacion de productividad. Esos criterios se refieren a la existencia de ciertos tipos de mineral en las regiones, a la demanda del mercado nacional y a una ponderación de los costos de extracción y producción frente a los beneficios.  Podría pensarse que el análisis costo - beneficio incluye un cálculo de los impactos en derechos humanos, sin embargo en los documentos de planeación, los Derechos Humanos no son incorporados transversalmente, sino de forma puntual y aislada.

La manera atomizada y tímida de incluir los derechos en el diagnóstico, el diseño, la ejecución y la evaluación de las políticas públicas del sector minero, es el principal obstáculo para visibilizar a los sujetos con precisión y, en consecuencia atenderlos con medidas de garantía y protección de sus derechos.

Los derechos como lente para la minería que no se ve

Los derechos son conquistas populares de estándares de protección que responden a reglas lógicas de la vida social.  La atomización de los derechos, en consecuencia, no se compadece con la forma en que operan en la realidad.  Los derechos están relacionados de manera inevitable unos con otros. Así, por ejemplo los derechos sociales como el derecho la vivienda y a la educación, están relacionados con derechos ambientales, como el derecho a un ambiente sano, al agua o al aire no contaminados. A su vez estos derechos están relacionados con derechos individuales como el derecho la integridad física y la vida.

 Además, la plenitud de estos derechos es punto de partida para el ejercicio de derechos políticos. De una parte, todos los impactos descritos disminuyen la posibilidad de un goce pleno y efectivo de los derechos políticos, por ejemplo, porque la enfermedad o la precariedad operan como auténticas barreras para su ejercicio. De otra parte, el reconocimiento de los derechos ambientales ha sido una conquista lograda a partir de movilizaciones de la sociedad civil, lo que ha tenido como consecuencia la inclusión de mecanismos de participación en los sistemas jurídicos para su protección.  Por ejemplo, en Colombia en el licenciamiento ambiental  se habilitan espacios de participación como parte del procedimiento. Sin embargo, esos escenarios de participación terminan debilitados como vías para la protección de los derechos medioambientales, entre otras razones, porque el bajo nivel de efectividad de los demás derechos impide que los ciudadanos accedan a esos espacios y sean escuchados.

En consecuencia si los derechos están necesariamente relacionados unos con otros, la plenitud del ejercicio de un derecho potencia buenos niveles en el ejercicio de otro. En el sentido inverso, la afectación de un derecho siempre supone un nivel de afectación en otro, por lo que los impactos en los derechos, generados por una actividad económica determinada, también están interrelacionados.

La posibilidad de que los impactos de una actividad incidan sobre varios derechos, que distintas huellas ambientales puedan acumular sus efectos sobre uno o varios de ellos, y que esos impactos permanezcan en el tiempo deteriorando progresivamente la vigencia efectiva de los derechos de sujetos colectivos más o menos amplios, se recoge en el término “impactos acumulativos”.

En conclusión, el diagnóstico de la realidad de una región debe tener en cuenta las formas en que la vigencia y afectación de unos derechos se contectan y potencian entre sí, en el contexto identitario específico de sus sujetos. Esta fórmula analítica permitirá a los tomadores de decisiones levantar el manto que tradicionalmente ha impedido atender “la minería que no se ve”.  Se trata de la minería que se activa y/o la que se padece por los sujetos que, pese a ser los menos poderosos en las lógicas del mercado, son importantes pilares de las estructuras sociales de sus comunidades.

Talla única: clave de la ineficacia en política pública

El reconocimiento de la interdependencia de los derechos no solo permite hacer visibles a los sujetos. También permite diseñar políticas públicas sensibles a la diferencia, fundadas en diagnósticos más fieles a las realidades complejas y diversas. Cuando este enfoque integral no tiene lugar, las políticas producen fórmulas de talla única. Esas fórmulas de talla única revelan su ineficacia en contextos de diversidad de sujetos o en los que el encadenamiento de dinámicas del sector es de distinta naturaleza. Por ejemplo, lo que sucede en regiones como Cauca, en donde existen diversas dinámicas que resultan conectadas entre si: pequeños mineros ancestrales, pequeños emprendimientos mineros, minería informal y minería criminal. Estas dinámicas hacen parte del sector minero, cuya institucionalidad debería ser capaz de atender de manera diferenciada a los sujetos que participan en ellas y que son titulares de derechos que obligan al Estado.

Una consecuencia no deseable de estas intervenciones homogéneas es la formulación de estándares que para unos son poco exigentes y para otros, imposibles de cumplir. Para aquellas unidades productivas mineras con los recursos y el conocimiento suficiente para minimizar impactos, esos estándares resultan flexibles y permisivos. Para otros sujetos vulnerables, o en todo caso con menor acceso a recursos y conocimiento, pero que también son entendidos por la política pública como unidades productivas, dichos estándares resultan imposibles de cumplir.

Otra consecuencia tan grave como la anterior, ocurre cuando las normas homogéneas llevan a desconocer los derechos de los sujetos. Esta circunstancia genera resistencia porque individuos y colectivos no están dispuestos a sacrificar sus derechos fundamentales a cambio del desarrollo del sector.

 

 

La inconveniencia de un Estado frágil para la debida diligencia empresarial en derechos humanos

El papel de los Estados en el mundo global ha sido modificado por el poder de organizaciones económicas transnacionales, como lo reconoce el propio John Ruggie al introducir los principios rectores de empresas y derechos humanos en 2010.  Pero eso no significa que los pueblos deban ser gobernados por intereses económicos corporativos, en lugar de serlo por sistemas públicos operados mediante mecanismos políticos democráticos. 

Los Estados siguen siendo figuras vigentes como formas de organización de las poblaciones, y siguen respondiendo a estándares funcionales que han garantizado más o menos progresivamente que las conquistas sociales se conviertan en normas y sean exigidas a todos por igual.

Desde esa perspectiva, el hecho de que la vida en zonas de influencia de grandes empresas se rija por sus normas de responsabilidad social empresarial puede encender algunas alertas: llevado hasta su última consecuencia, el auge de la responsabilidad social empresarial como sistema de regulación social y ambiental parece necesitar de (o apostar por) Estados que se consideren fallidos desde la teoría del derecho constitucional y desde los estándares mínimos de derechos humanos.

Naciones Unidas ha insistido expresamente en que los Estados no deben presumir que las empresas se benefician de la inacción pública.  En los PREDH se reconoce que para proteger a los titulares de los derechos y a las empresas (independientemente de su tamaño u origen), hace falta claridad en la legislación y asertividad en las políticas públicas referidas al mercado y a los ddhh, como podrían ser el régimen de acceso a la tierra y dentro de él los sistemas de propiedad y uso del suelo y del subsuelo[3].

Así pues, desde la perspectiva de los PREDH no está siquiera considerada la opción de privatizar las funciones estatales de regulación y protección de los derechos humanos, o las de investigación, control y sanción.

Tal como lo explica el manual de puesta en práctica de los PREDH, el primero de los principios fundacionales del deber del Estado de proteger los derechos se basa en el consenso general en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos acerca de su rol como principal garante de los derechos. Ese rol hace que el sistema jurídico internacional le adjudique las obligaciones de respetar, proteger y realizar los derechos humanos de las personas que se encuentren en su jurisdicción, incluso frente a violaciones cometidas por terceros, y aun cuando esos terceros sean personas jurídicas o empresas.

Los PREDH insisten en que el Estado, en cumplimiento de su obligación de protección, sigue siendo la Institución bisagra entre las empresas y la vigencia de los derechos humanos de las personas. El Estado no puede abandonar la gestión de los derechos a las lógicas empresariales sin ninguna evaluación, vigilancia o control. Al contrario, las recomendaciones que Naciones Unidas ha derivado de la obligación estatal de proteger y realizar los derechos humanos, en escenarios de actividad corporativa, se extienden desde la determinación directa del comportamiento empresarial en las normas mercantiles y financieras, hasta estrategias de asesoramiento de las empresas sobre métodos de debida diligencia en derechos humanos.

En este asunto los PREDH son claros en que es responsabilidad del Estado hacer cumplir las leyes que obligan a las empresas a respetar los derechos, y que si el orden jurídico no es adecuado para ese fin, el Estado debe afinarlo para poder cumplir su obligación. La obligación del Estado de proteger, respetar y realizar los derechos humanos formulada desde el derecho internacional, se traduce en la obligación de hacerlo respecto de los derechos fundamentales que, gracias a la fórmula de apertura constitucional de los artículos 93 y 94, recogen todos los derechos humanos reconocidos expresamente y los que siendo inherentes a la persona no figuran en ellos.

Ese catálogo de derechos es suficiente para que los PREDH sean vinculantes a nivel doméstico y para que, en consecuencia, el Estado pueda sin más desarrollo normativo, entablar sus relaciones con las empresas a partir de las claves de esos principios.

En parte es así porque los PREDH no tienen contenidos nuevos o revolucionarios frente a la normativa existente a nivel internacional. Lo que hace ese instrumento es organizar y proponer una sistematización de los estándares existentes a partir de la perspectiva de la capacidad de incidencia sobre los derechos que tienen las empresas como actores sociales especializados.

Sin embargo, también es cierto que mientras el Estado no desarrolle o adopte esos principios en normas específicas a nivel doméstico, algunos de ellos no podrán ser cumplidos de manera óptima, porque las funciones de vigilancia, control y sanción necesitan marcos jurídicos detallados que garanticen a los sujetos vigilados o controlados, (a las empresas, para lo que ahora interesa), el derecho al debido proceso y a la legalidad de la sanción en su caso.

Las empresas, como los demás particulares y actores sociales tienen la capacidad de generar violaciones a los derechos humanos, o en términos de derecho doméstico, de derechos fundamentales.

La concepción clásica de los derechos según la cual el Estado es el único obligado a no vulnerarlos, se ha superado definitivamente. Por eso, tanto la Constitución como el derecho internacional de los derechos humanos se dirigen ahora no sólo a los Estados sino también a otros actores. Entre otras razones porque muchos derechos verían notablemente e disminuida su eficacia si sólo vincularan al poder público.

Los PREDH disponen que las empresas deben respetar todos los derechos contenidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos independientemente de que existan normas domésticas que expresamente se lo exijan.

Los PREDH concentran mucha de su fuerza en los deberes preventivos de las empresas para asegurar el respeto a los derechos, sin que por eso se deje de lado su obligación de asumir responsabilidad proporcional a la gravedad de las consecuencias negativas de sus actividades sobre los derechos. Los PREDH disponen que las empresas deben asumir un compromiso político con los derechos, y deben tener procesos de debida diligencia cubran la identificación de impactos, su prevención y mitigación, e incluso la rendición de cuentas sobre derechos humanos.  Finalmente deben prever las formas de reparar los daños provocados con sus actuaciones y omisiones a los derechos.

En todo caso, las características definitivas a la hora de resolver un conflicto en el que una actividad empresarial impacte derechos fundamentales, pueden terminar siendo las de un conflicto de derechos que en última instancia deberán ser resueltos por un juez.  Eso no significa nada distinto a que la judicialización sólo puede evitarse con la prevención por las vías indicadas en los PREDH, y que en todo caso, una vez causado el daño, las empresas deben tener previstos recursos y procedimientos eficaces para repararlo proporcional y justamente.

Los diagnósticos y recomendaciones de este documento descansan sobre esta lógica respetuosa del rol de cada uno. Las empresas con su obligación de respetar y en consecuencia de prevenir daños a derechos y de colaborar en el acceso a su remedio, y el Estado con su obligación de garantizar y proteger, que se extiende a la tarea primordial de no ceder su rol regulador, de vigilancia, control y sanción, a las dinámicas particulares regidas por las reglas del mercado.

Si no se cuenta con una observación integral de las condiciones de protección y respeto y una comprensión de la interdependencia en contextos específicos, no es posible que la política sectorial, las prácticas empresariales y la gobernanza acierten en conectar los procesos de la actividad minera con la diversidad de realidades que terminan definiendo las características materiales de los diversos tipos de minería. Dicho de otra forma,  diseñar políticas públicas ciegas al detalle y a la diferencia, desde un esfuerzo de homogeneización y simplificación de realidades complejas y diversas, produce fórmulas de única talla para todos los sujetos y encadenamientos de contextos. Ignorar el detalle, la complejidad y la diferencia lleva a que las políticas y estrategias se formulen en una lógica de talla única, que termina colocando la meta muy baja para las unidades productivas mineras que tienen el músculo, los recursos y el conocimiento y muy alta para las que necesitan apoyo.

 

La minería que no se ve como síntoma de la re-centralización

Como se dijo antes, la construcción de las políticas públicas del sector debería partir de un diagnóstico desde una perspectiva de los derechos.  En este sentido, la única perspectiva posible es la que entienda, como también ya se dijo, que los derechos están interconectados entre sí. A partir de ella, necesariamente se reconocen oportunidades de fortalecimiento, puesto que los derechos políticos conforman uno de los bloques de derechos que menos presencia tiene en la planeación, ejecución y evaluación de las políticas sectoriales mineras, pese a su estrecha relación con los derechos ambientales y con otros derechos como la integridad, la salud, el agua, o la alimentación.

Esa realidad, la de ignorar la naturaleza sinérgica de los derechos, tiene que ver en parte con la concepción desobligante de los derechos de participación en ámbitos estatales en los que se adoptan decisiones con altos contenidos técnicos.  En esos escenarios de decisión pública suele despreciarse el control democrático natural que se ejerce mediante mecanismos de participación, pues no se entiende como un dispositivo legítimo para incidir en asuntos de naturaleza técnica.

De ahí que exista una importante tendencia a re-centralizar las decisiones sobre el uso del suelo y del subsuelo, impidiendo que las autoridades locales activen mecanismos de participación que visibilicen las realidades de sus población y las identidades tradicionales que han dado sentido al territorio como construcción social.

Este análisis deriva necesariamente en un primer diagnóstico de ineficacia de los principios rectores de la función pública y de deterioro del principio democrático como pilar de la autonomía de las entidades territoriales, en un modelo territorial de permanente tensión centro-periferia.

La forma re-centralizada de aproximarse a los territorios que serán intervenidos por el sector minero, garantiza la invisibilización de importantes porciones de población. Aquellos que se han dedicado a actividades mineras menores en clave de mercado, o los que han caído en las redes de la minería criminal, o aquellos que por su tradición cultural han construido una identidad territoria incompatible con toda actividad minera.

Dicho de otra forma, la formulación de ese tipo de políticas públicas desde lógicas exclusivamente técnicas, y en ejercicio de competencias re-centralizadas de facto, parte de la ficción de que el territorio es un lienzo en blanco. En consecuencia, del territorio desaparecen los derechos y sus sujetos, y con ellos, las vocaciones propias de cada región. 

Por eso, la desatención política y jurídica de los sujetos que viven o padecen la minería que no se ve, es el mejor indicio de la ineficacia de la re-centralización. Este asunto es un pilar básico que soporta gran parte de los capítulos de análisis del EISI.

 

Los fundamentos conceptuales de la metodología del EISI

Se ha discutido antes que la identificación de diferencias en los contextos debe contribuir a que las actuaciones del Estado garanticen el goce de derechos y permitan que los modelos de desarrollo sean efectivamente sostenibles. Esa identificación solo es posible a partir de la observación de situaciones[4] que revelen los contextos del sector minero en los que hace falta la intervención estatal para activar dispositivos de protección de los derechos.

Estas situaciones muestran patrones observables de la realidad de los contextos mineros[5]. Por ejemplo, las alteraciones en las condiciones físicas de las viviendas, el insuficiente acompañamiento estatal para el mejoramiento de prácticas y procesos de formalización, los incentivos para la deserción escolar o las contradicciones entre políticas del sector minero y el ordenamiento ambiental del territorio. Una revisión de esta lista revela la complejidad de la tarea de gestionar los impactos asociados con dichas situaciones.

 

Definir las capacidades en función de la tarea: el camino hacia las recomendaciones. Lo anterior conduce inevitablemente a la pregunta sobre la capacidad de las instituciones del Estado para ejecutar esta tarea. El EISI indaga sobre la presencia de estas capacidades[6] y contrasta este diagnóstico con las tareas, las acciones o intervenciones, que permitirían gestionar los impactos en derechos humanos. La premisa de este análisis, que establece la correspondencia entre la tarea y la competencia, es que si las competencias se ejercen en el sentido y proporción de las tareas pendientes, el riesgo del sector disminuye al máximo. Por ejemplo, el riesgo de no proteger el derecho a participación, es alto en todos los procesos del sector: a pesar de que hay jurisprudencia que establece directrices y criterios, la poca reglamentación no los incorpora, y el Estado tiene múltiples falencias a la hora de implementar acciones y por tanto su capacidad del Estado para proteger el derecho es débil.

Desde el punto de vista de las instituciones del Estado, diversos elementos inciden sobre el nivel de competencia para acometer una tarea: la existencia de normas, la coherencia entre ellas, su adecuación a la realidad del sector y la capacidad de implementarlas, la posibilidad de coordinación institucional y las aptitudes institucionales para gestionar el conocimiento, entre otros. También puede discutirse la competencia desde la perspectiva de las empresas, en donde las habilidades para la gestión del conocimiento y la capacidad de cumplir con la regulación son los elementos centrales.

Una aproximación a la situación de la competencia de las instituciones del sector minero es el análisis sobre sus aptitudes de llevar la dinámica productiva de un sector económico intervenido por el Estado por los conductos constitucionales de la redistribución de la riqueza, la generación de bienestar, la superación de la pobreza, el respeto a los derechos de la población, la solidez del ordenamiento territorial, la estabilidad de las arcas públicas de todos los niveles y la sostenibilidad ambiental.  

A nadie le conviene la opacidad, atomización, fragilidad o ausencia de la acción estatal. Y dado que el Estado no es un particular a quien todo le esté permitido, esa acción sólo puede ser aquella que respete los mandatos constitucionales sobre sus objetivos y los principios que irradian todo su funcionamiento.  La dimensión objetiva de los derechos fundamentales y las garantías de su dimensión subjetiva son, en ese sentido, parte obligada de cualquier acción estatal en la gestión de un sector económico intervenido. Por ejemplo, en la lógica de tareas y competencias, un Estado incapaz de dar ese rumbo a su intervención en un sector de la economía, condena al sector a padecer altos niveles de riesgo para quienes invierten sus recursos en esa actividad, que habrán de enfrentarse con situaciones de desamparo y abandono estatal, con importantes niveles de desconfianza y resistencia legítimas a la actividad y con políticas del vaivén que lejos de beneficiar los intereses privados corporativos, los condenan al peor de los riesgos: la inseguridad jurídica.  

La relación entre el objetivo de protección y la capacidad para ejecutar las tareas define los atributos de un sector institucional y en esa medida determina el nivel de realización de los principios de la función administrativa (eficacia, eficiencia, publicidad y transparencia e interés general).  Un Estado competente será capaz de cumplir las tareas que corresponden a contextos determinados, por ejemplo contará con normas y capacidad instalada para que el aseguramiento de la debida diligencia empresarial en derechos humanos sea exigible de acuerdo con parámetros que respeten o superen los mínimos que se han establecido en los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas.

En ese sentido, en el caso colombiano se echa de menos un instrumento normativo o de política pública que permita identificar la forma en que se previenen o se atiende de forma oportuna los impactos que constituyen un riesgo para la estabilidad de las inversiones. Desde luego los impactos suceden sobre objetos, intereses o posiciones jurídicamente protegidos. Por eso, también en este punto de vista, los derechos vuelven a ser el pilar primordial desde el que debería construirse la lógica de la gestión del sector.

Los derechos, hace tiempo, superaron la noción individualista liberal. Ya lejos de ahí, los derechos incluyen, desde luego los individuales relacionados por ejemplo con la integridad, la vida, la dignidad o la libertad de pensamiento, asociación y protesta, pero además los derechos fundamentales colectivos como e derecho al medio ambiente sano que incluye entre otros el derecho al agua, al aire, a la no contaminación auditiva, así como otros derechos colectivos como la consulta previa, la soberanía alimentaria, o la seguridad pública. Pero además el discurso de los derechos, que debe ser transversal a toda tarea pública de intervención en la economía, incluye lo que la Corte Constitucional ha llamado los derechos de las entidades territoriales que conforman un bloque de protección a su autonomía y competencias para la decisión de los aspectos relacionados con el bienestar de su población y la sostenibilidad ambiental y cultural de su territorio.

Si la tarea estatal no se autodefine desde las instituciones a partir de esos estándares mínimos de lógica pública, se hace volátil, impredecible e incapaz de generar estabilidad social para recibir industrias o actividades económicas que por definición dejan importantes huellas sociales, culturales, económicas y ambientales en los núcleos humanos que las padecen.  Ese padecimiento de las huellas de la minería puede suceder  después de un proceso participativo de aceptación colectiva por lógicas de garantía y proporcionalidad en clave de derechos, o después de una imposición unilateral del gobierno central que conllevará la ruptura de las cláusulas básicas del contrato social y de las pautas concertadas por el pueblo constituyente respecto de la estructura del Estado.

Por eso la estructura de este trabajo incluye no solamente un capítulo sobre acceso a remedio, sino además otros seis grandes bloques de problemas en términos de derechos que convocan al lector a releer el sector en una perspectiva integral respecto de su sostenibilidad y legitimidad, que obliga a superar la clave reduccionista (y contradictoria o imposible) de la atracción de inversión a toda costa.

 

 

La estructura del EISI

En esta sección introductoria del EISI se ha hecho un repaso de las lógicas jurídicas que enmarcan las vías existentes y el norte de las que deberían diseñarse. Los mecanismos que se estudian y los que se proponen en ese capítulo tienen por objeto o bien prevenir que la actuación corporativa del sector genere riesgos o daños sobre derechos, o atenderlos de forma temprana y adecuada para evitar que se conviertan en conflictos sociales que, en escala, pueden generar mayores desequilibrios tanto en la propia eficacia de los derechos y como en la misión constitucional de cualquier actividad empresarial; o finalmente remediarlos de forma justa y adecuada a los estándares mínimos que se exigen de los recursos disponibles.

De otra parte, los capítulos de análisis del ESIS se estructuran desde una perspectiva integradora y sistemática de derechos.  Esa estructura y todo el análisis son el fruto de una amplia investigación de campo, desde cuyos hallazgos se reorganiza y reinterpreta la literatura sobre el sector, para proponer ángulos críticos que funcionan como un instrumento de precisión para el diagnóstico y las consecuentes recomendaciones.

Como se trata de una perspectiva de derechos, quedan excluidos los diagnósticos que neutralizan las diferencias y las fórmulas totalizadoras u homogeneizantes.  Así, en casi todos los capítulos se critican las política públicas del sector minero por su formulación en talla única. Una de las referencias que ha sido de utilidad a los investigadores de este trabajo para fundamentar esa crítica, es la existencia de una población vulnerable en el sector minero que merece atención diferenciada y protección reforzada de sus derechos.  Esos derechos de la población vulnerable pueden entrar en colisión con los intereses corporativos en escenarios de debilidad  estatal u opacidad de las reglas jurídicas.  En consecuencia, la crítica a las políticas de talla única podrían resumirse en su terca negativa a atender la necesidad de activar dispositivos para la protección reforzada de esos derechos.  Se trata de la desatención de una obligación constitucional de todo Estado Social de Derecho, que se desprende de la definición misma de los derechos fundamentales cuya optimización debe favorecer al más débil. Pero además, se trata de cumplir el mandato constitucional de la igualdad material, que significa que los Estados deben garantizar la igualdad real, al menos en la oportunidad de ejercer los derechos, especialmente en escenarios de asimetría de poder como los que se crean con la entrada de una gran corporación a un territorio con altos niveles de pobreza, de fragilidad institucional, y muchas veces con aterradores índices de afectación por el conflicto armado.

Según lo ha explicado la CEPAL, la vulnerabilidad es el resultado de la exposición a riesgos, sumado a la incapacidad para enfrentarlos y a la inhabilidad para adaptarse activamente.  Desde luego ninguna de esas condiciones son achacables a los sujetos en esa condición, sino a los factores contextuales que los hacen más propensos a enfrentar situaciones adversas para su inserción social y desarrollo personal y colectivo.

La vulnerabilidad además supone un riesgo alto de quedar excluido de las ventajas de un sistema social solidario, reglado, en el que se puede tener acceso a derechos sobre bienes y al goce y disfrute de servicios, y en el que se presume la igualdad de las personas.

Ambas condiciones, la de vulnerabilidad y la del riesgo de exclusión definen como un calco las poblaciones de los pequeños mineros que realizan esa actividad como medio de subsistencia a falta de otras formas menos riesgosas y más estables, o porque ancestralmente ha hecho parte de su identidad social, o por otras razones.  Ambas condiciones deberían ser superables mediante políticas públicas sectoriales que atendieran sus particularidades, que respetaran sus opciones vitales, sus identidades colectivas y su derecho a vivir dignamente sin renunciar a su libertad de elegir oficio.

Al contrario, hoy día la cuadrícula que filtra los análisis del establecimiento minero está definida por categorías de la actividad y los sujetos mineros que constituyen una auténtica trampa de pobreza. En efecto, según esas categorías sólo se puede ser minero de subsistencia si la producción de su actividad es irrisoria, es decir si acepta continuar sin alcanzar un mínimo vital que le permita superar sus condiciones de miseria.  Si, en cambio, supera esa producción, o tecnifica su forma de ejercer el oficio para disminuir lso riesgos a su integridad paresonal, sube de categoría y, así, accede a cierta protección estatal, pero a costa de cargas jurídicas que no soportarían un test constitucional de proporcionalidad.

Con lógicas transversales como la que acaba de exponerse, los siete bloques temáticos que ordenan el EISI tienen que ver con (i) la relación de las instituciones y el territorio, con el medio ambiente y la salubridad pública, con las condiciones de dignidad que deberían darse en  la actividad minera, con el uso de recursos locales, con los movimientos poblacionales o migratorios, y con la perspectiva de seguridad y conflicto.

Temas muy importantes se abordan en esos capítulos, todos acercándose a los núcleos propios de cada bloque de análisis, con la idea de realizar diagnósticos certeros sobre los problemas con una visión marcada por los derechos específicos que cada aparte estudia –cuidando de no atomizarlos o separarlos de los demás-, sobre las intervenciones púbicas para enfrentarlos y sobre sus consecuencias a veces igual de problemáticas que los mismos problemas a los que responde. También cumple el propósito de identificar las posibilidades nuevas y viables para una gestión más adecuada del sector que lo estabilice y le permita sostenerse de forma ponderada, sostenible y legítima dirigiéndose hacia los objetivos obligatorios que define la Constitución.

El propósito de las recomendaciones que surgen de cada capítulo y de aquellas que son transversales y que son formuladas desde lógicas que superan las específicas de cada tema, es aportar ideas para una adecuación institucional y jurídica que permita que la intervención estatal en el sector sea sistemática y coordinada. Esta problemática en torno a la coordinación tiene su causa en la atomización de criterios y en su aplicación apartada de los mandatos operativos de los derechos fundamentales.  Así por ejemplo, la renuncia de la institucionadiad sectorial a atender asuntos relacionados con la minería criminal, se debe a la ausencia de una política de derechos que permite que se absoluticen valores y propósitos objetivos –legítimos- de seguridad. Esa metodología de diseño y ejecución de políticas públicas  en un sector como el de la minería, impide la ponderación de derechos porque neutraliza la condición de marginación que padecen ciertos sujetos desde la perspectiva de la precariedad de sus derechos.

Otro propósito de las recomendaciones que formula el EISI apunta a que la actividad corporativa sea regida por estándares obligados de debida diligencia en derechos humanos. Esto es posible cuando el sector motive la dinamización de mecanismos de prevención, atención y remedio oportunos, adecuados y eficientes frente a riesgos o perjuicios a los derechos y cuando el fortalecimiento del sector trae consigo la solidez y no el desajuste del sistema constitucional de derechos y distribución de competencias públicas. En fin, es necesario que desde el sector se produzca un movimiento de la relación entre lo público y lo privado que termine generando un impacto sostenido y extendido en la mejora de los derechos, un efecto dominó en el progreso de aquellas condiciones del sector que hasta ahora han impedido que las personas y comunidades se beneficien de esa actividad y que la misma actividad se arraigue en el país como fuente de prosperidad.

Por eso ni los diagnósticos ni las recomendaciones se concentran y dirigen exclusivamente al Estado. Aunque según el diagnóstico de conflictos de este trabajo, la mayoría tienen su causa original en una acción, inacción o falta de coordinación estatal, lo cierto es que las empresas tienen derroteros y condiciones constitucionales que deben cumplir con el mismo rigor, aunque no con la pretensión de suplir al Estado en autoridad o capacidad de gestión territorial.  La autorregulación de las empresas es un elemento clave porque estas son agentes sociales activos con capacidad de producir daño con sus acciones. Sin embargo esa conducta no conduce a la conversión de la responsabilidad social empresarial en la superestructura social y política de las regiones de influencia de las empresas.  

En ese punto, todos los capítulos apuntan a la reactivación y fortalecimiento de las funciones de regulación, inspección, vigilancia y control del estado, como marcha atrás de la desregulación desordenada que ha desequilibrado la relación entre el Estado y los agentes corporativos en territorio, y en consecuencia ha dejado desamparados a los sujetos de derechos en su protección y garantía, y se ha alejado la meta de superar las condiciones de vulnerabilidad y exclusión de poblaciones centrales en la vida del sector minero.

En definitiva, la lectura de este trabajo invita a pensar el sector minero desde la obligación del Estado de hacer cumplir la constitución, con un enfoque práctico inspirado en los hallazgos de un trabajo de campo que recorrió 83 municipios mineros. Ejercicios de evaluación como el EISI contribuyen a insistir en que los derechos no sólo son el motor de las democracias, sino que su respeto por parte de las empresas y su protección y garantía por parte de los gobiernos, aseguran la estabilidad de un sector económico.

 

 

METODOLOGÍA EISI

La medición de impactos en derechos humanos de un sector como la minería tiene mucho en común con cualquier ejercicio de identificación y análisis de evidencia sobre los efectos de una actividad en el desarrollo. Algunos de estos elementos comunes son:

  • Las limitaciones de los instrumentos de medición de las variables de interés. Indagar sobre impactos a derechos con interlocutores que no siempre incorporan en su discurso categorías de derechos o, cuando los identifican, no siempre reportan los impactos que están en función de sus propias necesidades. Hace falta entonces prever mecanismos para establecer la conexión entre los derechos y las realidades sociales, económicas, ambientales para que los hallazgos del estudio tomen materialidad.
  • La carencia de conceptos claramente definidos, puesto que son comprendidos de manera diversa. Cada ciudadano tiene su propia percepción de lo que constituye una acción sin daño. La mirada del EISI pretende incorporar estas distintas perspectivas. Al comparar estas miradas pueden observarse brechas, en lugar de convergencia en las visiones. Un reto adicional es que el afectado puede percibir su situación como normal. Para algunos puede resultar “normal” vivir entre el mercurio. En el transfondo, se enfrentan cuestiones éticas y ontológicas complejas.
  • La naturaleza multicausal de los vínculos entre los fenómenos estudiados. Estudiar derechos humanos en minería lleva a explorar cómo se articulan las tres dimensiones de la atención a derechos humanos en una actividad productiva. La metodología debe permitir discenir las observaciones de impacto potencial o de desprotección de derechos, si el impacto es atribuible a actuaciones del Estado y de qué manera las situaciones están más asociadas a debilidades en la regulación, monitoreo, vigilancia o a faltas en la autoregulación de las empresas sobre sus actuaciones, o una combinación de las dos.

Las dos preguntas que se formula el EISI, acerca de cuál es la acción originadora de los impactos en derechos y cual es el actor o actores que la realizan, no son sencillas de responder y exigen un ejercicio de inferencia. Entonces, los retos metodológicos del EISI provienen por lo menos de tres fuentes. Por una parte, los resultados que interesa identificar, cuantificar y explicar no son fácilmente observables e incluso cuando se obtienen datos observables, su interpretación puede ser diversa. Por otra, delimitar el alcance de lo que es actividad minera y la manera como esta se manifiesta en los distintos contextos, también exige discusión. Por último, contar con procedimientos que permitan establecer con validez vínculos entre dicha actividad y el ejercicio de derechos, que es el resultado de interés.

Por otro lado, el camino metodológico tiene como una de sus intenciones estratégicas la protección de la conversación sobre la minería y sus impactos de la instrumentalización de dichos impactos para buscar resultados políticos, que no se basan necesariamente en evidencia. Además, si se logra un diseño que permita mejorar la atribución de los impactos, es posible convocar a esta conversación a una mayor diversidad de actores, más alla de las empresas y la institucionalidad minera. En casos tan complejos como los entornos con presencia de minería criminal, donde es muy fácil adoptar visiones reduccionistas del fenómeno que conducen a respuestas probablemente contraproducentes o poco eficaces, esta convocatoria más amplia de interlocutores permitiría involucrar a actores que son indispensables para atender los impactos.

Cuando existe la posibilidad de establecer atribuciones claras de los impactos, se generan oportunidades de un diálogo sobre las características de política pública o de actuaciones de los emprendimientos sobre lo específico, sobre lo que es relevante pos su asociación con la minería y sobre lo que no es relevante en cuanto a una condición de la minería pero sí es crítico en esos entornos. Esto también contribuye a que no se instrumentalicen algunos impactos.

De ahí que fuera necesario un gran esfuerzo por construir una metodología que respondiera a los objetivos del EISI. Se identificaron varios atributos, que permiten atender a esta expectativa:

  • La metodología debe dar visibilidad a los procesos de recolección y análisis de la información.
  • Los resultados deben obtenerse de tal manera que pudieran ser generalizables en el ámbito de la actividad minera. Si bien hay información casuística, siempre se debe observar si existían otros reportes con elementos comunes o si otras fuentes de información corroboraban un hallazgo particular. La muestra de lugares y de información debe se suficientemente amplia para sacar conclusiones acerca del sector y hacer un ejercicio inductivo, que permita razonablemente hacer recomendaciones de carácter general, que son pertinentes para la política del sector minero, y no sólo para los municipios estudiados.
  • El análisis de los hallazgos debe contribuir a explorar posibles causas próximas y causas raíz (los factores intervinientes) de los impactos en derechos, de manera que las recomendaciones para los distintos actores tuvieran fundamento en evidencia.

Perspectiva: la mirada desde el sector minero. El enfoque de analisis de los impactos desde la perspectiva de un sector en particular tiene la ventaja de facilitar la identificación de factores intervinientes. Esto es posible porque los sectores son diferenciadores de los impactos y tienen una manera propia de relacionarse con los entornos.

Instrumentos y métodos

  • Trabajo de campo: talleres y entrevistas semi-estructuradas, observación no participativa. Las visitas produjeron transcripciones de entrevistas, material gráfico y en algunos casos documentos de política, documentos e instrumentos de las empresas y reportes de otras fuentes.
  • Alcance geográfico: 83 municipios en 8 departamentos. Los municipios seleccionados permiten dar cuenta de la diversidad de los contextos para los minerales de interés en este EISI. Estos municipios permiten establecer comparaciones a partir de un conjunto de observaciones suficientemente representativo de los entornos mineros y que captura la variabilidad y diversidad de los fenómenos a estudiar.
  • Minerales de interés: Carbón, oro y materiales de construcción. Si bien el universo de la minería en Colombia abarca un conjunto mucho más amplio, estos tres minerales conforman un grupo muy representativo, tanto en términos de volumen de la producción, estructuras productivas y patrones de relacionamiento con el territorio.
  • Revisión de literatura: además de la documentación recogida durante el trabajo de campo, durante el desarrollo del EISI se identificaron documentos de política, reportes especializados, normas, leyes y otros instrumentos regulatorios, así como artículos de prensa y artículos científicos que se refieren a las problemáticas presentes en contextos mineros.

 

La unidad de análisis. La únidad básica para el análisis del EISI son las “situaciones”, que se expresan como afirmaciones y que se resumen, para facilitar su consulta, en el navegador de situaciones. Como los impactos no son directamente observables, se definen en función de situaciones, que sí son visibles: a través de la desagregación de los procesos de la minería, que son lo que constituye las actividades originadoras de impactos. Para construir las categorías de situaciones se tomó la información de testimonios, datos estadísticos, resultados de análisis cuantitativos, de otros estudios, de la observación directa de los entornos. Entonces, las situaciones permiten agrupar en categorías conceptuales homogéneas los hechos reportados por las personas entrevistadas, los hallazgos de documentos de análisis sobre las problemáticas de los territorios mineros y la evidencia cuantitativa encontrada en las estadísticas descriptivas de un conjunto de variables socio-económicas.

Fuentes primarias. La estrategia del trabajo de campo abarcó 3 tipos de actores. Empresas y pequeños y medianos emprendimientos; miembros de comunidades y funcionarios públicos de entidades del orden nacional, departamental y municipal. La información de estas fuentes se obtuvo a por medio de entrevistas, talleres y grupos focales.

Fuentes secundarias. El EISI se nutre de dos tipos de fuentes secundarias: a) Un conjunto de variables cuantitativas, obtenidas de distintas bases de datos oficiales con información socioeconómica a nivel nacional, regional y municipal y b) los documentos obtenidos durante las visitas en el trabajo de campo y de la revisión de literatura.

El proceso de análisis de resultados. Los insumos para el análisis resultan de la convergencia de dos procesos:

  • La clasificación de la información cualitativa, encontrando categorías comunes y explorando la naturaleza de los vínculos entre ellas.
  • El tratamiento de la información cuantitativa (variables socio-económicas) utilizando un diseño econométrico[7] que permite comparar las variables de interés en municipios mineros y no mineros, de tal forma que es posible identificar cambios en estas variables que son específicos de los municipios en los que hay actividad minera. En esta medida, cuando en el texto se haga referencia a municipios de control o municipios de comparación, corresponderá a aquellos municipios no mineros que son, en efecto, comparables con los municipios mineros. Como parte del proceso se realizaron mesas de consulta con expertos en las que se validaron tanto aspectos metodológicos de los ejercicios econométricos como los resultados obtenidos. A partir de los resultados de estas sesiones, se incorporaron nuevos elementos de análisis y se depuró la estrategia econométrica.

Con estos insumos se estudiaron patrones comunes que permitieron definir las situaciones. Al mismo tiempo, el análisis de estas categorías agrupadoras facilitó la identificación de los actores y permitió establecer cuales son los factores que hacen que dichas situaciones se manifiesten. A continuación, se estableció la interacción de estas situaciones con los impactos indagando sobre la manera como las situaciones impactan los derechos y cuáles derechos reciben ese impacto en forma más inmediata.

Cuando se habla de derechos humanos es necesario contextualizar principios universales, categorías de análisis abstractas. En ocasiones, cabe un margen para la interpretación sobre lo que constituye una violación de derechos. Entonces, para establecer tanto las atribuciones como la naturaleza de los impactos es importante primero identificar las características del contexto.  La constante retroalimentación entre los instrumentos de análisis cuantitativos y cualitativos enriqueció este proceso y además le dió mayor robustez a las conclusiones.

La comprensión del impacto. Para estudiar impactos en derechos humanos hay que entrar en la discusión del “no daño” y del sujeto que hace el daño. Análisis de impacto requiere una atribución, quién o qué es el originador del impacto. Por eso la observación agregada de efectos potenciales de minería requiere un ejercicio estadístico y una conversación entre lo cuali-cuanti. Además, los impactos tienen una lógica según el contexto.

Los impactos pueden ser puntuales, pero en otros casos se acumulan o tienen un efecto sobre el desempeño del sector o sobre la situación regional en materia de derechos humanos. De allí surgen tres categorías de impactos.

  • Impactos de proyectos o de actividades específicas dentro del proceso minero. Son los más cercanos a la esfera de la debida diligencia de las empresas y emprendimientos.
  • Impactos acumulativos, en el tiempo o en lugares geográficos, originados por uno o múltiples actores. Su gestión requiere que las capacidades institucionales y la actuación de las empresas intervengan de manera armónica.
  • Impactos agregados, que están estrechamente asociados con las causas raíz comunes a un conjunto de impactos y que manifiestan sus efectos en un ámbito geográfico y social mucho más amplio. Por su naturaleza, su gestión involucra acciones intersectoriales y un marco institucional con capacidad de orientar estrategias en un nivel agregado y coordinar implementación en los niveles nacional y territorial.

Los 7 capítulos de análisis del EISI surgen de una clasificación de las situaciones observadas que confluyen en torno a ejes temáticos que comparten los factores intervinientes con influencia transversal en múltiples impactos. Por esta razón, estos capítulos recogen los impactos agregados.

 

Advertencias sobre la interpretación y limitaciones del estudio

Los impactos potenciales varían según las características de las actividades mineras y el contexto en el que estas se desarrollan.  Son ilustrativos algunos de los efectos relacionados con el ambiente como las presiones sobre disponibilidad de agua asociadas con minería de carbón a gran escala en la Guajira y el Cesar; la contaminación de mercurio y los cambios ecológicos que influyen sobre la incidencia de enfermedades transmitidas por vectores en zonas de explotación de oro en la región occidental y los problemas de erosión y la inestabilidad en los suelos en el caso del carbón y materiales de construcción en la región central.

Reconociendo esta complejidad, es necesario advertir que la identificación de atribuciones a la minería se dificulta, a pesar de los esfuerzos en el desarrollo metodológico ya descritos, porque:

  • La fragmentación de la información sobre impactos impide tener una visión integral de contextos antes de la llegada de la minería.
  • La actividad minera coexiste con otras actividades productivas que también producen impactos y estos vínculos no siempre se encuentran bien documentados.
  • La presencia en una misma región de múltiples actividades mineras que se relacionan de manera distinta con el entorno impide establecer con claridad quiénes y en qué medida son los responsables de los impactos.
  • Los impactos observables en los territorios pueden ser producto de actividades presentes o pueden ser legado de otras actividades previas.

Entre de los aportes de este EISI a la mejora de las metodologías para evaluación de impactos en derechos humanos, vale la pena destacar  la refinación de procedimientos para el análisis de la información y la adopción de métodos mixtos cualitativos y cuantitativos cuyo diseño e implementación se nutrió mutuamente en distintos momentos del proceso. Una metodología cada vez más sistemática y replicable hace posible pensar que en el futuro se logre agregar la información proveniente de otros EISI y que así se logre construir una visión aún más completa de las realidades en torno a derechos humanos.

[1] Para efectos de este análisis el sector se entiende como el conjunto de instituciones, marco regulatorio, prácticas y actores que confluyen en torno a la actividad minera. Contemplar las interacciones entre estos elementos es lo que permite analizar los impactos, sus consecuencias y los conflictos asociados.

[2] La gestión de derechos humanos en este documento, se aborda de acuerdo con la lógica de los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y  derechos humanos, según la cual las obligaciones de garantía, protección y respeto del Estado permanecen vigentes, y se desarrollan las obligaciones de respeto a cargo de las empresas.

[3] Informe del Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, John Ruggie , Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para "proteger, respetar y remediar"  Asamblea General, Consejo de Derechos Humanos, 17 período de sesiones, l, Naciones Unidas A/HRC/17/31

[4] Las situaciones son categorías temáticas que agrupan observaciones obtenidas a partir de las distintas fuentes del EISI. Es la unidad básica a partir de la cual se construye el análisis de impactos en derechos humanos (Ver siguiente sección sobre metodología del EISI).

[5] El conjunto de situaciones identificadas en el EISI puede consultarse en el navegador de situaciones y derechos.

[6] Cuando este texto hace referencia a capacidades, el concepto debe entenderse en un sentido amplio, que abarca tanto la capacidad propiamente dicha, es decir, las aptitudes,  valores, posibilidades de aprender, como el conocimiento y las competencias (habilidades específicas).

[7] Se utilizó un modelo de diferencias emparejadas, en el que los municipios de tratamiento son aquellos en donde se desarrolla actividad minera y los de control son municipios en la misma región, sin presencia de minería, y que además tenían características socioeconómicas comunes como: población, pobreza y tasa de alfabetización a comienzos de la década de 1990. Una descripción detallada se encuentra en el anexo metodológico.

Metodología para el Modelo Econométrico

Descargar documento PDF

METODOLOGÍA PARA EL MODELO ECONOMÉTRICO

Nota técnica de la metodología econométrica

El componente cuantitativo del Estudio Integral Sectorial de Impactos de la minería de oro, carbón y materiales de la construcción en Colombia, pretende identificar asociaciones entre la actividad minera y variables de resultado que representen el disfrute de derechos humanos a nivel municipal. De la misma forma, se espera identificar efectos heterogéneos de la actividad minera según la intensidad en la actividad productiva.

El enfoque propuesto para identificar las asociaciones se desarrolla en tres etapas: i) selección de municipios mineros y de control o comparación; ii) estimación por el método de emparejamiento; y iii) selección de variables. Estas etapas se describen en detalle a continuación.

 

i) Selección de municipios mineros y de comparación:

Municipios mineros:

Existen diversas formas de identificar los municipios con mayor actividad minera. En particular, se puede utilizar la información de producción reportada o la información de títulos expedidos. Ninguna de estas dos fuentes se encuentra exenta de errores. Por ejemplo, el reporte de producción puede tener distorsiones por el registro de material en municipios diferentes a donde se extrajo, o por fenómenos asociados al lavado de activos. Por otra parte, la titulación no implica explícitamente la producción, en tanto puede haber títulos inactivos por años. La minería informal, a su vez, puede introducir distorsiones adicionales porque no es capturada por los datos de títulos, y es presumible que gran parte de ella no se registre en la producción.

Frente a esta circunstancia, la regla de decisión para la selección de municipios mineros parte del cruce de ambas fuentes de información. Si bien este criterio no elimina por completo los posibles errores de medición, si permite obtener una muestra depurada de municipios mineros. Ahora bien, no todos los municipios con reporte de producción o títulos pueden ser considerados municipios mineros, en tanto aquellos que reportan pequeños volúmenes o tienen títulos que cubren zonas pequeñas relativas al tamaño de los municipios, pueden considerarse con una actividad minera incipiente. Para depurar esta selección se recurrió a otra regla de decisión. Primero, los municipios que hubieran reportado cualquier volumen de producción a partir del año 2001 se dividieron por terciles. Esto es, se organizaron desde el que mayor producción reportó hasta el que lo hizo en menor volumen, y esta lista ordenada se dividió en grupos de igual tamaño. Por ejemplo, 328 municipios reportaron haber producido oro. Estos se dividieron en tres grupos: los 109 que más produjeron, los 109 siguientes y los 109 que menos produjeron. Segundo, los municipios que hubieran tenido títulos mineros expedidos sobre su territorio, se organizaron según la proporción del área municipal que se encontrara bajo un título para el cierre de 2012. Esta lista, ordenada desde los que tenían mayor proporción de su territorio con títulos hasta los que menos tenían, se dividió igualmente por terciles. Para el ejemplo de oro, 320 municipios reportaron títulos. Los grupos quedaron así: los 106 municipios con mayor proporción de su territorio con títulos mineros, los 107 que les seguían y los 107 municipios con títulos con menor proporción de su territorio titulado. Una vez hecha esta división, se determinó considerar a un municipio como minero, si éste se encontraba en el tercil de mayor producción o en el tercil de mayor titulación. Los cuadros 1 y 2 presentan el resumen para oro y carbón.

Cuadro 1. Municipios mineros de oro. Terciles de producción y titulación.

1Fuente: Construcción propia a partir de los datos del Catastro Minero Colombiano y SIMCO.

 

Cuadro 2. Municipios mineros de carbón. Terciles de producción y titulación.

2Fuente: Construcción propia a partir de los datos del Catastro Minero Colombiano y SIMCO.

 

Para materiales de construcción, por diversas limitantes en los datos de producción, se utilizó como único criterio el nivel de titulación. Adicionalmente, como los municipios con títulos de materiales de construcción corresponden casi a la totalidad de municipios, la muestra se dividió en quintiles. Esto es, se organizaron desde el que más proporción de su territorio tenía título minero hasta el que menos tenía, y el resultado ordenado se partió en cinco grupos. Los municipios mineros de materiales de construcción corresponde al grupo de mayor nivel de titulación.

Municipios de control o comparación:

Por su parte, los municipios de comparación se pre-seleccionaron a partir de los vecinos de los municipios mineros. Esto es, aquellos municipios que compartieran una frontera con cualquier municipio minero y que a su vez, no hiciera parte del grupo de municipios mineros. Esta regla de decisión responde a la homogeneidad en variables de desarrollo para los municipios que hacen parte de territorios similares, y se fundamenta en trabajos previos (ver por ejemplo Ibáñez y Laverde, 2013). Luego, esta pre-selección se validó cualitativamente, para excluir aquellos municipios vecinos de municipios mineros que de manera notoria no compartieran características de desarrollo similares. Un ejemplo de ello corresponde a los municipios con minería de carbón en el departamento de La Guajira, ubicados en la parte sur del departamento, y que entre otras, tienen importantes volúmenes de producción agrícola. Sus vecinos, ubicados al norte, corresponden a zonas desérticas.

Validaciones finales:

Por último, la muestra de municipios mineros y sus vecinos validados se sometió a una última depuración. Nuevamente, con el fin de excluir municipios cuyas características particulares los hicieran sistemáticamente diferentes al resto de municipios mineros y vecinos de comparación, se excluyeron capitales de departamentos y ciudades con más de 200 mil habitantes.

Una vez depuradas las muestras, se obtiene un grupo de 546 municipios para el análisis de la producción de oro. De ellos, 220 corresponden a municipios mineros y 326 al grupo de control o comparación. La muestra final de carbón fue de 241 municipios. 83 de ellos hicieron parte del grupo de municipios mineros y los restantes 158 del grupo de comparación.  La muestra de materiales de construcción contiene 481 municipios. 151 mineros y 330 de control.

Como se observa, los criterios de selección de municipios mineros y municipios de comparación corresponden a diversas reglas de decisión. Para evitar que dichas reglas orientaran los resultados, se realizaron pruebas de robustez haciendo ajustes a una o varias reglas. La selección definitiva correspondió a las reglas de decisión que garantizaran una muestra los suficientemente depurada de municipios mineros y no mineros de comparación, y que menos distorsiones introdujeran a los resultados.

ii) Método de emparejamiento:

A partir de la división de municipios en dos grupos: el grupo de mineros y el grupo de comparación, se podrían utilizar diversas formas para identificar asociaciones entre la actividad minera y variables de resultado indicativas del disfrute de derechos humanos. Por ejemplo, si se quisiera saber diferencias en los niveles de pobreza, se podría tomar la diferencia entre el promedio de los mineros y el promedio de los no mineros para la incidencia de pobreza en el año 2000. No obstante, esta simplificación tendría diversas fuentes de sesgo, entre otras: i) como la actividad minera tuvo un incremento acelerado desde comienzos de la década del 2000, esta diferencia no estaría capturando el efecto de la minería; ii) si bien el grupo de municipios de comparación corresponde a vecinos de municipios mineros, la explotación de minerales no es aleatoria en la muestra y por tanto, los municipios no son perfectamente comparables. Para controlar por este tipo de situaciones, se restringe el análisis temporal a dos momentos del tiempo, y se utiliza el método de emparejamiento para la estimación de diferencias.

Restricción del análisis temporal:

La actividad minera en Colombia es, en algunos casos, centenaria. No obstante, fue desde comienzos de la década del 2000 que se presentó un incremento significativo en la actividad que correspondió a dos situaciones. Por una parte, los precios de los commodities crecieron de manera sostenida desde el año 2001, lo que llevó a un creciente interés en la producción a nivel mundial. Esta situación puede observarse para los precios de oro y carbón en la figura 1.

Adicionalmente, el gobierno de Colombia tuvo un interés mayor en otorgar títulos mineros, motivando la inversión extranjera. Este punto se hace evidente en las figuras 2 a 4, en las que se presenta el porcentaje del territorio que, en promedio, tenían los municipios colombianos cubiertos por títulos mineros. Como se observa, el crecimiento entre 2005 y 2010 es notorio.

Con esta información, es presumible que una mejor estimación de los efectos de la minería corresponda a observar diferencias entre municipios no mineros y municipios de comparación en el período posterior al inicio de la actividad minera de mayor intensidad. En particular, las diferencias se toman para las variables de resultado desde el año 2005 en adelante.

Figura 1. Índice de precios del oro y el carbón (2005 = 100)

3Fuente: Estadísticas Fondo Monetario Internacional

Figura 2. Evolución de la proporción de territorio municipal con título de oro

4Fuente: Estadísticas Fondo Monetario Internacional

Figura 3. Evolución de la proporción de territorio municipal con título de carbón

5Fuente: Estadísticas Fondo Monetario Internacional

Figura 4. Evolución de la proporción de territorio municipal con título de materiales de construcción

6

Fuente: Estadísticas Fondo Monetario Internacional

Método de emparejamiento:

Como se señaló antes, la simple diferencia de medias puede no estar capturando el efecto atribuible a la actividad minera, en tanto los municipios no son perfectamente comparables. Con el fin de mejorar esta estimación, se recurre al método de emparejamiento (para un mayor nivel de detalle, ver Bernal y Peña, 2011).

Este método parte del supuesto de independencia condicional, esto es, dadas unas variables observables no determinadas por la actividad minera, los resultados potenciales de los municipios mineros  y los resultados potenciales de los municipios no mineros , son independientes de haber sido sujetos de la actividad minera. En otras palabras, condicional en ciertas variables, la comparación entre el resultado de municipios mineros y no mineros, debería capturar el efecto específicamente atribuible a la minería.

Así, para mejorar la simple diferencia de promedios entre municipios mineros y no mineros, se emparejan los municipios mineros con algunos municipios de control de acuerdo con variables que, en principio, no deberían estar determinadas por la actividad minera. Para ello, se acude a utilizar variables del censo de 1993, es decir, cerca de una década antes del incremento en la intensidad de la minería. En particular, los municipios se emparejan de acuerdo con características socio-económicas como la pobreza, la población y la tasa de alfabetización; características físicas como la disponibilidad de agua y la aptitud de los suelos; y características geográficas como su ubicación y la distancia a la capital del país.[1] Si bien hay municipios mineros cuya actividad venía décadas antes a 1993, se presume que independiente de ello, hubo un incremento significativo en la década del 2000.

En estas condiciones, el método de emparejamiento, aunque no es perfecto, debería mejorar sustancialmente la estimación por diferencia de promedios entre municipios mineros y no mineros de comparación, y acercarse al verdadero efecto de la actividad minera sobre variables de resultado que sean indicativas del disfrute de derechos humanos.

Finalmente, el efecto de la actividad minera se obtiene mediante la estimación de :

7Donde  es la variable de interés.  es cada municipio minero.  es el número de municipios mineros.  es una variable dicotómica que toma el valor de 1 si el municipio  es minero o 0 si se trata de un control para el municipio minero .   corresponde a los controles del municipio .

 

  • Selección de variables y análisis de resultados:

Para estimar los efectos de la actividad minera sobre el disfrute de derechos humanos, se construye una base de datos con más de 1600 variables. Estas bases de datos se obtuvieron a partir de diversas fuentes. El punto de partida fue la información del Panel Municipal del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Universidad de los Andes, y a partir de allí se complementó con información del Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Salud y Protección Social, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Educación, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Consejo Superior de la Judicatura, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Fasecolda, entre otras.

Posteriormente, estas variables se agrupan en cinco categorías, con el fin de facilitar su asociación con el disfrute de derechos humano:

  1. Pobreza y población
  2. Educación
  3. Salud
  4. Desarrollo institucional local
  5. Violencia y conflicto

Finalmente, para su análisis, los resultados se evalúan de acuerdo con el i) mineral; ii) la intensidad de la actividad minera con el fin de identificar efectos heterogéneos; y iii) las características de la producción para carbón, así:

  • Oro: toda la muestra.
  • Oro: la muestra de municipios que más produce.
  • Oro: la muestra de municipios productores que menos produce.
  • Carbón en el interior: toda la muestra.
  • Carbón en el interior: la muestra de municipios que más produce.
  • Carbón en el interior: la muestra de municipios productores que menos produce.
  • Carbón en Cesar y La Guajira
  • Materiales de construcción: toda la muestra.
  • Materiales de construcción: la muestra de municipios que más produce.
  • Materiales de construcción: la muestra de municipios productores que menos produce.

 

Referencias:

Bernal, R. Y Peña, X. (2011). Guía práctica para la evaluación de impacto. Universidad de los Andes, Facultad de Economía, Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico. Ediciones Uniandes. Bogotá.

Ibáñez, A.M. y Laverde M. (2013). Los municipios mineros en Colombia: características e impactos sobre el desarrollo. Reporte de consultoría para la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME.

[1] En estricto sentido, el emparejamiento se realiza mediante la estimación de una probabilidad de participación con las variables señaladas (ver Bernal y Peña, 2011).

Evolución de Variables de Interés para Clusters de Producción

Descargar documento PDF

EVOLUCIÓN DE VARIABLES DE INTERÉS PARA CLUSTERS DE PRODUCCIÓN

 

 

1. Pobreza Y Población: Índice De Necesidades Básicas Insatisfechas

1

 

2. Educación: Alumnos Por Docente

2

 

3. Violencia: Homicidios

3

4. Pobreza Y Población: Concentración De La Tierra

4

 

5. Educación: Desempeño Escolar

5

 

6. Salud: Casos Reportados De Sífilis Gestacional

6

 

7. Salud: Casos Reportados De Hepatitis B

7

 

8. Desarrollo Institucional Local: Inversión Municipal En Salud

8

 

9. Desarrollo Institucional Local: Cumplimiento De Requisitos Legales

9

 

10. Violencia: Hurto De Automóviles

10

Resultados destacados del Modelo Econométrico

Descargar documento PDF

RESULTADOS DESTACADOS DEL MODELO ECONOMÉTRICO

 

1. Desarrollo Institucional Local: Eficiencia Administrativa

La evidencia cuantitativa sugiere que no existe una asociación entre el desarrollo de actividades mineras y la eficiencia administrativa, medida en función de los recursos utilizados y los resultados obtenidos en educación, salud y agua potable (Índice de eficiencia DNP).

Relativo a los grupos de comparación…

  • Oro: los municipios mineros no presentan diferencias significativas en la evaluación del índice de eficiencia del DNP.
  • Carbón en el interior del país: los municipios mineros no presentan diferencias significativas en la evaluación del índice de eficiencia del DNP.
  • Carbón en Cesar y La Guajira: los municipios mineros no presentan diferencias significativas en la evaluación del índice de eficiencia del DNP.
  • Materiales de construcción: los municipios mineros no presentan diferencias significativas en la evaluación del índice de eficiencia del DNP.

 

2. Salud: Exposición A Materiales Peligrosos

La evidencia cuantitativa sugiere que existe una asociación negativa entre el desarrollo de actividades mineras y efectos sobre la salud derivados de la exposición a materiales peligrosos.

Relativo a los grupos de comparación…

  • Oro: los municipios mineros presentan 1,7 veces más casos de intoxicación por metales pesados.
  • Carbón en el interior del país: los municipios mineros presentan una incidencia 7 veces mayor de intoxicación por monóxido de carbono y otros gases.
  • Carbón en Cesar y La Guajira: no se observan diferencias significativas en los reportes de intoxicación por materiales peligrosos.
  • Materiales de construcción: los municipios mineros presentan 50% más casos de intoxicación por sustancias químicas diferentes a plaguicidas, solventes y medicamentos.

 

3. Educación: Oferta Docente

La evidencia cuantitativa sugiere que existe una asociación negativa entre el desarrollo de actividades mineras y un deterioro sistemático de la oferta docente.

Relativo a los grupos de comparación, que tienen un promedio de 22 alumnos por docente…

  • Oro: los municipios mineros presentan 0,4 alumnos más por cada docente.
  • Carbón en el interior del país: los municipios mineros presentan 0,6 alumnos más por cada docente.
  • Carbón en Cesar y La Guajira: los municipios mineros presentan 1,4 alumnos más por cada docente.
  • Materiales de construcción: los municipios mineros presentan un alumno más por cada docente.

Cada dos estudiantes menos por salón pueden llegar a representar aproximadamente un mes más de formación cada año (Krueger, A. (1999). Experimental Estimates of Education Production Functions. QJE 115(2): 497–532)

 

4. Educación: Desempeño Escolar

La evidencia cuantitativa sugiere que existe una asociación negativa entre el desarrollo de actividades mineras y el desempeño escolar.

Relativo a los grupos de comparación, que tienen un promedio de 47 puntos en las Pruebas Saber 11…

  • Oro: los municipios mineros presentan un resultado 2% inferior.
  • Carbón en el interior del país: los municipios mineros presentan resultados 2% inferior.
  • Carbón en Cesar y La Guajira: los municipios mineros no presentan diferencias significativas con los municipios de comparación.
  • Materiales de construcción: los municipios mineros presentan un resultado 2% inferior.

 

5. Violencia: Expulsión Por Desplazamiento Forzado

La evidencia cuantitativa sugiere que existe una asociación negativa entre el desarrollo de actividades mineras de oro y la expulsión por desplazamiento forzado.

Relativo a los grupos de comparación…

  • Oro: los municipios mineros expulsaron 19 personas por cada mil habitantes en por año. Los municipios de comparación expulsaron 12 personas por cada mil habitantes por año.
  • Carbón en el interior del país: los municipios mineros no presentan diferencias significativas en la expulsión por desplazamiento forzado.
  • Carbón en Cesar y La Guajira: los municipios mineros no presentan diferencias significativas en la expulsión por desplazamiento forzado.
  • Materiales de construcción: los municipios mineros no presentan diferencias significativas en la expulsión por desplazamiento forzado.

 

6. Pobreza Y Población: Población Pobre Por IPM

La evidencia cuantitativa sugiere que existe una asociación negativa entre el desarrollo de actividades mineras y el número de personas en situación de pobreza medido por el Índice de Pobreza Multidimensional.

Relativo a los grupos de comparación (emparejados por los niveles de población)…

  • Oro: los municipios mineros presentan 17.500 personas en situación de pobreza (su grupo de comparación tiene 14.600).
  • Carbón en el interior del país: los municipios mineros presentan 12.100 personas en situación de pobreza (su grupo de comparación tiene 9.200).
  • Carbón en Cesar y La Guajira: los municipios mineros presentan 32.000 personas en situación de pobreza (su grupo de comparación tiene 16.800).
  • Materiales de construcción: los municipios mineros no presentan diferencias significativas en el número de personas en situación de pobreza.

 

7. Pobreza Y Población: Ruralidad

La evidencia cuantitativa sugiere que existe una asociación entre el desarrollo de actividades mineras y la proporción de personas que viven en zonas rurales.

Relativo a los grupos de comparación…

  • Oro: en los municipios mineros el 56% de su población vive en zonas rurales (en su grupo de comparación el 61%).
  • Carbón en el interior del país: en los municipios mineros el 61% de su población vive en zonas rurales (en su grupo de comparación el 66%).
  • Carbón en Cesar y La Guajira: los municipios mineros no presentan diferencias significativas en el número de personas que viven en zonas rurales.
  • Materiales de construcción: en los municipios mineros el 55% de su población vive en zonas rurales (en su grupo de comparación el 59%).

 

8. Salud: Consumo De Sustancias Psicoactivas

La evidencia cuantitativa sugiere que no existe una asociación entre el desarrollo de actividades mineras y efectos sobre el consumo de sustancias psicoactivas.

Relativo a los grupos de comparación…

  • Oro: los municipios mineros no presentan diferencias significativas en los reportes de intoxicación por sustancias psicoactivas.
  • Carbón en el interior del país: los municipios mineros no presentan diferencias significativas en los reportes de intoxicación por sustancias psicoactivas.
  • Carbón en Cesar y La Guajira: los municipios mineros no presentan diferencias significativas en los reportes de intoxicación por sustancias psicoactivas.
  • Materiales de construcción: los municipios mineros no presentan diferencias significativas en los reportes de intoxicación por sustancias psicoactivas.

 

9. Desarrollo Institucional Local: Formalidad De La Tierra

La evidencia cuantitativa sugiere que existe una asociación negativa para oro y carbón, y positiva para materiales de construcción, entre el desarrollo de actividades mineras y la formalización de tierras rurales.

Relativo a los grupos de comparación…

  • Oro: los municipios con mayor actividad minera tienen 31% del área rural municipal sin título (su grupo de comparación tiene 20% del área sin título).
  • Carbón en el interior del país: los municipios mineros con mayor actividad minera tienen 20% del área rural municipal sin título (su grupo de comparación tiene 17% del área sin título).
  • Carbón en Cesar y La Guajira: los municipios mineros no presentan diferencias significativas en los niveles de titulación de tierras.
  • Materiales de construcción: los municipios municipios con mayor actividad minera tienen 10% del área rural municipal sin título (su grupo de comparación tiene 13% del área sin título).

 

10. Violencia: Homicidios

La evidencia cuantitativa sugiere que existe una asociación negativa entre el desarrollo de actividades mineras y la violencia homicida.

Relativo a los grupos de comparación…

  • Oro: los municipios mineros presentan una tasa de homicidios anual por 100 mil habitantes de 68 (su grupo de comparación presenta 59).
  • Carbón en el interior del país: los municipios mineros presentan una tasa de homicidios anual por 100 mil habitantes de 48 (su grupo de comparación presenta 42).
  • Carbón en Cesar y La Guajira: los municipios mineros presentan una tasa de homicidios anual por 100 mil habitantes de 64 (su grupo de comparación presenta 53).
  • Materiales de construcción: los municipios mineros no presentan diferencias significativas en la tasa de homicidios anual.

 

Situaciones que inciden en el derecho a la VIDA DIGNA

todosDescargar documento pdf

 

 

Situaciones observadas en escenarios mineros determinantes en el ejercicio del

Derecho a Acceso a condiciones de Vida Digna

Los impactos en el derecho a condiciones de vida dignas asociados al sector minero identificados durante la investigación de campo, se presentan a continuación de acuerdo a tres ejes temáticos: Vivienda digna, seguridad alimentaria y acceso a la seguridad social.

En particular, las condiciones de vida digna corresponden a un concepto multidimensional que se refiere a diversos aspectos que propician el bienestar de las personas, tales como:

  • La posibilidad de una alimentación adecuada, que se recoge en las discusiones sobre seguridad alimentaria. Esta se refiere a condiciones físicas, sociales y económicas que permiten acceso a alimentos seguros, nutricionalmente adecuados y que satisfacen las necesidades de nutrición y las preferencias de las personas. La seguridad alimentaria es un medio habilitante para el disfrute de una vida sana y activa.
  • El acceso a otros bienes y servicios básicos, como el vestido, la recreación y el transporte. En este aspecto son relevantes tanto la calidad como la capacidad adquisitiva (los precios en relación con el nivel de ingreso).
  • El acceso a vivienda adecuada, que tiene que ver tanto con la calidad del espacio (no hacinamiento, materiales seguros, etc.), como con los atributos de seguridad, iluminación, ventilación, suministro de energía, ubicación en relación con el lugar de trabajo y respecto al lugar en donde se ofrecen otros servicios básicos (por ejemplo, educación y salud). Al igual que en los dos elementos anteriores, la asequibilidad también es un aspecto que debe contemplarse, y en este caso, no solo se refiere al precio, sino a las condiciones que aseguran el derecho de propiedad.
  • El acceso a servicios públicos, en particular al agua, es un elemento en sí mismo, pero suele incorporarse en los aspectos de vivienda. En los servicios de agua potable y saneamiento se consideran como atributos, que estos sean: suficientes, saludables, limpios, aceptables, asequibles y accesibles.
  • Adecuación del entorno a características culturales. Este es un aspecto especialmente problemático en casos de reasentamientos, por ejemplo, cuando comunidades con tradición agrícola deben adaptarse a entornos urbanos, con consecuencias en sus pautas de alimentación, trabajo y recreación.

Vivienda digna

Para relacionar este componente con el sector minero se consideraron impactos directos e indirectos de la actividad, en aspectos que tienen que ver tanto con las características físicas de la vivienda como en las condiciones de acceso, identificados durante la investigación cualitativa. La presentación de hallazgos procura hacer distinciones según el tipo de mineral cuando es necesario.

Gráfica 1 Posición de Colombia en indicadores de bienestar

 

vida digna

Fuente: (OCDE, 2015)

La gráfica anterior muestra la posición relativa de Colombia respecto al promedio de países de la OCDE y de otros países de la región que tienen niveles de ingreso medio-alto (Chile y México)[1]. Este resultado señala a la vivienda asequible como uno de los indicadores con mayor rezago en materia de bienestar.

materialesc

carbon

oro

1.    Fenómenos migratorios y reubicación de poblaciones

Los procesos migratorios en escenarios mineros pueden exacerbar la vulneración a las condiciones de vida digna de las comunidades. En contextos donde personas son desalojadas o desplazadas por el desarrollo de proyectos que tienen impactos en el medio ambiente, la tierra, los recursos y la seguridad de las personas, se intensifican los conflictos sociales, la desigualdad y la segregación. Estas migraciones también pueden afectar significativamente el tejido social, los referentes identitarios y las prácticas culturales de las comunidades.

La actividad minera, en proyectos a gran escala de carbón y materiales de construcción, tiene grandes posibilidades de romper la relación de los pobladores con el territorio en las zonas en que tiene incidencia, y por lo tanto vulnerar las condiciones de vida digna de las comunidades. En el caso del carbón, además de necesitar una superficie amplia para la explotación, se han desviado varios ríos, arroyos y quebradas, lo que ha producido un desplazamiento de los habitantes hacia las cabeceras urbanas. Asimismo, en municipios de la Guajira y el Cesar se han presentado reasentamientos involuntarios, en los que las poblaciones han cambiado sus modos de vida radicalmente. Especialmente, porque la pérdida del territorio implica cambios en las tradiciones y costumbres de pueblos indígenas, comunidades campesinas y afrodescendientes. Este tipo de reasentamientos son ocasionados por la expansión de los proyectos mineros y por los impactos ambientales (específicamente la contaminación de aire) producto de la explotación del mineral. En la Guajira se han adelantado varios procesos de reasentamientos y en el Cesar hay 3 que están en proceso[2].

En el caso de los reasentamientos en la Guajira que ya se han llevado a cabo, las características físicas de la vivienda de los nuevos asentamientos, según las comunidades entrevistadas, han afectado las prácticas culturales de las comunidades. Para empezar, los nuevos asentamientos son conjuntos cerrados donde las casas están una al lado de la otra a diferencia del lugar de origen donde cada familia tenía un espacio amplio que la separaba de las demás familias y les permitía tener huertas y cría de animales pequeños. Esto ha traído un aumento en los conflictos entre integrantes de la comunidad quienes sienten que se ha deteriorado su calidad de vida.

Las formas de producción propias de las comunidades reasentadas se basan en el acceso a largas extensiones de tierra de carácter colectivo. Sin embargo, a excepción del caso de la comunidad indígena, las compensaciones en torno a la tierra no han contemplado el aprovechamiento que estas comunidades tenían sobre los terrenos de uso colectivo. La compensación se ha limitado a reconocer los terrenos que cuenten con un soporte jurídico de propiedad o tenencia así como las viviendas e infraestructura habitada.

Esto ocasiona que la vocación agrícola de las comunidades se vea comprometida y deteriorada. La reducción en la cantidad de tierra disponible no es el único factor que afecta el mantenimiento de la tradición agrícola de las comunidades y la estabilidad de la economía de subsistencia en que se soportan, pero sí ha demostrado ser un factor estructural en la forma en que las comunidades se acoplan al reasentamiento.

Finalmente, la ubicación de los reasentamientos tiene grandes implicaciones en la vida digna de estas comunidades. En todos los casos, los nuevos asentamientos están ubicados en cercanía a los cascos urbanos, lo que introduce dinámicas urbanas en la vida de comunidades rurales. La inserción de estas dinámicas externas a la comunidad, como el empleo y el desempleo, la aparición de enfermedades relacionadas con el trabajo minero y la vida urbana, el pago de servicios públicos entre otros, han generado cambios sustanciales en la estructura social de la comunidad.

En un taller de cartografía social representantes de dos comunidades señalaron que esta cercanía a cascos urbanos trae consigo riesgos para la población menor de edad. Principalmente identificaron la presencia de problemáticas como consumo de alcohol y drogas, presencia de pandillas, prostitución, violencia sexual y embarazo adolescente.

Ahora bien, las migraciones también pueden presentarse en contextos en los que personas deciden migrar a otros territorios donde la minería ofrece oportunidades laborales y generación de ingresos por bonanza económica. El acelerado crecimiento poblacional bien sea por población laboral flotante de las empresas o por migración de personas que llegan buscando oportunidades de ingresos en los territorios, irrumpe en las dinámicas locales caracterizadas por ausencia o debilidad institucional, impactando el derecho a la vida digna de la población local. De hecho, muchas de las personas que migran en busca de oportunidades en la minería lo hacen para suplir la ausencia de oportunidades en otros sectores, o porque sus competencias sólo son útiles en ese oficio. En ciertos casos esta migración puede considerarse forzosa, porque está motivada por la carencia de oportunidades en los lugares de origen.

En la minería a gran escala de carbón y materiales de construcción, actores institucionales y comunitarios de los departamentos de Cesar, Boyacá y Cundinamarca señalaron los impactos sobre el aumento poblacional generado por las migraciones en territorios mineros. En términos generales, mencionaron la disminución en la oferta de servicios y bienes públicos, la aparición de problemáticas sociales y la alteración de prácticas culturales. Por ejemplo, en el Cesar un miembro comunitario mencionó:

 “La Loma es el ejemplo de la poca planificación del Estado frente a los impactos de la actividad minera, en el 94 la Loma tenía 5.000 habitantes al 2015 se estiman 22.000 habitantes. Pero no hay infraestructura de servicios (energía, agua potable, alcantarillado) para atender los retos del crecimiento”. (Entrevista en La Loma)

Esto a su turno se ve reflejado en los reportes sobre malas condiciones de acceso a servicios, en particular al agua, a carencia de infraestructura y a cómo los flujos migratorios desbordan la capacidad de atender estas necesidades.

Según una empresa en el Cesar, el crecimiento poblacional es señal clara de que la minería genera oportunidades de empleo de alta calidad en regiones con muy escasas oportunidades de empleo, que además no suele ser digno. También, según la empresa, es señal de que el empleo de calidad corresponde con un anhelo profundo y generalizado en la población. La empresa manifestó que ha participado en proyectos de mejora en infraestructura y servicios en La Loma, aun cuando el principal responsable de esto sea el municipio.

Los municipios de minería a pequeña y mediana escala, en los que se presenta un acelerado crecimiento demográfico no cuentan necesariamente con una administración pública sólida que sea capaz de generar una cobertura eficiente de servicios básicos (Beltrán, Lobato y Barbosa, 2010). Esto, sumado a las condiciones de pobreza y vulnerabilidad de los territorios, deriva en la aparición de nuevas problemáticas sociales. Por ejemplo, en el municipio de Nemocón, Cundinamarca, autores institucionales mencionaron que el crecimiento demográfico en la vereda de Patio Bonito supera las capacidades del gobierno local. Este contexto ha desbordado las capacidades de atención de las autoridades locales, que a la luz del vacío de política pública y la falta de instrumentos de atención coordinados desde el gobierno nacional, conlleva a un deterioro sistemático en el goce y ejercicio del derecho a la vida digna.

En el caso particular de la explotación aluvial de oro, se presenta una movilidad constante por parte de pequeños mineros, quienes se trasladan de un lugar a otro según la presencia del mineral (ver por ejemplo Cárdenas y Chaparro, 2004).

Para las comunidades étnicas del Chocó, la pobreza y otras características de vulnerabilidad que se presentan en medio de la itinerancia de la actividad minera de estas comunidades, no han tenido la respuesta estatal adecuada para sobrellevar los impactos. La llegada de actores que explotan el mineral por medio de técnicas diferentes a las tradicionales como las retroexcavadoras, las dragas o los dragones, ha fomentado una ruptura en las costumbres en algunos municipios del Chocó.

La itinerancia en la actividad de estas comunidades, genera rupturas respecto a las formas tradicionales de vida pues el cambio de vocación productiva de una producción agropecuaria hacia una explotación mecanizada minera ha afectado los procesos que suceden al interior de las comunidades. La necesidad de irse detrás de la retroexcavadora para continuar con el barequeo se debe a que por donde va pasando la máquina se va acabando la tierra. Los suelos quedan estériles e inservibles, el agua contaminada y la gente sin posibilidades de sustento, por lo tanto el panorama resultante es uno en el que prima la inseguridad económica y alimentaria, vulnerando así el derecho a la vida digna de las comunidades[3].

La evidencia cuantitativa no permite concluir respecto a posibles efectos derivados de los fenómenos migratorios. En particular, no es posible identificar si de estos fenómenos se derivan presiones sobre los precios de vivienda y la tierra, o afectaciones al acceso de los hogares a servicios básicos. No obstante, la evidencia sugiere una asociación entre las actividades mineras y los fenómenos migratorios por dos vías.

Primero, para los casos de oro y carbón, se observa un crecimiento mayor en la población de los municipios mineros relativo al promedio del grupo de municipios de comparación. Esta diferencia es del 36% para los municipios con minería de oro, del 46% para los municipios con minería de carbón en el interior, y del 88% para los municipios con minería de carbón en Cesar y La Guajira. En términos absolutos, esta diferencia implica que en promedio, habitan 8 mil personas más en los productores de oro, 7 mil personas más en los productores de carbón en el interior, y 19 mil personas más en los productores de carbón en Cesar y La Guajira, relativo a los municipios de comparación. Entre los productores de materiales de construcción y su grupo de comparación no se observan diferencias significativas.

Adicionalmente, ha habido una presión mayor en los sectores urbanos que en los rurales. La población urbana es cerca al 70% mayor en los productores de oro, el 90% mayor en los productores de carbón en el interior, el 120% mayor en los productores de carbón en Cesar y La Guajira, relativo a los municipios de comparación. Y la población rural es el 8% mayor en los productores de oro, 10% mayor en los productores de carbón del interior, y 60% mayor en los productores de carbón en Cesar y La Guajira, en comparación con los municipios de control[4].

Segundo, los municipios mineros de oro observaron mayor incidencia del desplazamiento forzado. Para los productores de oro, se observa que la tasa de expulsión por desplazamiento forzado es 60% mayor en comparación con los municipios de control. Este resultado indica que mientras en los municipios de control se expulsaron 12 personas por mil habitantes cada año en el período 2005 – 2012, en razón al desplazamiento forzado, en los municipios con minería de oro fueron expulsadas 19. Para los productores de carbón en el interior de país, carbón en Cesar y La Guajira, o materiales de construcción, no se observaron diferencias significativas en la incidencia del desplazamiento forzado.

carbonoro

2.   Manejo inadecuado de afluentes

Además de los problemas de acceso al agua directamente relacionados con la dinámica migratoria en contextos mineros, hay dos situaciones que se presentan por posibles afectaciones de la actividad minera sobre la calidad y el volumen disponible de agua. Los efectos en salud de la contaminación del agua se discuten en el capítulo sobre el derecho a la salud y el ambiente sano. No obstante, aquí se señalan algunas situaciones encontradas en el trabajo de campo más relacionadas con la disponibilidad del recurso en las condiciones adecuadas. En este asunto hay una frecuente preocupación de los entrevistados por el tipo de sustancias químicas que se utilizan en la minería de oro y también por los residuos sólidos[5].

Respecto a la calidad de los cuerpos de agua en territorios mineros, durante el diálogo con los diferentes actores, se manifiesta que la actividad minera está contaminando el agua, afectando el consumo de las comunidades y su uso para actividades de subsistencia como la agricultura y la pesca. Las afectaciones más frecuentemente mencionadas en las regiones visitadas se relacionan sobre todo con la contaminación de agua debido a partículas sólidas, como polvillo o trazas de material minero, disminuyendo la calidad para su consumo y su uso potencial para otras actividades como riego de cultivos y pesca.

Frente a afectaciones en el acceso al recurso hídrico, algunas comunidades en los departamentos de Cesar y Guajira manifestaron su preocupación porque las actividades mineras a gran escala en la región estaban disminuyendo la cantidad de agua disponible para su consumo. De igual forma, las comunidades manifestaron una preocupación por la alteración de los cauces por movimientos de material de lechos de ríos. La situación de la desviación de ríos, común en Cesar y Guajira puede originar detrimento, disminución y hasta desaparición de flujos de ríos que sirven de sustento para el uso y el consumo de comunidades.

Las situaciones mencionadas anteriormente trascurren en contextos donde comunidades no cuentan con suministro de agua constante y las condiciones geográficas[6] dificultan conseguir agua en la región. Ahora, la disminución del recurso hídrico en los contextos mineros no sólo ocurre por la actividad, y las comunidades lo reconocen, por ejemplo en Cesar se identifica que la disminución del caudal de los ríos también se puede atribuir a monocultivos de cacao y palma que existen en la falda de la Serranía de Perijá. Por este motivo, resulta fundamental que en la planeación de proyectos tanto mineros como de otros tipos se realice una evaluación integral de cómo la presencia de los proyectos puede amenazar el abastecimiento de agua de las comunidades.

Para el análisis cuantitativo se tomó como indicador de disponibilidad de agua para los hogares la proporción de hogares con agua mejorada, según la definición del Banco Mundial, recoge tanto aspectos de calidad como de cantidad. La fuente mejorada incluye las conexiones directas del acueducto a la casa o que se encuentren en el lote del usuario. También hay fuentes mejoradas de agua que incluyen pozos comunitarios, llaves públicas, entre otras. Arroyos protegidos y recolección de aguas lluvias también son considerados como agua mejorada. Esto se trata específicamente de agua potable.

La evidencia cuantitativa sugiere una asociación entre las actividades mineras de materiales de construcción y el acceso a agua mejorada. En particular, se observa un menor porcentaje de la población en privación de este servicio en los municipios mineros, relativo al grupo de municipios de comparación. Cuando se analiza la muestra completa de municipios mineros de materiales de construcción, la población privada del acceso a agua mejorada es del 29%. Si se restringe la muestra a los municipios con mayor intensidad en la actividad de extracción de materiales, la población privada del servicio es del 27%. En contraste, los municipios de comparación tienen el 32% de su población privada del acceso a agua mejorada.

Para los municipios mineros de oro, carbón en el interior del país, y carbón en Cesar y La Guajira, no se observan diferencias significativas respecto a sus grupos de municipios de comparación.

 

carbonmaterialesc

3.   Alteraciones de las condiciones de las viviendas

En los departamentos de estudio, frente a las afectaciones físicas a la vivienda, las comunidades coincidieron en que existe una ausencia de estudios, falta de rigurosidad de los mismos y ausencia de validación con las comunidades para medir los impactos de la minería, especialmente frente a las afectaciones al medio ambiente, la infraestructura y la salud.

Una líder comunitaria en el municipio de Suesca, Cundinamarca manifestó su preocupación frente a la incapacidad de medir las afectaciones de la minería por medio de estudios rigurosos, evidenciando un desequilibrio frente al acceso a la información, la validez de los estudios y los recursos económicos locales para financiarlos:

“Como no hay estudios o éstos no son válidos porque no tenemos para pagarle a expertos, entonces no existe una línea base sobre ningún tema por lo que en un futuro no vamos a poder probar los impactos ocasionados por [la empresa minera]”.

Esta problemática es consistente en todos los departamentos de estudio. En ocasiones las mismas empresas y algunos miembros comunitarios manifiestan que aun cuando solicitan formalmente los estudios técnicos que establezcan la relación entre la actividad minera y las afectaciones al ambiente y la infraestructura[7], no reciben respuesta de las instituciones encargadas, según un miembro comunitario en la Guajira:

La empresa contrató un estudio.. para determinar si las explosiones tienen incidencia en las afectaciones a las viviendas pero aún no se conocen los resultados. Cuando hay encuentros con representantes de la empresa, preguntamos por el estudio, sin embargo, evitan la pregunta

Cabe señalar que las comunidades entrevistadas se quejan recurrentemente de las afectaciones a las viviendas, por lo que se llama la atención sobre este asunto por ser una fuente de conflictos entre comunidades y empresas. Las causas identificadas por los actores entrevistados incluyen el efecto de las voladuras en la mina, el paso del tren y el tránsito de camiones en zonas cercanas a las viviendas.

Límites al derecho a condiciones de vida digna, en lo que tiene que ver con condiciones en la vivienda también se sustentan el análisis cuantitativo de variables de interés, en particular, se observa que en los municipios productores de carbón en Cesar y La Guajira el porcentaje de la población privada de paredes exteriores es el 60% mayor que en los municipios del grupo de comparación. En términos absolutos, mientras la población en privación de paredes exteriores en sus hogares es del 7% en los municipios de control, en los productores de carbón en Cesar y La Guajira es de cerca del 12%.

En el caso de la minería de materiales de construcción, en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca, actores comunitarios también hicieron referencia a deterioro en las casas y vías principalmente por el transporte del material y la extracción a cielo abierto. En el barrio el Tunjuelo, por ejemplo, líderes comunitarios mencionaron “Las salidas de las volquetas o camiones que la empresa maneja traen el material y el correr de los vientos hace que vuele el polvo y dé a las narices de los ciudadanos. Eso causa un daño terrible a los enceres de las casas. Porque ese polvito, las amas de casa, las pobres viejas les toca ahí con el trapo limpiando sus muebles, sus equipos de sonido, sus televisores, volié trapo todos los días. Así permanecen todas las casas.”

Del mismo modo, en Suesca, Cundinamarca varios miembros comunitarios sostuvieron: “[La empresa] está a un metro del área urbana. No solo afectan con su polución, mezclas químicas y ruido incontrolable sino también con el transporte del material, han causado deterioro en las vías y agrietamiento de las casas. Por el paso de las volquetas es que se rompen los vidrios de las casas.”

Por su parte, en Duitama, Boyacá, la minería a pequeña escala también genera impactos en las condiciones físicas de las viviendas. Tal y como lo mencionó un miembro de la alcaldía local, “Los mineros que practican la actividad de manera ilegal no aplican buenas prácticas mineras. (…) La principal afectación es que por el uso de explosivos se desprenden rocas inmensas que ruedan causando perjuicios en las viviendas y la comunidad.”

Ahora bien, en términos del acceso a la vivienda en contextos mineros, se encontraron situaciones de aumentos o disminuciones en los precios de la vivienda y los arrendamientos como consecuencia de los efectos que tiene la actividad minera sobre los predios de las comunidades locales[8]. La actividad minera a mediana y gran escala conlleva además de áreas libres para la extracción de minerales espacios para infraestructura de procesamiento, plantas de tratamiento de agua, presas de relave. Todo esto en conjunto tiene efectos sobre el valor de la tierra como expectativa de ganancia para quien la va a vender.

Por un lado, el aumento en el valor o interés sobre predios puede generar mayores impuestos para los propietarios dependiendo de las capacidades de pago, los cambios pueden significar obstáculos para que las personas continúen con sus viviendas. Por otro lado, la actividad minera puede producir depreciación de las tierras por causa de la contaminación ambiental y otros impactos asociados con la actividad. Esto implica directamente el derecho a la vida digna de los habitantes locales. Por ejemplo, en el municipio de Suesca, Cundinamarca un afectado por estos cambios sostiene: “económicamente las tierras han perdido todo su valor, sobre todo las que circundan alrededor de la planta de [la empresa] Nadie va a comprar una tierra al lado de una fábrica de cementos.”

 

carbonoro

4.   Cambios en el acceso y calidad de alimentos en entornos mineros

Las afectaciones a la seguridad alimentaria que tienen que ver con la calidad de los alimentos, en particular la problemática asociada con contaminación por mercurio se describen en el capítulo de salud y ambiente sano. En esta sección se discuten situaciones que afectan las condiciones económicas de acceso a alimentos y su potencial relación con la actividad minera. Debe advertirse que en estas situaciones se encontraron pocas menciones durante las entrevistas, así que los comentarios en esta sección deben entenderse como casos que no necesariamente reflejan la situación del sector y que requieren un estudio más profundo para establecer su dimensión.

 

Una de las afectaciones a la seguridad alimentaria de las comunidades, como se mencionó con anterioridad, son los cambios súbitos de población asociados a “boom” mineros como es el caso de Buriticá. Estas migraciones se traducen en aumento de precios de los alimentos asociado con la presión de demanda por la presencia de mineros con mayor capacidad de compra.

 

En lo que se refiere a factores de producción en la cadena de alimentos, algunos testimonios señalan que la compra de predios se realiza a precios inferiores al del mercado inmobiliario. Condiciones de negociación asimétricas pueden generar una reducción en la riqueza de las familias que se ven perjudicadas por estas prácticas. Si además estas familias derivan su sustento de cultivos de pancoger , el impacto puede ser aún más serio.

Otro insumo que contribuye a la seguridad alimentaria es el agua. Disminuciones de disponibilidad o acceso,  pueden tener repercusiones en la pesca, ganadería y agricultura de la zona afectada. En el Cesar, por ejemplo, las familias alegan que la baja en la pesca, frutos y animales que se conseguían en los ríos y sus alrededores los ha obligado a depender en mayor medida de los productos importados de otras regiones. Esto ha implicado un alza sustancial en los costos de vida, al tiempo que ha supuesto una amenaza para las familias de menores recursos. Testimonios similares se encontraron en comunidades aledañas a los ríos Ticuy, Zoria, y Calenturitas en el Cesar y el rio Ranchería en la Guajira.

Ante esto, una empresa en el Cesar sostuvo que aunque la pesca era una actividad de subsistencia, solo algunas personas la utilizaban para su consumo. También manifestó que no se tienen documentadas las condiciones de productividad pesquera de los ríos, dada la baja representatividad de la actividad en la región. Respecto a la ganadería y la agricultura, estas actividades han dejado de ser atractivas en la región dado que la relación esfuerzo-remuneración es más baja que la de cualquier actividad minera, por lo que las personas al parecer han abandonado estas actividades. Es importante mencionar que la compra de algunas fincas ganaderas y palmeras han generado la cesación de empleos en esas actividades, pero esto se ha compensado en gran medida con las oportunidades de empleo que genera el sector minero en la región.

Un caso que ilustra las debilidades de las comunidades en materia de seguridad alimentaria es la situación de una vereda del departamento del Cesar. Allí los cultivos que proveían la mayor parte de los alimentos de la comunidad desaparecieron con el cambio de la vocación de suelos, ahora destinados a la minería. La ausencia de cultivos alimentarios y los altos índices de desempleo generaron una crisis en el 2009 que obligó a la constitución de un banco de alimentos del cual dependen las familias hasta el momento en que se realizó la entrevista.

La información cuantitativa disponible no permite estudiar la asociación específica entre la actividad minera y un incremento en los precios de los alimentos. No obstante, sí es posible analizar el cambio en el número de hectáreas con productos agrícolas cosechadas. Los resultados son heterogéneos según el tipo de actividad minera al que se refiera. Los municipios con actividad minera de oro presentan menos hectáreas cosechadas respecto al grupo de municipios de comparación. Mientras los municipios de comparación cosechan 2.200 hectáreas anuales en promedio, los municipios mineros cosechan 1.960 en promedio. El caso contrario se presenta para los municipios productores de carbón en el interior del país, carbón en Cesar y La Guajira, y materiales de construcción. Los municipios productores de carbón en el interior del país reportan en promedio 1.900 hectáreas cosechadas y su grupo de comparación 1.600. Los municipios productores de carbón en Cesar y La Guajira reportan 6.240 hectáreas cosechadas, y su grupo de comparación 3.900. Finalmente, los municipios productores de materiales de construcción reportan cerca de 2.800 hectáreas cosechadas, mientras su grupo de comparación reporta alrededor de 2.300.

No obstante, estas cifras no son concluyentes respecto a un mejoramiento o mayor desarrollo del sector agrícola en estos departamentos. Si bien la información estadística no permite concluir al respecto, parte de la mayor extensión en cultivos podría atribuirse al desarrollo de más extensiones de palma en estos territorios.

 

oromaterialesccarbon

5.   Vulnerabilidad de las condiciones laborales

El deber del Estado de proteger los derechos y promover entornos laborales dignos se ve truncado en entornos de baja capacidad de coordinación y ejecución de políticas intersectoriales. El gráfico sobre indicadores de bienestar en Colombia aporta alguna evidencia sobre la situación del país en vulnerabilidad de las condiciones laborales. Al igual que en el caso de vivienda, este es otro indicador en el que la brecha es amplia, no sólo frente al promedio OCDE, sino en comparación con Chile y México. Quizá el principal obstáculo para avanzar en una mayor cobertura y calidad de los mecanismos de protección social proviene de la informalidad y de las actividades de minería ilegal.

En contextos de minería a pequeña y mediana escala la ausencia estatal y debilidad institucional en los territorios dificulta la adopción de buenas prácticas. Además, las condiciones de pobreza en municipios mineros hacen aún más difícil superar estos obstáculos. Así lo ilustra el testimonio de un joven que trabaja en una mina de carbón, que dice ser consciente de los riesgos para su salud que esto representa, pero la posibilidad de proveer a su familia “… hace que valga la pena correr el riesgo”. Esto en el caso de trabajadores que no tienen ningún tipo de aseguramiento.

Los procesos de formalización no tienen el alcance ni están siempre diseñados para responder a las realidades de los retos en seguridad en el trabajo y protección social de los pequeños mineros. No hay estrategias que permitan difundir a la población que más lo necesita el conocimiento técnico y el acceso a tecnologías más seguras. De hecho, en muchos casos se generan desincentivos para operar legalmente, y esto se convierte en otro de los factores que perpetúa el círculo vicioso que impide mejorar las condiciones laborales.

“En el cerro El Burro hay 537 bocaminas abiertas en donde la actividad minera se realiza de manera ilegal, lo que conlleva a prácticas inseguras tales como: tráfico de pólvora o elaboración hechiza, manipulación de la pólvora por personas sin experticia, conexiones fraudulentas y peligrosas a las redes eléctricas, minas sin ventilación y ausencia de elementos de protección para el trabajo en la mina”. (Defensoría del Pueblo, 2015)

En el caso de la minería de oro a pequeña escala, además de los problemas de seguridad en el trabajo, hay figuras de organización de la producción que favorecen la elusión de la responsabilidad de afiliación. Bajo la figura de subcontratos de formalización el minero asume su seguridad social, para reducir costos de producción. Otros mineros aluden a problemas administrativos como “demoras en el proceso de formalización” como un disuasor: “Los procesos de formalización nos han traído más problemas que beneficios, pues ser legal es muy caro y difícil. En cambio, el ilegal hace lo que quiere, no paga seguridad, salud, impuestos”.

El frágil desarrollo institucional a nivel local y regional para asegurar las necesidades básicas de las poblaciones eleva los riesgos asociados a la condición de vulnerabilidad, por lo que resulta relevante señalar que, a excepción de los municipios muestreados para materiales de construcción, los municipios de oro, carbón del interior del país y carbón en el norte del país todos muestran un número mayor de personas en situaciones de pobreza medido por el índice de pobreza multidimensional que los municipios en su grupo de comparación.

Número de personas en situación de pobreza medido por el Índice de Pobreza Multidimensional: Relativo a los grupos de comparación (emparejados por los niveles de población)

Oro: los municipios mineros presentan 17.500 personas en situación de pobreza (su grupo de comparación tiene 14.600).

Carbón en el interior del país: los municipios mineros presentan 12.100 personas en situación de pobreza (su grupo de comparación tiene 9.200).

Carbón en Cesar y La Guajira: los municipios mineros presentan 32.000 personas en situación de pobreza (su grupo de comparación tiene 16.800).

Materiales de construcción: los municipios mineros no presentan diferencias significativas en el número de personas en situación de pobreza.

Los trabajadores de minería a pequeña y mediana escala encuentran vulnerabilidades en sus entornos laborales que se manifiestan por medio de:

  • Aumentos en los niveles de material particulado,
  • Incrementos en los niveles de ruido
  • Riesgos de accidentes y amenazas a la integridad física por colapsos de infraestructura, caída de rocas, y fenómenos de remoción de masa
  • Exposición a sustancias tóxicas como metales pesados
  • Exposición a mercurio por medio de emisiones o consumo de alimentos contaminados
  • Mayor exposición a enfermedades transmitidas por vectores como malaria por acumulación de agua
  • Mayor susceptibilidad a los trastornos por músculo esqueléticos por demandas físicas

Las instituciones responsables de la inspección vigilancia y control en el marco del sistema de gestión de riesgos en el lugar de trabajo no han logrado responder a su misión, a pesar de que este problema se reconoce de tiempo atrás y se han formulado recomendaciones para fortalecer la función de vigilancia. En concreto, hay serias limitaciones en su capacidad de disuadir a los sujetos vigilados de asumir ciertos comportamientos que son riesgosos; de sancionar, cuando sus actuaciones así lo ameriten; de monitorear, con el fin de poder alertar a los entes encargados de contener o prevenir daños mayores con intervención oportuna. Además tienen una limitada capacidad de acompañar o preparar a aquellos que requieren apoyo particular para cumplir con estándares de desempeño razonables.

En Cesar y La Guajira la gran minería empresarial presenta desafíos particulares que son fuente de conflictos. Principalmente, hay tensiones entre trabajadores y empresas relacionadas con la atención oportuna por eventos de enfermedad laboral y discapacidad, y las dificultades para gestionar conocimiento acerca de la evolución de las enfermedades ocupacionales. A continuación, se profundizan en los aspectos más relevantes para respetar los derechos de los trabajadores que laboran en estos entornos.

Uno de los principales hallazgos en los entornos de minería de carbón es la recurrente discusión sobre la inadecuada atención de los trabajadores con enfermedades – discapacidades. Esta investigación no ofrece una conclusión sobre las causales definitivas de este fenómeno, pero llama la atención sobre este por ser el causante de mayores conflictividades y distanciamientos entre las empresas y las comunidades. La evidencia sugiere que las partes no han podido entrar en un diálogo efectivo tanto por la ausencia de información como por la reinante desconfianza entre las partes, frente a esto se identifican las siguientes posiciones que son necesarias para entender esta controversia.

  • Por un lado, el marco normativo (Ley 776 de 2002) establece la obligación del empleador de ubicar nuevamente al trabajador en el cargo que desempeñaba o a reubicarlo en otro cargo para el cual esté capacitado, una vez terminada la incapacidad médica temporal. La intención de la norma es proteger al trabajador en condición de discapacidad, pero en la práctica, las debilidades institucionales en el sistema de salud, por factores como las demoras en tiempos de respuesta para la autorización de la discapacidad y la falta de criterios claros en los mismos procesos para definir los casos de discapacidad, tienen un efecto negativo en el derecho al trabajo digno.
  • La ausencia de información epidemiológica, por un lado, debilita la capacidad de respuesta de las entidades estatales responsables de dirigir el sistema de riesgos laborales, y por el otro crea un terreno fértil para que se arraigue aún más la desconfianza entre empresas y trabajadores.
  • Por su lado, los trabajadores y sindicatos perciben arbitrariedades en el manejo de las discapacidades, y son activos en denunciar que las empresas se benefician de la debilidad del marco institucional para actuar en contravía de los derechos de los trabajadores. Se han hecho públicas denuncias a empresas del sector por malas prácticas en la atención a la población de trabajadores en proceso de obtención de incapacidad médica, como las limitaciones y trabas que las empresas utilizan para dificultar que los trabajadores accedan a incapacidades médicas, y ausencia de transparencia en el reporte de trabajadores incapacitados.
  • En lo que tiene que ver con la actuación de las empresas, los datos disponibles indican que es en la gran minería de carbón en donde hay indicadores más favorables sobre las condiciones de seguridad. Las tasas de accidentalidad son más bajas incluso que las otras actividades productivas distintas a la minería y se comparan favorablemente con la accidentalidad de minas en Estados Unidos (Cerrejón - Universidad del Rosario, 2009).

Sin embargo, frente a la controversia alrededor de las enfermedades-discapacidades la gran minería se enfrentan a un entorno incierto que no propicia una gestión adecuada cuando se presentan estos casos, y se considera que frente a este reto las empresas tienen oportunidades de mejora en la calidad y transparencia de la información; así como en asegurar mejores mecanismos de atención a esta población.

 

 

Bibliografía

Unidad de Planeación Minero Energética. (2014). Evaluación de la situación actual y de los escenarios futuros del mercado de los materiales de construcción y arcillas en las ciudades de Cali, Cúcuta, Villavicencio, Cartagena, Sincelejo, Yopal, Valledupar y Montería. Unidad de Planeación Minero Energética - UPME.

Agencia Nacional de Minería. (21 de mayo de 2015). ANM. Recuperado el 12 de noviembre de 2015, de Sitio Web de la Agencia Nacional de Minería: http://www.anm.gov.co/?q=Produccion_de_carbon_para_2015_estaria_alrededor_de_87_millones_de_toneladas

ANIF. (2012). La desindustrialización en Colombia. Bogotá: ANIF.

Castaño, J. V. (2012). Panorama del sindicalismo en Colombia. Friedrich Ebert Stiftung en Colombia -FESCOL-.

Castilla, C. E. (2013). Violencia contra sindicalistas en medio del conflicto armado colombiano. Revista de Economía Institucional. Vol. 15, Núm. 29. Universidad Externado de Colombia.

Cerrejón. (s.f.). Resumen de desempeño 2013. Obtenido de http://www.cerrejon.com/site/Portals/0/Documents/pdf/informes_sostenibilidad/Resumen_IS2013-ESP.pdf

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA). (- de - de 2014). Marco estratégico mundial para la seguridad alimentaria y la nutrición (MEM). -, -, -.

Confederación Sindical Internacional -CSI-. (2014). Índice Global de Derechos.

Derecho fundamental al agua, Sentencia T-790/14 (- 23 de octubre de 2014).

Drummond Ltd. (s.f.). Resumen ejecutivo 2013 - 2014. Obtenido de http://issuu.com/drummondltd/docs/resumen_ejecutivo_drummond_2013-201?e=19253911/30401900

El Tiempo. (22 de 01 de 2015). Con nuevo sistema buscan atajar el comercio ilegal de oro. Recuperado el 10 de 11 de 2015, de http://www.eltiempo.com/economia/sectores/sistema-contra-el-comercio-ilegal-de-oro/15136079

Eslava, A., Silva, S., Tobón, A. y Vélez, S. (2014). Oro sin sangre basado en la confianza. Ideas para una nueva economía política de la minería aurífera colombiana. Opera, 14, 119-135.

Fedesarrollo. (2011). Pequeña y mediana minería de carbón del interior del país: alternativa de comercialización y financiación a partir de la conformación de alianzas estratégicas. Fedesarrollo.

Güiza, L. (2013). La pequeña minería en Colombia: una actividad no tan pequeña . Dyna 80 (181). Universidad Nacional de Colombia, 109-117.

Hawkins, D. (2014). El carbón y el trabajo en Colombia: a la sombra de la locomotora minera. En A. varios, La minería de carbón a gran escala en Colombia: impactos económicos, sociales, laborales, ambientales y territoriales. Friedrich Ebert Stiftung.

Hawkins, D. (2014). El carbón y el trabajo en Colombia: a la sombra de la locomotora minera. In La minería de carbón a gran escala en Colombia: impactos económicos, sociales, laborales, ambientales y territoriales. Friedrich Ebert Stiftung.

Howard, G., & Bartram, J. (- de - de 2003). Domestic Water Quantity, Service Level and Health. Ginebra, -, Suiza.

Naciones Unidas. (- de abril de 2010). El derecho a una vivienda adecuada. Folleto informativo No. 21. Nueva York, -, US.

Naciones Unidas-FAO. (- de Junio de 2010). El derecho a la alimentación adecuada. Folleto informativo N° 34. Ginebra, -, Suiza.

Naciones Unidas-ONU Habitat- OMS. (- de marzo de 2011). El derecho al agua. Ginebra, -, Suiza.

OCDE. (2015). Estudios económicos de la OCDE COLOMBIA. -: OCDE.

OECD. (2014). Territorial Reviews: Colombia.

OIT - El programa de Trabajo Decente. (s.f.). Recuperado el 3 de 11 de 2015, de http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/lang--es/index.htm

OIT - Trabajo Decente. (s.f.). Recuperado el 3 de 11 de 2015, de http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm

OIT - Trabajo decente en América Latina y el Caribe. (s.f.). Recuperado el 3 de 11 de 2015, de http://www.ilo.org/americas/trabajo-decente-america-latina-caribe/lang--es/index.htm

OIT. (1999). Trabajo decente. Memoria del Director General a la 87.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. Ginebra.

Portafolio. (22 de 01 de 2015). Sin permisos extraen oro en siete departamentos. Recuperado el 10 de 11 de 2015, de http://www.portafolio.co/economia/permisos-extraen-oro-siete-departamentos

Procuraduría General de la Nación. (2010). Trabajo digno y decente en Colombia. Bogotá: Procuraduría General de la Nación.

Procuraduría General de la Nación. (2011). Trabajo digno y decente en Colombia. Seguimiento y control preventivo a las políticas públicas. Bogotá.

Procuraduría General de la Nación. (2011). Trabajo digno y decente en Colombia. Seguimiento y control preventivo a las políticas públicas.

Prodeco. (s.f.). Obtenido de Nuestro informe de sostenibilidad 2011: https://drive.google.com/drive/u/0/search?q=informe%20de%20sostenibilidad%20prodeco

Sentencia , T-675/11 (Sala primera de Revisión de la Corte Constitucional 9 de septiembre de 2011).

Unidad de Planeación Minero Energética. (2012). Cadena del Carbón. Unidad de Planeación Minero Energética - UPME.

 

[1] El indicador representa la diferencia estandarizada en cada variable del país respecto al promedio simple de países de la OCDE.

 [2] En la Guajira, actualmente son 5 las comunidades que están en proceso de reasentamiento. Tres de ellas ya superaron la etapa de traslado en su totalidad y se encuentran en fase de estabilización. Las otras dos, han presentado una dinámica diferente. Una parte de sus integrantes ya fue trasladada y otra parte permanece en su territorio ancestral por considerar que las condiciones de la negociación no satisfacen sus necesidades. Por su parte, en el Cesar, de las 3 comunidades involucradas en la orden de reasentamiento sólo una está en fase de estabilización tras haber optado por una negociación individual con las empresas. Las otras dos están aún en proceso de negociación.

[3] Para mayor información sobre los efectos de la itinerancia en las comunidades étnicas puede remitirse al derecho a Participar en la Vida Cultural

[4] En una entrevista con un experto en temas agrarios en el Cesar mencionó: “el carbón ha sido una causa de desplazamiento del sector rural”

[5] Cabe recordar que el país enfrenta, al momento de realizar las entrevistas, un fenómeno climático extremo que agudiza las condiciones de sequía. A la luz de la presencia de este fenómeno deben sopesarse con cuidado los testimonios que aquí se describen.

[6] Aunque las condiciones geográficas son determinantes para las condiciones climáticas y ambientales de una región, las comunidades mencionan que los contextos ambientales en los que viven hoy son también consecuencia la actividad minera. Como menciona un actor comunitario “La guajira no es como la gente dice, desértica. Aquí en la guajira habían manantiales nacederos de agua por todas partes. Hoy día ya no, existen los nacederos pero están contaminados

[7] Específicamente para el caso de minería de carbón, las comunidades demandan estudios sobre oferta y calidad del agua, condiciones de polvo y ruido en el aire y afectación a viviendas por vibraciones y explosiones en el suelo.

[8] Para profundizar en los cambios en la valoración de tierras adyacentes a minas o a áreas proyectadas para proyectos mineros puede consultar el Derecho a la Propiedad, étnico- territoriales y consulta.

 

 

 

Situaciones que inciden en el derecho a la ASOCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA VIDA PÚBLICA

todosDescargar documento PDF

 

Situaciones observadas en escenarios mineros determinantes en  el ejercicio del

Derecho a la asociación y participación en la vida pública

 

Con el objetivo de profundizar en la relación entre los impactos de la minería y el derecho a la participación ciudadana, en este capítulo se exponen los principales resultados encontrados que reúnen las afectaciones, limitaciones, o incidencias en los derechos a la participación, la información, la expresión y opinión y la libre asociación y reunión.

Derecho a la participación ciudadana en las decisiones asociadas al sector minero

La participación ciudadana en las decisiones asociadas al sector minero está directamente relacionada con la organización del territorio, y por lo tanto, tiene implicaciones en términos de reconocimiento, inclusión, legitimidad y autonomía de las formas de vida, identidades y modelos de desarrollo económico, social y cultural de las comunidades que habitan los territorios.

Las iniciativas de incidencia y participación desde las comunidades a través de diversos mecanismos ponen sobre la mesa la necesidad de transformar el panorama actual de participación ciudadana en las decisiones asociadas al sector minero, con miras a reducir los conflictos territoriales y garantizar los derechos de las comunidades[1].

Ahora bien, es preciso aclarar que las demandas de  participación ciudadana en el sector no son homogéneas. En algunas regiones, los pequeños y medianos mineros buscan el reconocimiento y apoyo por parte del gobierno para ejercer su actividad, y la posibilidad de participar en las decisiones sobre el sector, que en su percepción priorizan la entrada de grandes empresas a los territorios que los mineros locales han explotado durante años. En otras regiones, la prioridad de las comunidades es la protección del ambiente (Ver capítulo de derecho a la salud y ambiente sano) y/o la defensa de otras actividades productivas tradicionales tales como la agricultura o la pesca (Ver capítulo de derecho a participar en la vida cultural).

Así pues, resolver estas contradicciones en un contexto de construcción de ‘paz territorial’[3], implica promover un diálogo participativo e incluyente, con procesos de planeación participativa, que involucre el conocimiento y la trayectoria de los actores locales con la coordinación y los recursos estatales. Para esto es preciso reconocer a los actores locales como sujetos políticos, y no sólo como receptores de política pública.

Lo anterior en concordancia con los estándares internacionales sobre participación, información y justicia en cuestiones ambientales, tales como las evaluaciones de la OCDE[4] y la Declaración de Rio sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992), cuyo Principio 10, que establece que:

El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes (ONU, 1992).

Colombia se encuentra actualmente en un proceso de negociación coordinado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL- que tiene como fin volver vinculante este Principio (10) de la Declaración de Río[5]. Para el contexto minero, volver obligatorio este Principio implicaría cumplir con el mandato constitucional sobre el Derecho a un ambiente sano, que establece que “La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo [el ambiente sano]” (Art. 79), así como ampliar los alcances de las audiencias públicas ambientales para el otorgamiento de licencias ambientales, la publicidad de información de empresas extractivas, garantizar la posibilidad de revocar títulos[6], garantizar las consultas populares en cuestiones mineras y las consultas previas acompañadas del reconocimiento de territorios colectivos y resguardos, entre otros.

 

oro materialesc carbon

1.      Ineficientes procesos de consulta y participación en entornos mineros

Existen una serie de limitaciones al goce efectivo del derecho a la participación y sus derechos asociados. En algunos casos, las limitaciones están asociadas al enfoque y alcance insuficiente de los instrumentos, y en otros casos, están asociados a la inoperancia de los mecanismos existentes. A continuación se analizan los principales instrumentos

  • La Consulta Previa[7]

La participación ciudadana en cuestiones mineras suele asociarse a la figura de Consulta Previa. Esta figura tiene como fin proteger “el derecho a la autodeterminación y gobierno propio, y el derecho al territorio colectivo, derechos unidos intrínsecamente a la pervivencia y supervivencia física y cultural de las comunidades étnicas” (INDEPAZ, 2010, pág. 42).

La Consulta Previa fue introducida en el ordenamiento jurídico internacional a partir del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-. Su Artículo 6 establece que los gobiernos deberán “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” (OIT, 1989). A partir de la Ley 21 de 1991, el Convenio 169 de la OIT se integró al Bloque de Constitucionalidad, es decir, se reconoció como derecho fundamental de los grupos étnicos en el ordenamiento jurídico colombiano.

En el trabajo de campo, las comunidades expresaron la necesidad de garantizar el derecho a la Consulta Previa como condición para la participación equitativa de las comunidades étnicas en las decisiones que los afectan. Para esto, es preciso que la consulta sea:

  • Previa: anterior a la adopción y aplicación de la medida legal o administrativa y a la ejecución del proyecto, obra o actividad.
  • Libre: Sin interferencias o presiones.
  • Informada: Se debe de dar a conocer el objeto de la ley, decreto o del proyecto obra o actividad.

Sin embargo, los actores consultados explican que existen diversas limitaciones en el cumplimiento y aplicación de este mecanismo, que vulneran el goce efectivo del derecho a la participación y de otros derechos de las comunidades étnicas tales como el derecho a la identidad, a la autodeterminación y la igualdad de las comunidades como sujetos de derechos colectivos.

Una de estas limitaciones es la comprensión diferenciada de lo que significa la Consulta Previa. Las comunidades explican que para el gobierno ésta es simplemente una socialización, donde la postura de las comunidades no es vinculante, y en este sentido la aplicación de la figura es obsoleta en términos de participación.

En otros casos, el problema es que ni siquiera se aplica la figura a la hora de otorgar títulos mineros a empresas sobre territorios colectivos y resguardos, o que durante su aplicación, mecanismos de cooptación desde diversos actores interesados sean implementados, fragmentando y debilitando la capacidad organizativa de las comunidades para que participen de manera previa, libre e informada.

Mapa 1 Titulos y solicitudes a 2014 en territorios de comunidades étnicas (Resguardos indígenas y Territorios Colectivos de comunidades negras)

map1

Fuente: Elaboración propia con información de títulos y solicitudes mineras a 2014 del Catastro Minero Colombiano e información de territorios étnicos del Sistema de Información Geográfica para el Ordenamiento Territorial (SIGOT)

Estas problemáticas están asociadas a un limitante más estructural tiene que ver con la ausencia de titulación de tierras a comunidades indígenas y negras. Los títulos colectivos y de resguardo emitidos por el Ministerio de Interior son una condición para la aplicabilidad de la consulta previa. Es decir, aunque en muchas regiones del país las comunidades habitan los territorios desde hace mucho tiempo, necesitan del título colectivo para poder reclamar el derecho a la consulta previa cuando este derecho se superpone a intereses mineros. En este contexto, la minería se ha convertido en un obstáculo para los procesos de reivindicación de derechos de comunidades negras e indígenas.

Este es el caso de varios consejos comunitarios en Chocó y el Norte del Cauca, donde se han otorgado títulos mineros y suscrito concesiones sin consulta previa, pues el Ministerio de Interior no reconoce la existencia de comunidades negras en estos territorios. Aunque las comunidades han apelado a diversos mecanismos para el reconocimiento de sus derechos étnico-territoriales, los títulos y licencias siguen vigentes.

Además de estas limitaciones, los procesos de reivindicación y participación de comunidades étnicas se han visto fragmentados por dinámicas del conflicto armado y la acción de algunos sectores económicos con intereses en los territorios. En algunas ocasiones, la mediación de distintos tipos de violencia (económica, abandono estatal, exclusión social y acción o presencia de grupos armados legales o ilegales) limitan las alternativas de las comunidades, quienes se ven forzadas a aceptar la transformación de sus territorios.

  • Las Consultas Populares

Uno de los mecanismos de participación ciudadana que se ha puesto en marcha en diversos municipios es el de la Consulta Popular. Iniciativas como la de Piedras, Tolima; Tauramena, Casanare; así como múltiples iniciativas en proceso en los departamentos de Antioquia, Tolima, Cauca y Casanare, entre otros, constituyen ejemplos que dan cuenta de las tensiones existentes entre las decisiones del Estado y los intereses de algunas comunidades. 

Este mecanismo está amparado por la Ley 136 de 1994, por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios. El artículo 33 sobre usos del suelo establece que cuando el desarrollo de proyectos de naturaleza turística, minera o de otro tipo, amenace con crear un cambio significativo en el uso del suelo, que dé lugar a una transformación en las actividades tradicionales de un municipio, se deberá realizar una consulta popular de conformidad con la Ley. La responsabilidad de estas consultas estará a cargo del respectivo municipio.

Sobre los procesos que se han llevado a cabo, la Contraloría (2013b) afirma que “se trata de un reclamo legítimo en la medida que se ampara en derechos e instrumentos constitucionales, y refleja el rechazo a decisiones inconsultas del gobierno central que terminan afectando los territorios y la vida de las comunidades” (Contraloría General de la República, 2013, p. 70)

Es preciso aclarar que las demandas de participación en el sector no son homogéneas. En algunas regiones, los pequeños y medianos mineros buscan el reconocimiento y apoyo por parte del gobierno para ejercer su actividad, y para que se les garantice la posibilidad de participar en las decisiones sobre el sector, que suelen priorizar la entrada de grandes empresas a los territorios que los mineros locales han explotado durante años. En otras regiones, la prioridad de las comunidades es la protección del medio ambiente y/o la defensa de otras actividades productivas tradicionales tales como la agricultura o la pesca.

La ausencia de una política nacional integral de ordenamiento territorial y las contradicciones planteadas, inciden en la manera de afrontar los impactos de la actividad minera en los territorios y en las posibilidades, de que éstos se traduzcan en impactos a los derechos de la población.

Caso: Consulta popular Ibagué

En enero de 2016 el Alcalde de Ibagué, Guillermo Alfonso Jaramillo, presento al Concejo Municipal la propuesta de una Consulta Popular para evitar el desarrollo de proyectos mineros a gran escala en el municipio, el cual fue aprobado el 29 de febrero de 2016 por el Concejo. Ahora el Tribunal Administrativo de Tolima decidirá si la iniciativa es constitucional[8]. Esta iniciativa está motivada, según el Alcalde, en que los proyectos mineros, principalmente el proyecto La Colosa de Anglo Gold Ashanti, afectan los recursos hídricos del municipio, especialmente la cuenca del río Coello, “afluente que alimentará el acueducto complementario para darles agua de manera continua a unos 80.000 ciudadanos que dependen de acueductos comunitarios”[9]. También, según las posiciones a favor, la propuesta trata de evitar que la extracción de minerales afecte la agricultura, la vocación turística de la ciudad, además de defender la autonomía del territorio[10].

La consulta pretende que los ibaguereños respondan la pregunta: ¿Está usted de acuerdo, sí o no, con que en el municipio de Ibagué se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminación del suelo, pérdida o contaminación de las aguas o afectación de la vocación agropecuaria y turística del municipio? Dicha pregunta ha recibido críticas de quienes se oponen a la consulta, ya que afirman que la redacción de esta induce necesariamente a una respuesta negativa[11].

La propuesta del Alcalde ha suscitado un intenso debate a nivel nacional. Frente a esto, el Procurador Ambiental y Agrario, Ernesto Cardozo ha expresado en diferentes ocasiones que convocar a una consulta popular minera no es procedente “porque la competencia para definir sobre la utilización del subsuelo es la nación y no los alcaldes y concejos municipales”[12]. Por su parte la empresa ha señalado que la consulta popular no tendría efectos sobre La Colosa, ya que el proyecto queda en el municipio vecino de Cajamarca por lo que no afecta a Ibagué[13]. Otro de los argumentos opositores es que el freno a este tipo de proyectos conllevaría a una afectación en el patrimonio público que podría llegar a los 10.000 millones, como lo manifiesta La Red de Veedurías[14]. Lo cierto es que ésta no ha sido la única iniciativa de este tipo, ya en julio de 2013 en el municipio de Piedras, Tolima, se votó una consulta popular, contra de la explotación de AngloGold, en la que le dijo no a la minería. Por su parte, en Cajamarca se trató de hacer el trámite para la consulta popular en el Concejo pero esta no prosperó[15].

Alcance de los espacios de concertación y diálogo en entornos mineros

Ante la magnitud de los impactos de la actividad minera sobre el ejercicio de derechos de quienes habitan en las zonas de influencia, los espacios de diálogo y concertación con las comunidades en los asuntos que les afectan son trascendentales para el buen funcionamiento de un sistema democrático.

Estos deben ser promovidos para asegurar que las comunidades que pueden ser afectadas estén informadas sobre propuestas y proyectos relacionados con la actividad minera, así como sobre los impactos que ésta puede tener para sus vidas. De igual forma, estos espacios deben propiciar que la población exprese libremente y de manera informada sus inquietudes, opiniones y propuestas relacionadas con el asunto que les convoque y que estas propuestas sean tenidas en cuenta para la toma de decisiones por parte del Estado y las empresas.

Sin embargo, de acuerdo a los hallazgos en campo, aunque procesos como la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva –EITI- y la ley de acceso a la información tienen como fin promover la transparencia en el sector, los espacios de diálogo promovidos por empresas e instituciones tienen diversas limitaciones.

A continuación se describen algunos espacios, mecanismos y acciones promovidos por el sector público y las empresas mineras, que tienen como fin promover espacios de diálogo y concertación y sus limitaciones:


materialesc carbon

2.      Promoción de espacios institucionales y mecanismos de diálogo oficiales en entornos mineros

En el caso de los proyectos que requieren de licencia ambiental, de acuerdo al Decreto 2820 de 2010 (Art. 15), la autoridad ambiental debe socializar con las comunidades afectadas el alcance del proyecto haciendo énfasis en los impactos y las medidas de manejo de propuestas, e incorporar en el Estudio de Impacto Ambiental, los aportes pertinentes hechos por la comunidad durante el proceso de socialización (INDEPAZ, 2010). Además, todos los ciudadanos tienen el derecho a acceder a la información relacionada con las licencias ambientales (Ley 23 de 1973 y el Art. 49 del Decreto 2820 de 2010). Por su parte, la figura de la Audiencia Pública Ambiental, establecida por la Ley 99 de 1993 y reglamentada por el Decreto 330 de 2007, es un espacio donde se reciben opiniones, informaciones y documentos de diversos actores que deberán tenerse en cuenta en el momento de la toma de decisiones por parte de la autoridad ambiental competente.

Sin embargo, los actores consultados en los territorios afirman que la aplicación de estas normas se traduce en muchos casos en una socialización de información meramente descriptiva más que consultiva, y no en un espacio de diálogo equitativo y participativo donde se garantice que la comunidad conozca el alcance y los impactos de los proyectos, así como las opiniones que pueda haber frente a los mismos.

En lo referente al acompañamiento y asesoría institucional, en el trabajo de campo realizado en los municipios, se evidenció un rol pasivo por parte de las instituciones estatales en espacios de concertación asociados con la actividad minera. Representantes de las comunidades en las regiones consultadas se quejan de la ausencia de funcionarios que puedan tomar decisiones en estos espacios. También es común que el establecimiento de mesas de diálogo excluya la participación de algunas comunidades.

Dentro de los espacios de participación promovidos desde el sector público en contextos mineros se identificaron procesos de socialización de resultados de estudios sobre afectaciones al medio ambiente y a la salud y sobre problemáticas sociales y económicas en los municipios.

Por ejemplo, en el departamento del Cesar, las mediciones de calidad de aire son realizadas por un operador contratado por la autoridad ambiental del departamento. Según señalaron los encargados de estas mediciones, cada tres meses se realiza un encuentro con las comunidades donde está ubicada la red de monitoreo para socializar los resultados de las mediciones y explicar el funcionamiento de la misma. Estas jornadas también buscan sensibilizar a las comunidades frente a los impactos que actividades cotidianas pueden tener en la calidad del aire. Es así como se abordan temas como la quema de basuras, el manejo de residuos y el desarrollo de obras civiles, entre otros.

Las instituciones locales manifiestan que estas reuniones presentan unos desafíos importantes. Primero porque la socialización se hace con líderes comunitarios, quienes tienen la responsabilidad de transmitir la información a su comunidad, y segundo, aunque las comunidades reciben positivamente la información, al convertirse en uno de los pocos espacios donde son escuchados, es usual que hagan solicitudes sobre otros temas que superan el alcance de la reunión.

De manera similar, en algunos municipios de Boyacá y Cundinamarca tanto los gobiernos locales como las autoridades ambientales de dichos departamentos se han encargado de realizar mediciones de calidad de aire por material particulado y ruido. Aunque las autoridades locales sostienen haber realizado las socializaciones correspondientes, las comunidades manifestaron que los resultados socializados no concuerdan con su realidad, puesto que afirman que los niveles de contaminación que afrontan son mucho más altos.

En los municipios de Firavitoba, Boyacá y Tabio, Cundinamarca, líderes comunitarios argumentan que las empresas detienen sus operaciones cuando se hacen estas mediciones. De acuerdo con un líder comunitario de la región:

“La autoridad ambiental instauró medidores de ruido y contaminación temporalmente durante 15 días, sin embargo durante ese periodo la empresa paró las actividades, por lo que dejó de contaminar y hacer ruido, por eso en los medidores no salió nad”.

Otros mecanismos de participación que se promueven desde la institucionalidad pública se basan en estudios que involucran a las comunidades, especialmente en procesos de formalización o en problemáticas sociales como el trabajo infantil. En el municipio de Nemocón, Cundinamarca, por ejemplo, la Comisaría de Familia a través de un convenio con compensar, realizó un estudio sobre el trabajo infantil en una zona minera del municipio, la comisaría trabajó con los padres de familia e involucró a miembros de la comunidad en la implementación y socialización del estudio, así lo mencionó un miembro de la Comisaría: “Se hizo visita chircal por chircal, para conocer a qué se exponían los niños y se trabajó con los padres. Logramos muy buenos resultados y se los compartimos a la comunidad.”

En el caso de los procesos de reasentamientos involuntario en el Cesar y la Guajira, la ausencia de instituciones estatales en estos espacios de concertación, han afectado las garantías sobre el ejercicio de los derechos las comunidades. En el caso del Cesar la resolución 0970 del 2010, ordenó el reasentamiento de tres comunidades afectadas por la exposición a altas concentraciones de material particulado en el aire, y exigió la creación de comités de concertación a través de los cuales se llegarán a acuerdos en las condiciones para el reasentamiento y los términos de compensación. La resolución dicta que la participación de la Alcaldía y Defensoría deberá ser activa y obligatoria como garantes de los derechos de las comunidades afectadas. Según las entrevistas sostenidas con los líderes comunitarios y ONG’s en los territorios, las condiciones de la resolución no se están cumpliendo. Es necesario llamar la atención si a través de una resolución ordenando reasentamientos, como fue el procedimiento seguido para los casos de Plan Botito, El Hatillo y El Boquerón en Cesar,  es posible organizar el conjunto de actuaciones de diversas instituciones para garantizar la participación informada en procesos tan complejos como son los reasentamientos. Estos requieren actuaciones que desbordan las competencias de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales-ANLA por cuanto es necesario asegurar actuaciones armónicas en materia de ordenamiento urbano, censos, acceso a la tierra  y acompañamiento de entes de vigilancia por mencionar algunos.

 En el municipio se Suesca, ante la omisión de las continuas denuncias por parte de la comunidad asociadas a los impactos negativos de la minería en el medio ambiente y la salud, el órgano legislativo colombiano asistió a un debate en Suesca, en Abril del año 2015. En el debate se estableció que la operatividad de la empresa presentaba grandes falencias. Tal y como lo declaró un habitante del municipio:

“Se aceptó en pocas palabras que [la empresa] está violando principios constitucionales, pues en este caso la entidad privada está primando sobre el interés público o social y es el interés público el que debe primar sobre el privado”.

El entrevistado expuso que el propósito de estos debates es alertar sobre los fenómenos que violan los principios fundamentales del derecho y del ambiente; además de ejercer un control político que resulte útil para la debida ocurrencia de los trámites judiciales que se puedan iniciar en el futuro: “Lo importante de estos debates es el control político, porque sin la ayuda del poder legislativo no se puede hacer nada”. La comunidad aún se encuentra a la espera de las medidas correspondientes al resultado de dicho debate.

Los entornos mineros suelen coincidir con debilidad o ausencia institucional. Estas características pueden ser una limitación en el acceso a la información, cuando los mecanismos que se disponen por parte de Estado y las empresas en los espacios de comunicación con las comunidades no son diseñados teniendo en cuenta las condiciones socioculturales de los grupos de interés.

La ausencia de estrategias sensibles a las especificidades sociales y culturales de los entornos mineros, tal y como se vio durante el trabajo de campo y en el diálogo con comunidades y autoridades locales, se manifiesta en el uso inapropiado de lenguaje técnico en espacios de socialización e insuficientes esfuerzos para asegurar comprensión de los contenidos.

Esta situación se repite en aquellos casos donde funcionarios del Estado tienen que explicar procesos de seguimiento y vigilancia ambiental. Como ejemplo de esta situación, representantes de la comunidad en el Cesar manifiestan que los procesos de socialización de la red de calidad de aire, además de no ser amplia e incluyente en su convocatoria, no resulta de interés porque los resultados que se presentan no se traducen fácilmente en información que las comunidades puedan utilizar para comprender los impactos en la calidad del aire y los efectos de estos en su salud.

Teniendo en cuenta que estos espacios tienen como objetivo asegurar que las comunidades cuenten con toda la información necesaria para comprender los impactos que los proyectos van a tener en sus planes de vida y en los de su comunidad, no contar con una estrategia de comunicación adecuada es un obstáculo en la libertad de información y en la libertad de expresión, y en consecuencia en el derecho a la participación.

 

oro materialesc carbon

3.      Promoción de espacios empresariales para la comunicación

En concordancia con las iniciativas de regulación y auto-regulación de las empresas consagradas en marcos normativos tales como los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos, los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos, las normas de la Corporación Financiera Internacional, el Pacto Mundial, la Global Reporting Iniciative, entre otros, las empresas deben promover espacios de participación de las comunidades en las decisiones que los afectan para obtener la ‘licencia social’.

Sin embargo, son pocos los casos en los que las empresas presentes en las áreas de estudio están implementando programas de fortalecimiento a la participación ciudadana. Muchas veces estas responden de manera desigual o improvisada, vulnerando así los derechos a la información, expresión y opinión, y en consecuencia, limitando el derecho a la participación equitativa.

En el caso de Buriticá se han establecido programas de fortalecimiento comunitario a través de las fichas del Plan de Manejo Ambiental. Adicionalmente, desde la política de RSC se promueven espacios de interacción con la comunidad como el Sistema de Atención al Ciudadano –SIAC- y la línea de desarrollo sostenible. La empresa argumentó que se han apoyado procesos comunitarios como la conformación de la Mesa de Concertación Permanente de Minería de Buriticá, liderada por la población local como respuesta al avance descontrolado de la minería ilegal presente en el territorio.

No obstante, al comparar en distintos entornos mineros  las prácticas de socialización y dialogo empresas- comunidad es notorio que este obedece a la voluntad y “estilo” que a una aproximación a la construcción de confianza que responda a estándares de calidad, claridad, transparencia.  En general se presenta alto grado de inconformidad con la comunicación y las interacciones previas a proyectas y en a una ausencia casi absoluta de información recibida directamente por parte de entidades del sector minero o de agencias de vigilancia ambiental del nivel nacional o regional.

Como los espacios de interacción en general no son permanentes ni predecibles los escenarios de interacción son muchas veces aprovechados para propósitos distintos a los originalmente planeados. Muchas interacciones previstas para discutir impactos terminan siendo usadas para discutir temas de empleo o contratación local, dándole al diálogo un contenido transaccional que distorsiona los objetivos de socialización de proyectos.

En varios escenarios actores perciben  perciben que el acercamiento por parte de las empresas ocurre únicamente cuando hay experiencias con alguna comunidad que quieren dar a conocer ante un tercero. Son estas ocasiones en las que las acciones de filantropía o inversión social no compensan la necesidad de una comunicación fluida, permanente y abierta.

Varias comunidades consultadas afirman su inconformidad con respecto a las intervenciones de las empresas en espacios de socialización de los proyectos, donde suelen estar lideradas por funcionarios que abusan de tecnicismos lo cual dificulta la comprensión por parte de las comunidades y genera desconfianza. Por ejemplo, según un líder comunitario de la región del Suroeste antioqueño “la empresa entra y no socializa los proyectos, no hace pública la información, hablan de sus proyectos en inglés”. Una empresa en Buriticá, sin embargo, manifestó que para el proceso de socialización del Estudios de Impacto Ambiental, se presentó la información a todas los “stakeholders” a través de un grupo interdisciplinar que permitió un lenguaje más accesible para la comunidad evitando tecnicismo y permitiendo la retroalimentación de comunidades.

En el departamento de la Guajira, líderes comunitarios aseguran que hizo falta una consulta previa con todas las comunidades que se verán afectadas por la desviación de un arroyo que realizará una empresa. Según refieren, únicamente se consultó una población que se encuentra ubicada “de espaldas al río” y no se incluyó a las comunidades de otros municipios que son quienes más sufrirán las consecuencias de esta acción.

En Tabio, Cundinamarca, un miembro del gobierno local sostuvo que las empresas realizan jornadas de socialización en las que acuden ciudadanos, trabajadores y actores del gobierno. Estos espacios también son aprovechados por las empresas para realizar audiencias en las que exponen los pros y los contras de los proyectos mineros. Sin embargo, la comunidad argumenta que no siempre los ciudadanos del municipio son informados de estas socializaciones. Además, una líder comunitaria manifestó que aun cuando se llevan a cabo estos espacios, la comunidad siempre ha insistido en su posición en contra de la actividad minera en la zona, ya que sostienen que la minería es una actividad relativamente nueva e impactante en el municipio y que la vocación del uso del suelo no es minera sino pecuaria.

Iniciativas de participación ciudadana

El Artículo 37 de la Constitución Política establece el derecho a “reunirse y manifestarse pública y pacíficamente”; así mismo el Artículo 107 indica que “también se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y a participar en eventos políticos”. Es decir que el marco constitucional colombiano hace referencia a la libertad que gozan todos los ciudadanos para expresar públicamente sus ideas e intereses colectivos de carácter político, económico, social o cualquier otra preocupación de interés por medio de manifestaciones colectivas como las marchas y plantones, entre otras acciones colectivas.

Por iniciativa de las comunidades y, en respuesta a la falta de soluciones por parte de las empresas y el gobierno, en cuanto a los mecanismos de denuncia e incidencia por parte de las comunidades en los contextos mineros identificados en el trabajo de campo son: paros cívicos, marchas, bloqueo de vías, huelgas de hambre, disturbios, toma de instalaciones plantones y acciones de resistencia civil. Representantes de varias comunidades expresan que la protesta es la única vía para que los conflictos o situaciones problemáticas particulares sean atendidos por parte del Gobierno. También se han llevado a cabo veedurías ciudadanas.

 

oro materialesc carbon

4.      Acciones colectivas por parte de las comunidades

En el trabajo cualitativo, se identificaron varias acciones colectivas de incidencia por parte de las comunidades asociadas a reivindicaciones de diversa índole.

En algunos municipios del departamento del Cesar, la sociedad civil ha realizado movilizaciones y paros como forma de protesta frente a los impactos producidos por la falta de inversión social en el municipio y el transporte de carbón a través de tractomulas, que han generado contaminación, accidentalidad y mal estado de las vías. Aunque algunos de estos paros han derivado en acciones violentas entre la fuerza pública y manifestantes, también han impulsado a la sociedad civil para conformar mesas de trabajo, en las que se ha trabajado de la mano con la alcaldía local y con la autoridad ambiental.

En la Guajira, comunidades de varios municipios se han movilizado y han bloqueado las vías para protestar frente a la contaminación ambiental y a los incumplimientos frente a los reasentamientos por parte de las empresas involucradas.

En la zona del macizo colombiano, a través de foros municipales, las comunidades campesinas e indígenas han promovido grandes movilizaciones regionales por la vida digna, el territorio y el medio ambiente. Estos foros constituyeron insumos para la Audiencia Pública Minero-energética que tuvo lugar en noviembre del presente año, donde se presentó ante el gobierno nacional las preocupaciones sobre la minería en los territorios, sobre las afectaciones al medio ambiente, así como las propuestas y exigencias del sector ante las instituciones competentes[16]. Varios funcionarios de gobiernos locales y regionales apoyan estas movilizaciones en oposición a la gran minería empresarial e ilegal en una región que ha sido declarada por la UNESCO como reserva de la biósfera.

En varios municipios del Suroeste antioqueño las comunidades campesinas e indígenas y organizaciones sociales de base, han organizado caminatas para la defensa del territorio y movilizaciones para visibilizar y denunciar la problemática que vive la región asociada a la entrada de gran minería empresarial. Así mismo, a través de estas iniciativas se han fortalecido los procesos de unión y resistencia que están llevando a cabo frente a los impactos ambientales, económicos, sociales y culturales de la minería. Según las empresas en Antioquia, también se han realizado marchas en contra de la minería ilegal, que en el 2013 atrajo una población foránea transformando la dinámica social, cultural y económica del territorio, agravando el impacto ambiental generado en la zona.

Las comunidades indígenas en varios municipios en los departamentos de Antioquia y Choco, se han movilizado por la defensa del cerro Careperro y han denunciado las irregularidades en los procesos de consulta previa. Durante las jornadas de una de estas movilizaciones se realizó una asamblea de autoridades indígenas por medio de la cual se lanzó la campaña “los Sitios Sagrados Patrimonio Embera para el Mundo”.  En este caso particular la corte constitucional ordenó la repetición de la totalidad del proceso de consulta y ordenó al Ministerio de Medio Ambiente adelantar los estudios necesarios para conocer los posibles impactos del proyecto (Mandé Norte) en las comunidades Emberas ( Sentencia T-769/09). No se conoce que el ministerio haya dado cumplimiento a esta disposición

En diversas ocasiones, las comunidades indígenas y negras del Norte del Cauca han organizado manifestaciones en rechazo a la contaminación de los ríos generada por la minería. En estas movilizaciones las comunidades se han organizado para retirar la maquinaria pesada que utiliza en minas a cielo abierto en toda la región. Los líderes de las movilizaciones han recibido amenazas de bandas criminales.

En las regiones del Nordeste Antioqueño y Bajo Cauca, pequeños y medianos mineros han realizado movilizaciones y paros en oposición a la implementación de una política punitiva y la ausencia de un enfoque pedagógico, que incluya un acompañamiento institucional articulado a los pequeños y medianos mineros con vocación de formalización. Los mineros consideran que los operativos de cierre de minas, en lugar de la implementación de programas con inversión estatal para la mejora de los procesos productivos, son un obstáculo para la garantía del derecho a un trabajo decente a través de la formalización. Esta situación se ha repetido en los últimos años en varios departamentos del país. Aunque se han alcanzado algunos compromisos, estos no siempre se han cumplido por parte del Gobierno, como se verá más adelante en el presente capítulo.

En el municipio de Tasco, Boyacá la comunidad campesina ha protestado durante varias semanas acampando cerca de las vías para no dejar pasar la maquinaria de la empresa minera, con la cual, según lo expone la comunidad, se pretende continuar con la operación de una gran empresa que dejó graves afectaciones al medio ambiente. Los campesinos argumentan que se oponen a la reapertura de mina en defensa de su territorio, ya que quieren proteger el área de subpáramo, las fuentes hídricas y las especies en vía de extinción. Además desean continuar desarrollando sus actividades productivas de ganadería y minería artesanal. Hasta el momento, la empresa no ha dado ningún tipo de respuesta frente a estas protestas. 

Del mismo modo, en los municipios de Tabio, Suesca, Mosquera, Tibasosa y Nobsa las movilizaciones, protestas e incluso paros sociales, se han generado a raíz de la inconformidad de los habitantes por las afectaciones al medio ambiente atribuidas al tránsito constante de volquetas de grandes empresas.

Un miembro del gobierno local de Nobsa, Boyacá afirma:

“Acá en Nobsa ha habido mucha oposición de la comunidad, por la contaminación y el ruido muchas personas se han desplazado hacia Sogamoso. Se han hecho manifestaciones y reclamaciones de toda índole. El ANLA ha venido a visitas especiales pero solo cumple con el deber de ir a visitar y nunca cumple. También hubo un paro por parte de la comunidad en la vereda de Bonsa porque son cientos de volquetas transitando”.

De acuerdo a lo que se manifestó por miembros de la comunidad, aunque se ha disminuido el número de volquetas que transitan por las veredas, las manifestaciones no han dado el resultado que la comunidad espera, puesto que aún continúan las afectaciones al medio ambiente y a la salud.

Algunas de las movilizaciones en departamentos como Boyacá, Cundinamarca, las movilizaciones de la comunidad han jugado un papel crucial dentro de los territorios, puesto que han contribuido a generar acuerdos entre comunidades, empresas y Estado para disminuir los impactos y las afectaciones al medio ambiente. La mayor parte de las reclamaciones de la sociedad civil en esa región tienen que ver con conflictos laborales por el cierre de minas, contaminación ambiental, afectaciones sobre la salud humana, no contratación de mano de obra local, e incumplimiento de acuerdos como el horario de tráfico de volquetas y riego de las vías.

En algunos municipios de Cundinamarca y Boyacá como Mosquera, Cogua, Tibasosa y Nemocón, las empresas han brindado alternativas conciliadoras frente a las protestas de la comunidad. Unas de estas son, la pavimentación de vías, implementación de sistemas de riego de carreteras para mitigar el exceso de polvo, tránsito por vías alternas al casco urbano del municipio y el establecimiento de horarios de tránsito de volquetas.

No obstante, en ocasiones las empresas incumplen este tipo de acuerdos establecidos con las comunidades y los gobiernos locales, lo cual genera tensiones en los territorios, que dan lugar a más reclamaciones y movilizaciones de la sociedad civil. En Firavitoba, Boyacá, por ejemplo, un líder comunitario sostuvo que se han realizado protestas y bloqueos de vías debido a que la empresa ha incumplido los acuerdos establecidos con la comunidad y el gobierno local, para la mejora de puentes y vías, además de aportes a proyectos productivos y mejoramiento de viviendas, como contraprestación de las afectaciones causadas por la actividad minera. Según lo manifestó el líder, las empresas tampoco han respondido a estas reclamaciones.

El bloqueo de vías y de operaciones mineras es otra de las acciones de protesta referidas en los testimonios en las regiones de estudio. Las comunidades manifiestan que acuden a este tipo de acciones pues son el único mecanismo efectivo para expresar sus opiniones y lograr un mínimo nivel de incidencia sobre situaciones que les afectan directamente.

De acuerdo a un habitante de la comunidad dentro del área de influencia de la vía férrea del tren de carbón en la Guajira: “la única forma fue encadenándose a la vía del tren, después de eso si vinieron los señores del gobierno”. Un líder comunitario en el mismo departamento afirmó que debido a la cooptación de las instituciones regionales por intereses empresariales, el único medio para lograr respuestas por parte del Estado o las empresas mineras es a través de la obstaculización de la operaciones mineras. Por su parte, funcionarios de las empresas afectadas por la obstrucción de las vías del tren declararon que las comunidades realizan bloqueos de la línea férrea como estrategia para que les resuelvan problemas no asociados a la actividad minera.

 

oro materialesc carbon

5.      Ejercicio  de veedurías ciudadanas en entornos mineros

Las veedurías ciudadanas se fundamentan en los artículos 40, 79 y 270 de la Constitución Política y están reglamentadas principalmente por la Ley 850 de 2003. Estas constituyen un:

Mecanismo de participación que permite a los ciudadanos o a las organizaciones comunitarias ejercer vigilancia, fiscalización y evaluación en varios campos: sobre la gestión pública que adelantan las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control; también sobre la que ejercen las entidades públicas o privadas, o las organizaciones no gubernamentales que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato, o de la prestación de un servicio público (ILSA, 2008, pág. 61).

En el trabajo de campo, se identificaron iniciativas valiosas, aunque muy escasas, de veedurías ciudadanas. Para garantizar la participación ciudadana y el desarrollo sostenible en el sector minero, es fundamental promover y apoyar estos procesos de vigilancia y el control de los proyectos o actividades mineras que puedan afectar el medio ambiente y los recursos naturales en los territorios (ILSA, 2008)

Muchos de los veedores ambientales en municipios como Tabio y Suesca, Cundinamarca y Villa de Leyva, Boyacá, son profesionales que decidieron desplazarse de las zonas urbanas y vivir en estos municipios en búsqueda una mayor calidad de vida. Sin embargo, debido a la presencia de impactos negativos de minería en los territorios, se han unido conformando veedurías ciudadanas para velar por la conservación del medio ambiente. En Tabio, por ejemplo, la veedora ambiental ha logrado visibilizar la problemática del municipio en diversos medios locales, sobre la situación de contaminación de acuíferos por parte de la empresa.

Particularmente, en el caso de Suesca, Cundinamarca, la comunidad conformó una veeduría ciudadana en temas ambientales, a través de la cual se han denunciado impactos producto de la actividad minera, entre los que están vertimientos, tráfico de volquetas y problemas respiratorios. A través de la veeduría la comunidad misma ha encontrado un espacio para comunicar sus reclamaciones frente a la minería. De hecho, a través de este mecanismo, miembros de la comunidad presentaron 15 recursos de reposición en contra de la licencia a cielo abierto, denunciando temas referentes al recurso hídrico, el suelo, el paisaje, la cuenca alta del río Bogotá, el estudio de impacto ambiental, entre otros. Un miembro de la veeduría ambiental sostuvo que la empresa se ha quedado corta frente a las respuestas a las reclamaciones y el empoderamiento comunitario: “la empresa ha realizado audiencias públicas en las que los empleados de las empresas deben asistir con camisetas de la empresa y gritar arengas en favor de la misma para sabotearnos y los que protestan se les dan bultos de cemento para sus casas y sus patios”.

Frente a la minería de carbón, en el municipio de Albania en la Guajira, los veedores ambientales manifestaron su inconformidad por la presencia de diversas organizaciones que solo visitan los municipios con el objetivo de recoger información y luego no hacen participes a las comunidades de los resultados, ni se genera acción sobre las problemáticas identificadas. Por este motivo los miembros de la veeduría ambiental no accedieron a realizar una entrevista con el equipo investigador.

Una iniciativa interesante es la de algunos pequeños mineros en el municipio de Rosas, Cauca, quienes han organizado jornadas de veeduría ciudadana en sus minas, para mitigar los impactos negativos en el medio ambiente de su actividad y generar espacios de diálogo y confianza con las comunidades que habitan en los territorios donde ellos operan.

Derecho al acceso a información en el sector minero

El derecho a la información se encuentra estrechamente relacionado con el derecho a la libertad de expresión y opinión, por ser el instrumento que permite formular y difundir opiniones. A su vez, está relacionado con el derecho a la participación pues

“Para el ejercicio del control democrático por los particulares, es necesario que el Estado garantice a éstos el acceso a la información de interés público bajo su control. Al permitir dicho acceso, se fomenta la mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad” (García & Gonza, 2007, pág. 47).

En el marco constitucional colombiano, todos los ciudadanos tienen derecho a participar en las decisiones que los afectan (Art. 2), dar o recibir información veraz e imparcial (Art. 20), y presentar peticiones respetuosas a las auto­ridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución (…) (Art. 23).

 

oro materialesc carbon

6.      Ineficientes prácticas institucionales para la gestión de conocimiento

La percepción generalizada de los actores consultados en campo en Cundinamarca, Boyacá, Cesar, Guajira, Chocó, Cauca, Nariño y Antioquia pone de manifiesto que factores como la desarticulación institucional, la falta de programas de promoción y divulgación efectiva, la ausencia de presencia institucional en territorios mineros, los sistemas de información poco accesibles e ineficientes, son limitantes críticos para una participación efectiva de las comunidades en el sector minero, siendo a su vez, una de las mayores fuentes de conflictos.

El derecho a la información supone la necesidad de una plataforma institucional que facilite la obtención de información por parte de los ciudadanos. A su vez, la información específica y de buena calidad implica procesos transparentes y de articulación institucional a nivel local, regional y nacional.

Uno de los obstáculos más visibles que se presenta en entornos mineros es la ausencia e insuficiencia de información útil para los territorios y respuestas a las solicitudes de información. Varios actores comunitarios e institucionales entrevistados en los departamentos de estudio aseguran que las solicitudes de información que realizan las comunidades y las entidades territoriales a las instituciones públicas nacionales no siempre son respondidas o son incompletas por negligencia y descoordinación de las instituciones.

En el municipio de Mongua en Boyacá, la personería solicitó a Ingeominas (ahora ANM), mediante un derecho de petición, el número de títulos presentes en el municipio y los datos relacionados con la afiliación a seguridad social de los trabajadores mineros. La respuesta a esta solicitud únicamente incluyó el número de títulos, omitiendo los datos sobre seguridad social.

Independientemente de la posibilidad efectiva de atender esta petición el caso ilustra una de las muchas dificultades que puede tener una autoridad local para colaborar en el control y en el cumplimiento de las normas.

En cuanto a la ausencia de coordinación para proveer información útil sobre los territorios, una funcionaria de la Gobernación del Cauca se refiere a la ausencia de información sobre traslapes y cruces entre títulos otorgados a nivel nacional con información social y ambiental local y regional en el Sistema de Información Geográfica –SIG- y el Catastro Minero Nacional.

Las entidades territoriales no siempre cuentan con sistemas que les permitan acceder a la información. En el trabajo de campo se corroboró que las instituciones territoriales no siempre tienen mecanismos para catalogarla y tampoco sistemas que les permitan a los diferentes funcionarios y miembros de la comunidad acceder a ésta.

Esta dinámica obliga a las comunidades a desplazarse desde la zona rural hasta las capitales departamentales e incluso hasta Bogotá para tener acceso a determinada información. Por ejemplo, en el municipio de Riohacha, La Guajira, el equipo de investigación identificó algunos documentos útiles para la comprensión de impactos de la minería en la región, sin embargo según las autoridades locales esta información debía ser solicitada directamente en la oficina de comunicaciones de la Contraloría General de la Nación en Bogotá. Los actores comunitarios que podrían verse beneficiados por esta información no cuentan con la facilidad de desplazarse a la capital para adquirir este tipo de documentos.

La descoordinación interinstitucional también afecta a las autoridades locales y regionales, quienes se ven limitadas en el ejercicio efectivo de sus competencias por la excesiva centralización de decisiones desde el nivel central. De acuerdo a un funcionario de la Corporación Autónoma Regional del Cauca –CRC- "el otorgamiento del título es el 80% de la autorización ambiental", es decir, desde el nivel central se otorgan títulos y la CRC no puede oponerse al otorgamiento de la licencia ambiental para el mismo pues "el Estado es el dueño del subsuelo". Las CAR se ven entonces limitadas en su competencia misional: la protección de los recursos naturales. Varias autoridades del nivel local y regional en los departamentos de estudio coinciden en que sus competencias se ven limitadas por decisiones que se toman desde el nivel central.


materialesc

7.      Falta de legitimidad y/o ausencia de  estudios sobre impactos de la minería en los territorios

El derecho a la información en contextos mineros puede verse limitado por la ausencia o invalidez de estudios sobre los impactos de la actividad extractiva en los territorios, y la omisión del componente social en los mismos. De acuerdo con una investigación realizada por la Contraloría,

“(…) muchos EIA ni siquiera incorporan un profesional social para su desarrollo y, por tanto, no se abordan con la suficiencia debida los temas sociales. De ahí que no se garanticen criterios adecuados de la identificación de impactos y medidas y que los talleres sean en la realidad precarios espacios de participación, donde generalmente se ‘socializa’ información mal recogida, sesgada e inadecuada” (Contraloría General de la República, 2013, pág. 118).

En los departamentos de estudio, las comunidades coinciden en que existe una ausencia de estudios, falta de rigurosidad de los mismos y ausencia de validación con las comunidades para medir los impactos de la minería, especialmente frente a las afectaciones al medio ambiente, la infraestructura y la salud.

Tal y como lo manifestó una líder comunitaria del municipio de Tabio, Cundinamarca: “La [autoridad ambiental] no hizo estudios como se requería, por ejemplo, midió la contaminación auditiva cuando la explotación no estaba en funcionamiento, entonces apareció como si no tuviéramos contaminación auditiva”.

Las universidades se han encargado de realizar estudios independientes que demuestran las afectaciones atribuibles a la minería en los territorios. Para el caso de Tabio, actores comunitarios manifestaron que una Universidad realizó una medición de la contaminación del aire, del ruido y del agua, obteniendo como resultado niveles de contaminación por encima de lo permitido por la ley. En el municipio de Tausa, existen investigaciones de tres Universidades diferentes que dan cuenta de los impactos en la salud, principalmente en cuanto a enfermedades respiratorias. En el caso de Suesca, otra universidad midió los impactos de las actividades de una empresa minera y encontró un alto impacto en el paisaje, afectaciones al recurso hídrico y al suelo y altos niveles de contaminación. Estos estudios, a pesar de ser legítimos en los territorios, no se han tenido en cuenta por parte de la autoridad ambiental debido a que los laboratorios de dichas instituciones no estaban certificados.

Una líder comunitaria en el municipio de Suesca, Cundinamarca manifestó su preocupación frente a la incapacidad de medir las afectaciones de la minería por medio de estudios rigurosos, evidenciando un desequilibrio frente al acceso a la información, la validez de los estudios y los recursos económicos locales para financiarlos:

“Como no hay estudios o éstos no son válidos porque no tenemos para pagarle a expertos, entonces no existe una línea base sobre ningún tema por lo que en un futuro no vamos a poder probar los impactos ocasionados por [la empresa minera]”.

Esta problemática es consistente en todos los departamentos de estudio. Las comunidades y algunas instituciones regionales y locales manifiestan que se sienten en desventaja en la discusión con otras autoridades y empresas debido a que no cuentan con estudios técnicos que establezcan la relación entre la actividad minera y las afectaciones al ambiente[17], así como estudios epidemiológicos oficiales que permitan explicar la incidencia de la minería en la salud de las comunidades.

En este punto, el papel de las empresas consultoras es crucial, pues actualmente, el Estado no cuenta con medidas para asegurar que, a través de las consultoras, el conocimiento que se está produciendo sobre el territorio es adecuado y responde a los intereses comunes. Al respecto, varios representantes de la comunidad en Antioquia, Cundinamarca y Boyacá afirman que los Estudios de Impacto Ambiental –EIA- y planes de operación de los proyectos mineros tienen débiles fundamentos técnicos y en muchos casos son copiados.

En algunas regiones, el papel que juegan las universidades no necesariamente beneficia a la comunidad en términos de acceso a la información. En regiones del Cauca y Antioquia, representantes de la comunidad afirman que las Universidades no son transparentes con las comunidades, y que funcionan como consultores de grandes empresas.

En Nobsa, Boyacá miembros del gobierno local afirmaron que las políticas públicas futuras para mitigar los impactos ambientales de la minería no serán eficientes y no responderán a los retos actuales del municipio, debido a que la información recogida está errada e incompleta pues el Ministerio de Medio Ambiente otorgó un plazo muy corto que no permitió producir una información actualizada y sólida. Así lo expuso un miembro del gobierno local del municipio:

“De qué sirve un instrumento de planeación si tiene toda la información errada respecto a la del municipio y no se corrigió porque el Ministerio acosó al municipio por temas de tiempo. Quienes vienen del ministerio nunca tienen capacidad de decisión. Están construyendo la política de la calidad del aire, pero uno sabe que esos documentos de planeación siempre van a aquedar en el papel”.

En ocasiones, las mismas empresas se encargan de presentar estudios técnicos para demostrar que las afectaciones no se producen a causa de la actividad minera. En algunos municipios de Cundinamarca, Boyacá y Antioquia, las comunidades manifestaron que sus reclamaciones a las autoridades han perdido validez debido a los resultados de los estudios adelantados por parte de las empresas mineras. Sin embargo las empresas han recalcado que los estudios que éstas realizan para demostrar los impactos generados o no por su desarrollo son presentados ante las autoridades públicas correspondientes y es competencia de estas entidades avalar la pertinencia o no de dichos estudios. Así pues, son las instituciones públicas quienes deben evaluar los reclamos generados por la comunidad y establecer las sanciones correspondientes.

Por ejemplo, en el municipio de Belén, desde hace 5 años, la mina de caliza de la empresa minera no está en funcionamiento. En el 2007 se registraron explosiones que afectaron las viviendas por lo que la comunidad entabló una acción popular y una tutela. Según líderes comunitarios, la empresa intentó conciliar con la comunidad, presentando un documento en blanco para que fuera firmado por los líderes comunitarios, quienes no accedieron a firmar. El personero municipal realizó el acompañamiento inicial y continuó con la demanda a título personal, una vez terminó su periodo. Actualmente el gobierno local y los ciudadanos del municipio han perdido comunicaciones con el anterior personero municipal. Entre tanto, la demanda no prosperó debido a que la empresa minera presentó estudios técnicos en los que demostró que las afectaciones a las viviendas no eran producto de las explosiones mineras.

La consecuencia de estas situaciones es una pérdida de confianza en la función reguladora y supervisora de las instituciones, una dificultad en acceder a información y una sensación de inaccesibilidad de la justicia. Los estudios sobre conflictividad en entornos mineros adelantados por CREER muestran como las asimetrías en información son una de las tres principales dinámicas originadoras de conflictos.

 

oro materialesc

8.      Debilidades en la respuesta a denuncias por malas prácticas e impactos de la minería en los territorios  

En varios municipios de Cundinamarca, Antioquia, Cauca y Nariño, líderes comunitarios y organizaciones de base han manifestado estar en desacuerdo con la presencia de la minería en los territorios por las afectaciones ambientales que se derivan de la actividad. Miembros de diversas comunidades argumentan que municipios como Tabio, Cogua, Suesca, entre otros, en Cundinamarca, y municipios en el Suroeste antioqueño y el Macizo colombiano se caracterizan por ser ‘municipios verdes’, es decir, municipios donde las comunidades promueven y ejecutan programas relacionados con la protección al medio ambiente. Así pues, los esfuerzos comunitarios se han concentrado en incentivar otros sectores económicos alejados de la minería, como lo es el turismo y la agricultura.

Algunos líderes en estas regiones se han encargado de desarrollar investigaciones fundamentadas en estudios previos para visibilizar los impactos que generan las empresas extractivas, que no han sido tenidas en cuenta a la hora de otorgar títulos y licencias o hacer un control de impactos efectivo. Las entidades competentes, en muchos casos, no han prestado atención a los requerimientos o denuncias de las comunidades y no han dado respuestas a las solicitudes y demandas.

En el municipio de Suesca por ejemplo, miembros de la comunidad sostuvieron que la autoridad ambiental cuenta con una muy baja legitimidad: “La autoridad no tiene buena imagen, su reputación es pésima”. Esto se debe a que dicha autoridad no se ha manifestado frente a las denuncias que realiza la comunidad. Así se mencionó en una de las entrevistas realizadas a un líder comunitario: “Hemos visto a través de estudios personales, que se han otorgado licencias y se ha permitido la explotación por fuera de los requisitos exigidos por las normas ambientales, pero ellos no dan respuesta de eso”. Según la autoridad ambiental, una de las razones por las que este tipo de denuncias no parecen ser escuchadas es debido a que están basadas en dichos estudios personales, que requieren de un sustento académico o normativo.

 

oro materialesc

9.      Administración de la información por parte de empresas e instituciones

En cuanto a las solicitudes de información para la vigilancia y reclamación frente a malas prácticas, si bien este tipo de información está amparada por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, (Ley 1712 2014) distintos actores locales expresaban su inconformidad porque no reciben respuesta a sus solicitudes de información tales como Planes de Manejo Ambiental –PMA- o resultados de evaluaciones y seguimientos a proyectos mineros.

Por ejemplo, en el municipio de Nobsa, Boyacá, la comunidad reclama que la actividad de minería de caliza está impactando los nacimientos de agua del territorio. Un miembro de la comunidad sostuvo que, con el propósito de conocer si las empresas están actuando acorde a sus compromisos ambientales, algunos representantes comunitarios han solicitado a la autoridad ambiental los PMAs de las empresas implicadas; sin embargo, hasta la fecha no han recibido respuesta.

A pesar de que las empresas están llamadas a asegurar la transparencia y el acceso a la información, algunas comunidades, en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Antioquia y Nariño, manifestaron su inconformidad ya que sostienen que las empresas reservan información que se considera pública. Esta situación genera desconfianza en las comunidades en los territorios donde operan las empresas mineras. En el municipio de Suesca, Cundinamarca, por ejemplo, líderes comunitarios manifestaron haber solicitado información a las empresas mineras sobre planes de manejo ambiental, sin haber recibido respuesta.

En otros casos, las entidades territoriales se niegan a proporcionar información sin ningún fundamento legal, ya sea por desconocimiento de la norma o por que privilegian la confidencialidad de documentos públicos por intereses privados, antes que el acceso a la información por parte de la comunidad.

Con respecto a lo anterior, la FLIP señala que: “Frecuentemente los funcionarios no consideran la información como pública y, por lo tanto, no son conscientes de su deber de permitir su publicidad” (FLIP, 2011, pág. 24). De esta manera, “prevalece el interés particular sobre el general y se restringe el acceso a la información. Es decir, es más importante no entregar la información por proteger intereses privados” (FLIP, 2011, pág. 24). Además, se expone que el desconocimiento de la normatividad por parte de los funcionarios genera que estos consideren que existen riesgos políticos o jurídicos por entregar información, por lo que se abstienen a hacerlo. (FLIP, 2011).

Algo similar sucede con el acceso a información precisa para interponer un reclamo, pues según varios actores entrevistados, no existe claridad sobre las competencias de la ANM, la ANLA, el Ministerio de Minas y Energía, las CAR, y en general, de las instituciones asociadas al sector para interponer reclamos. Tampoco existe un sistema de quejas y reclamos que sea obligatorio por parte de las empresas, lo que sí sucede en otros sectores. Además, existen obstáculos en el acceso a información sobre regalías e inversión pública para que las comunidades puedan exigir rendición de cuentas a sus autoridades.

En Antioquia, Cauca y Nariño, tanto mineros locales como organizaciones sociales para la defensa del territorio explican que existen numerosas reservas para obtener información precisa y actualizada sobre títulos, titulares y empresas en los territorios, así como de los alcances e impactos de los proyectos mineros.

A esto se le suma el hecho de muchas veces las comunidades no cuentan con el conocimiento sobre la normatividad asociada al acceso a documentos públicos, por lo que no tienen las herramientas necesarias para reivindicar su derecho a la información una vez se les niega la entrega de ésta por parte de las empresas o de las entidades estatales.

Las empresas por su parte han manifestado que toda solicitud de información tramitada a través del SIAC de la Compañía es resuelta desde la competencia de la empresa privada, ofreciendo las diferentes opciones que tiene un ciudadano para acceder a la información, siendo el principal eje articulador la alcaldía municipal, la personería, la secretaría de minas de Antioquia y Agencia Nacional de Minería. De este modo, la información relacionada con títulos, empresas y estudios de impacto ambiental tiene un debido proceso de acuerdo al trámite institucional requerido. Son estas instituciones públicas las competentes para entregar la información requerida a través de los diferentes mecanismos constitucionales de participación ciudadana.

Derecho a la libertad de opinión y expresión

El derecho a la libertad de expresión y de opinión se encuentra consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –PIDCP- (Artículo 19) y en la Declaración Universal de Derechos Humanos –DUDH- (Artículo 19) como el derecho que tienen todos los individuos de no ser molestado a causa de sus opiniones, de investigar y recibir informaciones y opiniones de toda índole, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Por su parte, el marco constitucional colombiano garantiza el derecho a la libertad de expresión y prohíbe la censura (Artículo 20), garantiza el derecho del pueblo a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente (Artículo 37), así como el derecho de las organizaciones sociales a manifestarse y a participar en eventos políticos (Artículo 107).

En este sentido, la libertad de opinión y expresión está estrechamente relacionada con el acceso a la información, en tanto “el nivel de información al cual se tiene acceso puede restringir o ampliar el campo de acción del individuo” (Diagnóstico de la Situación de la Participación Ciudadana en Suramérica, 2014, pág. 79). A su vez, garantizar este derecho es una condición para la participación ciudadana en una democracia con justicia, equidad y diálogo social.

La investigación en campo encontró evidencias de intereses y agendas específicas en el control de la minería que impiden el ejercicio de la libertad de opinión de líderes comunitarios, defensores de derechos humanos y periodistas. Estos actores son claves en el acceso a la información, en la medida en que exigen y demandan rendición de cuentas de instituciones y empresas. Así mismo, son esenciales para hacer visibles conflictos sociales que inciden directamente en el goce y ejercicio de otros derechos.

 

oro

10.  Desincentivos para la participación en espacios públicos y/o elección de representantes legítimos[18]

Existen diversos impedimentos y obstáculos a la libertad de expresión y opinión de las comunidades y especialmente de líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, quienes tienen una doble tarea: representar los intereses colectivos, pero también asegurar la difusión y divulgación de información para el empoderamiento y participación de las comunidades.

De acuerdo a los hallazgos en campo, las denuncias por la presión que sufren tanto los grupos opositores como los que aceptan la minería por parte de grupos de diversa índole interesados en el debilitamiento de los procesos organizativos fueron recurrentes en contextos mineros. Estas acciones afectan de manera negativa la participación igualitaria de todos los sectores de la población en torno a las decisiones sobre el futuro, el ordenamiento del territorio y modelos de desarrollo.

Las dinámicas de victimización, sumadas a la falta de garantías de seguridad, libertad de opinión y expresión y participación por parte del Estado, muchas veces obligan a estos actores a abandonar los territorios, fragmentando el tejido social y la posibilidad de gestionar procesos participativos desde las comunidades.

Durante el trabajo de campo, se encontró que en la mayoría de municipios de estudio en Antioquia, Chocó, Cauca y Nariño, las amenazas y atentados contra la vida y la seguridad están asociados a la oposición de líderes comunitarios y organizaciones sociales a los impactos y transformaciones generados por la entrada de actores con grandes capitales a los territorios. Las amenazas van dirigidas contra a líderes que defienden el medio ambiente, así como contra pequeños y medianos mineros y sindicalistas[19] que buscan reivindicar su derecho a participar equitativamente en el sector.

Esto ha incidido en que los líderes comunitarios y organizaciones sociales se abstengan de participar en escenarios públicos y ha afectado profundamente la posibilidad de que las comunidades puedan elegir representantes legítimos por miedo a poner en riesgo su seguridad, la de su familia y la de su comunidad.

El temor de la comunidad para expresarse libremente por miedo a ser expuestos se vio reflejado en la reticencia de algunos a participar en el presente estudio. Algunas organizaciones de base, en escenarios de minería a gran escala de carbón, se negaron a conceder entrevistas argumentando la falta de garantías y riesgos que les implica dar declaraciones. Incluso, en las entrevistas con actores institucionales, las autoridades hicieron mención a los riesgos que puede implicar oponerse públicamente a los proyectos mineros.

 

orocarbon

11.  Amenazas a líderes comunitarios y organizaciones sociales en contextos mineros

De acuerdo a los hallazgos en campo, en varios de los departamentos visitados, la entrada de gran minería empresarial e ilegal converge con acciones que vulneran el derecho a la libertad de expresión y opinión de líderes comunitarios y organizaciones sociales. Las amenazas contra la vida y la integridad se presentan contra defensores del medio ambiente que se oponen a la minería en general, así como contra pequeños y medianos mineros que realizan la actividad en territorios donde hay presencia de gran minería empresarial e ilegal o existencia de títulos de grandes empresas.

Por ejemplo, en Cundinamarca, en la localidad de Tunjuelito se constituyó un proceso popular para denunciar las problemáticas que afectan a la comunidad. Dentro de su labor, líderes comunitarios denunciaron malas prácticas empresariales relacionadas con impactos ambientales sobre el rio Tunjuelo y posibles afectaciones sobre la salud humana. Como consecuencia en el 2007, algunos de los líderes de este proceso fueron víctimas de persecuciones y amenazas. Tal y como lo manifestaron, la falta de garantías de seguridad los obligó a salir de la ciudad junto con sus familias. Si bien recientemente las familias desplazadas retornaron a sus hogares, en la actualidad se abstienen de participar activamente en espacios de opinión. En palabras de un líder:

“El proceso popular (…) nació en este barrio. Lo creamos con el fin de que las personalidades de la ciudad y del orden nacional se enteraran sobre las problemáticas, no solamente de la minería, sino también el problema del relleno sanitario de Doña Juana, la inversión social en colegios (…), hasta que nos involucraron en un problema, nos tildaron milicianos de la guerrilla y nos amenazaron para que nos fuéramos. Después me detuvieron y yo estuve abajo en Puente Aranda también detenido por eso, por subversivo”.

En la Guajira, en los municipios de Barrancas, Albania y Hato Nuevo, varios líderes comunitarios expresaron ser víctimas de amenazas por su oposición al “desarrollo económico y minero en la región”. Uno de ellos manifestó: “(…) yo soy una persona que está amenazada y estoy amenazado por liderar, estoy amenazado por defender mis derechos. Me hicieron amenazas por mensajes de texto que decían ‘que me callara, porque si me acercaba mucho al fuego me iba a quemar la candela’”.

En el caso del Cesar, los líderes de las comunidades en proceso de reasentamiento involuntario, ordenado por el Ministerio de Ambiente, manifiestan encontrarse en  una constante situación de inseguridad. La expresión de sus opiniones y su labor como representantes comunitarios se ve restringida por el temor a que puedan atentar contra ellos, al representar figuras activas en los escenarios de diálogo público.

Ahora bien, las zonas de explotación de oro suelen coincidir con zonas de intensa amenaza a los pobladores originada en la presencia de grupos armados y de crimen organizado. En estas zonas, las acciones de intimidación realizadas por grupos armados ilegales a miembros de la comunidad alcanzan unas dimensiones críticas. Estas acciones de intimidación coinciden en muchos lugares con la llegada de las retroexcavadoras al territorio y distintas modalidades de alianzas entre estos actores y grupos armados al margen de la ley.

Las comunidades en zonas del bajo Cauca y en la región del macizo señalan acusan a la policía de actuaciones selectivas frente a la entrada de maquinaria- retroexcavadoras- y refieren situaciones de extorsión por parte de la policía, la expresión utilizada para referirse a corrupción en la policía es el de “águilas verdes”

De acuerdo a una representante de una organización social, en el departamento de Chocó, los habitantes identifican impactos pero por temor, difícilmente hablan sobre la crudeza de las condiciones en las que se encuentran y las violaciones a los derechos humanos de las que son víctimas.

Líderes de organizaciones de pequeños mineros en el Nordeste Antioqueño han recibido múltiples amenazas en contra de su vida e integridad asociadas a su oposición a la entrada de empresas a  la región en tanto, según los autores de las amenazas, los líderes “obstaculizan la entrada del desarrollo a la región”. En efecto, se documentó durante el trabajo de campo que las comunidades han recibido panfletos amenazantes firmados por bandas criminales que declaran como objetivo militar a miembros de las organizaciones de mineros y sindicalistas:

“(…) no se responde por ninguna persona después de las 6pm en la calle (…) si debe haber otra masacre se harán las que sean necesarias (…) limpiaremos el pueblo y mataremos quien sea necesario, es mejor no tener lo que no sirve (…) este pueblo merece progreso (…)”

Por su parte, una empresa en Buriticá manifestó que las amenazas las recibe la Compañía ante el fuerte desarrollo de la minería ilegal vinculada a los mismos grupos al margen de la ley. Las amenas y panfletos recibidos señalan a La Compañía, sus trabajadores y sus colaboradores como objetivo militar.

La ausencia de información pública sobre la presencia de empresas, sobre los proyectos y sobre sus prácticas ha facilitado  el desarrollo de una narrativa anti empresa minera como una amenaza equivalente a la minería criminal. Esta confusión resulta funcional pues la minería empresarial si es aceptada y se rige por estándares apropiados de desempeño social y ambiental tiene posibilidades de permanencia que los actores criminales de la minería no tienen.

En varios municipios de Antioquia y Cauca, líderes comunitarios  denunciaron la intervención de mineros ilegales en política, a través de las acciones intimidatorias y corrupción electoral para asegurar votos en elecciones para candidatos que apoyen la minería criminal.

Muchas veces, la diversidad de posturas sobre la minería en un mismo territorio genera conflictos entre organizaciones sociales, así como la estigmatización, amenazas y asesinatos de defensores del medio ambiente (Entrevista con un funcionario de la Defensoría del Pueblo en el norte del Cauca).

En varios municipios del Suroeste antioqueño, el Macizo colombiano, el norte de Nariño y Chocó, líderes y organizaciones que denuncian los impactos negativos de la minería en los planes de vida de las comunidades, la contaminación ambiental, la ruptura del tejido social, entre otros, son constantemente victimizados. En estos contextos, ambientalistas, líderes sociales, representantes de consejos comunitarios y de líderes indígenas, organizaciones de mujeres[20] y de jóvenes, manifiestan ser víctimas de seguimientos, amenazas, hostigamientos y asesinatos perpetrados por defender su territorio de la minería ligada al crimen organizado.

En la zona del Macizo, el Comité de Integración del Macizo Colombiano –CIMA- ha denunciado en múltiples ocasiones ataques y amenazas contra la vida y la integridad de sus representantes. En un comunicado reciente, la organización denuncia las constantes amenazas a las comunidades y líderes del proceso organizativo campesino e indígena de Almaguer, Cauca, y el homicidio de dos de ellos en el último mes:

“(…) El municipio de Almaguer, ubicado en el macizo colombiano presenta varios de los factores de riesgo generadores de la violencia identificados por la Mesa Humanitaria del Cauca, entre ellos, la presencia de actores armados que ejercen presión contra las comunidades y atentan contra la autonomía de éstas, el desarrollo de la minería a manos de particulares y los intereses de multinacionales en recursos naturales y mineros del territorio, así como el riesgo por la participación alternativa político electoral”.

“(…) El CIMA requiere del Estado colombiano cumplir con la responsabilidad de proteger la vida e integridad de todos los ciudadanos, e investigar los hechos denunciados y judicializar los responsables materiales e intelectuales de los homicidios y amenazas contra integrantes del proceso organizativo campesino e indígena almaguereño (Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH-, 2015)”.

Aunque algunos líderes visibles han logrado recibir protección por parte de las autoridades competentes, la mayoría de los líderes coinciden en que las solicitudes de medidas de protección no son atendidas y tampoco existen procesos de investigación para esclarecer los hechos y los responsables de los atentados. Así pues, existe una preocupación generalizada alrededor de los altos niveles de impunidad de crímenes, contra defensores de derechos, y la lentitud e ineficiencia del sistema judicial para atender estos casos.

Por ejemplo, de acuerdo a un líder social en el macizo colombiano, “el peso de la prueba recae sobre la víctima”. En el Norte del Cauca, un representante de un consejo comunitario afirma que “Ser líder aquí es muy riesgoso” y que el acceso a la justicia es inexistente: “las denuncias sólo sirven para exponerlo aún más”. Esta situación hace que muchos líderes se vean forzados a abandonar los territorios para proteger su vida y la de sus familias.

 

orocarbon

12.  Violaciones a la libertad de prensa en contextos mineros

Además de las limitaciones a la opinión y expresión de líderes comunitarios y organizaciones sociales, los periodistas y los medios de comunicación también sufren amenazas a la vida y la integridad en contextos mineros. En los departamentos mineros visitados se encontraron casos concretos donde periodistas que trabajan alrededor de temas relacionados con el sector - tales como la inversión de regalías, impactos ambientales, persecuciones sindicales y restitución de tierras, entre otros- han sido víctimas de amenazas y atentados por realizar su labor.

Estas acciones suponen graves restricciones al derecho a la libertad de opinión y expresión, así como el derecho a la información. En efecto, la falta de garantías para la realización de su actividad, junto al clima de inseguridad y censura, ha generado que los periodistas en las regiones mineras no puedan ahondar en los detalles o no se atrevan a denunciar las problemáticas asociadas a la minería que afectan a los territorios.

La Fundación para Libertad de Prensa –FLIP-, registró, para el año 2014, un total de 40 violaciones a la libertad de prensa en los departamentos de estudio. Antioquia figura como el departamento con mayor número de violaciones registradas con un total de 17 casos, seguido de Cauca y Cundinamarca con un total de 6 y 5 violaciones respectivamente.

 

Violaciones a la libertad de prensa 2014 en los departamentos visitados durante el EISI

 

No. de violaciones por año

Antioquia

Boyacá

Cauca

Cesar

Chocó

Cundinamarca

Guajira

Nariño

Nacional

2010

5

1

3

4

2

1

/

5

117

2011

12

2

10

6

1

2

3

4

132

2012

16

5

6

11

5

2

4

4

159

2013

17

1

6

3

1

8

1

1

123

2014

17

2

6

1

3

5

3

3

133

Fuente: Base de datos de la Fundación para la libertad de Prensa –FLIP-

 

Si bien el cuadro anterior no pretende sugerir una asociación directa de amenazas a la libertad de prensa con la minería si revela que hay un contexto de riesgo para el ejercicio de la libertad de informar que se agudiza en presencia de actores armados, crimen organizado  y corrupción administrativa, ellos sí asociados a la minería ilegal o la las desviaciones en el uso de regalías. El trabajo de campo corrobora esta problemática. En el Cesar por ejemplo, han amenazado a periodistas que denunciaron irregularidades en la inversión de regalías y contrataciones públicas por parte de las administraciones locales. En el 2011, la jefe de comunicaciones del Comité de Seguimiento a la Inversión de Regalías –CSIR- recibió amenazas por individuos que se identificaron como miembros de una banda criminal. Tal y como lo estableció, este comité se creó para vigilar la gestión y ejecución de los recursos de las regalías en el departamento para hacer frente a la corrupción. Como consecuencia de las amenazas y dinámicas de cooptación, dicho Comité perdió capacidad de acción y participación en los procesos de rendición de cuentas. En el mismo departamento, los miembros de procesos de veedurías ciudadanas a nivel local han sido amenazados por grupos armados que se ven beneficiados económicamente a través de la corrupción de los funcionarios públicos. Frente a esto, una de las empresas en el Cesar manifestó que la empresa, siempre que las conoce, rechaza las amenazas o atentados, de cualquier tipo, contra los líderes de las comunidades y contra cualquier ciudadano. 

En la región del Bajo Cauca antioqueño existe evidencia de presión sobre los medios de comunicación. Periodistas en esta región denuncian que son constantemente amenazados por abordar temas asociados a la minería ilegal y su relación con actores armados. Esto, por ejemplo, genera que emisoras regionales y locales, canales de alto valor para el acceso a la información, eviten por completo ofrecer noticias al respecto. Una entrevista realizada por la FLIP a un periodista de la emisora de Tarazá, corrobora este hecho: “En el año 2009 funcionaban nueve emisoras y hoy solo existimos nosotros, pero en nuestra programación ya no tenemos ningún espacio noticioso, solo trasmitimos música y los servicios sociales que pide la alcaldía” (FLIP, 2014).

Derecho a la asociación y reunión

La carta internacional de derechos humanos[21] consagra el derecho a la asociación y reunión pacíficas en relación con sus intereses comunes de cualquier índole para promover, ejercer y proteger sus intereses legítimos de orden político, económico, religioso, social, cultural, profesional, sindical o de cualquier otro orden (DUDH, Art. 20; DADDH, Art. XXI-XXII PIDCP, Art. 21 y 22)  

Por su parte, la Constitución Política establece que “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente” (Art. 37), así como la garantía al “derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad” (Art. 38). Asimismo, estipula que:

“El Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan” (Art. 103).

En este sentido, el derecho a la reunión y asociación es un derecho fundamental para la realización del derecho a la participación en una sociedad democrática. Sin embargo, los hallazgos en campo presentan diversas limitaciones a este derecho que van desde la restricción de la participación en reuniones a líderes sociales de agremiaciones de mineros y sindicatos[22], así como a organizaciones sociales defensoras del territorio y el medio ambiente.

 

oro

13.  Presencia de actores armados en contextos de minería

Como se mencionó anteriormente, las zonas de extracción de oro suelen coincidir con zonas de conflicto armado y de presencia de bandas criminales. La presencia de actores armados en estos entornos obstaculiza que grupos de personas se asocien para solicitar mejores condiciones en la protección de sus derechos De acuerdo a hallazgos en campo existen alianzas entre actores armados y operaciones mineras.. En este contexto los procesos asociativos para solicitar más y mejores condiciones en la protección de sus derechos se ven obstaculizados a través de diversas dinámicas.

 

Mapa 2 Presencia actores armados en el territorio Colombiano

map

Fuente: Elaboración propia con información de presencia de actores de armados de Fundación Paz y Reconciliación (2015)

De acuerdo a un líder social en el Suroeste antioqueño, las dinámicas del conflicto armado, desplazamiento y desapariciones en los años 90 favoreció el acaparamiento de tierras y luego la entrada de la minería a través de los procesos de titulación indiscriminada y  a un contexto de “pobreza inducida”. Según el, esta dinámica generó rupturas del tejido social, enemistades y conflictos, divisiones dentro de la comunidad e incluso dentro de mismas familias, debilitando los procesos asociativos de reivindicación de derechos en la región.

Por su parte, un funcionario de la alcaldía en un municipio del Norte del Cauca explica que la regulación y mediación de actores armados en la actividad minera a través de maquinaria, impuestos ilegales, amenazas, intimidación, secuestros y cooptación, así como la instrumentalización del Estado por parte de mineros informales, han generado un panorama de violencia para opositores que debilita iniciativas organizativas para la defensa de derechos. En un espacio de diálogo con consejos comunitarios en esta misma región, los representantes expresaron su preocupación en relación con las amenazas a los líderes y desplazamientos selectivos que fracturan los procesos organizativos y dificultan la visibilizarían  de abusos y reivindicación de derechos.

En zonas del Chocó y Antioquia, toques de queda impuestos por grupos armados que le prohíben a los ciudadanos salir a la calle impide directamente el ejercicio del derecho a la libre asociación y reunión.

A pesar del apoyo que  ONGs brindan a asociaciones y organizaciones defensoras del medio ambiente en varias regiones del país, la ausencia de garantías de seguridad y protección a líderes que se oponen a la minería, afecta de manera profunda la capacidad organizativa de las comunidades en los territorios. De acuerdo a una representante de una ONG en Chocó, debido a la victimización y amenazas que han sufrido los líderes de las comunidades étnicas en el marco del conflicto interno armado se han debilitado los procesos de participación y conocimiento de derechos.

En algunas regiones con presencia de actores armados, la entrada de la minería ilegal  trae consigo una serie de impactos sociales y ambientales asociados al debilitamiento de organizaciones y asociaciones defensoras de derechos. En estos contextos, la garantía de la participación de estas comunidades, la inclusión de su concepción del territorio y su idea de desarrollo, así como la articulación efectiva de las comunidades y organizaciones sociales es crucial para prevenir fenómenos de conflictividad social y violaciones a los DDHH.

Así pues, tal y como se expuso en un espacio de diálogo con consejos comunitarios del Norte del Cauca, los asistentes identificaban como alternativas a estas problemáticas la construcción de canales de diálogo inter-regional donde se puedan compartir las experiencias de resistencia y soluciones en otros lugares del país. Esto con el fin de crear redes para el posconflicto encaminadas a la recuperación y reparación histórica.

 

oro materialesc

14.  Desincentivos para la asociación de personas

El derecho de asociación se puede ver afectado por diversas causas incluyendo en ocasiones prácticas empresariales que pueden generar divisiones en la organización de la comunidad, estas prácticas pueden responder inclusive a peticiones de empleo o contrataciones que se le exigen a las mismas empresas. En otras ocasiones las comunidades se han fragmentado por conflictos asociados a vinculaciones de sus miembros a la minería criminal y a las estructuras que la orientan y regulan. Esta situación fragmenta el tejido social en los territorios[23], y tiene impactos negativos en el derecho a la participación equitativa e informada de las comunidades.

Por su parte, en el municipio de Firavitoba, Boyacá, donde un líder comunitario manifestó que algunos años atrás la comunidad se encontraba unida y se manifestaba en contra de la actividad minera en la zona debido a las afectaciones al medio ambiente. A raíz del interés de expandir la actividad minera, las empresas ofrecieron empleo a la comunidad, por lo que muchos cambiaron de parecer frente a las afectaciones de la minería. Un líder comunitario sostuvo que la mano de obra local que contrata la empresa sigue siendo significativamente baja; sin embargo ahora, muchos miembros de la comunidad apoyan la minería en la zona debido a que las empresas otorgaron dinero a algunos líderes comunitarios:

“Las explotaciones están la una de la otra a 500 metros y a menos de un kilómetro lineal. Hace un mes y medio [la empresa] socializó para expandir la explotación a 15 años más. Unos estuvieron a favor y otros en contra. Los que están a favor buscan es dinero particular. La empresa da dinero y eso es lo que nos tiene en conflicto.”

Del mismo modo, un líder comunitario sostuvo: “El peor conflicto que tenemos es entre nosotros mismos porque la empresa nos dividió, estamos completamente divididos. No hay unión, no hay pensamiento común entonces es muy difícil desarrollar proyectos”.

De acuerdo a un representante de una organización de base en la región del suroeste antioqueño (una región tradicionalmente agrícola), la entrada de minería empresarial e ilegal generó divisiones dentro de la comunidad y dentro de las familias: “Un hermano anda con moto, el otro con azadón”. En municipios del Suroeste antioqueño donde ya existe presencia de emprendimientos mineros, representantes de una organización social afirman que las organizaciones están desarticuladas y desempoderadas, “la corporación [haciendo referencia a la organización social de base] está sola en la región”.

En el caso particular de Buriticá, el desarrollo del proyecto minero de la empresa se enfrenta al desarrollo minero ilegal liderado por bandas criminales, lo cual transformó la dinámica del municipio a partir del enriquecimiento espontáneo y encadenamiento de bienes y servicios ilícitos.

 

SIGLAS

CEPAL      Comisión Económica para América Latina y el Caribe

CIDH       Comisión Interamericana de los Derechos Humanos

CIMA       Comité de Integración del Macizo Colombiano

CRC         Corporación Autónoma Regional del Cauca

CSIR        Comité de Seguimiento a la Inversión de Regalías

DADDH     Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre

DUDH      Declaración Universal de Derechos Humanos

EIA         Estudios de Impacto Ambiental

EITI        Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva

FLIP        La Fundación para Libertad de Prensa

OCDE       Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos

OIT         Organización Internacional del Trabajo

PIDCP      Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

PMA        Planes de Manejo Ambiental

RSE         Responsabilidad Social Empresarial

SIG         Sistema de Información Geográfico

UNESCO    Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

 

 

 

Bibliografía

Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH-. (24 de 11 de 2015). Proceso campesino de Cauca en riesgo. Recuperado el 2015 de 11 de 29, de http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticias-cmh/proceso-campesino-de-cauca-en-riesgo

Contraloría General de la República. (2013). Minería en Colombia: Derechos, Políticas públicas y Gobernanza. Bogotá.

Diagnóstico de la Situación de la Participación Ciudadana en Suramérica. (2014). Los Casos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. . Lima: AAS, CDES, CEDLA, DAR e IBASE.

El Espectador. (21 de 12 de 2013). ‘Se puede ganar en primera vuelta’: Santos. . Consultado el 19 de noviembre de 2015. Recuperado el 11 de 19 de 2015, de http://www.elespectador.com/noticias/politica/se-puede-ganar-primera-vuelta-santos-articulo-465498

FLIP. (12 de 08 de 2014). La FLIP condena asesinato del periodista Luis Carlos Cervantes, en Tarazá, Antioquia. Recuperado el 2015 de 11 de 28, de http://flip.org.co/es/content/la-flip-condena-asesinato-del-periodista-luis-carlos-cervantes-en-taraz%C3%A1-antioquia

García, S., & Gonza, A. (2007). La libertad de expresión en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. México: Corte Interamericana de Derechos Humanos y Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

ILSA. (2008). Manual de Acceso a la Información y a la Participación Ambiental en Colombia. Bogotá: ILSA y Universidad del Rosario.

INDEPAZ. (2010). Minería y derecho a la participación.

OIT. (1989). Convenio sobre pueblos indígenas y tribales.

ONU. (1992). Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo.

 

[1] Algunas de estas iniciativas serán tratadas más adelante en esta misma sección.

[2] Tal y como lo expresaba un funcionario de la Alcaldía de Santander de Quilichao: “¿Para qué hacer Planes de Desarrollo locales, regionales, con un gran esfuerzo conjunto de concertación e inclusión  con los planes de vida de comunidades indígenas y afrodescendientes, si el nivel central aplica políticas no consultas con las autoridades locales y las comunidades y decide desde Bogotá que el Cauca es un departamento minero?”

[3] Jaramillo, S. Alto Comisionado para la Paz: Conferencia en Harvard. Publicado en Redprodepaz. Disponible en: http://www.redprodepaz.org.co/noticias-red/1-general-/135-alto-comisionado-para-la-paz-conferencia-en-harvard. Consultado el 23 de noviembre de 2015.

[4] Una de las materias en las que peor le fue al país fue en materia ambiental, entre otras razones, por no garantizar  a cabalidad el derecho a la participación ciudadana. Para consultar los resultados y recomendaciones de la evaluación ver OECD, Evaluación y recomendaciones Colombia en: http://www.oecd.org/env/country-reviews/Evaluacion_y_recomendaciones_Colombia.pdf.

[5] Para profundizar en la postura de Colombia en las negociaciones, ver: Rodríguez, D., Durán, H. (11 de noviembre de 2015). “Miopía y torpeza ambiental de Colombia en la CEPAL”. Semana Sostenible. Disponible en: http://sostenibilidad.semana.com/opinion/articulo/miopia-torpeza-ambiental-colombia-cepal/34118. Consultado el 23 de noviembre de 2015.

[6] De acuerdo a un académico consultado en el departamento del Cauca, la política minera actual no contempla la posibilidad de revocar títulos. Únicamente contempla la “cesión de derechos”, que depende por completo de la voluntad de la empresa, o los “subcontratos de formalización”, cuyos términos de tiempo y beneficio para las comunidades son cuestionables.

[7] Para profundizar en la cuestión de Consulta Previa, ver Capítulo sobre derecho a la propiedad, derechos étnico-territoriales y de consulta y derecho al trabajo

[8] http://www.elespectador.com/noticias/nacional/concejo-de-ibague-aprueba-consulta-popular-minera-articulo-619478

[9] http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/consulta-popular-minera-en-ibague/16519803

[10] http://www.elnuevodia.com.co/nuevodia/tolima/ibague/280320-el-empedrado-camino-de-la-consulta-minera-en-ibague

[11] http://lasillavacia.com/historia/en-ibague-se-cocina-el-futuro-de-la-mineria-53141

[12] http://www.rcnradio.com/locales/diversas-posiciones-frente-la-consulta-popular-minera-ibague/

[13] http://lasillavacia.com/historia/en-ibague-se-cocina-el-futuro-de-la-mineria-53141

[14] http://www.cmi.com.co/consulta-popular-en-ibague-sobre-mineria-fue-propuesta-para-el-5-de-junio

[15] http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/primera-vez-un-concejo-municipal-aprueba-una-consulta-p-articulo-619483

[16] Para conocer más sobre la Audiencia, ver: “Se realizó audiencia pública minero energética en Popayán” (28 de noviembre de 2015). Proclama del Cauca. Disponible en: http://www.proclamadelcauca.com/2015/11/71097.html. Consultado el 28 de noviembre de 2015.

[17] Específicamente para el caso de minería de carbón, las comunidades demandan estudios sobre oferta y calidad del agua, condiciones de polvo y ruido en el aire y afectación a viviendas por vibraciones y explosiones en el suelo.

[18] Ver también capítulo sobre vida, libertad y seguridad

[19] Las organizaciones sindicales son uno de los sectores a los que el derecho a la opinión y a la libre expresión se ve más restringido como resultado de amenazas y atentados contra su seguridad. Teniendo en cuenta la magnitud de las afectaciones a los derechos de este grupo poblacional, los impactos de este derecho en el caso de las organizaciones sindicales serán tratados en el capítulo de Derecho al trabajo.

[20] Ver por ejemplo la crónica sobre las 80 mujeres afro que llegaron desde el Cauca para impedir que la minería ilegal arrase con el oficio ancestral del barequeo  publicada por Natalia Orduz (18 de diciembre de 2014). “Las mujeres del oro en el Cauca”. Las2orillas. Disponible en: http://www.las2orillas.co/las-mujeres-del-oro-en-el-cauca/#.Vk_Q8ul34ZE.facebook. Consultado el 26 de noviembre de 2015.

[21] La Declaración Universal de Derechos Humanos –DUDH-, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre –DADDH- y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos – PIDCP-

[22] Las limitaciones al derecho de asociación y reunión que afectan el derecho de participación de pequeños y medianos mineros se trata a profundidad en el Capítulo sobre derecho al trabajo.

[23] Los impactos de la minería en el tejido social se desarrollarán con mayor profundidad en el Capítulo del Derecho a participar en la vida cultural.  

Situaciones que inciden en el derecho a la VIDA, LIBERTAD Y SEGURIDAD

todosDescargar documento PDF

 

 

 Situaciones observadas en escenarios mineros determinantes en  el ejercicio del

Derecho a la Vida, Libertad y Seguridad

 

En algunas regiones los entornos mineros son espacios de alta conflictividad armada y delincuencial. En esos contextos, los derechos a la libertad y la seguridad de las personas corren un alto riesgo de ser vulnerados. La naturaleza de las vulneraciones varía y están relacionadas tanto con grupos organizados armados al margen de la ley -GAI- y bandas criminales -BACRIM-, como con acciones u omisiones por parte de actores estatales, incluyendo algunos miembros de la Fuerza Pública (Ver capítulos de derecho a la libre circulación y permanencia y capítulo de derecho a la propiedad, derechos étnico territoriales y consulta). 

Mapa 1. Influencia de GAI Y BACRIM en zonas mineras

Map1

Fuente: Elaboración propia con información de títulos mineros del Catastro Minero Colombiano, producción minera del Sistema de Información Minero Colombiano – SIMCO y mapas de presencia de grupos armados ilegales a 2015  (Fundación Paz y Reconciliación, 2015

 

oro

1.   Vacíos institucionales en escenarios mineros con presencia de crimen organizado

Uno de los mayores retos a la protección de los derechos a la vida, seguridad y libertad ocurre en escenarios con presencia de crimen organizado. De allí se derivan muchas de las dificultades para el disfrute de los demás derechos. Por ejemplo, cuando hay presencia de minería informal en estos escenarios la inflexibilidad de normatividad minera sea fuente de tensiones y contribuya al estigma de criminalización.

El análisis cuantitativo sugiere una posible asociación entre el desarrollo de actividades mineras y la presencia de grupos armados. Adicionalmente, y como es de esperar en razón a la mayor presencia de grupos armados ilegales, se encuentra una asociación entre el desarrollo de actividades mineras y la actuación de grupos armados en diversas actividades ilícitas que limitan la libertad de los ciudadanos. En la medida en que el espacio cubierto por grupos armados ilegales puede interpretarse como vacíos del ejercicio de la ley por parte del Estado, estas situaciones conllevan posibles omisiones del Estado.

Un líder de una comunidad negra en el Chocó pone en contexto la desprotección por parte del Estado tanto para mineros como para habitantes locales en su región: “en la parte de violencia hubo una época que acá incursionó un grupo guerrillero que se autodenominan los BENKO, entonces ellos empezaron a exigirle contribución económica a los empresarios mineros, entonces ellos se sienten acosados y se van. Cuando retornan ya vienen con su seguridad protectora que son las AUC, entonces ahí ya se cambia todo el contexto social y de seguridad. Entonces ellos vienen y toman posesión, ya el minero que antes tenía y andaba con temor, que le reconocía inclusive al dueño de las tierras su derecho, entonces ahí fue imponiendo su voluntad. A lo que le quiero apuntar es, al reconocimiento o violación de derechos por parte de los del Estado o las empresas”.

De acuerdo a un informe de la Policía Nacional “la explotación minera del país ha sufrido importantes tropiezos como consecuencia de la ambigüedad y vacíos que presenta su regulación, lo cual ha dado lugar a un alto grado de inseguridad jurídica para los receptores de la norma, además de que los parámetros legales expedidos para regular y legalizar la minería no han sido objeto de estudios previos que involucren contenidos tan importantes como el poblacional, el social, el ambiental, el territorial y el económico” (Policía Nacional de Colombia, 2012).

Una de las grandes responsabilidades del Estado, de acuerdo al mismo informe de la policía tiene que ver la criminalización de mineros informales y no generar estrategias para controlar los mercados negros: “En este sentido, el Código de Minas, al abordar el asunto de la minería ilegal, solo hace referencia a la actividad que no cuenta con título vigente o sin autorización del titular de la propiedad privada donde se hará la explotación minera. Es decir, se criminaliza al minero informal, pero no contempla estrategias, por ejemplo, para combatir el contrabando de minerales “negros” como el coltán, el tantalio o el titanio, de gran demanda y alto valor actualmente, cuya explotación se da en las selvas del sur-oriente del país”  (Policía Nacional de Colombia, 2012).

De acuerdo con varias organizaciones de pequeños mineros entrevistados en campo, se encuentran abusos en contra de pequeños mineros formales e informales por parte de la fuerza pública. En palabras de quien para entonces era ministro de minas, el Estado también habría cometido abusos con pequeños mineros “como Estado tengo que decir mea culpa por un error que se cometió aquí en el Chocó al aplicar el decreto 2235 porque es verdad, el septiembre pasado a raíz del paro nacional ellos según los mineros del Chocó, sus asociaciones, sus gremios, en una actitud civilista prefirieron el diálogo a la confrontación y como resultado de ese diálogo se elaboró un protocolo para la aplicación de este decreto 2235, y por un error involuntario se terminó destruyendo una maquinaria que no tenía nada que ver con minería que tuvieron nexos con la criminalidad y tenemos como gobierno, así como el presidente Santos se disculpaba ayer en Santander por la tardanza del gobierno en responderle a la comunidad por los estragos de la tragedia invernal y la lentitud del gobierno de responderle a esa comunidad, yo también tengo hoy que reconocer que ése fue un error que se cometió y que vamos a velar porque no se cometa hacia el futuro, porque de esa manera el gobierno pierde credibilidad” (Ministro de Minas, 2014).

La titulación minera indiscriminada y sin aseguramiento de las calidades técnicas e integridad de los peticionarios de acuerdo con informes de la policía, ha conducido a favorecer a los mismos GAI, BACRIM y mafias asociadas a la minería en detrimento de la población de municipios mineros por medio de la violencia: “Uno de los síntomas de estos vacíos jurídicos en materia minera ha sido la facilidad con que se otorgan licencias para la explotación de minas, situación que ha sido aprovechada por los grupos armados ilegales tanto guerrillas y más recientemente las bandas criminales para lavar dólares y apropiarse de las regalías en municipios mineros, así como para generar riqueza mediante la explotación, en ocasiones legal, de minas compradas a través de testaferros y exportar de forma ilegal minerales como oro y coltán a los países vecinos. Al igual que con la agroindustria, la participación de las mafias y de los grupos ilegales en el sector minero ha generado desplazamiento, despojo y violencia”  (Polícia Nacional de Colombia, 2012).

No obstante, es importante resaltar que la evidencia cuantitativa también sugiere una asociación entre el desarrollo de actividades mineras y una mayor presencia de fuerzas policiales. Esto no implica necesariamente riesgos a la vida asociados a la mayor presencia policial, y de hecho, se podría presumir el caso contrario. No obstante, en el marco de la exposición de la ciudadanía a enfrentamientos entre las fuerzas de Policía y grupos al margen de la ley, el resultado toma relevancia para analizar la problemática de riesgos a la vida asociados a operaciones de seguridad pública.

En particular, se encuentra que en los escenarios de pequeña y mediana minería se recibieron más refuerzos en los municipios mineros que en los no mineros. Mientras el 7% de los municipios de comparación para oro contaron con refuerzos de Policía, el 10% los municipios productores de oro recibieron dichos refuerzos. Es decir los municipios de oro fueron objeto de mayores refuerzos de fuerza pública que otros municipios.  Para carbón en el interior del país, mientras el 8% de los municipios de comparación recibieron refuerzos, lo hicieron el 16% de los municipios productores. Finalmente, para materiales de construcción, mientras el 5% de los municipios de comparación recibieron refuerzos, el 8% de los productores recibió más fuerzas de Policía. Por otro lado, en el caso de los escenarios de gran minería, se obtuvo que para los municipios productores de carbón en Cesar y La Guajira, los resultados cuantitativos no son concluyentes en cuanto a mayor llegada de refuerzos de la fuerza pública en el marco de la información analizada.

 

orocarbon

2. Cambios en la situación de seguridad en escenarios mineros

La presencia y acción de GAI y BACRIM se ven reflejadas en la vulneración de derechos de la población en general. Esto responde, principalmente, a disputas por el control de territorios geoestratégicos para la financiación[1], a estrategias de control poblacional, o avaricia de algunos miembros de las organizaciones o actores particulares.

Los resultados cuantitativos sugieren una asociación entre el desarrollo de actividades mineras y el deterioro de las condiciones de seguridad ciudadana a nivel municipal. En primera instancia, se observa una mayor incidencia de homicidios en municipios mineros en comparación con los grupos de municipios de control. Para el caso de oro, mientras los municipios de control presentan 59 homicidios por 100 mil habitantes, los municipios mineros tienen 68. En el caso de carbón en el interior del país, mientras los municipios de control presentan 42 homicidios por 100 mil habitantes, los municipios mineros presentan 48. Para carbón en Cesar y La Guajira, mientras los municipios de comparación presentan 53 homicidios por 100 mil habitantes, los municipios mineros tienen 64. Para los municipios con minería de materiales de construcción no se observan diferencias significativas respecto a su grupo de comparación[2].

Gráfica 1: Evolución de la tasa de hurto a comercios. Municipios con minería de carbón en el interior del país y el grupo de comparación.

f1

Fuente: CESED – Universidad de los Andes

 

Otros indicadores de seguridad ciudadana también presentan deterioro. Los municipios con minería de oro tienen una tasa de hurto a comercios 14% mayor, y una tasa de hurto a personas 14% mayor, respecto a su grupo de comparación. Además, los municipios productores de carbón en el interior del país de alta intensidad (la mitad que más produce), presentan una tasa de hurto a comercios 72% mayor, una tasa de hurto de automóviles 30% mayor y una tasa de hurto a personas 35% que su grupo de comparación. La figura 3 ilustra la mayor incidencia de hurto a comercios en municipios mineros de carbón en el interior del país. Para estos indicadores de seguridad no se observan diferencias significativas entre productores de oro en Cesar y La Guajira, y productores de materiales de construcción, vis-a-vis los grupos de comparación respectivos.

 

oro

3.  Presencia de Grupos organizados armados al margen de la ley y Bandas criminales en explotaciones mineras

La interacción de GAI y BACRIM con pequeña y mediana minería formal e informal y gran minería es de diversa índole, según la región y la escala de la actividad. En el trabajo de campo se observan sólo algunos casos aislados de participación directa de estos grupos[3] en la extracción de minerales.

Se observa una mayor presencia de grupos armados en los municipios mineros relativo al grupo de comparación para oro y carbón en el interior del país. Los municipios productores de oro presentan mayor presencia del ELN, las FARC y las AUC.

En particular, mientras el 16% de los municipios de control para oro reportaron presencia del ELN, el 32% de los municipios productores reportaron dicha presencia. Además, mientras el 35% de los municipios de control para oro reportaron presencia de las FARC, entre los productores reportaron presencia de este grupo el 42% de los municipios.

Finalmente, mientras el 12% de los municipios de control para oro reportaron presencia de las AUC, entre los productores, el 21% de los municipios reportaron dicha presencia. Las figuras 1 y 2 dan cuenta de la mayor presencia de las FARC y las AUC en municipios con minería de oro.

Gráfica 2: Proporción de municipios con presencia de las FARC. Municipios con minería de oro y el grupo de comparación

f2

Fuente: CESED – Universidad de los Andes

Gráfica 3: Proporción de municipios con presencia de la AUC. Municipios con minería de oro y el grupo de comparación.

f2

Por su parte, los municipios productores de carbón ubicados en el interior del país, presentan mayor presencia de las FARC. Mientras el 27% de los municipios de control reportaron presencia de las FARC, el 43% del grupo de municipios con mayor producción de carbón reportó presencia de este grupo armado.

Respecto a las acciones por parte de grupos armados ilegales que tienen incidencia sobre la libertad de la ciudadanía, también se encuentra una asociación significativa con el desarrollo de actividades mineras. Cuando se comparan los productores de oro con su grupo de control, los resultados sugieren un mayor número de desplazados por parte del ELN (cerca de 10 veces), un mayor número de desplazados por parte de las FARC (cerca de 5 veces), un mayor número de secuestrados por el ELN (alrededor del doble), un mayor número de falsos retenes por parte del ELN (alrededor del triple), un mayor número de falsos retenes por parte de las FARC (1,3 veces), un mayor número de heridos civiles por minas anti-persona (alrededor de 4 veces), un mayor número de masacres cometidas (40%), y mayor presencia de cultivos ilícitos (alrededor del doble), relativo al grupo de municipios de comparación.

De manera similar, los municipios con mayor nivel de producción de carbón en el interior del país, presentan un mayor número de secuestrados por parte del ELN (70%) y de las FARC (30%), un mayor número de falsos retenes por parte de las FARC (1,3 veces) y un mayor número de heridos civiles por minas antipersona (3 veces), respecto a su grupo de control[4].

En zonas donde se realiza minería a gran escala los GAI y las BACRIM intentan captar rentas producto de la actividad por distintos mecanismos o realizar acciones con el fin de desestabilizar a la población, empresas (Ver capítulo de derecho a la libre circulación y permanencia y derecho a la propiedad, derechos étnico territoriales y consulta) y el Estado.

Para los municipios productores de carbón en Cesar y La Guajira, y de materiales de construcción la evidencia cuantitativa no es concluyente respecto a la relación de minería y presencia de GAI. Asimismo, la evidencia cuantitativa no es concluyente respecto a la asociación entre actividades mineras de carbón en Cesar y La Guajira y las acciones de grupos armados ilegales.

A continuación se presentan algunas consideraciones orientadas a ilustrar la complejidad de los contextos en que se desarrolla la minería y su relación con afectaciones a los derechos de seguridad y libertad perpetradas por GAI y BACRIM basados en el análisis de información cualitativa:

 Pequeña y mediana minería:

La combinación de las fallas regulatorias estatales con ausencia de actuaciones oportunas del Estado en los territorios en los que se lleva a cabo la actividad minera (en particular en los que se extrae oro) termina por generar situaciones propicias para la construcción de poderes de facto alternativos al estatal en cabeza de los GAI y las BACRIM. Estos grupos suplantan funciones estatales en el territorio: regulan las actividades económicas, cobran lo que consideran “impuestos”, e imponen normas sociales, en la mayoría de los casos por medio de la violencia, lo que conduce a una vulneración directa de los derechos a la seguridad y la libertad. Los mecanismos a los que acuden incluyen amenazas, homicidios, desplazamientos, retenciones y despojos a quienes se oponen al control poblacional y territorial y a las transformaciones o formas como se desarrolla la minería (Ver capítulo de derecho a la libre circulación y permanencia y derecho a la propiedad, derechos étnico territoriales y consulta). Gran parte de esto se lleva a cabo en territorios de comunidades especialmente vulnerables, incluyendo víctimas del conflicto interno armado y comunidades étnicas.

No obstante, es importante resaltar que existen diferencias sustanciales entre los distintos contextos en los que se realiza minería a pequeña y mediana escala: en unos escenarios no se presenta alta influencia de GAI (las explotaciones de carbón y materiales de construcción de Cundinamarca y Boyacá). En otros sí, principalmente asociados a la minería de oro en los que estos grupos ejercen algún grado de control territorial y actúan con distintos niveles de intensidad (Antioquia, Cauca, Nariño, Chocó, Córdoba y Bolívar, entre otros). Esta diferenciación es fundamental para establecer el papel que la violencia y los GAI pueden llegar a jugar en entornos mineros en los que tienen intereses estratégicos.

Mapa 3: Zonas de influencia de GAI (FARC, ELN Y BACRIM) en minería

Map2

Fuente: Elaboración propia con información de (Policia Nacional, 2013, pp. 82-83)

 

Grandes proyectos mineros:

Los departamentos del Cesar y La Guajira tienen en común tres elementos que son importantes para dimensionar la relación entre seguridad y minería: 1) en ambos departamentos hay grandes proyectos mineros en marcha; 2) su desarrollo histórico ha estado marcado por una debilidad institucional asociada a la penetración de actores ilegales (tanto GAI como crimen organizado) en las instituciones locales y departamentales; 3) Las comunidades afirman que existen casos de extorsión a empleados de las empresas y habitantes beneficiarios de programas de RSE por BACRIM y delincuencia común. 4) en ambos departamentos las empresas mineras han establecido convenios de seguridad con el Ministerio de Defensa y tienen batallones del ejército dedicados a la protección de la infraestructura minera. Esto último ha generado confusión y tensiones con las comunidades locales.


carbon

 4.Convenios entre empresas y Estado para seguridad de grandes proyectos mineros empresariales

En Colombia, durante las últimas décadas, la seguridad ha jugado un papel crucial para comunidades y para empresas mineras, lo cual ha generado controversias frente a la focalización de la fuerza pública.

La infraestructura minero energética ha sido en las dos ultimas décadas objeto de numerosos ataques, y sabotajes, asimismo personal de las empresas ha sido objeto de amenazas de extorsión y secuestro como también lo han sido las empresas contratistas.  Estas acciones han sido asumidas por frentes de FARC o de ELN.

La infraestructura estratégica, en este caso la de producción de carbón para exportación ha sido considerada por estos grupos armados como objetivo militar estratégico. Esta situación, enfrentada por  el conjunto del sector extractivo de gran escala, incluido el de hidrocarburos, la generación de energía y el sector de transmisión eléctrica, se in inicia a mediados de la década de los noventa de manera masiva en el conjunto del territorio nacional.

Entre 2003 y 2015 se realizaron 323 atentados terroristas en los departamentos de Cesar y La Guajira. Esta cifra corresponde al 4% del total de atentados realizados en el país durante el mismo período[5].

Las demandas de recursos para atender los requerimientos del conflicto armado sumadas a los requerimientos específicos y puntuales de los proyectos, llevaron a los llamados convenios de seguridad entre la fuerza pública y las empresas dueñas u operadoras de proyectos estratégicos.

Estos convenios son en esencia un mecanismo para proporcionar recursos de dedicación específica a la protección de activos de empresas que no podrían ser atendidos por la presencia regular de fuerza pública o porque la movilidad indispensable de la misma no asegura la continuidad de la presencia disuasiva en los escenarios de mayor riesgo.

El convenio establece un valor de contribución no condicionada; es decir, sin que en principio haya una contra-prestación, o que la fuerza pública tenga que asumir obligaciones “quid pro quo” con la empresa aportante. Los convenios están enmarcados como acuerdos de colaboración de empresas con la fuerza pública.

Los aportes son destinados generalmente al apoyo logístico de las unidades para la protección y se supone que ellos no están destinados a elementos letales (armas o munición). Los montos generalmente están asociados con la intensidad, la complejidad y la extensión de las áreas a ser protegidas.

Estos convenios, que existen en varios países han originado diversas inquietudes que van desde percepciones de “privatización” de un servicio esencial del Estado, desigualdad en los entornos de proyectos en el acceso a los servicios de seguridad pública, inquietudes relacionadas con la asociación de civiles y militares en entornos de conflicto, con las consecuencias que ello pueda tener en la aplicación del DIH.

 A pesar de los inconvenientes señalados no existe en la práctica un mecanismo que asegure la protección de los proyectos, sobretodo en entornos de conflicto armado, donde se hace explícito el interés y la capacidad de los  grupos armados para atacar la infraestructura. En palabras de un miembro del CME “…los convenios son un mal necesario”

El mayor reto posiblemente reside en que las comunidades también están expuestas a  amenazas de seguridad, tanto como las  empresas. La preocupación sin embargo es que las comunidades posiblemente tengan  menos influencia y recursos para asegurar su protección. Los convenios en muchas ocasiones  implican el único despliegue de fuerza pública en áreas rurales, con el objetivo de proteger a quien contribuye económicamente. Además, el despliegue de fuerza no necesariamente está encaminado a la neutralización de amenazas a las comunidades. Especialmente porque el principal proveedor de seguridad a los proyectos es típicamente el ejército y porque las necesidades típicas de protección de comunidades se logra a través de la acción policial.

Tal y como lo argumenta una empresa en el Cesar, “pese a que la resolución 5342 del MDN pretende resolver estos retos. Es también aquí en donde las empresas que hemos adoptado los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos, y los Principios Rectores de las Naciones Unidas en Derechos Humanos y Empresa, podemos usar la bi-direccionalidad con la Fuerza Pública para instarlos a que cumplan con su deber constitucional de defendernos a todos.” 

Estos retos llevan a que las unidades de seguridad pública no consideren que su misión incluye proveer seguridad a las comunidades de los entornos del proyecto y que las comunidades perciban que el despliegue de fuerza en su territorio no tiene como misión protegerlas. Así lo describía un miembro de una comunidad vecina a una mina en el Cesar, “la seguridad no es para nosotros, eso es para la empresa” Ante esto, una de las empresas en el Cesar sostuvo que ha tenido conversaciones con La Fuerza Pública, recomendándole que lleve a cabo iniciativas que ayuden a cambiar estas percepciones.

Por iniciativa de empresas del sector extractivo y de energía se estableció el Comité Minero Energético, mediante el cual se promueven mejores prácticas en el desempeño de las empresas,  de las instituciones estatales colombianas  y de la seguridad privada hacia el respeto de los derechos humanos en el contexto de la protección de los activos estratégicos y la prestación de servicios de seguridad privada

El CME se ha inspirado en los Principios Voluntarios En Seguridad Y Derechos Humanos [6] y ha desarrollado un conjunto de recomendaciones para la adopción de sus miembros; lo cual sirve también como escenario de análisis y discusión con la fuerza pública para buscar que las actuaciones de la esta sean atentas al respeto, a través de la operacionalización de los principios voluntarios. A su vez, el comité acoge los principios voluntarios, relativos a la seguridad y a los derechos humanos en el sector de la extracción de recursos, que se clasifican bajo cuatro categorías  (CME, 2015):

Evaluación del riesgo: Analizar y gestionar los riesgos que las operaciones de las empresas pueden ocasionar al entorno en materia de derechos humanos.

Interacciones entre las compañías y la seguridad pública: Establecer una relación clara con las Fuerzas Militares y la Policía Nacional donde se exprese el compromiso con el respeto de los derechos humanos.

Interacciones entre las compañías y la seguridad privada: Establecer una relación clara con contratistas de seguridad privada para que cumplan su compromiso con el respeto de los derechos humanos. De otra parte compete a la Fuerzas Militares y la Policía Nacional supervisar, dentro del ámbito de sus competencias, los acuerdos de defensa entre el sector empresarial y las empresas de vigilancia privada.

Diálogos con la sociedad Civil: Las Empresas y las Fuerzas Militares y Policía Nacional dialogará con la sociedad civil sobre los riesgos de derechos humanos para impulsar el uso de los principios voluntarios.

 

Bibliografía

Cepeda, I. (2015). Debate de control político sobre convenios del sector minero energético y fuerza pública. Bogotá.

CME, C. (2015). Acta de constitución de la corporación.

Corte Constitucional. (2014). Sentencia T-224/14 DERECHO FUNDAMENTAL A LA SEGURIDAD PERSONAL-Alcance y contenido.

El Espectador. (2015). Iván Cepeda denuncia convenios entre empresas mineras y batallones militares. Obtenido de http://www.elespectador.com/noticias/politica/ivan-cepeda-denuncia-convenios-entre-empresas-mineras-y-articulo-596735

El Espectador, R. P. (2015). Minería criminal es amenaza igual o más grande que el narcotráfico. Obtenido de http://www.elespectador.com/noticias/politica/mineria-criminal-amenaza-igual-o-mas-grande-el-narcotra-articulo-596775

Mindefensa. (3 de 11 de 2015). Fuerza Pública ha brindado seguridad a la infraestructura del país Convenios con empresas minero energéticas se mantendrán. Obtenido de http://cgfm.mil.co/

Ministro de Minas. (2014). Discurso del ministro de minas en Chocó. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=KiQxqP7fqUU

Naciones Unidas. (1949). Convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra. Ginebra.

Naciones Unidas. (15 de 11 de 1977). Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional. GINEBRA. Obtenido de https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-ii.htm

Naciones Unidas, A. (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Polícia Nacional de Colombia, D. g.-O. (2012). 16 Estrategias operativas de la Policía Nacional.

Tierra Digna. (2015). Seguridad y Derechos Humanos ¿Para quién? Voluntariedad y Militarización, estrategias de las empresas extractivas en el control de territorios. Bogotá.

 

 

[1] Entre ellos  GAI, BACRIM y con la fuerza pública.

[2] Los municipios de comparación se construyen por el método de emparejamiento. En particular, para cada municipio minero se identifican municipios no mineros cuyas características demográficas, sociales y económicas eran similares para comienzos de la década de 1990. De esta forma, se procura que las comparaciones sean lo más precisas posible, y permitan identificar efectos asociados al desarrollo de la actividad minera.

[3] En campo se observó este tipo de involucramiento principalmente con paramilitares y BACRIM.

[4] La evidencia cuantitativa no es concluyente respecto a la asociación entre actividades mineras de materiales de construcción, y las acciones de grupos armados ilegales.

[5] Los datos son del Ministerio de Defensa Nacional.

[6] Para información detallada del alcance de los principios voluntarios ir a  www.voluntaryprinciples.org

Situaciones que inciden en el derecho a la IGUALDAD ANTE LA LEY

todosDescargar documento PDF

 

Situaciones observadas en escenarios mineros determinantes en  el ejercicio del

Derecho a la Igualdad ante la Ley

 

oro materialesc carbon1.    Corrupción en escenarios mineros

La corrupción toma muchas manifestaciones en los escenarios de la minería y es un factor determinante para debilitar la protección a los derechos de poblaciones en estos escenarios. También juega un papel esencial en propiciar el irrespeto de los derechos por parte de actores especiales cuando estos, por acción o por omisión, estimulan o son cómplices de actuaciones corruptas. Por definición el primer derecho afectado por la corrupción es el de la igualdad ante la ley, en tanto lo que busca es la generación de un privilegio particular originado en ajustar la actuación de las instituciones para asegurar el interés particular de una persona natural o jurídica.

Al preguntarle a un líder de una comunidad étnica en el Chocó sobre el rol del Estado frente a las numerosas problemáticas socio-ambientales que experimenta en su territorio, asociadas a la minería, expresó: “El rol del Estado se ve por medio de las instituciones y lo que se percibe a través de ellas es pura politiquería y corrupción”.

Ciertamente, la corrupción en las instituciones asociadas a la minería es un problema reconocido, incluso por el presidente de la república de Colombia, Juan Manuel Santos, quien afirma se están adelantando esfuerzos para el fortalecimiento de la institucionalidad: “Hicimos algo muy importante: fortalecimos la institucionalidad. Se crearon la Agencia Nacional de Minería y el Servicio Geológico Colombiano, en esa parte recibimos algo que era, creo que el primer ministro lo catalogó como una piñata que se había realizado aquí, realmente había un terrible desorden, una desorganización y mucha corrupción infortunadamente. En el año 2001 se habían tenido 3.000 títulos mineros, se han multiplicado a 10.000 en el 2010. Nosotros recibimos eso con 10.000 títulos mineros pero una institucionalidad que no funcionaba” (Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en la gira ‘Estamos Cumpliendo’, Sector Minas y Energía, 2015).

Gráfica 1 Títulos vigentes a 2014 por año de adjudicación

f1

Fuente: Elaboración propia con información del catastro minero Colombiano- ANM (2014)

Uno de los escándalos más grandes sobre corrupción asociados al sector minero tuvo como resultado una reestructuración de la institucionalidad debido al otorgamiento irresponsable y acelerado de miles de títulos mineros en el país. El entonces ministro de minas, Carlos Rodado Noriega, se refirió a esto como ‘catástrofe’ al tiempo que indicó que “se acabó la piñata en la asignación de títulos” (Portafolio, 2011). No obstante, esto no significó la revocatoria de los miles de permisos otorgados en la denominada “piñata” y tampoco el fin de los problemas derivados de la asignación de derechos asociados a una actividad que se considera como de utilidad pública[1].

Mapa 1 Títulos vigentes a 2014 por periodo de adjudicación

map1

Fuente: Elaboración propia con información del catastro minero colombiano - ANM (2014)

 

Álvaro Pardo, un reconocido investigador y analista del sector, aplaudió que el ministro reconociera la contrariedad que ya era de conocimiento público. Sin embargo, advirtió que la corrupción no se combate con un revolcón de instituciones sino con un análisis profundo de sus orígenes, el modelo de minería extractivista que privilegia el interés particular sobre el bienestar social: “Ojala el Ministerio de Minas y Energía no se equivoque nuevamente pensando que con un cambio en la institucionalidad se arregla el problema y más bien reoriente sus esfuerzos para que la minería se desarrolle siguiendo el mandato de la Constitución Nacional: planeación y racionalidad en la explotación de los recursos naturales no renovables, en el marco del desarrollo sostenible y garantizando que la renta pública minera se oriente a mejorar el nivel de vida de los colombianos. Ojalá no sea llover sobre mojado al exigir que la minería sea manejada con criterio técnico, por personal especializado, idóneo y bien remunerado, rompiendo con una larga historia de desidia, y sobre todo pensando en el interés superior de la Nación, pues la minería no puede convertirse en fuente de recursos ilícitos de unos pocos, sino en un medio para construir presente y sembrar futuro” (Pardo, 2011).

Es importante resaltar que en el marco de la Ley 1474 de 2011[2] y el decreto 2641 de 2012[3] el ministerio de minas ha publicado varios informes de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano del ministerio de minas y energía (Unidad de Planeación Minero Energética, 2015). Un esfuerzo que, según la UPME, tiene como fundamento: “considerar los hechos de corrupción como acciones inaceptables e intolerables dentro de la administración pública y trabaja en este sentido por prevenir y evitar estos sucesos y brindará toda la información requerida por la ciudadanía facilitando la razón de existir del gobierno nacional. El plan está compuesto por cuatro componentes Metodología para la Identificación de Riesgos de Corrupción y Acciones para su mejora, Estrategia Antitrámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”.

Uno de los últimos mapas de riesgos de corrupción publicado por el ministerio de minas expone que es posible, pero no seguro, que aun ocurra la materialización de actos de corrupción en las instituciones. Para estos consideran deben implementarse exclusivamente medidas preventivas, que cuentan con herramientas de control y manuales de procedimiento. Sin embargo, situaciones relacionadas con sobornos (Cohecho)[4], indebido uso de la información[5], tráfico de influencias[6], manipulación y demora en trámites[7] siguen sin contar con herramientas de control y en su mayoría también carecen de manuales de procedimiento (MINMINAS, 2015).

Pese a los esfuerzos del gobierno por reestructurar la institucionalidad minera, la corrupción continúa estando presente para los habitantes y personas que participan en el sector, en parte porque aún se están expresando los efectos de la “Piñata” y por otro lado, porque para algunos la corrupción continúa estando presente en las instituciones del Estado. En las visitas a la regiones mineras, los investigadores de CREER-IHRB recibieron observaciones por parte de diversos tipos de actores entre los que se incluyen, académicos, funcionarios públicos, líderes comunitarios, comercializadores y mineros que indican, la corrupción sigue siendo un gran problema para el sector minero.

Mineros informales en Antioquia, Cauca, Nariño y Chocó, que se autodenominan tradicionales, incluyendo miembros de comunidades étnicas, consideran que fueron afectados por “la piñata” pues se otorgaron títulos a grandes empresas en los territorios en donde algunos de ellos practican la minería desde hace décadas y otros siglos. Esto implica para ellos, por un lado, tener que interactuar con nuevos actores con derechos sobre los lugares de explotación minera, algunos interesados en la explotación y en otros en la especulación sobre las posibilidades de extracción. Por otro lado, un gran obstáculo para la formalización de las actividades de los pequeños mineros que junto a la persecución dado su estado de informalidad dificulta con el tiempo el mejoramiento de las prácticas y la garantía de derechos como el acceso a la salud de sus trabajadores, entre otros.

No obstante, la corrupción no solo habría permeado a las instituciones del sector minero, de acuerdo con un miembro de un gobierno local del norte del Cauca “La minería en el país está asociada a dinámicas de corrupción en todos los niveles”.

Tales son las insatisfacciones sobre las instituciones del Estado en contextos de minería que algunos académicos en el Cauca afirman que el Estado no sólo es inoperante, sino que tiene una agenda corrupta de omisión y burocratización: “El Estado es inoperante en la medida en la que no protege de las actividades de las empresas, no protege el medio ambiente y no protege a las comunidades en su territorio. Sin embargo, no sólo es inoperante, también tiene una agenda corrupta de omisión y burocratización”. Para estos académicos, reconocidos por su acompañamiento a comunidades vulnerables, el Estado es inoperante por desproteger a las poblaciones locales y el ambiente, pero la inoperancia también funciona para la satisfacción de algunos intereses y esto se hace por medio de no garantizar la continuidad de funcionarios[8] y programas: Tenemos un Estado que funciona en el no-funcionamiento, actúa por inoperancia”.

Respecto a las omisiones del Estado, una persona que trabaja en la comercialización de oro en Antioquia considera que el Estado es corrupto puesto que no ha tomado las medidas necesarias para controlar los mercados negros de los minerales preciosos. Esto mientras que solo se ha focalizado en ofrecer positivos mediante la persecución de los pequeños mineros informales, incluyendo mineros artesanales y mecanizados de subsistencia (principalmente, mini dragueros, motobomberos y quienes trabajan con martillos neumáticos para ayudarse en la minería de veta).

Algunos mineros en Antioquia afirman que los intereses de pequeños mineros y grandes empresas crean diferentes tipos de corrupción en instituciones, incluyendo algunos miembros de la fuerza pública y gobiernos locales “los favores y las presiones en las Instituciones se hacen según el tipo de trámite”.

En concordancia con lo expuesto por el investigador Jorge Giraldo en su libro Informalidad e ilegalidad en la explotación del Oro y la Madera en Antioquia, algunos líderes comunitarios en Antioquia y Cauca aseguran que algunos representantes de gobiernos locales están en nóminas paralelas de actores con intereses económicos asociados a la minería o tienen intereses directos en este tipo de actividades, esto incluye alcaldes y concejales (Giraldo Ramírez, Informalidad e ilegalidad en la explotación del oro y la madera en Antioquia, 2012). Sobre esto, algunos líderes comunitarios en el Cauca aseguran que la corrupción habría permeado incluso a notarios, en cuanto a la expedición de certificaciones fraudulentas.

También, comunidades, funcionarios, académicos y mineros en Antioquia, Cauca, Chocó y Nariño también coinciden con lo expuesto por el investigador Álvaro Pardo en un reconocido informe hecho para la Contraloría General de la Nación acerca la existencia de algunos miembros corruptos en la fuerza pública (Pardo Becerra, 2013) a quienes denominan “las águilas verdes” (Ver capítulo de derecho a la libre circulación y permanencia).

Finalmente, pero no menos preocupante, se encuentra la percepción por parte de mineros y comunidades locales de municipios mineros en Antioquia, Chocó y Cauca de que las autoridades ambientales (ministerio y corporaciones autónomas) son corruptas. Para estos actores, las autoridades ambientales solo se concentran en “ver como sacan una tajada del pastel de la minería” cuando se incumple con alguna medida ambiental, más no se preocupan por garantizar la conservación del ambiente, ser eficientes en la expedición de licencias ambientales y en capacitar a quienes por desconocimiento infringen las más recientes leyes y reglamentación relacionada.

A nivel internacional las industrias extractivas cuentan con un estándar- EITI- que promueve la gestión transparente y responsable de los recursos naturales a través de la articulación entre gobierno, empresa y sociedad civil (Extractive Industries Transparency Initiative, 2015). Desde 2013 Colombia presentó solicitud de ingreso a la iniciativa, en octubre de 2015   el Ministerio de Minas y Energía y 16 empresas del sector minero-energético adhirieron esta iniciativa así mejorar la rendición de cuentas sobre las inversiones que se realizan en el país con los recursos de la industria extractiva (Portafolio, 2015).[9]

Pequeños mineros informales e ilegales

De acuerdo al más reciente censo minero (2011) cerca del 63% de las Unidades Productoras Mineras -UPM- no poseen título y por lo tanto, son informales (Ver derecho al trabajo). Esta situación es en especial importante teniendo en cuenta que las UPM sin título generan un porcentaje predominante de empleos (Benavides, 2014) en la minería de pequeña y mediana escala[10].

Aproximación al porcentaje de empleos generados por tipo de minería según el censo del 2011

 

Legalidad

Mineral

Distribución por mineral

Con Título Minero

Carbón

60%

Sin Título Minero

Carbón

40%

Con Título Minero

Materiales

41%

Sin Título Minero

Materiales

59%

Con Título Minero

Oro

15%

Sin Título Minero

Oro

85%

Fuente: elaboración propia con información del censo de 2011

La importancia de las UPM sin título es más visible en algunas regiones, especialmente en aquellas donde predomina la minería de oro. Las UPM de minerales metálicos sin título son aproximadamente el 85% del total registrados en el Censo, una cifra que podría ser mayor si se tiene en cuenta el nivel de sub-registro por ejemplo, en los departamentos Cauca y Nariño.

Esfuerzos para la inclusión de los mineros informales

Frente al panorama predominante de minería informal, el Estado Colombiano con fundamento en la ley 685 de 2001 considera que esta incurre en la exploración y explotación ilícita y/o en el aprovechamiento ilícito de recursos mineros por no contar con título minero o autorización del titular de dicha propiedad[11]. Por esta razón, estableció, por medio de la misma ley, un plazo de tres años improrrogables para que se legalizaran y unas medidas que restringieron el avance de acciones penales sobre quienes formularán una solicitud de legalización[12]. Según Peace Brigades International para el año 2011 de 2845 solicitudes de legalización recibidas por Ingeominas en el marco de la ley 685 de 2001 tan solo 23 lograron ser formalizadas (PBI Colombia, 2011).

El informe de rendición de cuentas publicado por la ANM en octubre de 2015, establece que para septiembre de 2014, el grupo de legalización de minería aún contaba con 372 solicitudes asociadas a la ley 685 de 2001 de las cuales 117 fueron resueltas con la “des-anotación” del Catastro Minero Colombiano -CMC-. Este mismo informe que en octubre de 2015 tan solo 30 de las solicitudes habrían terminado en la suscripción de contratos de concesión minera (Agencia Nacional Minera, 2015).

Mapa 2 Porcentaje de informalidad en municipios del Censo Minero 2012

map2

Fuente: Elaboración propia con información del Censo Minero Colombiano 2010-2011- MINMINAS (2012)

Debido a la ineficacia del proceso de legalización minera, a partir del artículo 12 de la ley 1382 proferida en el año 2010, empezó un nuevo proceso para la legalización de explotadores, grupos y asociaciones de minería tradicional sin título. Este estableció un plazo de dos años para que les sean otorgados los derechos necesarios para su legalización, “siempre que el área solicitada se hallare libre para contratar, y se acredite que los trabajos mineros se vienen adelantando en forma continua desde antes de la vigencia de la ley 685 de 2001”[13].

De acuerdo con el informe de rendición de cuentas la Agencia Nacional Minera -ANM- (2012-2014), esta agencia recibió el 2 de junio de 2012 del Servicio Geológico Colombiano 2952 solicitudes de legalización minera pendientes de resolver. También, entre junio de 2012 y mayo del 2013, se radicaron 3559 solicitudes de tal forma que para el 10 de mayo de 2013 la ANM tenía 6511 solicitudes de legalización en trámite. El 12 de mayo de 2013 cobró efectos la declaratoria de inexequibilidad de la ley 1382 de 2010 por no cumplir con la obligación de consulta previa a comunidades étnicas que se pudieran ver afectadas. Por tal razón, el ministerio de minas profirió el decreto 0933 de 2013 estableciendo también algunos criterios para dar trámite a las solicitudes pendientes[14]. Adicionalmente, de acuerdo con la ANM, se recogió el número de solicitudes que estaban tramitando las gobernaciones de Cesar, Norte de Santander, Caldas y Boyacá por lo que las solicitudes pendientes para esa fecha eran en total 6995.

De acuerdo al mismo informe de la ANM, los resultados de la política para la legalización de los mineros informales exponen que 3288 solicitudes (el 47% del total) fueron resueltas bajo los criterios de la normatividad. Sobre esto se resalta que tan solo una solicitud de título minero fue resuelta a favor. En palabras de la ANM, esto significa que “debe revaluarse la política de legalización puesto que el nivel de éxito es muy bajo”[15]. El informe de rendición de cuentas publicado por la ANM en octubre de 2015, establece que para septiembre de 2014 el grupo de legalización minera contaba con 3573 solicitudes vigentes. De estas fueron resueltas 558 con la des-anotación del sistema de catastro minero colombiano-CMC-.

Los territorios de minería informal son en general también territorios de mayor conflictividad y de mayor intervención de GAIS en la minería; esta coincidencia es más clara aún en escenarios de minería de metales preciosos.

No deja de llamar la atención la contribución que ha hecho la misma institucionalidad minera (pre- reforma) para intensificar el conflicto mediante el otorgamiento de títulos mineros en escenarios donde secularmente ha habido minería informal, tradicional y  artesanal (ver gráfico 1 y mapa 1). No resulta sorprendente la dificultad que hoy en día enfrenta el programa de formalización minera para encontrar áreas viables para la formalización, cuando muchos de los títulos otorgados en el  “boom”, podrían estar sirviendo un propósito de mayor inclusión y de contrapeso a la presencia de GAI y BACRIM  en zonas mineras.

 

oro 2.   Estrategias Estatales de intervención contra la Minería Ilícita

El estado colombiano ha avanzado en lo que considera una Estrategia de Intervención Integral contra la Minería Ilícita -EIMIL-. La mencionada estrategia tiene como objetivos 1) contribuir a la eliminación de la minería ilícita en el país; 2) desarticular las estructuras criminales dedicadas a la minería ilícita; 3) prevenir la atomización y mutación del fenómeno a nivel nacional y; 4) contribuir al fortalecimiento del control territorial y la acción integral del Estado.

Aunque los fundamentos de esta estrategia publicados en el año 2012, reconocen fallas estatales relacionadas con aspectos normativos, de regulación y con las posibilidades para la legalización de mineros informales, su objetivo principal continúa siendo eliminar la minería ilícita sin que están claros cómo afrontar las situaciones de ambigüedad de informalidad sin intención criminal y acción criminal para la extracción de minerales

Frente a esto señala la Policía Nacional

  • el Código de Minas, aborda el asunto de la minería ilegal haciendo referencia exclusivamente a la actividad que no cuenta con título vigente o autorización del titular de la propiedad privada, criminalizando al minero informal, pero sin contemplar estrategias para combatir el contrabando de minerales”.
  • la explotación minera ha sufrido tropiezos como consecuencia de la ambigüedad y vacíos que presenta su regulación lo que genera inseguridad jurídica para los receptores de la norma”.
  • “los parámetros establecidos para regular y legalizar la minería no han sido objeto de estudios previos que involucren contenidos poblacionales, sociales, ambientales, territoriales y económicos”.

 (Polícia Nacional de Colombia, 2012).

 

Tipos penales imputables a mineros informales: Algunos de los tipos penales contenidos en el código penal colombiano que podrían imputarse a aquellos productores mineros que se encuentran en la informalidad son: contaminación ambiental (Art 332 CP), explotación ilícita de yacimiento minero (Art 338 CP), invasión de áreas de importancia ecológica especial (Art 337 CP) , daño en los recursos naturales (Art 331 CP), contaminación ambiental por explotación de yacimiento minero (Art 333/339 CP), violación de fronteras por explotación y aprovechamiento (Art 329 CP).

 (Fiscalía General de la Nación, 2014).

Sin embargo, es importante aclarar que la estrategia no solo está dirigida para acabar con la minería informal. Los fundamentos de la estrategia reconocen la responsabilidad del Estado respecto a la otorgación de licencias con tal facilidad que incluso habría sido aprovechado por GAI y BACRIM para “lavar dólares y apropiarse de regalías de algunos municipios, así como para generar riqueza mediante la explotación, en ocasiones ilegal, de minas compradas a través de testaferros y exportar minerales de forma ilegal” (Polícia Nacional de Colombia, 2012).

Esto, además habría significado que:

  • “a partir de la participación de mafias y grupos ilegales en el sector minero se ha generado desplazamiento, despojo y violencia”.
  • “los territorios en los cuales se pueden explotar este tipo de recursos mineros son escasos, lo que deriva en la aparición de una competencia entre agentes por el control de yacimientos, lo cual se convierte en un factor desencadenante de conflictos y disputa entre diferentes actores por su control”.
  • “sin importar el grado de legalidad o formalización de la actividad minera, la competencia por territorios escasos y la gran cantidad de utilidades obtenidas de dicha actividad se convierten en dos condiciones propicias para que los conflictos se manifiesten mediante la violencia”.
  • “Vinculadas a esta actividad ilícita, aparecen también una serie de conflictos conexos y situaciones de vulnerabilidad de la población, como la aparición de crimen organizado, mercado negro de armas y explosivos, microtráfico de narcóticos, prostitución, juegos de azar ilegales y demás”.

(Polícia Nacional de Colombia, 2012).

Recapitulando, los fundamentos de la EIMIL afirman que existen dificultades para la legalización de mineros tradicionales o informales, a quienes se busca criminalizar. Esto mientras que el Estado, por un lado, ha permitido el otorgamiento de licencias a mafias, GAI y BACRIM y, por otro lado, ha permitido que GAI y BACRIM en busca de financiación, control territorial y social afecten a poblaciones locales de territorios mineros[16]. De acuerdo con la Policía Nacional de Colombia, entre agosto del año 2010 y septiembre del año 2014 se han intervenido 1925 minas y se han suspendido 1282, se han generado 6067 capturas y se han incautado cerca de 1520 retroexcavadoras (Policía nacional de Colombia, 2014).

Decreto 2235 de 2012

Uno de los instrumentos normativos más polémicos para el control de lo que el Estado considera minería ilegal es el decreto presidencial 2235 del año 2012, un decreto que tiene como origen el artículo 6 de la decisión 774 (del mismo año) de la Comunidad Andina de Naciones[17]. El mencionado decreto establece que la fuerza pública puede destruir la maquinaria de personas que practican minería sin contar con título minero y licencia ambiental. Esto, sin contemplar distinciones entre mineros tradicionales que se encuentra en la informalidad y explotaciones mineras directamente asociadas con GAI y BACRIM:

Cuando se realice exploración o explotación de minerales por cualquier persona natural o jurídica, sin contar con título minero inscrito en el Registro Minero Nacional y licencia ambiental o su equivalente, cuando esta última se requiera, procederá la medida de destrucción de maquinaria pesada y sus partes prevista en el artículo 6° de la Decisión 774 de 2012 de la Comunidad Andina de Naciones, independientemente de quién los tenga en su poder o los haya adquirido. Para los efectos del presente decreto entiéndase como maquinaria pesada las dragas, retroexcavadoras, buldóceres u otro tipo de maquinaria para el arranque de minerales, con similares características técnicas[18].

Las consideraciones del decreto[19] exponen algunos argumentos que intentan justificar la no distinción entre la diversidad de actores que participan en la minería informal para la aplicación de la norma[20]. Sin embargo, como se muestra a continuación, estos carecen de distinciones contextuales, alusión de pronunciamientos previos, investigaciones o jurisprudencia para su sustento. No obstante, lo más notorio es la ausencia del reconocimiento de la responsabilidad del estado y la política pública sobre la persistencia de la minería informal, la ineficacia de los programas de legalización de mineros tradicionales y la influencia descontrolada de GAI y BACRIM en los territorios mineros (incluyendo extorsión de mineros informales):

Análisis de discurso

Relaciones

Consideración textual

Se induce una relación entre la práctica de la minería ilegal y la afectación generalizada de zonas del país con fenómenos de desplazamiento, asentamiento, superpoblación, convergencia multidelictiva, lavado de activos, disputas criminales y extorsión.

Práctica de la minería ilegal =

-           desplazamiento

-           asentamiento

-           superpoblación

-           convergencia delictiva

-           lavado de activos

-           disputas criminales

-           extorsión

“Que la práctica de esta actividad se ha generalizado en diversas zonas del país y las regiones involucradas se ven afectadas con fenómenos de desplazamiento, asentamiento, superpoblación, convergencia multidelictiva, lavado de activos, disputas criminales y extorsión”.

 

Se induce una relación directa entre el uso de maquinarias pesadas por personas que no tienen título y licencia ambiental con el daño ambiental y el fomento de economías ilícitas. Economías que financian actividades delincuenciales y terroristas y, por consiguiente, generan impactos negativos sobre la población en general.

sin título y sin licencia =

-           agravan daños ambientales

-           fomentan economía ilícita

Que

-           financia actividades delincuenciales y terroristas

Lo que genera

-           impactos negativos sobre la población

“Que el uso de maquinaria pesada como dragas, retroexcavadoras y buldóceres requeridos para la exploración o explotación de minerales, sin el cumplimiento de los requisitos legales previstos, en muchas ocasiones agravan el daño ambiental y fomentan la economía ilícita que financia actividades delincuenciales y terroristas con el consiguiente impacto negativo sobre la población y la comunidad en general”.

 

Se induce una relación condicional (en algunos casos) entre quienes promueven y realizan exploración o explotación minera sin el cumplimiento de los requisitos legales con formas de organización y constitución de medios que actúan al margen de los mecanismos de control del Estado. Por lo tanto, también con la evasión de normas legales. Sobre esto se afirma que propicia alianzas criminales entre GAI y BACRIM. Dichas alianzas agudizan la confrontación y los niveles de violencia en detrimento de los derechos de la población civil.

En algunos casos

quienes practica exploración o explotación minera sin título y sin licencia ambiental se organizan y generan medios que:

-           actúan al margen de los mecanismos de control del Estado

-           evaden normas legales

y esto propicia:

-           alianzas criminales entre GAI y BACRIM

Lo que agudiza:

-           confrontación

-           niveles de violencia

En detrimento de la población civil

“Que, en algunos casos, quienes promueven y realizan esta exploración o explotación minera sin el cumplimiento de los requisitos legales disponen de medios y formas de organización que actúan al margen de los mecanismos de control del Estado, evadiendo las normas legales y propiciando alianzas criminales entre la delincuencia organizada y grupos armados al margen de la ley, que agudizan la confrontación y los niveles de violencia en detrimento de los derechos de la población civil”.

Se induce una relación condicional (en algunas ocasiones) entre la exploración o explotación de minerales ejercida sin el cumplimiento de los requisitos de ley como fuente principal de financiamiento de “grupos armados ilegales” (sustituyendo al narcotráfico). La financiación de los grupos armados ilegales genera impactos en la gobernabilidad y la seguridad nacional.

En algunas ocasiones

La exploración o explotación de minerales ejercida sin el cumplimiento de los requisitos de ley se ha convertido en:

-           fuente principal de financiamiento de grupos armados ilegales (Sustituyendo al narcotráfico).

y esto genera:

-           impacto en la gobernabilidad y seguridad nacional.

“Que el fenómeno de la exploración o explotación de minerales ejercida sin el cumplimiento de los requisitos de ley, en algunas ocasiones, ha mutado hasta convertirse en fuente principal de financiamiento de los grupos armados ilegales sustituyendo, inclusive, la fuente tradicional de narcotráfico, con el consecuente impacto en la gobernabilidad y la seguridad nacional”.

 

oro materialesccarbon 3.   Movilización social y acuerdos entre mineros y el Estado

El mencionado decreto 2235 del 2012 reglamentó el artículo 106 de la Ley 1450 del año 2011[21] que definió lo que el legislativo denominó el “control a la explotación ilícita de minerales”. Entre otros, la Ley 1450 prohibió la utilización de equipos mecánicos en las actividades mineras sin título minero y ordenó el rechazo de las solicitudes que se encontraban en trámite para legalizar actividades mineras con minidragas. Antes de la entrada en vigencia de la ley, la Confederación Nacional de Mineros de Colombia -CONALMINERCOL- hizo un llamado a la movilización de sus asociados, debido a las posibles afectaciones de ley para quienes se consideran mineros tradicionales. Esta movilización dio como resultado un acuerdo entre el gobierno nacional y los mineros (Restrepo, 2011).

No obstante, luego de esto se realizaron otras dos grandes movilizaciones de mineros, una en el año 2012 y otra en el año 2013, que también dieron como resultado nuevos acuerdos con el gobierno sobre decisiones normativas que afectan intereses de pequeños mineros formales e informales. Según la CONALMINERCOL, la motivación de la última fue el no cumplimiento de los acuerdos.

 A continuación se presenta un balance sobre los acuerdos entre mineros y el gobierno:

De los dos últimos acuerdos entre el Gobierno Nacional y la Confederación Nacional de Mineros de Colombia – Comité Nacional de Protesta Minera, se evidencia una respuesta tardía por parte del Gobierno. Los acuerdos de 2012 se comienzan a resolver a partir de 2013 una vez la Ley 1382 de 2010 se declara inexequible. El único punto del acuerdo de 2013 al que se ha dado respuesta es el relacionado con las guías minero ambientales, es de destacar que esta es una de las solicitudes planteadas por los mineros tradicionales durante la movilización de 2011.

Desde la promulgación del plan de desarrollo 2010 - 2014, la principal preocupación de los mineros tradicionales es su estigmatización como mineros criminales y el contar con igualdad de oportunidades para la formalización y legalización de su actividad, asuntos que han manifestado en las diferentes movilizaciones. Según un líder minero, el principal obstáculo para la formalización es que las políticas no están diseñadas para que se logren los objetivos, por eso han fracasado las políticas de formalización del 1994 y 2010. Con esto el Gobierno demuestra su no interés en favorecer o solucionar los problemas de la pequeña minería sino dar paso a la minería transnacional [22].

Actualmente el país cuenta con la Política de formalización minera y el Decreto 933 de 2013 que dicta disposiciones en materia de formalización de minería tradicional. Sin embargo aún quedan sin resolver el asunto de relevancia para los mineros tradicionales en contextos de violencia, que es la destrucción de maquinaria. El no incluir procedimientos que le permitan a las autoridades hacer diferencias en la aplicación del Decreto 2235 de 2012 se podría afirmar que no se está cumpliendo el principio de justa igualdad [23].

Una vez levantado el paro de 2013 el Presidente Santos manifestó la necesidad de hacer claridad en la distinción entre minería artesanal y minería ilegal. "Ahí hay que hacer una distinción porque muchas veces hay una zona gris donde es muy difícil trazar la línea. En eso es en lo que tenemos que trabajar juntos para que no vayan a pagar justos por pecadores" (El Mundo, 2013). Sin embargo, en el trabajo de campo se evidencio que en el Bajo Cauca, mineros que hacen parte del programa de formalización han sido víctimas de la destrucción de su maquinaria. Según uno de los líderes mineros, el Decreto 2235 que autoriza la destrucción maquinaria responde a una campaña agresiva en los medios de comunicación en la que catalogan a todos los pequeños mineros como financiadores de grupos al margen de la ley y depredadores del medio ambiente. Adicionalmente esta medida favorece a las empresas dueñas de los títulos donde los pequeños mineros trabajan[24].

La Resolución 1258 de 2015 referente a los lineamientos, la guía ambiental y los términos de referencia para las actividades de formalización de minería tradicional indica que se deben imponer medidas para el cierre, la restauración y adecuación del área de no ser viable la formalización, evitando que se generen pasivos ambientales por parte de la minería tradicional. Sin embargo, no se manifiestan incentivos más allá de medidas represivas o como se le conoce en el sector “la ley del garrote” para que los mineros informales inviertan en satisfacer los requisitos del Estado y sean incluidos en la “legalidad”.

 Adicionalmente, aún están sin resolver los siguientes puntos del acuerdo de 2013:

  • Definición de un estatuto de minería artesanal, pequeña y mediana mecanizadas, donde se plasme, la realidad y problemática del sector
  • Creación y delimitación de áreas de minería especial, para comunidades ancestralmente mineras

 

La destrucción de maquinaria a pequeños mineros, según la presidenta de la Confederación “en el últimos año más de 700 máquinas han sido destruidas y quemadas por los operativos del Gobierno Nacional sin mediar palabra y tildándonos de criminales a todos sin discriminación, en una clara vulneración de los derechos” (El Espectador, 2015) la Confederación llamó a un nuevo paro nacional a comienzos de 2015 el cual fue suspendido a los pocos días. En este se acordó presentar ante el Congreso de la República una propuesta en la que incluyera criterios de diferenciación sobre tipos de minería incluyendo de esta manera a los afiliados de la Confederación como pequeños y medianos mineros para acabar con la estigmatización (Vanguardia, 2015). Sin embargo, a la fecha no se ha hecho efecto ninguna propuesta. Desde la firma del acuerdo Ramiro Restrepo, presidente de la Asociación de Mineros del Bajo Cauca manifestó no tener muchas expectativas sobre las promesas del gobierno “ya van tres acuerdos con el Gobierno para cambiar el decreto que terminó criminalizando la actividad minera informal y ninguno se ha cumplido” (Ospina, 2015).

 

oro materialesc 4.   Contradicciones entre políticas de titulación del sector minero y el ordenamiento territorial

De acuerdo con Sergio Chaparro, investigador de de justicia,  se da una elevada  concentración del subsuelo concesionado en minería en Colombia (análisis a 21 de octubre de 2013). Este está en unas pocas personas naturales o jurídicas, configurando un acaparamiento del subsuelo entregado para la minería, de igual manera afirma que la titulación minera mantiene una estructura oligopólica, dos grupos empresariales concentran más de la quinta parte del total de área concesionada para la minería (Chaparro Hernández, 2014). La alta concentración en la titulación minera, que se aceleró durante el periodo de la “piñata minera”, deja pocas áreas libres para que los mineros informales y tradicionales accedan a un título minero. Por lo tanto, también limita sus posibilidades para la legalización o participación en procesos de formalización a la voluntad de negociación de los titulares.

Existen zonas donde se presentan los niveles más altos de minería informal y a la vez se registran los menores porcentajes de áreas disponibles para titulación. Esta situación enrarece el ambiente frente a la formalización de los mineros tradicionales, teniendo en cuenta que según Luz Stella Ramírez, directora de Conalminercol, los mineros han aplicado a diferentes procesos de formalización que aún están vigentes, sin embargo hay minero informales que llevan 15 años esperando respuesta a su solicitud ó las solicitudes son generalmente rechazadas, se estima que el 95% no son aceptadas (La República, 2015).

La actual política de formalización de la minería tiene como una de sus estrategias principales un programa de que busca promover negociaciones entre titulares mineros y mineros tradicionales que con el acompañamiento de la autoridad minera resulten “en acuerdos duraderos y rentables para ambas partes”, bajo figuras como: contratos de operación, cesión de áreas, cesión de derechos, contratos de asociación, etc., contemplados en la legislación minera.

Contratos de operación

Esta figura es empleada en Segovia y Remedios. Una empresa llega a la región, adopta la operación por outsourcing otorgando contratos de arrendamiento y operación a mineros particulares, y mina que se explote sin el debido contrato queda como ilegal. Según una visita realizada por la Escuela Nacional Sindical a la región, se constató que para la adjudicación de estos contratos no hay unos criterios ni tiempo de duración determinados de manera clara y objetiva. Entre los requisitos que se exigen para acceder a estos contratos: el operador debe constituir una empresa legal, cargar con la seguridad social y las prestaciones sociales de los mineros que contrate, lo mismo que hacer inversiones en seguridad industrial y sostenibilidad ambiental (Agencia de Información Laboral- ENS, 2013). La ANM no reporta solicitudes para la adopción de este mecanismo.

Subcontratos de formalización

Según el informe de rendición de cuentas de 2015 de la ANM se han presentado tres solicitudes de subcontrato de formalización minera, una fue rechazada y las dos restantes tienen requerimientos para corregir la solicitud. Adicionalmente se han radicado ante la entidad nueve solicitudes de subcontrato de formalización minera, que están en proceso de evaluación preliminar (Agencia Nacional Minera, 2015).

Una empresa minera que fue la primera en usar el subcontrato de formalización afirmó: "Estamos muy emocionados por los mineros involucrados en este proceso y estamos orgullosos de que ellos hayan tomado la decisión de incorporar la legalidad en sus operaciones mineras. Esperamos trabajar juntos en la implementación de estas nuevas minas a pequeña escala. La celebración de estos sub-contratos no hubiese sido posible sin el esfuerzo conjunto de todas las autoridades involucradas en este asunto. Especialmente, reconozco la labor del Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Minería, la Secretaría de Minas, CORANTIOQUIA y la Alcaldía de Buriticá, por avanzar tan rápidamente en estos sub-contratos (Continental Gold, 2014). La empresa considera que con este programa está beneficiando a las asociaciones para que cumplan las normas para esto dan soporte técnico, social y económico. “Ellos no están produciendo oro, pero están haciendo inversiones para su capacidad. Han conseguido plata para tener su minas cumpliendo todos los estándares” (El Tiempo, 2014).

Aunque el ministerio de minas también celebra estos acuerdos mineros de la zona manifiestan su descontento frente a la política. Jaime Riveros, vocero de más de 300 familias de Buriticá, calificó estos acuerdos como “una reconquista, ya que se hacen pactos con las multinacionales mineras, que tienen miles de hectáreas para explotar, pero a los propios mineros tradicionales, que pedimos 20 hectáreas, nos niegan el derecho” (Ospina Zapata, 2015). Los mineros informales están quedando excluidos de cualquier posibilidad de que les sea entregado un título o se les respete como mineros ancestrales que han vivido de la minería en el municipio (Agencia de Prensa IPC, 2014).

La empresa manifestó que la ley 1358 de 2013 y el decreto 480 de 2014 establecen los requerimientos para efectuar un subcontrato de formalización en donde claramente el proceso parte de la voluntad del titular minero para adjudicar zonas de formalización minera. Ésta resaltó que se adjudicaron 8 subcontratos de los cuales continúan vigentes 4 empresas que generan un total aproximado de 200 empleos, “el objetivo de La Compañía es fortalecer el proceso para que sea exitoso y sirva como ejemplo para el país.” La implementación de este subcontrato implica un cumplimiento de unos requisitos de ley en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, impuestos, seguridad social, medio ambiente y desarrollo minero bajo estándares técnicos que implican un nivel de inversión alto y compite con las ganancias que deja la minería ilegal al desarrollar esta actividad al margen de la ley. Este programa de formalización minera se fundamenta sobre una visión estratégica público-privada para fortalecer las unidades de pequeña minería.

Cesión de área y entrega de títulos.

La Cesión de área es un mecanismo que permite el desarrollo de nuevos negocios entre particulares y ha permitido formalizar a la pequeña minería. La cesión de áreas pareciera ser una herramienta que los titulares han decidido emplear para continuar la explotación del mineral en un trabajo conjunto con los mineros tradicionales. Es evidente que dada la capacidad de respuesta de la autoridad minera a este mecanismo es necesario ajustar el procedimiento para permitir que más mineros tradicionales puedan formalizar su actividad.

Actuación

Resueltas 2013-2014

Por Resolver 2014

Resueltas 2014 (sep)-2015

Por Resolver 2015

Cesión de áreas

7

21

6

86

Renuncias Parciales

67

7

21

27

Fuente: Rendición de Cuentas de la ANM 2014 y 2015

Bajo la figura de Cesión de área, la Empresa Mineros S.A. contribuyó para que 7 unidades de producción minera de Jobo Medio Emijon realicen sus actividades de explotación en un área de 126 hectáreas. Para esto contaron con el apoyo del programa BIOREDD+ de USAID los apoyó con la formulación de Plan de Trabajo y Obras (PTO), el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y los planes de mejoramiento ambiental (Sacristan Salvador, 2014).

Desde el sector de minería a gran escala, se está implementando la alianza social para la formalización, a través de diferentes modalidades busca la “protección de los mineros informales, garantizando su mínimo vital y el desarrollo de actividades competitivas que les garanticen una vida digna” (Asociación del Sector de la Minería a Gran Escala, 2013) esta alianza dá respuesta al programa de formalización plantado por el gobierno.

Acciones Alianza Social para la Formalización

Empresa

Área de Influencia

Beneficiarios

Modalidad

Periodo

Gran Colombia Gold

Segovia y Marmato

41 contratos (3000 personas aprox.)

Contratos de operación (contratos de formalización)

Desde 2011

Minas Paz del Río

Socha, Socotá, Tasco y Paz de Río

400 mineros, entre trabajadores, dueños de las minas y terceros que hacen parte del encadenamiento productivo de la región (Agencia Nacional de Minería, 2013)

Formalización

Desde 2013

Continental Gold

Buritica

450 mineros y 8 asociaciones

subcontratos de formalización

Desde 2013

 

Las empresas pueden impactar el derecho a la no discriminación a través de sus empleados, socios y clientes. En algunas ocasiones es aceptable que tomen “acciones afirmativas” para ayudar a un grupo que ha sufrido discriminaciones a lo largo del tiempo para evitar que continúe la discriminación, estas medidas implican una discriminación “positiva”. Usualmente las “acciones afirmativas” están cubiertas por la ley y las empresas deberían seguirlas (Castan Centre for Human Rights Law, International Business Leaders Forum, and Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 2008). Según Miranda, en el caso de la pequeña minería, la minería a gran escala es una de las principales amenazas a este modo de vida, si las empresas mineras a gran escala reclaman para sí depósitos trabajados por minera a pequeña escala, podrían resultar conflictos intensos, en algunas ocasiones las empresas recurren a la ayuda del gobierno para desalojar a los pequeños mineros (Marta Miranda, 2005). Las compañías mineras deberían reconocer los derechos de los mineros artesanales y de pequeña escala bajo la Declaración de los Derechos Humanos (particularmente los artículos 9 y 12 referidos al desahucio involuntario) (Marta Miranda, 2005). De acuerdo con los resultados del proyecto Minería, Minerales y Desarrollo Sustentable (MMDS) las compañías mineras deberían, ayudara los pequeños mineros a obtener un estatus legal, integrarlos al sector formal, ayudarlos a ganar acceso a los mercados, y proporcionarles recursos que les permitan trabajar de una forma más sostenible[25].

En el caso particular de una empresa minera a gran escala en el Cesar, se ha llevado a cabo un trabajo conjunto con el gremio minero (Asociación Colombiana de Minería – ACM), y proyectos con el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería, en los que están aportando ideas y sobre todo ejemplo de mejores prácticas para que éstas sean emuladas por el pequeño minero que está en proceso de legalización.

Protección especial del Estado: Población vulnerable en contextos de minería

De acuerdo con (CEPAL y CELADE, 2002) el concepto de vulnerabilidad hace referencia a la situación de desventaja, producto de la exposición a uno o varios riesgos que padece un grupo social frente al goce de derechos. Igualmente se refiere a la capacidad de respuesta de estos grupos para actuar frente a cada riesgo o afectación.

Los factores o riesgos que dan origen a esta situación obedecen a diferentes aspectos históricos, económicos, culturales y políticos que han impedido el desarrollo de condiciones socialmente equitativas. Esto se refleja en las condiciones sociales, económicas y culturales que enfrentan la mayor parte de las minorías étnicas en Colombia. En el contexto del logro de los ODM, el informe sobre la situación socioeconómica de la población afrocolombiana publicado por el PNUD, sostiene, que “tanto la desigualdad como la pobreza son dos cuestiones a las cuales las sociedades latinoamericanas deben prestar especial atención. En particular, Colombia se caracteriza por ser una sociedad altamente desigual en relación con el resto de los países de América Latina y por presentar altos niveles de pobreza” (Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, 2010).

Frente a la situación de las poblaciones vulnerables, la Constitución colombiana establece que el Estado debe promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y debe adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados y, proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica u otras razones se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta. Así mismo, se establece que el Estado debe actuar para sancionar los abusos o maltratos que se cometan en contra de las poblaciones vulnerables. Es decir, que dentro de la toma de medidas dirigidas a asegurar la igualdad ante la ley, el Estado tiene que hacer especial énfasis sobre aquellas personas o grupo de personas que enfrenten algún tipo de desventaja para hacer efectivos sus derechos y sancionar los abusos que contra estas poblaciones se comentan.

De igual manera la constitución colombiana reconoce la diversidad étnica y cultural que caracteriza el país y establece la obligación del Estado de protegerla mediante la promoción de condiciones de igualdad real y efectiva frente a las poblaciones en situación de discriminación o desigualdad.

A partir del análisis del análisis integral de la información primaria y secundaria, el equipo de investigadores identificó algunas situaciones ilustrativas en las que se ha afectado, limitado o incidido en el goce efectivo del derecho de igualdad ante la ley, en relación a grupos sociales en situación de vulnerabilidad:

  • Víctimas de la violencia
  • Mujeres
  • Comunidades étnicas
  • Población Campesina
  • Personas que participan en la minería informal (salud, seguridad social).

 

 oro 5.   Actuaciones institucionales para la protección de población especialmente vulnerable por el conflicto armado  

El capítulo sobre los derechos a la libertad y seguridad expone una relación con fundamentos cuantitativos sobre la mayor presencia y acción GAI en contextos de pequeña y mediana minería en comparación con los municipios de control. Las acciones de los GAI y más recientemente de las BACRIM en contextos de minería tienen el objetivo de controlar territorios y poblaciones estratégicos para su financiación, cómo se reconoce en el decreto 2235 uno de las acciones más comunes dirigidas en contra de la población civil es la extorsión.

Por otro lado, que las acciones de estos grupos están estrechamente ligadas a la victimización de la población civil, homicidios, amenazas, desplazamiento forzado y despojo de tierras[26]. En este sentido es importante resaltar, como se expone en la EIMIL, el decreto presidencial 2235 de 2012 (Ver capítulo de libre circulación y permanencia y capítulo de derecho a la propiedad, derechos étnico territoriales y consulta) que el desplazamiento forzado, el abandono y despojo de tierras, en algunos casos, está relacionado directa o indirectamente con la minería.

La corte constitucional de Colombia, por medio el auto 218 de 2006 en el marco del seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, señaló la necesidad de diseñar e implementar una perspectiva diferencial que reconozca que “el desplazamiento forzado afecta de forma distinta a los niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, mujeres, grupos étnicos y personas con discapacidad”, al no verificar avances en la implementación de un enfoque diferencial para la protección y garantía de los derechos de estos grupos, ordenado por la sentencia (Cepeda Espinosa, 2006).

Adicionalmente, la corte constitucional mediante el Auto 004 de 2009 establece que las condiciones de vulnerabilidad, son manifestaciones en las que históricamente han vivido comunidades étnicas en escenarios de guerra, en especial en la última década, vienen profundizando: “algunos pueblos indígenas están en peligro de ser exterminados -cultural o físicamente- por el conflicto armado interno, y han sido víctimas de gravísimas violaciones de sus derechos fundamentales individuales y colectivos y del Derecho Internacional Humanitario”. Sobre esto es importante resaltar en primer lugar, la minería y conflicto-. (Corte Constitucional, 2009)

La constitución de contextos mineros inmersos en el conflicto armado, en la mayoría de los casos sometidos a precarias condiciones de vida, profundas alteraciones socio ambientales y sin la adecuada protección del Estado, entre otros factores, ha generado que un porcentaje importante de los grupos étnicos y comunidades campesinas del país reciban una amenaza en la actividad minera. El informe presentado por la Organización indígena de Colombia ONIC frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH es una prueba de lo expuesto. De acuerdo con medios públicos, la ONIC solicitó medidas cautelares para la protección de los pueblos indígenas buscando que "se prohíba en estos territorios la explotación por terceros de cualquier recurso de extracción y se anulen los títulos mineros y otros títulos de concesiones para extracción de recursos" (El Espectador, 2013).

Mapa 3 Años de persistencia del conflicto (1993-2009) en territorios de comunidades étnicas (Resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades negras)

map3

Fuente: Elaboración propia con información de territorios de comunidades étnicas del Sistema de Información Geográfico para el Ordenamiento Territorial –SIGOT (2012) e información de presencia de actores armados de Policía Nacional, DAS y DNP

 

Sobre la relación minería y conflicto en territorios étnicos, la Corte constitucional reconoce la vinculación de actores del conflicto armado con intereses económicos privados, algunos relacionados con minería. Esto ha resultado en la implementación de estrategias de violencia por parte de actores armados interesados en la explotación directa de recursos naturales o en el apoyo a ciertas empresas para que desarrollen estos proyectos:

“el desarrollo de actividades ilícitas de explotación de recursos naturales, en forma irregular, por actores económicos del sector privado o por los grupos armados ilegales - tales como explotación maderera indiscriminada, siembra y explotación de monocultivos agroindustriales, explotación minera irregular, y otras actividades afines. - A menudo estas actividades afectan los lugares sagrados de los grupos étnicos, con el consiguiente impacto destructivo sobre sus estructuras culturales; de por sí, se ha reportado que generan altos índices de deforestación y daño ambiental dentro de sus resguardos. En este sentido ha de resaltarse que múltiples grupos indígenas han denunciado estrategias de violencia por parte de los actores armados interesados, o bien en la realización directa de megaproyectos agrícolas y de explotación de recursos naturales, o bien en el apoyo a ciertas empresas y actores económicos que desarrollan estos proyectos, y con los cuales se han asociado para lucrarse con los beneficios de tales actividades. Según se denuncia y se reseña más adelante en el anexo aparentemente algunos actores económicos se han aliado con los actores armados irregulares para generar, dentro de las comunidades indígenas actos de violencia que eliminen o desplacen a los indígenas de sus territorios ancestrales despojando así el camino para la implementación de estos proyectos productivos. Ello se deriva esencialmente, de la existencia de intereses comerciales extensivos en los recursos naturales de sus territorios. En algunos lugares del país es claro que se han vinculado los actores del conflicto armado con intereses económicos, vinculación que es una de las principales causas de desplazamiento forzado” (Corte Constitucional , 2009)

Mapa 4 Confluencia de actores armados en territorios de comunidades étnicas

map4

Fuente: Elaboración propia con información de resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades negras del Sistema de Información Geográfica para el Ordenamiento Territorial (SIGOT) e información de presencia de actores armados de la Fundación Paz y Reconciliación (2015)

Al igual que para las minorías étnicas el conflicto armado interno incrementa la situación de vulnerabilidad en entornos mineros. Comunidades campesinas se ven afectadas por la presencia y acción de GAI y BACRIM que se benefician directa o indirectamente de la minería. Las afectaciones asociadas a su integridad física y libre movilidad[27], producto del desplazamiento forzado, es el impacto más preocupante sobre los derechos de esta población.

A esta situación se le suman numerosos casos de despojo, venta forzosa de parcelas, compras masivas de terrenos, imposición de cambios sobre el uso de los suelos que obedecen a intereses de grupos armados que en algunos casos estaban alineados a con intereses económicos privados. Situación que es reafirmada en los informes del PNUD en donde afirman que “los campesinos colombianos han sido las principales víctimas del conflicto por la posesión y el control de la tierra. Ha sido una constante en la historia el asesinato de los líderes de las comunidades que reclaman por el despojo de sus tierras, el desplazamiento de comunidades enteras por la presión de los grupos armados que no han dudado en cometer masacres para hacerse a la tierra, ejerciendo la presión del miedo para retitular la tierra de los campesinos a favor de nuevos terratenientes.” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2011)

Adicionalmente, se identificaron obstáculos en el proceso de retorno a los territorios de origen debido a transformaciones u ocupaciones, oposición de grandes empresas en los procesos de restitución así como medidas legislativas y administrativas que restringen las oportunidades de retorno a los territorios que se superponen con áreas de interés estratégico para proyectos extractivos. El estudio de ABColombia sobre la magnitud de la perdida y el robo de tierras en Colombia Devolviendo las Tierras a las Victimas de Colombia 2011, concluye que las medidas de reparación a las víctimas del conflicto han constituido un “proceso defectuoso, que a menudo proporciona beneficios monetarios que ya son un derecho de las víctimas conforme a la legislación colombiana. Este proceso también excluye a aquellos actos cometidos por la guerrilla y los agentes del estado. Este es un aspecto de suma relevancia ya que el Relator de Naciones Unidas, Philip Aston, declaró a las ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército un proceso sistemático, significando 887 muertes entre 2001 y 2010. La restitución de tierras ha sido especialmente ineficaz: la CNRR informó que durante sus primeros cinco años de funcionamiento sólo 1.500 hectáreas, de 6 – 10 millones de hectáreas adquiridas ilegalmente por los paramilitares (AUC), fueron restituidas.” (ABColombia, 2011)[28]

De acuerdo con Luis Jorge Garay en su estudio sobre reparación a las víctimas del conflicto armado interno, El reto ante la tragedia humanitaria del desplazamientos forzado: Reparar de manera integral el despojo de tierras y bienes 2009, el conflicto interno armado “se desenvuelve en múltiples conflictos que tienen expresiones territoriales concretas en la medida en que está asociado a la explotación de recursos y territorios específicos. Por esta razón, entre otras, la dinámica rural no se puede entender sin la mediación del conflicto, que ha producido una oleada de desplazamiento y despojo, que alcanza en el periodo de los últimos trece años una cifra cercana a 4 millones de personas a 31 de diciembre de 2010, e involucra a cerca de 836.000 familias, así́ como el despojo y abandono de tierras estimado en 5,5 millones de hectáreas, aproximadamente el 9% del área agropecuaria actual.” (Garay, Luis Jorge (director). 2009. El reto: reparar de manera integral el despojo de tierras y bienes. Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, 5. Bogotá.)

 

oro materialesccarbon 6.   Actuaciones institucionales para la protección de la mujer en escenarios mineros

El ministerio de minas recientemente realizó talleres con mujeres en ocho municipios mineros de Colombia[29] con el fin de tener un diagnóstico de la situación económica, social y laboral de las mujeres mineras (MINMINAS, 2014). De acuerdo a los resultados de este esfuerzo, i) la mayoría de mujeres desarrollan sus actividades de trabajo desde la informalidad, ii) cumplen con jornadas que superan ocho horas diarias, iii) les pagan a menos precio el mineral que pueden extraer, iv) tienen ingresos que se encuentran por debajo del salario mínimo legal vigente, v) no tienen acceso a seguridad social, y vi) para muchas, la minería es su único medio de subsistencia puesto que su nivel de escolaridad restringe sus posibilidades y la oferta de empleo en las regiones en donde habitan es escasa[30].

A esto se debe sumar que las mujeres que trabajan en la minería son especialmente vulnerables. De acuerdo al ministerio, las viviendas de las mujeres consultadas no cumplen condiciones que garanticen una buena calidad de vida, la mayoría de mujeres son cabeza de familia o tienen personas que dependen económicamente de ellas, algunas afirman sufrir maltrato físico y psicológico en las minas y la mayoría se perciben desprotegidas casi completamente por el estado.

Este último aspecto es en especial preocupante porque miles de las mujeres que el ministerio consultó en tan solo ocho municipios también fueron víctimas de desplazamiento y cientos de ellas se encuentran aisladas de sus familias[31].

El estado colombiano ha reconocido en numerosas ocasiones la vulnerabilidad especial de la población desplazada por la violencia[32] y la importancia de contemplar un enfoque diferencial al respecto (Cepeda Espinosa, 2006), una situación que no termina con el desplazamiento sino que perdura en sus lugares de refugio o arribo (ONU Mujeres, 2015). La Corte Constitucional se ha referido sobre la situación de especial vulnerabilidad de las mujeres, jóvenes, niñas y adultas mayores desplazadas por la violencia con la emisión de los Autos 092 de 2008, 098 de 2013 y el Auto 009 y 029 de 2015.

Comunidad étnicas

Las comunidades indígenas y negras en América Latina han enfrentado discriminación racial y exclusión histórica que tienen sus raíces en la esclavitud. Así lo manifiesta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando afirma que “los principios de igualdad y no discriminación aún no se encuentran completamente garantizados para las personas afrodescendientes de las Américas. Más aún, las personas afro descendientes se ven afectadas profundamente por la persistencia del racismo, que les impide estratégicamente el goce y ejercicio de sus derechos”. (ACNUR, 2011)

Esta es un situación reconocida en los contextos mineros a través de las directrices del International Council on Mining and Metals (ICMM) frente a la minería y los pueblos indígenas de mayo 2008. Así mismo la ICMM reconoce que los impactos de la actividad minera sobre las comunidades vecinas pueden ser tanto positivos como negativos aunque en la mayoría de los casos los pueblos indígenas han vivido una experiencia negativa frente al desarrollo de esta industria. (ICMM, 2010)

Para el contexto colombiano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que “uno de los factores de riesgo que actualmente penden sobre su existencia física y cultural es el de los planes y proyectos de infraestructura y explotación económica que se están proyectando e implementando dentro de sus territorios, sin el debido respeto por sus derechos individuales y colectivos y en distintos casos asociados a la violencia de los actores armados”. (CIDH., 2010)

Por su parte, la Corte constitucional de Colombia ha establecido que los altos índices de deforestación y daño ambiental de las actividades extractivas en los territorios ocupados por minorías étnicas tienen un impacto destructivo sobre las estructuras culturales de estos pueblos (Corte Constitucional, 2009)

 

oro materialesccarbon 7.   Actuaciones institucionales para la protección de comunidades étnicas

En el capítulo sobre Derechos étnico territoriales, propiedad de la tierra y consulta se identifican situaciones en las que se ha limitado o incidido en el ejercicio de estos derechos como lo son[33]:

  • Afectaciones como resultado de desplazamiento forzado en contextos mineros.
  • Restricciones para la restitución de tierras.
  • Afectaciones por acciones empresariales o de actores que participan en la minería.
  • Afectaciones asociadas con pequeños y medianos mineros formales e informales.
  • Controversias asociadas con instrumentos de ordenamiento territorial, medidas legislativas y administrativas.
  • Afectaciones a derechos étnico - territoriales y consulta.

 

Las causas detrás de estas situaciones están asociados principalmente con:

 1) El conflicto interno armado en contextos de minería: Comunidades étnicas se ven afectadas por la presencia y acción de GAI y BACRIM que se benefician directa o indirectamente de la minería. El despojo de sus territorios y propiedades así como afectaciones asociadas a su integridad física y libre movilidad[34], producto del desplazamiento forzado, son los impactos más preocupante sobre los derechos étnico territoriales de las minorías étnicas. Adicionalmente se identificaron obstáculos en el proceso de retorno a los territorios de origen debido a transformaciones u ocupaciones por parte de mineros informales, oposición de grandes empresas en los procesos de restitución así como medidas legislativas y administrativas que restringen las oportunidades de retorno a propiedades y territorios que se superponen con áreas de interés estratégico para el desarrollo de proyectos mineros y extracción de recursos naturales.

2) Actividades de grandes empresas, pequeños y medianos mineros: Actividades de grandes empresas, pequeños y medianos mineros formales e informales, los últimos en algunos casos con vínculos directos o indirectos con GAI y BACRIM están asociados a los siguientes tipos de afectaciones:

  • Limitaciones que inhiben el libre desarrollo de prácticas económicas tradicionales de comunidades de mineros artesanales, pescadores y agricultores por transformaciones territoriales.
  • Afectaciones por transformación de territorios y vías de uso tradicional de comunidades étnicas por minería formal e informal
  • Afectaciones a los recursos naturales existentes en las tierras de las comunidades étnicas por causa de la actividad minera.
  • Limitaciones a comunidades étnicas para afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo a causa de la minería.
  • Afectación de comunidades étnicas por desarrollo de actividades o toma de decisiones asociadas a la minería sin consulta previa y garantías de participación plena.
  • Afectaciones a la vida, creencias, instituciones y bienestar espiritual.

 

3) Acciones u omisiones por parte del Estado: Además de la participación del Estado por acción u omisión en cada una de las afectaciones a los derechos étnico territoriales enunciados. El Estado ha fallado en proteger a las comunidades étnicas en los escenarios del conflicto armado en contexto de minería principalmente en relación a las transformaciones violentas de sus territorios, condiciones para la permanencia y el disfrute de sus derechos étnico territoriales y de propiedad. El Estado también ha fallado en cuanto a la protección efectiva de los derechos humanos de las comunidades en situación de intervención de proyectos mineros, en especial, en lo que se refiere a los derechos étnico - territoriales. Las fallas están relacionadas con la ausencia de estudios suficientes e imparciales que evalúen la incidencia social, espiritual, cultural de la actividad minera sobre las comunidades étnicas y sus territorios, la falta de medidas eficaces de protección del medioambiente, ausencia de mediación satisfactoria para el diálogo intercultural en situaciones donde empresas mineras pretenden o acceden a tierras importantes para la pervivencia de las minorías étnicas y el impulso a planes estratégicos nacionales que puedan afectar a comunidades étnicas sin su adecuada participación y consulta previa, agravando tensiones entre empresas y comunidades.

 4) La omisión de consulta previa y participación de las comunidades: El derecho a la consulta previa, libre e informada no se respeta de manera satisfactoria. Las principales afectaciones y limitaciones están relacionadas con la planeación y reglamentación de zonas estratégicas para explotación de recursos no renovables, el otorgamiento de títulos, permisos y licencias a grandes empresas, sobre territorios étnicos, sin la participación de las comunidades afectadas o aplicación de la consulta previa. Igualmente se identificaron restricciones para el retorno de población desplazada en el marco del conflicto relacionada con áreas asociadas a PINES que no fueron consultados. Algunas de las zonas estratégicas mineras fueron suspendidas por el consejo de Estado hasta que no se realice consulta previa. Por último todas las comunidades étnicas visitadas en el trabajo de campo demostraron interés en conocer en qué consiste la consulta previa libre e informada, los derechos étnico - territoriales, cuáles son sus alcances, límites y qué beneficios pueden generar para las comunidades.

Las limitaciones o vulneraciones sobre el ejercicio de derechos relacionados con el acceso, retorno y disfrute del territorio implican riesgos multidimensionales que afectan diversos aspectos de estas comunidades e impiden el acceso a condiciones de igualdad frente al resto de los ciudadanos.

Uno de los principales aspectos afectados es la autonomía de estos pueblos para elegir sobre el futuro de sus comunidades. El desarrollo de proyectos mineros en territorios étnicos impiden la puesta en marcha de planes de vida que no se adapten a las condiciones impuestas por las decisiones tomadas desde el gobierno central y sin la adecuada participación de las comunidades que habitan estos territorios. El trabajo de campo y la revisión documental mostró que en la mayoría de los casos los planes del Gobierno para el desarrollo de actividades mineras en zonas habitadas por minorías étnicas van en contravía con los planes de vida y las formas de producción que tradicionalmente han implementado estos pueblos.

Los pueblos indígenas, negros y campesinos también enfrentan una situación de desventaja al momento de practicar la actividad minera en sus territorios. La legislación colombiana por medio de la Ley 685 de 2001 reconoce el derecho de prelación a las minorías étnicas para el desarrollo de la actividad minera en cumplimiento de sus obligaciones de promover “las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados.” Esto en aquellas situaciones en que las comunidades hayan declarado una zona de minería indígena, negra o mixta, dentro de su territorio y deseen hacer uso del derecho de prelación en caso en que un tercero solicite contrato de explotación de minerales en dicha zonas.

En caso de existir una solicitud de título minero por parte de un tercero, se debe notificar a las comunidades interesadas por medio del El Ministerio del Interior, 5 días después de aceptada la propuesta de solicitud. Con el fin de hacer valer su preferencia en el término de treinta (30) días a partir de la notificación. Adicionalmente el artículo 127 establece la figura de área indígena restringida, como zonas que la autoridad indígena señalará y no podrán ser objeto de exploración o explotación minera, por tener especial significado cultural, social y económico, de acuerdo con las creencias, usos y costumbres de la comunidad.

El derecho a la prelación protege diferentes dimensiones de las particularidades sociales, económicas y culturales de las minorías étnicas. No obstante, la Corte Constitucional colombiana por medio de la Sentencia T-1045A/10 se ha pronunciado al respecto por la afectación de comunidades étnicas a quienes nos se les habría respetado ese derecho: “antes de empezar la exploración y explotación de un proyecto minero que se encuentre en territorio de las comunidades étnicas minoritarias, se debe desarrollar la consulta previa respectiva con las comunidades que puede ser o llegar a ser afectadas por dicho proyecto; ii) deberá estar aprobado el estudio y expedida la licencia ambiental respectiva, para poder iniciar los trabajos y obras mineras; iii) la autoridad minera deberá tener en cuenta y decidir sobre el derecho de prelación que les atañe a esas comunidades étnicas, de acuerdo con la ley. En el asunto objeto de estudio, se encuentra demostrado que existe un añejo nexo entre el territorio y la supervivencia cultural y económica de la comunidad afrocolombiana allí asentada. Además, la violación del derecho a la consulta sobre proyectos de explotación de recursos naturales, también conlleva la conculcación de otros derechos del pueblo afectado, tales como la autonomía e integridad cultural y social y, eventualmente, la propiedad.” (Corte Constitucional, 2010)

En una primera impresión, el reconocimiento de la prelación para la explotación minera por parte de minorías étnicas puede verse como un avance en el ejercicio igualitario de sus derechos. Esto por medio de una figura que les brinda ciertas ventajas a las comunidades indígenas y negras para explotar los recursos minerales que en sus territorios se encuentren. Sin embargo, la declaración de zonas mineras indígenas, negras o mixtas por parte de comunidades que no están interesadas en la explotación minera como medida de protección territorial también puede constituir una amenaza para la autonomía de las minorías étnicas y la integridad de su cultura y territorio. El derecho de prelación se limita al área declarada como zona de minería indígena, negra o mixta, mientras que el resto del territorio estaría abierto a las expectativas de terceros lo que puede inducir a las autoridades indígenas a declarar como zona minera indígena todo su territorio, aun si su intención no fuera explotarlo en su totalidad. En este sentido, la autonomía de los pueblos se vería limitada al desconocer el ordenamiento ambiental, cultural, económico y social de sus territorios.

Adicionalmente la falta de claridad en la norma junto al desconocimiento por parte de las comunidades podría representar grandes riesgos para los planes de ordenamiento de los territorios de grupos étnicos que acudan a esta figura como medida para restringir la actividad minera. Si bien el código de minas reconoce el derecho de prelación a las minorías étnicas, en caso en que un tercero solicite un título minero sobre sobre un área de minería indígena, negra o mixta y el grupo a quien corresponda el derecho de prelación, no manifieste su interés de explotar, cualquier persona podría solicitar el título para ejercer la actividad minera en este territorio[35].

 

oro materialesccarbon 8.   Actuaciones institucionales para la protección de Poblaciones Campesinas

Al igual que las minorías étnicas, las comunidades campesinas mantienen una frágil relación con la tierra basada en sistemas productivos sostenibles por medio de los cuales se establecen fuertes vínculos con el territorio. A diferencia de las minorías étnicas, los campesinos no cuentan con un reconocimiento particular que abogue por su condición de vulnerabilidad y los reconozca como un “grupo social específico tan vulnerable que la protección de sus derechos requiere medidas especiales para garantizar que los Estados respeten, protejan y hagan cumplir sus derechos humanos”. (Organización de la Naciones Unidas, 2013)

Esta situación llevó a que en el mes de julio del año 2013 y tras tres años de discusión formal en el Consejo de DD.HH. de la ONU se elaborara la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y de otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales.

La mayor parte de los impactos que fueron identificados para las comunidades étnicas también afectan a las comunidades campesinas que habitan las regiones mineras. A manera ilustrativa, para el 2014 existían 218 títulos mineros vigentes sobre 112.928 hectáreas reconocidas como Zonas de Reserva Campesinas a lo largo del todo el país[36]. No en vano son numerosos los movimientos campesinos que se han movilizado a favor del reconocimiento de sus derechos[37]. En muchos casos los impactos representan grandes amenazas para el equilibrio de la seguridad alimentaria de estas comunidades así como para la su particularidades socioculturales.

El campesinado es un actor social que ha sido parcialmente desvalorizado al no ser entendido como un actor activo para el desarrollo del país. Esta situación le ha asignado un papel subsidiario que limitan sus derechos y garantías e impide la equidad en el sector rural. El informe del PNUD “El campesino, Reconocimiento para construir país” concluye que “hay una herencia compleja en términos de justicia de los modelos de desarrollo industrial, las políticas agrícolas y los intentos de configurar un modelo de desarrollo rural, que han tenido implícita una desvalorización relativa del campesinado, no solo porque no lo han estimado como sujeto activo para el desarrollo, sino porque a una alta proporción se le ha asignado un papel subsidiario, como peón de brega sin derechos ni garantías en la apertura de nuevas tierras, como jornalero, cortero o prestador de servicios.” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2011).

La Declaración Sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales (2013) proclama que los habitantes de las zonas rurales tienen derecho a poseer tierras a título individual y colectivo, a trabajarla, a trabajar y disponer tierras no utilizadas de las que dependa su sustento, y que su tenencia sea segura. Esto los protege contra los desalojos de sus tierras y territorios. En caso de presentarse, se debe tener el consentimiento libre, previo e informado y un acuerdo para una indemnización justa y equitativa. Además se consagra el derecho a beneficiarse de una reforma agraria y el derecho de la población campesina a ser indemnizada por la deuda ecológica y el desposeimiento histórico y presente de sus tierras y territorios[38].

 

Bibliografía

ABColombia. (2011). Colombia Devolviendo las Tierras a las Víctimas de Colombia. Recuperado el 27 de noviembre de 2015, de http://www.abcolombia.org.uk/downloads/D7Z_ReturningLandReportSPANISH.pdf

ACNUR. (diciembre de 2011). Recuperado el noviembre de 2015, de Situación de las personas afrodecndientes en las américas.: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8311.pdf?view=1

Agencia de Información Laboral- ENS. (19 de julio de 2013). La formalización laboral en pequeña y mediana minería también debe ser parte del debate. Recuperado el 28 de noviembre de 2015, de http://www.ens.org.co/index.shtml?apc=Na--;13;-;-;&x=20167971

Agencia de Prensa IPC. (31 de julio de 2014). La toma de Buriticá por parte de la Continental Gold: historia de despojo y acumulación de tierras. Recuperado el 22 de noviembre de 2015, de http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/2014/07/31/la-toma-de-buritica-por-parte-de-la-continental-gold-historia-de-despojo-y-acumulacion-de-tierras/

Agencia Nacional de Minería. (10 de enero de 2013). Gobierno Nacional y Minas Paz del Río logran acuerdo para explotación y comercialización de carbón. Recuperado el 28 de noviembre de 2015, de http://www.anm.gov.co/?q=gobierno-nacional-y-minas-paz-del-rio-logran-acuerdo

Agencia Nacional Minera. (13 de marzo de 2014). Concepto sobre la destrucción de maquinaria pesada. Recuperado el 25 de noviembre de 2015, de http://www.anm.gov.co/sites/default/files/NormativaConceptosJuridicos/13032014_medidadedestrucciondemaquinariapesadadentrodeunpsl.pdf

Agencia Nacional Minera. (octubre de 2015). Informe de Rendición de Cuentas. Recuperado el 27 de noviembre de 2015, de http://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/informe_rendicion_de_cuentas_2015_mp.pdf

Asociación del Sector de la Minería a Gran Escala. (29 de agosto de 2013). Minería informal, un desafío para el desarrollo regional. Recuperado el 29 de noviembre de 2015, de http://www.icpcolombia.org/archivos/publicaciones/gran_escala.pdf

Benavides, J. (agosto de 2014). Insumos para el desarrollo del Plan Nacional de Ordenamiento Minero. (C. I. Universidad de los Andes, Ed.) Recuperado el 21 de noviembre de 2015, de http://cider.uniandes.edu.co/@Publicaciones/PublicacionesCoedicion/PlanOrdenamientoMinero.pdf

Bermúdez Liévano, A. (24 de julio de 2013). Las cabezas detrás de los paros. Recuperado el 27 de noviembre de 2015, de La Silla Vacia: http://lasillavacia.com/historia/las-cabezas-detras-de-los-paros-45275

Castan Centre for Human Rights Law, International Business Leaders Forum, and Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (2008). Human Rights Translated: A Business Reference Guide. Recuperado el 2015, de https://www.monash.edu/__data/assets/pdf_file/0006/141882/human-rights-translated.pdf

CEPAL y CELADE. (2002). Vulnerabilidad Sociodemográfica: Nuevos y Viejos Riesgos para Comunidades, Hogares y Personas. Recuperado el 25 de noviembre de 2015, de http://www.cepal.org/publicaciones/xml/4/11674/lcw3-vulnerabilidad.pdf

Cepeda Espinosa, M. J. (11 de agosto de 2006). Verificación de las medidas adoptadas para superar el estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004 sobre el problema del desplazamiento interno. Recuperado el 27 de noviembre de 2015, de http://www.corteconstitucional.gov.co/T-025-04/AUTOS%202006/26.%20Auto%20del%2011-08-2009.%20Auto%20218.%20Verificacion%20medidas.PDF

Chaparro Hernández, S. (9 de octubre de 2014). Muchas minas, pocos dueños y favores mutuos. Recuperado el 28 de noviembre de 2015, de http://www.dejusticia.org/#!/actividad/2340

CIDH. (2010). Recuperado el 24 de noviembre de 2015, de Anexo 9 Situación de grupos étnicos en Colombia.: ttp://www1.umn.edu/humanrts/research/colombia/Anexo%209%20Situacion%20de%20los%20grupos%20etnicos%20en%20Colombia.pdf

CONFEDERACION NACIONAL DE MINEROS DE COLOMBIA. (15 de diciembre de 2011). Carta al Ministro de Minas. Obtenido de http://confederacionminera.blogspot.com.co/2012/02/carta-al-ministro-de-minas.html

CONFEDERACION NACIONAL DE MINEROS DE COLOMBIA. (29 de julio de 2012). Acuerdo con el Gobierno Nacional. Recuperado el 25 de noviembre de 2015, de http://confederacionminera.blogspot.com.co/2012/07/para-el-dia-1-de-agosto-las.html

CONFEDERACION NACIONAL DE MINEROS DE COLOMBIA. (11 de enero de 2012). Se rompió diálogo para formalización de la minería. Recuperado el 27 de noviembre de 2015, de http://confederacionminera.blogspot.com.co/2012/02/se-rompio-dialogo-para-formalizacion-de.html

Continental Gold. (12 de mayo de 2014). Continental Gold inicia sub-contratos de formalización con mineros informales que adelantan labores en zonas cercanas al Proyecto Buriticá en Colombia. Recuperado el 28 de novimbre de 2015, de http://s1.q4cdn.com/272828153/files/doc_news/doc_spanish/2014%20-%20Press%20Releases/05%20-%20May/OK%20TL%20132%20-%20NR%20CNL%20Formalization-12May2014_Final%20-%20ESP_ES-CO_v003_m63r7u.pdf

Corte Constitucional . (2009). AUTO 004 2009. Recuperado el 29 de noviembre de 2015, de http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2009/a004-09.htm

Corte Constitucional. (2009). AUTO 004 2009. Recuperado el 26 de noviembre de 2015, de http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2009/a004-09.htm

Corte Constitucional. (2009). AUTO 004 2009. Recuperado el 28 de noviembre de 2015, de http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2009/a004-09.htm

Corte Constitucional. (2010). Sentencia T-1045A/10. Recuperado el 25 de noviembre de 2015

El Espectador. (marzo de 2013). '65 pueblos indígenas corren peligro de desaparecer': Onic. Recuperado el 26 de noviembre de 2015, de http://www.elespectador.com/noticias/nacional/65-pueblos-indigenas-corren-peligro-de-desaparecer-onic-articulo-411328

El Espectador. (1 de febrero de 2015). Confirman paro minero para el 18 de febrero. Recuperado el 27 de noviembre de 2015, de http://www.elespectador.com/noticias/nacional/confirman-paro-minero-el-18-de-febrero-articulo-541360

El Heraldo. (13 de febrero de 2014). Minminas confirma renuncia de director del IPSE, donde Contraloría halló casos de corrupción. Recuperado el 21 de noviembre de 2015, de http://www.elheraldo.co/bolivar/minminas-confirma-renuncia-de-director-del-ipse-donde-contraloria-hallo-casos-de-corrupcion

El Mundo. (31 de agosto de 2013). Levantado el paro minero en Colombia. Recuperado el 28 de noviembre de 2015, de http://www.elmundo.com/movil/noticia_detalle.php?idx=222517&

El Tiempo. (9 de diciembre de 2014). 'A la minería la ven feo en el país': Continental Gold. Recuperado el 28 de noviembre de 2015, de http://www.eltiempo.com/economia/empresas/continental-gold-habla-de-la-explotacion-minera/14947603

Extractive Industries Transparency Initiative. (2015). About us. Recuperado el 27 de Noviembre de 2015, de https://eiti.org

Fiscalía General de la Nación. (2014). Presentación de la Unidad Nacional de Fiscalías de delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente. Obtenido de http://www.cvc.gov.co/Documentos/Informacion_Ambiental/Manejo_del_Conflicto_minero_ambiental_en_el_valle_del_cauca/Cali%20%20Mineria%20Ilegal.pdf

Giraldo Ramírez, J. (2012). Informalidad e ilegalidad en la explotación del oro y la madera en Antioquia. Medellín: EAFIT.

ICMM, I. M. (2010). GoodPractice Guide. Indigenous peoples and mining. London: ICMM.

La República. (18 de febrero de 2015). Mineros dicen que no habrá bloqueo de vías por paro que se inicia hoy en el país. Recuperado el 28 de noviembre de 2015, de http://www.larepublica.co/mineros-dicen-que-no-habr%C3%A1-bloqueo-de-v%C3%ADas-por-paro-que-se-inicia-hoy-en-el-pa%C3%ADs_221541

Marta Miranda, D. C. (2005). Marco Básico para una Minería Responsable: Una Guía para la Mejora de Estándares . Recuperado el 27 de noviembre de 2015, de http://www.frameworkforresponsiblemining.org/pubs/Framework_ES_20060601.pdf

MINMINAS. (septiembre de 2014). EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y AL NIVEL DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA JULIO 2014 ALCANCE SEPTIEMBRE 25 DE 2014 . Recuperado el 26 de noviembre de 2015, de https://www.minminas.gov.co/documents/10180/900836/Inf.060-2014+Proyectos+de+Inversi%EF%BF%BDn.pdf/327941f4-2032-4ff8-940a-cd03aaa62369

MINMINAS. (Diciembre de 2014). FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO DE LA MUJER EN EL SECTOR MINERO COLOMBIANO. Recuperado el 24 de noviembre de 2015, de http://www.equidadmujer.gov.co/oag/Documents/Resultado-apoyo-mujer-sector-minero.pdf

MINMINAS. (2015). Mapa de Riesgos de Corrupción. Recuperado el 21 de noviembre de 2015, de https://www.minminas.gov.co/documents/10180/164686/FormulacionPlanAnticorrupcion2015.pdf/3f715be6-6ed1-47eb-a8d3-1c002e6ea2c2

  1. U. (1948). DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS. Obtenido de http://www.un.org/es/documents/udhr/

ONU Mujeres. (abril de 2015). RESUMEN EJECUTIVO INFORME DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ANÁLISIS Y CONTEXTOS (DINAC) DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN SOBRE LOS CASOS DEL ANEXO RESERVADO DEL AUTO 092 DE 2008 - ABRIL DE 2015. Recuperado el 27 de noviembre de 2015, de http://media.wix.com/ugd/ff58cd_09d04f6f1d704f05b8cd8278b6642241.pdf

Organización de la Naciones Unidas. (2013). Declaración sobre los derechos de los campesinos y de otras personas que trabajan en las zonas rurales. Recuperado el 27 de noviembre de 2015

Ospina Zapata, G. (21 de febrero de 2015). Minminas avala los acuerdos de formalización en Buriticá. Recuperado el 29 de noviembre de 2015, de http://www.elcolombiano.com/minminas-avala-los-acuerdos-de-formalizacion-en-buritica-KC1343509

Ospina, G. (20 de febrero de 2015). Acuerdo pone a calcular a mineros. Recuperado el 28 de noviembre de 2015, de El Colombiano: http://www.elcolombiano.com/acuerdo-pone-a-calcular-a-mineros-LB1333409

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. (1966). Recuperado el 15 de Noviembre de 2015

Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en la gira ‘Estamos Cumpliendo’, Sector Minas y Energía. (11 de agosto de 2015). Recuperado el 22 de noviembre de 2015, de http://es.presidencia.gov.co/saladeprensa/Discursos/Palabras-Presidente-Juan-Manuel-Santos-gira-Estamos-Cumpliendo-Sector-Minas-y-Energia

Pardo Becerra, L. A. (2013). La conflictividad por el territorio, el control de los RNNR y la renta minera. El choque de las locomotoras mineras en Colombia. En L. J. Garay Salamanca, Minería en Colombia Institucionalidad y territorio, paradojas y conflictos (pág. 338). Bogotá: Contraloría General de la República.

Pardo, A. (6 de junio de 2011). La corrupción y la politiquería acabaron con INGEOMINAS. Recuperado el 20 de noviembre de 2015, de Razón Pública: http://www.razonpublica.com/index.php/econom%C3%ADa-y-sociedad/2101-la-corrupcion-y-la-politiqueria-acabaron-con-ingeominas.html

PBI Colombia. (noviembre de 2011). Minería en Colombia: ¿A qué precio? Recuperado el 21 de noviembre de 2015, de http://www.pbideutschland.de/fileadmin/user_files/groups/germany/Dateien/boletin_final.pdf

Policía nacional de Colombia. (2014). Presentación de la policía nacional en XI Colombian Mining & Energy Conference.

Polícia Nacional de Colombia, D. g.-O. (2012). 16 Estrategias operativas de la Policía Nacional.

Portafolio. (30 de mayo de 2011). Caos en titulación minera denunció ministro Rodado. Recuperado el 22 de noviembre de 2015, de http://www.portafolio.co/economia/caos-titulacion-minera-denuncio-ministro-rodado

Portafolio. (26 de Octubre de 2015). Empresas del sector minero energético firmaron compromiso. Recuperado el 16 de Noviembre de 2015, de http://www.portafolio.co/negocios/eiti-compromio-empresas-mineras-colombia-transparencia

Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo. (2010). Situación socioeconómica de la población afrocolombiana en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Recuperado el 25 de noviembre de 2015, de http://www.cinu.mx/minisitio/Afrodescendientes/AFRO_COLOMBIA.pdf

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2011). El campesino, Reconocimiento para construir país, Cuaderno del informe de Desarrollo humano. Recuperado el 26 de noviembre de 2015

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2011). El campesino, Reconocimiento para construir país, Cuaderno del informe de Desarrollo humano. Recuperado el 27 de noviembre de 2015

Restrepo, R. (2011). Declaración del presidente de la confederación nacional de mineros de Colombia. Obtenido de https://www.youtube.com/watch?v=FqIdYbr4100

Sacristan Salvador, S. C. (20 de noviembre de 2014). COMPAÑÍAS MINERAS CONTRIBUYEN A LA FORMALIZACIÓN MINERA. Recuperado el 28 de noviembre de 2015, de http://lamineria.com.co/lombia/2014/11/20/companias-mineras-contribuyen-la-formalizacion-minera/

Unidad de Planeación Minero Energética. (2015). PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. Recuperado el 20 de Noviembre de 2015, de http://www.upme.gov.co/Docs/Plan_Anticorrupcion/2015/Plan_Anticorrupcion_Atencion_al_Ciudadano_2015.pdf

Vanguardia. (21 de febrero de 2015). Levantan paro minero y sigue la mesa de diálogo . Recuperado el 29 de noviembre de 2015, de http://www.vanguardia.com/colombia/300239-levantan-paro-minero-y-sigue-la-mesa-de-dialogo.

 

[1] Solo se enmendaron algunas asignaciones en zonas de páramo y parque naturales que ya habían sido denunciadas.

[2] Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública

[3] Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.

[4] El Ministerio de Minas describe este riesgo como: “Aceptar o exigir dadivas para obtener un beneficio posterior o inmediato”.

[5] El Ministerio de Minas describe este riesgo como: “Inadecuado uso de información legal o pública, para beneficios de terceros o propios”.

[6] El Ministerio de Minas describe este riesgo como: “Influencia de funcionarios hacia otros funcionarios con el fin de obtener beneficios propios o hacia terceros”.

[7] El Ministerio de Minas describe este riesgo como: “Incumplimiento de los procedimientos o requisitos establecidos para adelantar trámites”.

[8] Sobre esto es importante resaltar que algunos de los cambios en instituciones del Estado tienen que ver con ineficiencia o corrupción (El Heraldo, 2014).

[9] En febrero de 2013 Colombia presento un informe parcial sobre el año 2013. Ver www.eiti.upme.gov.co

[10] La minería de pequeña y mediana escala constituye más del 98% del total de UPM reportadas en el Censo.

[11] Véase Artículos 159 y 160 de la Ley 385 de 2001 "Por la cual se expide el Código de Minas y se dictan otras disposiciones".

[12] Véase artículo 165 de la ley 385 de 2001.

[13] Véase artículo 12 de la ley 1382 de 2010 declarada inexequible en mayo del 2011.

[14] Véase decreto en : http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53054

[15] El 26 de mayo de 2015, el ministerio de minas expidió el decreto 1073, por medio del cual se establece un decreto único reglamentario del sector administrativo de minas y energía, en el cual compiló lo contenido en el decreto 0933 de 2013

[16] La EIMIL identifica como principales factores de riesgo asociados a la problemática: 1) la corrupción; 2) Minas ilegales e informales; 3) Titulación minera; 4) Financiación de GAI; 5) Nuevos mercados internacionales; 6) Desestabilización social: 7) Corrupción; 8) Testaferrato y; 9) Lavado de activos.  (Polícia Nacional de Colombia, 2012).

[17] El mencionado artículo establece que “Los Países Miembros se encuentran facultados para decomisar e incautar, inmovilizar, destruir, demoler, inutilizar y neutralizar los bienes, maquinaria, equipos e insumos utilizados en la minería ilegal, para lo cual los gobiernos reglamentarán la oportunidad y el procedimiento respectivo, a fin de hacer efectivas estas medidas”.

[18] Véase decreto presidencial 2235 de 2012 por el cual “se reglamentan el artículo 6° de la Decisión número 774 del 30 de julio de 2012 de la Comunidad Andina de Naciones y el artículo 106 de la Ley 1450 de 2011 en relación con el uso de maquinaria pesada y sus partes en actividades mineras sin las autorizaciones y exigencias previstas en la ley”.

[19] Como antecedente, es importante resaltar que la Ley 1450 de 2011 (El Plan Nacional de Desarrollo 2011 – 2014) prohibió en todo el territorio nacional la utilización de maquinaria pesada en las actividades mineras sin título minero inscrito en el Registro Minero Nacional.

[20] Con el fin de justificar que la “incautación, decomiso, inmovilización, inutilización o neutralización de maquinaria pesada y sus partes, utilizada en la exploración o explotación de minerales sin los requisitos legales, es insuficiente y por eso se hace necesario reglamentar la destrucción de la misma y adoptar otras medidas  de control con el fin de contener los daños ambientales y criminales irreparables que se consuman con este tipo de actividad”.

[21] Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014.

[22] Testimonio de entrevista

[23] “El principio de la justa igualdad exige precisamente el reconocimiento de la variada serie de desigualdades entre los hombres en lo biológico, económico, social, cultural, etc., dimensiones todas ésas que en justicia deben ser relevantes para el derecho”. (Sentencia T-432 de junio 25 de 1992)

[24] Testimonio de entrevista

[25] MMSD (Mining, Minerals, and Sustainable Development). 2002. Breaking New Ground: Mining, Minerals and Sustainable Development. The Report of the MMSD Project. London: Earthscan citado en (Marta Miranda, 2005)

[26] Véase sección de acción de GAI y BACRIM y sobre restitución de tierras del capítulo de propiedad,  derechos étnico territoriales y consulta y la primera sección del capítulo de libre circulación y permanencia

[27] Para profundizar sobre estos tipos de afectaciones véase capítulo de libertad y seguridad.

[28] Ver también Verdad Abierta http://www.verdadabierta.com/restitucion-de-bienes/5700-le-esta-quedando-grande-la-restitucion-de-tierras-al-estado

[29] Los municipios donde el ministerio realizó estas actividades fueron: Anorí, Ataco, El Bagre, Santa Rosa del Sur, Yolombó y Zaragoza.

[30] Para conocer algunas consideraciones sobre el papel de la mujer en la minería asociada a las condiciones laborales, incluyendo algunas medidas legislativas discriminatorias que fueron derogadas véase el capítulo sobre el derecho al trabajo.

[31] Cerca de 3000 mujeres de 12000 que fueron “caracterizadas” por el ministerio en los ocho municipios afirman ser desplazadas.

[32] Véase sentencia T-025 de 2004, por la cual declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado interno, al constatar la vulneración masiva, sistemática y grave de los derechos fundamentales de la población desplazada en el país.

[33] Para profundizar sobre estos tipos de afectaciones véase capítulo de derecho a la propiedad, derechos étnico territoriales y consulta.

[34] Para profundizar sobre estos tipos de afectaciones véase capítulo de vida, libertad y seguridad.

[35] Es importante resaltar que la norma no es clara en definir los plazos para que la comunidad presente la solicitud del título o cual seria el procedimiento en caso en que la comunidad no haga uso de su derecho de prelación.

[36] Para ver mapa sobre Títulos mineros en ZRC referirse al capítulo de derechos étnico territoriales y consulta.

[37] En muchos casos los movimientos campesinos e indígenas se ha unido por medio de objetivos en común, en épocas recientes la defensa del medio ambiente figura como un eje articulador de diferentes movimientos sociales.

[38] Véase los artículos 4 y 11 de la Declaración Sobre los Derechos de los Campesinos y de Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales (2013). Este instrumento jurídico aún no ha sido aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Situaciones que inciden en el derecho a la LIBERTAD DE CIRCULACIÓN

todosDescargar documento PDF

 

Situaciones observadas en escenarios mineros determinantes en el ejercicio del

Derecho a la libre circulación y permanencia

 

oro1.    Control territorial de escenarios mineros por GAI y BACRIM

La actividades mineras han estado afectadas y han tenido un conjunto de interacciones con el conflicto armado : unas como víctimas otras como recurso funcional para la extracción de recursos para el control territorial y las rentas de las guerrillas, los paramilitares y las BACRIM El 31 de octubre del año 2012, en la presentación de las normas contra la minería ilegal el presidente de la República Juan Manuel Santos expuso lo siguiente:

La minería criminal se ha vuelto el combustible de buena parte de la violencia en este país. Alimenta a las FARC, alimenta al ELN y alimenta a las BACRIM, es curioso como esas tres organizaciones criminales confluyen alrededor de la minería criminal, pero no solo eso, sino que la destrucción de nuestro medio ambiente, de nuestros ríos, de nuestros bosques, una destrucción irreversible. El daño que está causando esta minería criminal en todos los frentes que nosotros estamos obligados a preservar y a defender (Santos, 2012).

Mapa 1 Presencia de GAI y BACRIM en municipios mineros

Map1

Fuente: Elaboración propia con información de mapas de presencia de grupos armados ilegales a 2015 (Fundación Paz y Reconciliación, 2015).

 

Mapa 2 Zonas de influencia de grupos armados ilegales (FARC, ELN y/o BACRIM) en minería

Map2

Fuente: Elaboración propia con información de (Policia Nacional, 2013)

La evidencia cuantitativa sugiere una asociación entre la restricción a la circulación de las personas por acciones de grupos armados al margen de la ley y los sitios donde se desarrollan actividades mineras. En el caso de los municipios productores de oro, se observan 2,2 veces más denuncias de retenes del ELN y 1,3 veces más denuncias retenes de las FARC, relativo a los municipios no mineros de comparación. Para los municipios productores de carbón en el interior del país se observa también una incidencia de los retenes de las FARC 1,3 veces superior respecto al grupo de comparación. La figura 1 presenta la evolución de la presencia de las FARC en municipios productores de oro y su grupo de comparación. Si bien las tendencias son similares, se observa una separación en niveles a partir del año 2000.

En el caso de los municipios productores de materiales de construcción y los productores de carbón en Cesar y La Guajira, la evidencia cuantitativa no es concluyente respecto a las acciones de grupos armados en la restricción a la circulación de la población.

Gráfica 1 Presencia de grupos armados de las FARC en los municipios que realizan actividad minera de oro.

f1

Fuente: CESED – Universidad de los Andes

 

A continuación se presentan algunas de las situaciones identificadas que ilustran limitaciones a la circulación y permanencia de personas, bienes e insumos impuestas por GAI y BACRIM:

carbon

oro2.    Cobro de pagos extorsivos

Una de las estrategias más comunes para lograr tal objetivo es el cobro de vacunas. Esta situación se ha presentado en distintos entornos mineros. Un ex-funcionario judicial en el Cesar, afirmó en una entrevista que se han presentado múltiples casos asociados al cobro de vacunas sobre los sueldos a los trabajadores de las minas de carbón, sobre todo en la época del auge paramilitar en la zona.

Las extorsiones también están dirigidas a mineros informales. Mineros en Antioquia, en su mayoría informales, han reportado situaciones similares. En el Bajo Cauca afirmaron estar sujetos a extorsiones de grupos guerrilleros (FARC y ELN), BACRIM y algunos miembros de la fuerza pública a quienes denominan “Águilas Verdes”.

Una entrevista con un comprador de oro del Bajo Cauca expone una aproximación a algunas de las tarifas que cobran algunos grupos que extorsionan a los mineros: “las BACRIM cobran entre $50,000-$100,000 por draga, y entre $300,000 y $500,000 por dragón, mientras que las FARC cobra $1,000,000 al mes por retro”. En este contexto, no sobra mencionar que las consecuencias en caso de no pago de las extorsiones pasan por el ejercicio de violencia en contra de la persona, por lo que su permanencia en el territorio queda totalmente comprometida. Sobre esto, un minero del occidente de Antioquia explica: “si nos enfrentamos a esa gente [GAI] nos tenemos que ir de aquí”.

 

oro3.    Toques de queda impuestos por GAI

Esta estrategia de financiación muchas veces va acompañada de una serie de mecanismos de control territorial y poblacional como el establecimiento de toques de queda, retenes ilegales y la retención de personas por parte de GAI.

En el Bajo Cauca Antioqueño hacen presencia distintos actores armados ilegales. Investigadores de CREER-IHRB atestiguaron la presencia de avisos de las guerrillas de las FARC y el ELN que prohíben el tránsito después de las seis de la tarde por carreteras que llevan a lugares donde se extraen minerales por emprendimientos mineros formales e informales. También, en su paso por el casco urbano de un municipio del Bajo Cauca, los investigadores fueron interrogados acerca de su quehacer en la región por personas a quienes habitantes locales reconocen como paramilitares o miembros de las BACRIM.

 

oro

4.    Retención de personas y limitaciones a la circulación de maquinaria, combustibles, insumos y materias primas

La retención de personas en retenes o pesquisas realizadas por GAI es una de las afectaciones al derecho en municipios mineros.

Algunos de los enlaces locales en Antioquia y Nariño aseguran haber tenido que pasar varias veces por retenes ilegales e hicieron mención de casos en los que personas que viven de la minería fueron retenidas por varios días. Los retenes también se establecen para controlar la circulación de maquinaria, combustibles, insumos y materias primas resultantes de la actividad minera (Verdad Abierta, 2015).

La evidencia cuantitativa sugiere un mayor involucramiento de grupos armados en bloqueos de vías en municipios mineros. Esto se presenta especialmente para los municipios con alta intensidad en la producción de oro y carbón del interior del país (la mitad que más produce en cada caso). Para el caso de oro, se observa una incidencia cerca de 2,5 veces mayor de bloqueos de vías promovidos por las FARC respecto al grupo de comparación. Para los productores de carbón del interior del país se observan 6,3 veces más bloqueos de vías de las FARC relativo al grupo de municipios de comparación.

 

orocarbon

5.    Desplazamiento forzado derivado de acciones de GAI y BACRIM

El desplazamiento forzado es una de las problemáticas más preocupantes asociadas al conflicto armado. Según el informe ¡Basta Ya! elaborado por el Grupo de Memoria Histórica, la cifra oficial de desplazados asciende a 4.744.046 personas. Por lo menos 8,3 millones de hectáreas y 350.000 predios fueron abandonados o despojados. Entre 1996 y 2002 fueron desplazadas 300.000 personas por año (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013). Teniendo en cuenta este panorama es inevitable que este fenómeno dejara de presentarse en entornos mineros, algunos de los cuales están entre las zonas más conflictivas del país.

 

Gráfica 2 Expulsión por desplazamiento forzado en departamentos mineros (1997-2009)

f2

Fuente: Elaboración propia con información de CEDE, Uniandes.

 

En 2011 el PNUD advirtió que “[l]a competencia por uso del suelo y subsuelo puede convertirse en una forma soterrada de presión y despojo de la tierra” (PNUD, 2011) sobre todo en contextos donde la formalidad en la tenencia de la tierra es precaria. Lo anterior, sumado al ejercicio de la violencia también ha llevado a la subvaloración comercial en ventas forzadas como parte del despojo.

Obtener el control sobre territorios ricos en recursos no renovables conlleva un valor estratégico en lo político y en lo económico para los GAI y BACRIM. Según Giraldo y Muñoz cuando las economías criminales establecen “convergencias con otras actividades económicas de carácter legal o informal […] hacen más complejas las estructuras del crimen con lo cual se potencian sus medios de financiación y capacidad delictiva” (Giraldo Ramírez & Muñoz Mora, 2012). A esto hay que añadirle otras consideraciones de orden militar, estratégico y político que pueden incidir en que se produzcan desplazamientos forzados: el establecimiento de cultivos de uso ilícito, corredores para el tráfico de pertrechos de guerra y drogas, o el desplazamiento de personas para asegurar control político a través de la eliminación de opositores políticos, ideológicos o cívicos.

El interés de grandes empresas sobre territorios en el que hay presencia de actores del conflicto armado implica un reacomodo de los poderes de facto locales y regionales, tanto legales como ilegales. Por lo tanto, las compañías mineras no son necesariamente cómplices o artífices de fenómenos de desplazamiento forzado cuando incursionan en nuevos territorios (CITPax Colombia y Observatorio Internacional sobre DDR y Ley de Justicia y Paz, 2012).

La evidencia cuantitativa sugiere una asociación entre las actividades mineras de oro y la expulsión por desplazamiento forzado. En general, se observa que la tasa de expulsión por desplazamiento forzado es alrededor de 60% mayor en los municipios productores de oro, en comparación con los municipios de control. En términos absolutos, esto implica que mientras los municipios de control expulsaron en promedio 12 personas por cada mil habitantes por año en razón al desplazamiento forzado, la cifra es de 19 personas en los productores de oro. Por grupo armado, se observa que el desplazamiento originado por las FARC en los municipios productores de oro fue cerca de 5 veces mayor, y el originado por el ELN casi 10 veces mayor, relativo al grupo de municipios de comparación. El desplazamiento originado por actores desconocidos también es significativamente mayor, cerca de 3 veces, en los municipios productores de oro en comparación con los municipios de control. La gráfica 13 presenta la evolución del desplazamiento forzado originado por las FARC entre municipios mineros de oro y no mineros de comparación. Como se observa, es evidente el incremento en el número de secuestrados registrados a comienzos de la década del 2000 en los municipios mineros. Los datos para el período entre 1993 y 2001 tienen problemas de reporte asociados a la forma como se presentaba este fenómeno para la época.

Gráfica 3 Evolución de las población desplazada por las FARC como proporción de la población. Municipios mineros y no mineros de oro

f3

Fuente: CESED – Universidad de los Andes

 

Para las demás actividades mineras la evidencia cuantitativa no es concluyente respecto al desarrollo de la minería y el desplazamiento forzado.

Los escenarios mineros son entornos complejos en los que confluyen una gran cantidad de intereses de distintos actores que se manifiestan de formas variadas. El control territorial, la búsqueda de provecho económico y el ejercicio del control político son algunos de los incentivos bajo los que funcionan los GAI y otros actores que operan en contextos en los que se hace minería. En ese sentido, el desplazamiento forzado es un mecanismo que permite alcanzar estos objetivos de una forma directa. En la investigación de campo se identificaron algunas situaciones en donde intereses de actores que participan directa o indirecta en la minería están relacionados con controversias sobre el desplazamiento de forzado de miembros de comunidades étnicas, líderes sociales, mineros y campesinos.

A continuación se presentan algunas de las situaciones identificadas:

Desplazamiento forzado de líderes comunitarios, mineros y campesinos y líderes sindicales por intereses estratégicos de GAI o actores interesados en su debilitamiento

La victimización mediante desplazamientos originada en amenazas y acciones de las GAI y BACRIM lleva a percepciones que afectan la legitimidad de la minería. En el Nordeste Antioqueño, campesinos, funcionarios públicos, líderes sindicales y comunitarios se han tenido que desplazar por miedo y amenazas de GAI y BACRIM. Uno de los líderes sindicales (actual miembro del Consejo Municipal de Segovia) asegura que eso se debe a la negativa de pagar extorsiones a bandas criminales y a pleitos jurídicos tras la liquidación de la Frontino Gold Mines (Hernández Cifuentes, 2012). También, en un diálogo participativo dirigido por los investigadores de CREER-IHRB en esa región todos los asistentes respaldaron la versión de un campesino de Remedios que indica la existencia de intereses de actores violentos por apoderarse de propiedades o minas. La persona asegura haber sido despojado de su mina luego de haberse desplazado por la violencia, de tal forma que el grupo identificó el fenómeno del desplazamiento forzado como uno de los “impactos de la minería”. Finalmente, un escritor reconocido por registrar en sus libros la historia del municipio y su relación con la minería argumenta en una entrevista que grupos paramilitares y sus grupos emergentes tienen como una de sus principales fuentes de financiación la minería: algunos piden “puestos” (porcentajes) y otros piden que les dejen unos días para trabajar en el socavón dependiendo del tenor del material (López López, 2015; Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013a).

Según se registró en una entrevista con la Unidad de Restitución de Tierras (URT), Seccional Cesar y Guajira, el desplazamiento forzado producido por la avanzada del Bloque Norte en el Cesar contribuyó en la transformación del territorio del departamento “a sangre y fuego”. Los funcionarios tienen la hipótesis que el conflicto en la zona fue motivado por el interés en el control de la tierra y como resultado generó desplazados. También estimaron que el despojo buscó sacar provecho de tierras que estaban aumentando su valor por la expansión de la actividad minera en el corredor carbonífero del departamento.

Según estadísticas consignadas en el Registro Único de Víctimas (RUV) de la Unidad de Víctimas[1] entre 1996 y 2007 (el año siguiente a la de desmovilización del Bloque Norte) se desplazaron 42445 personas en los cuatro municipios del corredor minero del Cesar. Los años en que ocurrieron los desplazamientos coinciden con la expansión de los proyectos mineros en el departamento. Lo anterior respalda otra hipótesis expresada por funcionarios de la URT según la cual el paramilitarismo se habría empeñado en obtener el control del territorio por ser una zona económica estratégica[2].

Un informe de la ONG holandesa PAX busca establecer una relación directa entre la minería y el desplazamiento forzado (PAX, 2014). Las empresas mineras que operan en el Cesar han negado categóricamente y en repetidas ocasiones cualquier relación con GAI.

Desplazamiento forzado de líderes de comunidades por oponerse a la minería, por diferencias con mineros que financian GAI y BACRIM o por la destrucción descontrolada de territorios atribuible a la minería en contextos de conflicto armado

En Chocó, una de las conclusiones de los diálogos participativos a las que llegaron miembros de una comunidad étnica es que el interés por las riquezas del territorio ha exacerbado el fenómeno de desplazamiento forzado. Algunas entrevistas indican que mineros informales pagan impuestos o extorsiones a grupos armados legales e ilegales. La relación de la minería con grupos armados legales e ilegales y la falta de alternativas económicas para la población limita las posibilidades que tienen las comunidades étnicas para oponerse a las transformaciones de su territorio mediadas por prácticas de minería irresponsable. Esas condiciones les obligan a aceptar porcentajes fijados en una negociación en medio del conflicto que solo les generan beneficios a corto plazo y a mediano plazo se ven obligados a migrar a otros municipios pues sus territorios dejan de brindar alternativas para su sustento[3]. Lo anterior constituye un tipo de desplazamiento por destrucción descontrolada de territorios atribuible a la minería en contextos de conflicto armado. En este contexto, algunos líderes de comunidades étnicas del departamento sostienen que tuvieron que desplazarse por miedo a ser victimizados por grupos paramilitares. Esto a razón de diferencias que tenían con mineros ilegales que financian a grupos armados legales e ilegales (Tierra Digna, 2011; Cuevas Guarnizo, Ángel, & Rodríguez, 2015).

Un líder de una comunidad étnica que se opone a la forma como se está implementando la minería ilegal en el territorio de su comunidad en Nariño, sostiene haber tenido que desplazarse por miedo a los GAI que se benefician de la minería. Varios de los familiares del líder han sido asesinados por estos grupos y actualmente se encuentra desplazado y cuenta con un sistema de protección asignado por el Estado[4].

En el Pacífico caucano, el conflicto armado se intensificó por el control de áreas de cultivos de uso ilícito y minería informal a cielo abierto y generó el desplazamiento de más de 700 familias. Esta situación también es considerada como verdad judicial debido a una sentencia de un juzgado de restitución de tierras (Restitución y Formalización de Derechos Territoriales, 2015). Varias organizaciones de la sociedad civil con las que se tuvo contacto durante la investigación comparten este punto de vista.

oromaterialesc

6.    Restricciones para el retorno o asentamiento de poblaciones migrantes, incluyendo población desplazada en contextos mineros:

Otro asunto que hace parte de una problemática nacional (teniendo en cuenta un escenario de posconflicto) es la capacidad de retornar a las tierras abandonadas por la población despojada de sus tierras. Esto se hace evidente con el análisis cuantitativo de la información. Cuando se analiza la totalidad de municipios mineros no se observan diferencias significativas en la recepción de población desplazada respecto a los grupos de comparación. No obstante, si se restringe la muestra a los municipios con mayor nivel de producción minera (la mitad que más produce), se observan diferencias significativas y negativas para los productores de oro y materiales de construcción. En particular, los municipios con mayor intensidad en la producción de oro presentan una tasa de recepción por desplazamiento forzado cercana a cero, significativamente inferior a la que presentan los municipios de comparación.

Para los productores de materiales de construcción con mayor intensidad, esta cifra es 60% inferior al grupo de control. En términos absolutos, mientras los municipios de control para oro recibieron 8 desplazados por cada mil habitantes, los productores de oro parecieran no haber recibido personas. Por su parte, mientras los municipios de control para materiales de construcción recibieron 5 desplazados por cada mil habitantes, los municipios con actividad minera de alta intensidad recibieron 2. La gráfica 14 muestra la evolución de la recepción por desplazamiento forzado para los municipios con minería de oro en Antioquia, Bolívar y Córdoba. A partir del año 2000 se observa un cambio en la tasa de recepción de desplazados, siendo menor en los municipios mineros.

Gráfica 4 Tasa de desplazamiento (recepción de la población) para los municipios con minería de oro en Antioquia, Bolívar y Córdoba.

f4

Fuente: CESED – Universidad de los Andes

Para los municipios productores de carbón en el interior del país, o en Cesar y La Guajira, la evidencia cuantitativa no es concluyente respecto a la posible asociación entre recepción de personas desplazadas y las actividades mineras. En lo posible apoyar con análisis estadístico sobre aumento o disminución de población en municipios mineros vs no mineros, si la información no es útil por la frecuencia de los censos, exponerlo.

Mapa 3 Personas expulsadas en el periodo 1997-2009 en municipios mineros

Map3

Fuente: Elaboración propia con información de títulos mineros del Catastro Minero Colombiano, producción minera del Sistema de Información Minero Colombiano – SIMCO e información de desplazamiento del CEDE, Uniandes

 

 oro7.    Desalojos de la fuerza pública a comunidades de mineros informales migrantes establecidas en tugurios cercanos a centros poblados o minas.

Mineros en Buriticá dieron testimonio de que cientos de personas que habitaban en cambuches en el municipio fueron desalojadas por un decreto de calamidad pública. Las acciones llevadas a cabo por la fuerza pública fueron dirigidas contra personas que se dedicaban a la minería en minas informales. Existen numerosos registros de prensa sobre varios desalojos de trabajadores de minas informales en ese municipio que se habían tornado violentos: hay reportes de muertos y heridos, incluyendo algunos miembros de la fuerza pública (Noticias RCN, 2013). Un comunicado oficial de la gobernación de Antioquia afirma que:

Fuerza pública, autoridades departamentales y municipales continúan trabajando de forma articulada en la operación de desalojo que se desarrolla desde el pasado martes en la vereda Los Asientos, de Buriticá. Esta zona se encuentra en alto riesgo de desastres y un decretó [sic] municipal declaró la calamidad pública debido al inminente riesgo que representa para la vida de las personas que allí ejercen la minería ilegal indiscriminada y para los moradores de los inmuebles que fueron edificados sin cumplimiento de normas urbanísticas (Gobernación de Antioquia, 2013).

 

oromaterialesc

8.    Obstáculos para el asentamiento y permanencia de poblaciones migrantes de mineros informales por acciones de hecho de la sociedad civil.

En la vereda Patio Bonito en Nemocón, Cundinamarca, Personas de muchas regiones del país han migrado para trabajar en minería, estableciéndose por cortos periodos de tiempo. La comunidad que ha vivido en la vereda por generaciones tampoco es de Nemocón, según miembros del gobierno local, estas personas “llegaron hace muchos años de otros municipios de Boyacá, como Chita y Jericó” y hoy en día han establecido nuevas prácticas en torno a la producción del ladrillo. La comunidad de Patio Bonito ha generado un rechazo en contra de la una nueva población de migrantes que ha llegado a la vereda. Los migrantes también se dedican a la producción del ladrillo, pero sin tener en cuenta el daño ambiental.

Según un miembro de una Junta de Acción Comunal la población migrante “no sólo ha contribuido al deterioro del medio ambiente, sino que también ha generado nuevas problemáticas sociales, como el expendio de drogas”. Esto ha hecho que se genere una tensión en la comunidad y que la convivencia entre ambas partes sea cada vez más difícil de manejar. Tal y como lo expuso el líder comunitario: “Hay muchas personas flotantes que llegan por un periodo y luego se van. Lo que queremos ahora es que nos quedemos sólo las personas nativas”. Esta problemática vulnera el derecho a la libre circulación y permanencia en tanto da cuenta de las tensiones sociales por el asentamiento y práctica de minería por quienes no son oriundos del territorio.

El Suroeste de Antioquia es una zona de vocación agrícola en la que se presenta una oposición regional contra la minería. De acuerdo a algunos líderes sociales entrevistados, los campesinos de una vereda de la región se organizaron cuando llegaron mineros migrantes de Segovia para expulsarlos. Los segovianos pretendían asentarse en el área rural y extraer minerales de manera informal. Los campesinos justificaron la acción de hecho como una defensa de las fuentes de agua y para proteger la población de los impactos sociales (prostitución, consumo de alcohol) que están vinculados en el imaginario popular con la actividad minera

 

orocarbon

9.    Titulación minera en zonas que fueron objeto de abandono o despojo      

En un conversatorio realizado en el Nordeste de Antioquia, un campesino sostuvo que por su condición de desplazado no tuvo oportunidad de refrendar sus derechos sobre una mina que antes de la violencia era de su propiedad. En este momento, el área se encuentra titulada a una empresa. Los demás participantes coincidieron en que esa es una situación común en la región[5].

Líderes de comunidades étnicas en Cauca y Nariño con medidas de protección establecidas por el Estado, sostienen que no pueden volver a su territorio porque su vida corre riesgo. Esto a raíz de desacuerdos que tuvieron con cómo se está desarrollando la minería en el territorio de su comunidad[6].

Comunidades étnicas desplazadas por la violencia en el Alto Atrato encontraron oposición por parte de empresas mineras en el proceso de restitución de tierras. La oposición se consideró no prospera por un tribunal especializado en restitución que falló a favor de las comunidades. La sentencia ordenó la suspensión de los títulos mineros hasta que se cumpla el derecho a la consulta previa. Algunos empresarios renunciaron parcialmente a áreas solicitadas para que se excluyan áreas superpuestas con territorios étnicos reconocidos (Restitución de Derechos Territoriales, 2014).

La comunidad wayúu que habitaba en El Espinal, Barrancas, Guajira, abandonó su territorio en 1993 y fueron reubicados por causa de afectaciones ambientales en su territorio generadas por la minería. Una vez en su nuevo territorio fueron desplazados por los paramilitares (Verdad Abierta, 2014). La comunidad radicó una reclamación ante la URT (El Pilón, 2014).

Entretanto, una empresa minera exploró y encontró minerales en esa tierra. Sin embargo, según consta en un informe de rendición de cuentas de la URT Regional Cesar y Guajira “se pudo identificar una afectación grave ocasionada por el descubrimiento de cobre en medio del territorio donde se encuentra esta comunidad; llevándose a cabo actividades de exploración sin consulta previa” (Unidad de Restitución de Tierras, Regional Cesar y Guajira, 2013). Por esa razón la URT decidió establecer "una articulación con la Defensoría del Pueblo Regional La Guajira para buscar que se dicte una medida cautelar para proteger a esta comunidad y su territorio de la extracción minera, identificada como un factor subyacente al conflicto armado que puede ocasionar despojo del territorio ancestral de esta comunidad" (Unidad de Restitución de Tierras, Regional Cesar y Guajira, 2013)

Una de las empresas mineras sostuvo durante una entrevista que la actividad minera del Cesar ha sido víctima de la violencia proveniente tanto de grupos guerrilleros como paramilitares, y la compañía depende de las autoridades y Fuerzas Armadas de la nación para su protección. “En esto, como ciudadanos corporativos, no nos diferenciamos del resto de la población”.

En los departamentos de Cesar y Guajira se han presentado algunos casos en los que reclamantes en procesos de restitución de tierras han visto limitado su derecho al retorno. A manera de ilustración se pueden mencionar los casos de la parcelación Santafé en Becerril y la parcelación Platanal en Codazzi, Cesar. Según la empresa, una vez otorgada la concesión minera de El Descanso, el gobierno dio instrucciones para que la empresa comprara las tierras en donde se desarrollaría el proyecto, “dicha compra se hizo en el año 2009, después de un ejercicio minucioso de debida diligencia, de estudio de títulos del predio, y de hacer pública la intención de compra desde el 2008.  El predio históricamente había sido vendido y revendido voluntariamente varias veces.”  

En Santafé, de acuerdo a medios públicos nacionales (El Pilón, 2015) e internacionales (Brodzinsky, 2013), un proceso de restitución se ha visto entorpecido por varias causas: entre ellas demoras administrativas y constantes amenazas de las BACRIM en contra de los líderes que buscan alcanzar la restitución de los predios. Uno de los líderes en el proceso de restitución afirmó en 2013 que “[v]eo muy difícil que nos devuelvan esas tierras, porque está el carbón y ese gran cultivo, ahí hay una gran inversión que no van a dejar tan fácilmente” (Verdad Abierta, 2013). En junio de 2015 refirió un punto de vista similar para la radio alemana (DEUTSCHLANDFUNK Sendung, 2015).

En Codazzi, miembros de una comunidad reclaman que algunos predios despojados fueron acumulados por personas que luego vendieron a una empresa minera. La demanda fue admitida por la URT. La empresa, por su parte, afirmó que

“[d]urante todo el tiempo que duró sesionando la mesa de negociación para la compra de los predios no hubo ningún tipo de pronunciamiento, [...] ni por autoridades ni por particulares, ni por terceros, que evidenciaran hechos irregulares de cualquier naturaleza que impidieran a la compañía y a los propietarios de las parcelas avanzar en las negociaciones” (El Heraldo, 2015).

La empresa se ha hecho parte del proceso ejerciendo su derecho a la legítima defensa por considerar que las compras de tierras se realizaron según procedimientos legales, de forma legítima y de buena fe (El Pilón, 2015a).

 

carbon

10. No concertación entre empresas, gobierno y comunidades sobre reasentamientos involuntarios

Los reasentamientos involuntarios y los desalojos de población por proyectos de desarrollo son uno de los temas más polémicos concernientes a la minería. Instrumentos como la Directriz Operacional para el Reasentamiento Involuntario de la CIF y el Banco Mundial, la Política Operativa OP-710 del Banco Interamericano de Desarrollo, o los Principios Básicos y Directrices sobre los Desalojos y el Desplazamiento Generado por el Desarrollo de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ofrecen recomendaciones para abordar estos procesos respetando los derechos de las personas sometidas a ellos. En este apartado se considerarán los casos en que los reasentamientos o desalojos se produjeron sin la debida diligencia requerida para evitar generar más impactos de los absolutamente necesarios sobre la población afectada.

En La Guajira se han presentado instancias de desalojo debido a la instalación y posterior expansión de proyectos mineros de gran escala que afectan a poblaciones locales.

La comunidad de Tabaco fue desalojada en 2001 por orden de un juez de la República. La empresa se anticipó a los fallos de expropiación por la declaratoria de Tabaco como bien de utilidad pública y acudió a la figura de entrega anticipada. De acuerdo a una persona que asegura haber estado presente durante la acción policiva de lanzamiento, éste se produjo en conjunción con la empresa que, usó su maquinaria para derribar las casas de los habitantes (El Tiempo, 2001).

En el operativo se presentaron hechos violentos que dejaron a varios integrantes de la comunidad heridos (INDEPAZ, 2011)[7].El defensor del Pueblo de La Guajira y el personero de Hatonuevo consideraron el desalojo un atentado contra los derechos de los habitantes de los 21 predios en disputa (El Tiempo, 2001).

En mayo de 2002, la Corte Suprema de Justicia reconoció afectación de los derechos de la comunidad y ordenó a la Alcaldía Municipal de Hatonuevo la reubicación de la comunidad y la reconstrucción de la infraestructura destruida. A pesar de esta medida judicial, de acuerdo a las versiones de varios entrevistados, 13 años después de la sentencia los habitantes de Tabaco siguen exigiendo la reparación sobre las afectaciones recibidas y la orden judicial sigue sin cumplirse (Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, 2015).

No obstante, desde 2008 se han producido una serie de acciones de la empresa tendientes a la reparación de los impactos generados sobre esta comunidad por el proceso de desalojo. Desde ese año se creó un panel de evaluación independiente para medir y reportar los avances sobre éste y otros temas relacionados con la gestión social de la empresa (Comité Independiente de Revisión de Programas Sociales, 2015). Según la información contenida en los reportes semestrales producidos por el Comité, aparte de la construcción del nuevo asentamiento para la comunidad (que debe hacerse en conjunción con la alcaldía municipal de Hatonuevo[8]), los compromisos y acciones de compensación que ha proyectado la empresa se han ejecutado en su totalidad. Estas incluyen llegar a un acuerdo para la relocalización de la comunidad, definir la compensación financiera a la que tienen derecho los habitantes de Tabaco y mejorar sus estándares de vida por medio de programas de generación de empleo, creación de empresa, y la puesta en marcha de programas de salud y educación.

Actualmente la comunidad de Tabaco está organizada como consejo comunitario. Un funcionario de la alcaldía de Hatonuevo manifiesta que están reconocidos por el Ministerio del Interior[9] y que la comunidad está dispersa por todo el país.

 

materialesc

11.Riesgo de remociones en masa o alteraciones ambientales generadas por minería formal e informal

Las acciones de productores o empresas mineras pueden generar desalojos y reasentamientos involuntarios por impactos medioambientales resultado de afectaciones causadas por la actividad minera. Tal es el caso de los municipios de Suesca y Tabio en Cundinamarca, del barrio Villa Jackie en el Tunjuelo, Bogotá y de los habitantes de Río Quito en Chocó.

En Suesca, se encuentra la planta de una empresa que produce materiales de construcción a gran escala. Este material es llevado a otros municipios para su comercialización, por lo que las volquetas de la empresa transitan constantemente por vías cercanas al casco urbano del municipio. Según algunos líderes comunitarios, éste tránsito constante ha generado deterioro de vías y agrietamiento de las casas, razón por la cual muchos habitantes del municipio han manifestado una gran inconformidad e incluso algunos han tenido que migrar a otras regiones. Tal y como lo expone un líder comunitario de Suesca:

la empresa está a un metro del área urbana. No sólo afectan con su polución, mezclas químicas y ruido incontrolable sino también con el transporte del material han causado deterioro en las vías y agrietamiento de las casas. Han hecho que la comunidad del barrio vecino haya emigrado a Bogotá o a otras partes del país.

Esta situación se presenta de manera similar en Tabio, donde muchos finqueros de la comunidad han tenido que reasentarse en otros municipios debido a la proximidad de la mina con las fincas. Según testimonios de miembros de la comunidad, la empresa que explota materiales de construcción en la vereda de Río Frío, extrae y transporta grandes cantidades de toneladas a diario y no cuenta con un horario establecido para desarrollar esta actividad, por lo que la explotación del material, incluso en altas horas de la noche, ha afectado a los residentes vecinos, principalmente por el ruido y el material particulado que generan las volquetas y la explotación minera, haciendo que muchos finqueros hayan tenido que desalojar sus predios y migrar a otros municipios. Ante esto, una líder comunitaria de la vereda manifestó: “Los horarios en los que transitan las volquetas afectan a los finqueros, esos problemas han causado un desplazamiento forzado a la comunidad”.

En relación a dichos reasentamientos involuntarios producto de impactos medioambientales causados por la actividad minera, funcionarios del gobierno local y medios de comunicación han referenciado el caso del barrio Villa Jackie en el Tunjuelo, Bogotá ocurrido en el año 2009. Según un funcionario de la Secretaría de Ambiente de Bogotá, las malas prácticas de la actividad minera que realizó una empresa extractora de materiales utilizados para la construcción, ocasionó un deslizamiento que concluyó en la desaparición del barrio Villa Jackie, donde vivían 90 familias que tuvieron que ser evacuadas y reasentadas. Tal y como lo expuso el entrevistado:

En Tunjuelo, hay unos temas graves de fenómenos de deslizamientos asociados a la actividad minera, de hecho en el 2009, Villa Jackie se deslizó por completo, o sea hay barrios completos deslizados en esa zona y eso no se deslizan porque sí, es porque hay un hueco al lado que dejó la minería.

De acuerdo a varios líderes comunitarios, varias familias de Río Quito en Chocó tuvieron que ser reasentadas debido a la ola invernal y riesgos agravados por la minería descontrolada en el río. Estas versiones son respaldadas en el portal web oficial del municipio.

Las acciones de empresas o actores que participan en la minería pueden generar limitaciones en la libre circulación de poblaciones locales. A continuación se presentan algunos de los casos que ilustran diferentes tipos de restricciones:

 

carbon

12.Uso de tierras con aptitud para otras actividades productivas 

En La Guajira varios entrevistados de las comunidades adyacentes a las explotaciones mineras presentaron quejas sobre la pérdida de acceso a tierras y recursos naturales por la expansión de las explotaciones mineras. Las comunidades mencionaron lo que consideran la “privatización de tierras que anteriormente eran de uso comunal”, el cierre de vías y caminos usados por las comunidades, así como la limitación de las posibilidades de usar ríos y quebradas. De acuerdo a las comunidades, esto ha impactado sobre su forma de vida, afectado su relación con comunidades vecinas y restringiendo su posibilidad de permanecer en los territorios.

En un taller de cartografía social con una comunidad wayúu se evidenciaron estas problemáticas. Miembros de la comunidad señalaron que en los comienzos de la minería la empresa ponía letreros en varias tierras prohibiendo el ingreso y fueron restringiendo la circulación por los caminos de herradura, afectando la relación con los vecinos: “cuando nosotros nos pasamos, ya la seguridad nos sacaba. Nos llevaban presos, el mismo Ejército Nacional retenía a los miembros de la comunidad”. Estas personas también expresaron que solamente quedó una vía que comunicaba con comunidades vecinas pues los otros accesos fueron cortados por la compra de tierra de la empresa.

Comunidades del corredor minero del Cesar también han visto limitado su derecho a la libre circulación por la misma razón. Habitantes de El Hatillo, Boquerón y La Palmita manifestaron que esta situación había transformado su forma de vida de una manera radical pues su arraigo al territorio y la posibilidad de desarrollar actividades tradicionales de subsistencia se ha visto limitada.

Estos casos exponen situaciones controversiales de relaciones entre empresas y comunidades que interactúan sin la creación de espacios de diálogo interculturales, o algún tipo de mediación por parte del Estado. Por un lado, las empresas ejercen sus derechos y deberes como propietarios generando advertencias sobre posibles riesgos e impidiendo, en lo posible, el paso de comunidades. Por otro lado, las comunidades reclaman sus derechos étnico-territoriales para ejercer prácticas tradicionales. Teniendo en cuenta la frecuencia de este tipo de situaciones en Colombia, el Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia (GDIAM) generó todo un capítulo de recomendaciones en su más reciente publicación:

Para el desarrollo incluyente de la minería es indispensable que existan relaciones de armonía entre la actividad minera y las comunidades que viven en su área de influencia, especialmente los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes. No repetir las malas experiencias del pasado requiere un diálogo intercultural informado, transparente y que reconozca la humanidad del otro, conducido por el Estado considerando los diferentes conceptos de tiempo que tienen las partes, pero sin que llegue a ser indefinido (Grupo De Diálogo Sobre Minería En Colombia -GDIAM-, 2015).

No obstante, algunas empresas se han preocupado por mejorar su comunicación con las comunidades. En el caso de la Guajira, la empresa ha procurado generar espacios de comunicación con las comunidades étnicas a quienes argumenta brindarles atención especial. Comunicados oficiales de la empresa sostienen:

La Guajira es una tierra privilegiada, con infinidad de riquezas. Una de ellas, es el tesoro viviente que representan tanto para nuestra empresa, como para el mundo las comunidades indígenas. Teniendo en cuenta que nuestra operación se desarrolla en lugares vecinos a estas comunidades, es nuestro compromiso brindarles una atención especial y trabajar para que las generaciones presentes y futuras conozcan y continúen preservando el legado de sus tradiciones y cultura. El diálogo con las comunidades indígenas ha sido un aprendizaje continuo para [la empresa]. El desarrollo comunitario, la protección del patrimonio cultural y el mejoramiento de la calidad de vida de estas comunidades hace parte importante de la gestión de RSE de la Empresa (Relacionamiento con Comunidades Indígenas, 2015).

 

carbon

13.Tránsito de vehículos de carga dedicados al transporte del mineral

Los habitantes del barrio La Estación en Bosconia (uno de los barrios más antiguos del municipio[10]) y de otros barrios de más reciente fundación[11] han manifestado su inconformidad con el paso del tren frente a sus viviendas. Los habitantes del barrio La Estación manifestaron que muchos de los servicios básicos de la cabecera municipal (educación, salud, mercados, entre otros) se encuentran al otro lado de la vía férrea y los habitantes consideran que el constante tránsito del tren les impide acceder a ellos libremente.

Los pobladores de La Estación entablaron una acción de tutela por considerar que el paso del tren vulneraba varios derechos fundamentales. La Corte Constitucional falló sobre el tema mediante la Sentencia T-672/14 de 2014. En esa providencia se le ordena a la empresa operadora de la vía férrea la puesta en marcha de:

medidas adicionales a la de las “zonas de convivencia”, encaminadas a (i) disminuir el coeficiente de rozamiento e (ii) implemente mecanismos de control de ruido mediante pantallas acústicas u otros tipos de aislamiento que permitan la absorción de ondas sonoras entre la fuente y los receptores, tales como trincheras, plafones, pantallas, taludes y/o vegetación (Corte Constitucional de Colombia, 2014).

Otra medida tomada en la sentencia es la prohibición del paso del tren entre las 10:30PM y las 4:30AM.

Cumpliendo con las medidas establecidas por la Corte, la empresa operadora se decidió por la instalación de gaviones como medida de mitigación. También ha tomado una serie de medidas para atender algunas de las necesidades de la comunidad vecina al ferrocarril. Entre ellas se pueden mencionar la construcción de siete parques en el mismo número de barrios del municipio, la realización de encuentros con líderes de las JAC de Bosconia para fortalecer “la cohesión, trabajo en equipo, comunicación, liderazgo y lazos de convivencia” y así desarrollar “herramientas lúdicas para mantener una sana convivencia, alcanzar objetivos, basándose en la cooperación, el entendimiento y el respeto entre las partes” y la instalación de vallas sobre la vía para informar sobre los riesgos de caminar cerca a la vía férrea (Sala de Prensa, 2015).

Según algunos pobladores, del cumplimiento de la empresa a las medidas propuestas en la sentencia proferida por el Estado se han generado nuevas tensiones respecto al derecho a la libre movilidad. Por un lado, se han limitado los puntos de cruce de vehículos y peatones. Por otro lado, se ha producido un área confinada en los alrededores de la carrilera con los gaviones que, según la población local, es aprovechada por la delincuencia común. Tal y como lo afirmó la empresa, se han presentado problemas de seguridad ciudadana a raíz de la construcción de los gaviones, sin embargo, “le corresponde al municipio y a la Policía controlar la seguridad de los ciudadanos.” Un líder barrial afirmó que “estas barreras lo que van hacer es incrementar más el problema de movilidad que tenemos, porque si nos encierran va a ser peor”.

 

oro materialesc

14. Deterioro de carreteras y vías fluviales

Habitantes de Istmina, Condoto y Río Quito argumentan que los ríos ya no son navegables por la acción de las dragas y los residuos de la minería formal e informal. Sobre esta situación, un informe del Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico (IIAP) afirma:

Uno de los impactos más agresivos que ha vivido y está viviendo el departamento del Chocó es el que hace referencia a la explotación brutalmente violenta de sus indistintos recursos naturales, con lo cual se han violado también los diversos protocolos establecidos con las distintas normas de ley que a través de los diferentes Ministerios de Gobierno pretenden establecer la conservación de la biodiversidad y la preservación de los derechos que corresponden a la vida y los bienes de los habitantes de estos territorios. Con estas conductas de protervas actitudes no solo se impactan negativamente los recursos, bienes y servicios de la región. Sino que también se altera el desarrollo normal de los procesos culturales que en el desenvolvimiento social de su vida han venido desarrollando los habitantes de estos conglomerados (Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, 2014).

Este informe también sostiene lo siguiente sobre el caso de Río Quito:

las circunstancias determinológicas que identifican los procesos de explotación minera en la cuenca hidrográfica del río Quito,, están signadas por circunstancias de beneficios individuales y familiares que se relacionan con una nueva conducta de tenencia de la tierra: No para poseerla como propietarios sino para comercializarla en negocios de arriendo, de alquiler o de venta definitiva con los comercializadores quienes son los consorcios que a veces con permiso institucional o sin ellos penetran a los resguardos indígenas y de los afrodescendientes de esta rivera introduciendo de manera inconsulta maquinarias degradantes tales como: Dragones, dragas y retroexcavadoras que son los elementos que mayor impacto negativo han venido produciendo últimamente, en lo que el panorama histórico de la capital del departamento del Chocó, había designado como un santuario geográfico (Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, 2014).

En Boyacá, una de las restricciones a la movilidad más mencionadas en entornos mineros está relacionada con los impactos de la actividad minera sobre las carreteras. En municipios como Duitama y Corrales la utilización de explosivos para la extracción del material es un común denominador que afecta principalmente las vías veredales de estos municipios.

En el caso particular de Duitama, funcionarios públicos de la alcaldía identificaron afectaciones por la minería ilegal. Establecieron que de las cinco minas que se encuentran en el municipio, tres no cuentan con licencias ambientales. A pesar de que estas realizan explotaciones muy esporádicas causan grandes afectaciones por el uso de explosivos. Estas malas prácticas estarían generando desprendimiento de rocas afectando la libre circulación por las vías y perjuicios en las casas de la comunidad. Así lo expuso una funcionaria de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario:

Los mineros que practican la actividad de manera ilegal no aplican buenas prácticas mineras. La principal afectación es que por el uso de explosivos se desprenden rocas inmensas que ruedan causando perjuicios en las viviendas, las vías y la comunidad.

Esta situación ha hecho que el trabajo de la Secretaría frente al tema minero esté direccionado a formar y capacitar a pequeños productores en buenas prácticas.

 

carbonoro

15. Establecimiento de retenes para la incautación ilegal de minerales de mineros tradicionales y artesanales

Mineros de oro en Antioquia (Bajo Cauca, Nordeste y Occidente), Chocó, Cauca (Norte y Macizo) y Nariño sostienen, incluso en espacios de diálogo participativo con la presencia de la fuerza pública, que existen retenes por parte de la policía que consideran arbitrarios y denigrantes. Entrevistas con académicos, funcionarios públicos, mineros y ONGs sostienen que los retenes sólo se concentran en incautar oro que los mineros (informales y artesanales y miembros de comunidades étnicas) extraen y, en otros casos, en extorsionar a cambio de permitir el paso. Esto, mientras que consideran que las autoridades permiten el paso de combustibles, retroexcavadoras y dragas grandes. También les consideran arbitrarios porque el Estado sólo persigue y no brinda posibilidades de legalización, formalización e inscripción efectiva de mineros artesanales y barequeros.

También, mineros de manganeso en Nariño, consideran que retenes y decomisos del material extraído de sus minas por la policía es arbitrario. Argumentan que el Estado les está dejando sin medios para la subsistencia porque “solo pone restricciones pero no ofrece posibilidades viables para obtener los permisos de tránsito del material”. También argumentan que la celeridad para obtener el certificado tiene precio de millones de pesos. Un minero de manganeso afirma: “nosotros le vendemos el material a empresas reconocidas y nos incautan el material con el argumento que puede servir para procesar drogas. Si eso fuera para procesar drogas no tendríamos por qué sacarlo del municipio”.

En una investigación financiada por la Contraloría General de la República, el investigador Álvaro Pardo, abordando el tema de corrupción, sostiene:

No sería explicable dejar de mencionar en este punto la participación de algunos representantes de la Fuerza Pública en un negocio que maneja millones de dólares al año. Organizaciones de mineros del Nordeste Antioqueño han denunciado que “son objeto de extorsión por parte de la guerrilla, de las BACRIM y de las Águilas Verdes”, en clara alusión a algunos agentes del ejército y la policía que, en lugar de combatir la extracción irregular de minerales, se lucran del negocio. Ésta, lamentablemente, es una forma de corrupción que contribuye a mantener una actividad tipificada como ilícita en el Código penal (Contraloría General de la República, 2013).

Se encontraron testimonios al respecto en los recorridos por las regiones visitadas. En ellos se exponen situaciones en los que algunos miembros la fuerza pública se encuentran relacionados con restricciones a la libre circulación consideradas controversiales y que de alguna manera están relacionadas con la minería. A continuación se exponen algunos casos para ilustrar las situaciones identificadas:

Afectaciones a la libre circulación de comunidades adyacentes a proyectos mineros por parte de la fuerza pública encargada de la protección de los proyectos

En la alta Guajira se presentaron instancias en los que la fuerza pública, particularmente, el batallón del ejército encargado de custodiar uno de los proyectos mineros restringe la movilidad de los habitantes wayúu de la zona. Un funcionario de la alcaldía de Albania informó que la práctica de pedir documentos de identificación es común. Aunque en un entorno urbano esto no es problemático, en el contexto de ruralidad y aislamiento de las comunidades wayúu no es infrecuente que adolezcan de documentos de identidad.

Una comunidad wayúu reportó que este mismo batallón afectó la movilidad de sus miembros de desde 2005. El líder de la comunidad afirmó que el ejército les impidió transitar por zonas en las que había manantiales, sitios sagrados, y lugares a los que las mujeres iban a lavar. También denunció que se presentaron detenciones ilegales de miembros de la comunidad. En la misma entrevista hubo denuncias más problemáticas:

querían hacer falsos positivos pero la comunidad estaba alerta, se hicieron denuncias ante la fiscalía. El ejército dejaba prendas militares para decir que algunos integrantes de la comunidad eran guerrilleros, todo con el fin de que la comunidad abandonara el territorio.

La sociedad civil también ha participado en acciones que representan restricciones a la movilidad y permanencia de personas, principalmente, mineros informales y empleados de empresas. Estas restricciones se dan mediante bloqueos de vías en medio de protestas por prácticas irresponsables o incumplimiento de compromisos, participación activa en el desalojo de poblaciones flotantes de mineros informales y, restricciones o rechazo para el establecimiento de comunidades mineras o empleados de empresas. A continuación se describen las situaciones a partir de los hallazgos del trabajo de campo:

 

materialesc

16. Bloqueo de vías en protesta por afectaciones medioambientales generadas por la actividad minera empresarial

En los departamentos de Cundinamarca y Boyacá, para el sector de materiales de construcción, se han presentado restricciones a la libre circulación generadas por la sociedad civil, debido a las afectaciones al medio ambiente que se generan por el tránsito constante de volquetas de grandes empresas, principalmente, en los municipios de Tabio, Suesca, Mosquera, Tibasosa y Nobsa.

Un miembro del gobierno local de Nobsa, Boyacá, por ejemplo, sostuvo que debido a las afectaciones al medio ambiente ocasionadas por el tránsito de las volquetas de las empresas y la extracción del material, los habitantes de la vereda de Bonsa realizaron un paro que impidió circular a un gran número de volquetas: “ha habido mucha oposición de la comunidad, se han hecho manifestaciones y reclamaciones de toda índole. Hubo un paro por parte de la comunidad en la vereda de Bonsa porque eran cientos de volquetas transitando por las vías”.

Algo similar ocurrió en Tabio, Cundinamarca, donde una líder comunitaria dio a conocer las acciones que se han llevado a cabo en el municipio para detener las afectaciones causadas por la explotación minera en el medio ambiente. Según lo argumentó, La sociedad civil se ha organizado y ha generado presión por medio de marchas, plantones y bloqueos de calles.

Asimismo, en Suesca, Cundinamarca, miembros de una veeduría del municipio asumieron haber contribuido en el bloqueo de vías para manifestar a la empresa la necesidad de que las volquetas transitaran por una vía alterna al casco urbano del municipio.

Estas acciones de la sociedad civil han restringido la libre circulación de empleados de las empresas, sin embargo muchas han contribuido a generar acuerdos entre comunidades y empresas, disminuyendo los impactos y las afectaciones al medio ambiente. En Mosquera, Bogotá, por ejemplo, las principales reclamaciones hechas por la comunidad frente a la minería se relacionaban con el deterioro de las vías. Frente a esto, la comunidad organizó un paro impidiendo la circulación de las volquetas, por lo cual las empresas tomaron la determinación de pavimentar un trayecto. También, en Tibasosa, Boyacá, debido a la contaminación por el tráfico de volquetas la comunidad realizó un bloqueo de vías, que trajo como resultado el que las empresas implementaran un sistema de riego de carreteras para mitigar el exceso de polvo.

 

materialesc

17.Bloqueo de vías por parte de la sociedad civil con el fin de exigir el cumplimiento de acuerdos alcanzados previamente con empresas mineras

La inconformidad por el incumplimiento de acuerdos establecidos previamente con empresas mineras también ha generado restricciones a la libre circulación por acciones de hecho de la sociedad civil, a través de protestas y bloqueo de vías.

En Firavitoba, Boyacá, por ejemplo, se documentó un caso de incumplimiento de acuerdos por parte de las empresas. Un líder comunitario de la vereda Tirabita Llano sostuvo que la comunidad estableció un acuerdo con la empresa para mejoras de puentes y vías como contraprestación de las afectaciones causadas por la actividad minera. Del mismo modo, se llegaron a acuerdos entre la alcaldía, la empresa y la comunidad, donde se determinó que la empresa realizaría aportes a proyectos productivos y mejoramiento de viviendas para las veredas más perjudicadas por la explotación, a saber las Monjas, Mobita y Tirabita Llano. Dichos compromisos no se cumplieron, por lo cual algunos habitantes realizaron un paro y bloquearon algunas vías. En palabras del líder:

Cuando empezó la explotación empezaron los impactos. Ellos encontraron las vías perfectas pero en un año las volvieron nada. Hicieron compromisos de mejoras de puentes y vías […] pero de eso no se ha visto nada. Una vez les cerramos las vías por incumplimiento a esos compromisos pactados.

 

oro carbon

18. Minas antipersonales en zonas mineras y de conflicto armado:

El uso de minas antipersonales es una acción que está considerada como una violación al Derecho Internacional Humanitario (Organización de las Naciones Unidas, 1997). Aun así varias zonas del país están sembradas con artefactos explosivos de este tipo.

Los resultados cuantitativos sugieren una asociación entre las actividades mineras y la incidencia de minas anti-persona. Para el caso del oro, se observa que los heridos civiles asociados a minas anti-personas son 3,5 veces más relativo al promedio del grupo de municipios de comparación. Además, las muertes civiles por minas anti-personas son 2 veces mayores en los municipios con actividad minera de oro, respecto a los municipios de control. En el caso del carbón en el interior del país la situación es similar. Los heridos civiles asociados a minas anti-personas son 1,2 veces mayores en los municipios productores, relativo a los municipios de control. Para los municipios productores de carbón en Cesar y La Guajira no se observan diferencias significativas en la incidencia de minas anti-persona en comparación con el grupo de municipios de control. Finalmente, para los municipios productores de materiales de construcción se observa una menor afectación por casos de minas anti-persona, relativo al grupo de comparación. Esta diferencia es de alrededor del 70% para el número de civiles heridos y del 66% para el número de muertes. Una posible hipótesis que explique este fenómeno, puede estar explicada por un mayor desarrollo del sector de la construcción en los sitios cercanos a la extracción de materiales, lo que puede prevenir la acción de grupos armados mediante el uso de minas anti-persona.


Mapa 4 Personas afectadas por minasantipersona (1982-2013) en municipios mineros

Map4

Fuente: Elaboración propia con información de títulos mineros del Catastro Minero Colombiano, producción minera del Sistema de Información Minero Colombiano – SIMCO y estadísticas de victimas por accidentes con Minas Antipersona (Centro Nacional de Memoria Histórica , 2015)

 

En algunos municipios mineros visitados por investigadores de CREER-IHRB se identificaron casos en los que la comunidad identifica limitaciones de movilidad debido a la existencia de minas antipersona.

Limitación a la circulación de mineros (algunos de ellos pertenecientes a comunidades étnicas) por zonas en las que hay minas antipersonales. En Cáceres, Antioquia, habitantes que viven de la minería reconocen que existen zonas por las que no pueden transitar debido a la presencia de minas antipersonales. Asimismo, en Guachavéz, Nariño, líderes indígenas reconocen que la presencia de minas antipersona es un gran limitante para la movilidad de la población que en su mayoría se dedica a la minería.

Limitaciones a la circulación por minas antipersonales en entornos de gran minería debido a la presencia masiva de fuerza pública como objetivo militar de GAI en contextos de conflicto armado. En 2012 se presentó un incidente en el que un indígena wayúu fue víctima de una mina antipersonal. Según un funcionario municipal de Albania, esto es un daño colateral producido por la militarización de corredores estratégicos, necesaria para la explotación minera en un contexto de conflicto armado, y las acciones subversivas (tales como siembra de minas y enfrentamientos) en contra de la fuerza pública (El Pilón, 2012).

 

Gráfica 5 NBI en municipios de Chocó en el año 2005

Map5 

Fuente: Elaboración propia con información de CEDE, Uniandes

En este contexto, por un lado, algunas comunidades étnicas se ven obligadas a aceptar porcentajes de la producción de mineros informales o en proceso de formalización fijados en una negociación en medio del conflicto interno armado. Porcentajes que solo les generan beneficios a corto plazo y a mediano plazo les obliga a migrar a otros municipios pues sus territorios dejan de brindar alternativas para su sustento.

Por otro lado, la población en general, tiene posibilidades restringidas de movilidad y paso seguro por sus territorios debido a la presencia y acción de grupos armados legales e ilegales con intereses asociados directa o indirectamente con la minería. Esta es una situación especialmente sensible en el caso de líderes de comunidad étnicas que se oponen a cómo se está desarrollando la minería en sus territorios. Algunos líderes, por miedo a represalias, solo se pueden movilizar al interior de sus territorios en vehículos rápidos que son más costosos y que exceden su capacidad económica: en algunos casos los líderes opositores hacen parte de la población desplazada por la violencia con o sin sistemas de protección por parte del Estado.

Mapa 5 Territorios étnicos (Resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades negras) y zonas de influencia de grupos armados ilegales en minería

 Map6

Fuente: Elaboración propia con información de resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades negras del Sistema de Información Geográfica para el Ordenamiento Territorial (SIGOT) y zonas de influencia de grupos armados ilegales en minería (Policia Nacional, 2013, pp. 82-83)

 

Impactos positivos

La actividad minera formal e informal también ha generado impactos positivos relacionados con el derecho a la libre circulación y permanencia. Por ejemplo, la construcción y mantenimiento de vías de acceso a minas que favorece habitantes de centros poblados. En algunos casos, habitantes de los centros poblados participan en el mantenimiento. También se presenta la habilitación de vehículos de empresas para el transporte de pasajeros.

Bibliografía

Restitución de Derechos Territoriales, Sentencia 007 (Tribunal Superior Distrito Judicial de Antioquia Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras 23 de Septiembre de 2014).

Restitución y Formalización de Derechos Territoriales, Sentencia 071 (Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Popayán 1 de Julio de 2015).

Brodzinsky, S. (16 de Octubre de 2013). Colombian farmers risk death to reclaim lost land. Recuperado el 5 de Noviembre de 2015, de The Guardian: http://www.theguardian.com/world/2013/oct/16/colombian-farmers-death-reclaim-lost-land

Castan Centre for Human Rights Law, International Business Leaders Forum, y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2008). Human Rights Translated: A Business Reference Guide.

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2013). ¡Basta Ya! Colombia: Memorias de Guerra y Dignidad. Bogotá.

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2013a). Silenciar la democracia: Las masacres de Remedios y Segovia, 1982-1997. Recuperado el 5 de Noviembre de 2015, de Centro Nacional de Memoria Histórica: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/micrositios/segoviaRemedios/index.php/hechos.html

CITPax Colombia y Observatorio Internacional sobre DDR y Ley de Justicia y Paz. (2012). Actores Armados Ilegales y Sector Extractivo en Colombia - V Informe.

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. (10 de Marzo de 2015). Mujeres de la comunidad de Tabaco reflexionan sobre el impacto sufrido por la megaminería. Recuperado el 5 de Noviembre de 2015, de CAJAR: http://www.colectivodeabogados.org/?Mujeres-de-la-comunidad-de-Tabaco-reflexionan-sobre-el-impacto-sufrido-por-la

Comité Independiente de Revisión de Programas Sociales. (Abril de 2015). Comité Independiente de Revisión de Programas Sociales. Recuperado el 5 de Noviembre de 2015, de http://www.cerrejon.com/site/desarrollo-sostenible-%E2%80%A2-responsabilidad-social-rse/desempeno/comite-independiente-de-revision.aspx

Contraloría General de la República. (2013). Minería en Colombia: institucionalidad y territorio, paradojas y conflictos. Bogotá.

Corte Constitucional de Colombia. (1997). Sentencia SU-257.

Corte Constitucional de Colombia. (2009). Auto 004 Protección de derechos fundamentales de personas e indígenas desplazados por el conflicto armado en el marco de superación del estado de cosas inconstitucional declarado en sentencia T-025/04.

Corte Constitucional de Colombia. (2009a). Auto 005 Protección de derechos fundamentales de la población afrodescendiente víctima del desplazamiento forzado en el marco de superación del estado de cosas inconstitucional declarado en sentencia T-025/04.

Corte Constitucional de Colombia. (2013). Sentencia 511/13.

Corte Constitucional de Colombia. (2014). Sentencia T-672/14.

Cuevas Guarnizo, A. M., Ángel, L., & Rodríguez, Á. (Septiembre de 2015). Río Quito, la vida fragmentada por la minería. Recuperado el 5 de Noviembre de 2015, de El Espectador: http://www.elespectador.com/files/especiales/rioquito6/index.html

DEUTSCHLANDFUNK Sendung. (23 de Junio de 2015). El carbón de Colombia - la doble moral de Alemania. Recuperado el 05 de Noviembre de 2015, de DEUTSCHLANDFUNK Sendung: http://www.deutschlandfunk.de/kolumbiens-kohle-deutschlands-doppelmoral-wie-unsere.media.971e4a75a9416655f4c0b3c2c7ba8ec8.txt

El Heraldo. (18 de Agosto de 2015). Solicitan restitución de 731 hectáreas de la Drummond. Recuperado el 5 de Noviembre de 2015, de Periódico El Heraldo: http://www.elheraldo.co/cesar/solicitan-restitucion-de-731-hectareas-de-la-drummond-212197

El Pilón. (21 de Marzo de 2012). Ejército halla caleta y recibe a tres desmovilizados de las Farc. Recuperado el 5 de Noviembre de 2015, de Periódico El Pilón: http://elpilon.com.co/ejercito-halla-caleta-y-recibe-a-tres-desmovilizados-de-las-farc/

El Pilón. (25 de Marzo de 2014). Indígenas wayúues reclaman títulos de sus tierras. Recuperado el 5 de Noviembre de 2015, de Periódico El PIlón: http://elpilon.com.co/indigenas-wayuues-reclaman-titulos-de-sus-tierras

El Pilón. (11 de Junio de 2015). La odisea de Santa Fe. Recuperado el 5 de Noviembre de 2015, de Periódico El Pilón: http://elpilon.com.co/la-odisea-de-santa-fe/

El Pilón. (19 de Agosto de 2015a). Demandas de Restitución Tierras involucran a Drummond. Recuperado el 5 de Noviembre de 2015, de Periódico El Pilón: http://elpilon.com.co/demandas-de-restitucion-tierras-involucran-a-drummond/

El Tiempo. (10 de Agosto de 2001). El pueblo impidió el desalojo de Tabaco. Recuperado el 5 de Noviembre de 2015, de Periódico El Tiempo: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-460844.

Environmental Resources Management -ERM-. (2011). Evaluación de Riesgos e Impactos Sociales y en Afectación a Derechos Humanos de la Operación Minera de Cerrejón Informe Final. Bogotá.

Giraldo Ramírez, J., & Muñoz Mora, J. C. (2012). Informalidad e ilegalidad en la explotación de oro en Antioquia. Medellín: Universidad EAFIT y Proantioquia.

Gobernación de Antioquia. (22 de Noviembre de 2013). Continúa operativo de desalojo en Buriticá. Recuperado el 5 de Noviembre de 2015, de Gobernación de Antioquia: http://www.antioquia.gov.co/index.php/prensa/historico/18650-continua-operativo-de-desalojo-en-buritica

Grupo De Diálogo Sobre Minería En Colombia -GDIAM-. (2015). Propuestas para una visión compartida de la minería en Colombia. Bogotá: SSRC y Ford Foundation.

Hernández Cifuentes, Y. C. (17 de Agosto de 2012). BACRIM tienen amenazados a mineros de Segovia. Recuperado el 5 de Noviembre de 2015, de Agencia de Prensa IPC: http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php/derechos-humanos/37-general/626-bacrim-tienen-amenazados-a-mineros-de-segovia

INDEPAZ. (2011). Megaminería y Reasentamientos Forzados. Bogotá.

Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico. (2014). Evaluación de la calidad fisicoquímica y ecológica del Río Quito como herramienta de análisis de los impactos ocasionados por la minería y su importancia ecosistémica y sociocultural. Quibdó.

López López, D. A. (2015). Precioso Robo: Violencia, Corrupción, Incultura y Desasosiego. Medellín.

Municipio de Bosconia. (24 de Junio de 2013). Nuestro Municipio: Historia. Recuperado el 5 de Noviembre de 2015, de http://www.bosconia-cesar.gov.co/informacion_general.shtml#historia

Noticias RCN. (22 de Noviembre de 2013). Dos muertos y 11 heridos dejó desalojo de mina en Buriticá. Recuperado el 5 de Noviembre de 2015, de Noticias RCN: http://www.noticiasrcn.com/nacional-regiones-centro/dos-muertos-y-11-heridos-dejo-desalojo-mina-buritica

Organización de Estados Americanos. (1969). Convención Americana de los Derechos Humanos.

Organización de las Naciones Unidas. (1948). Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Organización de las Naciones Unidas. (1966). Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.

Organización de las Naciones Unidas. (1997). Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales y sobre su destrucción (Tratado de Ottawa).

PAX. (2014). El Lado Oscuro del Carbón: La Violencia Paramilitar en la Zona Minera del Cesar, Colombia. Utrecht: PAX.

PNUD. (2011). Colombia Rural: Razones Para la Esperanza. Bogotá: INDH PNUD.

Relacionamiento con Comunidades Indígenas. (2015). Relacionamiento con Comunidades Indígenas. Recuperado el 5 de Noviembre de 2015, de http://www.cerrejon.com/site/desarrollo-sostenible-%E2%80%A2-responsabilidad-social-rse/gestion-social/relacionamiento-con-comunidades-indigenas.aspx

Sala de Prensa. (2015). Sala de Prensa. Recuperado el 5 de Noviembre de 2015, de http://www.fenoco.com.co/

Santos, J. M. (12 de Octubre de 2012). Discurso - Presentación de normas contra minería ilegal. Recuperado el 5 de Noviembre de 2015, de https://www.youtube.com/watch?v=JXgVR4LeOiU

Tierra Digna. (Septiembre de 2011). Acción popular por la violación de los derechos colectivos consagrados en los literales a), c), f), g) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998.

Unidad de Restitución de Tierras, Regional Cesar y Guajira. (2013). Informe de Rendición de Cuentas 2012-2013.

Verdad Abierta. (15 de Julio de 2013). La lucha por restituir Santafé en Cesar. Recuperado el 5 de Noviembre de 2015, de Verdad Abierta: http://www.verdadabierta.com/despojo-de-tierras/4673-la-lucha-por-restituir-santafe-cesar

Verdad Abierta. (20 de Marzo de 2014). Indígenas Wayúu de Nuevo Espinal reclaman el título de sus tierras. Recuperado el 5 de Noviembre de 2015, de Verdad Abierta: http://www.verdadabierta.com/lucha-por-la-tierra/5288-indigenas-wayuu-de-nuevo-espinal-piden-sus-tierras

Verdad Abierta. (13 de Octubre de 2015). Minería en Antioquia: asediada por las extorsiones. Recuperado el 5 de Noviembre de 2015, de Verdad Abierta: http://www.verdadabierta.com/desde-regiones/6017-mineria-en-antioquia-asediada-por-las-extorsiones

 

 

[1] Este es un sistema de información que está disponible en línea en: http://rni.unidadvictimas.gov.co/?q=node/107

[2] Es necesario aclarar que es difícil establecer una relación causal entre el desplazamiento forzado y la minería en las regiones del país donde la actividad ha convivido con el conflicto armado.

[3] Ver citas textuales en la sección donde se aborda el derecho a la propiedad de la tierra.

[4] Ver cita textual en la sección donde se aborda el derecho a la propiedad de la tierra.

[5] Véase el numeral 2 de este mismo capítulo para más detalles sobre este caso.

[6] Para conocer más detalles sobre esta situación véase la sección sobre el derecho a la propiedad de la tierra.

[7] El informe de INDEPAZ consigna lo siguiente: “la empresa de forma violenta propició un ataque armado a la comunidad, con el apoyo de policías y civiles, cumpliendo de esta manera con el desalojo y destrucción de las viviendas y demás propiedades muebles e inmuebles” (INDEPAZ, 2011).

[8] La alcaldía de Hatonuevo se ha negado a construir el nuevo asentamiento de Tabaco en el predio que la empresa consiguió para tal fin por la distancia entre éste y el casco urbano y la presencia de una tubería de gas que impide usar parte del lote para la construcción de nuevas viviendas.

[9] No se ha podido comprobar esta aseveración.

[10] Según varios pobladores del barrio es desde la antigua estación del tren donde comienza el crecimiento urbano de Bosconia, versión confirmada por la página web oficial del municipio:

Bosconia se desarrolla como centro urbano a partir de la localización de la estación del ferrocarril del Atlántico, muy cercano al cruce de esta [sic] con la carretera qué [sic] de Fundación conduce a la ciudad de Plato […] Hasta 1962 se construyeron unas ocho cuadras con edificaciones destinadas a almacenes de depósito, graneros, tiendas, sitios de diversión como billares y un cementerio en el sitio donde funciona en la actualidad. El crecimiento se dio frente a la vía férrea por el lado sur oriental y en el trayecto comprendido entre la estación y la casa finca denominada “La Flojera” puesto qué [sic] allí se reunían grupos de hombres a jugar dominó, o simplemente a formar una tertulia interminable en las horas y días de descanso (Municipio de Bosconia, 2013).

[11] Al menos uno de carácter informal.

Situaciones que inciden en los derechos ÉTNICO-TERRITORIALES

todosDescargar documento PDF

 

Situaciones observadas en escenarios mineros determinantes para el ejercicio a los 

Derechos a la propiedad, étnico-territoriales, y a la consulta

 

En los entornos mineros se observa una manifestación desproporcionada de incentivos para la presencia de grupos armados ilegales –GAI, que buscan obtener rentas asociadas a la minería criminal o participar de otras economías ilegales que confluyen en entornos mineros como el narcotráfico, el lavado de activos o la extorsión. Esta situación genera efectos sobre el ejercicio del derecho a la propiedad. En particular, la mayor presencia de GAI deriva en el abandono de territorios y propiedades por parte de personas que huyen del conflicto y la violencia, el desplazamiento asociado a la captura de los medios de producción por parte de GAI, y el desplazamiento por transformaciones descontroladas hechas por la minería en medio del conflicto armado interno. Estas situaciones se desarrollan en los siguientes cinco apartados:

 

oro  

1.   Desplazamiento forzado en contextos mineros

El abandono forzado de territorios y propiedades de población desplazada por presencia o acción de grupos armados es una realidad que en Colombia ha generado respuestas legislativas: su mayor referente es la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Esta Ley reconoce la restitución de tierras como el derecho que tienen “las víctimas a que se les devuelva su predio cuando éste fue despojado o abandonado por causa del conflicto armado. La restitución no depende de si quien reclama tiene títulos o no. La Ley de Víctimas busca además devolver la tierra con su respectivo título de propiedad y mejorar sus condiciones socioeconómicas para una vida más digna.” (Ley 1448, 2011)

A su vez, establece que todas las víctimas tienen derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a que no se violen de nuevo sus derechos. Según el artículo 73 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (2011), la restitución está regida por principios de preferencia, independencia, progresividad, estabilización, seguridad jurídica, prevención, participación y prevalencia constitucional.[1]

Algunos desplazamientos forzados por causa del conflicto armado se dan en contextos mineros, donde las comunidades mineras o no mineras son las principales afectadas por el despojo de su tierra. Esta vulneración al derecho a la propiedad se intensifica cuando los impactos los sufren comunidades étnicas o indígenas, que han sido estructuralmente excluidas.

Para salvaguardar los derechos culturales de las comunidades étnicas, en el departamento de Cauca, por ejemplo, el Consejo Comunitario Renacer Negro de Timbiquí, que agrupa más de 762 familias logró que, por medio del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Popayán, se expidiera la Sentencia 071 del primero de Julio de 2015 para la recuperación del ejercicio pleno de sus derechos territoriales vulnerados en el contexto del conflicto armado interno.

La sentencia expone como algunos de los hechos considerados lo siguiente:

Quince: según informe realizado por INDEPAZ, desde el año 2010 se presenta vinculación de grupos armados al margen de la ley con las actividades de minería ilegal, lo cual ha venido produciendo desplazamientos de la comunidad y es la causa principal de despojo y abandono.

Dieciséis: la nota de seguimiento al informe de riesgo N 017-10 A.L de SAT de la defensoría del pueblo da cuenta que: “durante el 2010 la intensificación de la explotación minera con retroexcavadoras y dragas en las partes medias y altas de las cuencas y los afluentes del río Timbiquí se intensificaron las disputas entre los grupos armados ilegales FARC y los Rastrojos, debido al interés de estos grupos por controlar el ingreso de trabajadores y personas foráneas a la zona, imponer exacciones y administrar la cotidianidad de los lugareños”. El mismo informe resalta: “contaminación de las cuencas, vertimientos de aceite, combustible, mercurio y cianuro - y la remoción de los lechos de los ríos, muerte de la flora, peces y crustáceos (Restitución y Formalización de Derechos Territoriales, 2015).

El desplazamiento forzado es un delito contra la humanidad. Viola un conjunto amplio de derechos entre otros el de acceso a la tierra y ejercicio a la propiedad que se examina en este capítulo, examinando si en los entornos mineros hay alguna asociación entre la condición de que esté presente la minería y y se hayan llevado a cabo desplazamientos forzados.

Esta hipótesis encuentra sustento principalmente en los municipios productores de oro y carbón en el interior del país. En particular, se observa una mayor presencia de GAI en los municipios productores en comparación con los municipios de comparación[2]. Los municipios productores de oro presentan mayor presencia del ELN, las FARC y las AUC, y los municipios productores de carbón de alta intensidad ubicados en el interior del país, presentan mayor presencia de las FARC.

La mayor presencia de estos grupos armados explica a su vez, una mayor incidencia del desplazamiento. La evidencia cuantitativa sugiere esta asociación para municipios productores de oro, donde se observa que la tasa de expulsión por desplazamiento forzado es alrededor de 60% mayor en los municipios productores de oro, en comparación con los municipios de control. Por grupo armado, se observa que el desplazamiento originado por las FARC en los municipios productores de oro fue cerca de 5 veces mayor, y el originado por el ELN casi 10 veces mayor, relativo al grupo de municipios de comparación. El desplazamiento originado por actores desconocidos también es significativamente mayor, cerca de 3 veces, en los municipios productores de oro en comparación con los municipios de control. Para carbón y materiales de construcción la evidencia no es concluyente respecto al fenómeno de desplazamiento forzado.

 

oro

2.      Abandono de territorios y propiedades por desplazamiento forzado

En concordancia con lo expuesto en la sentencia enunciada, una de las principales causas asociadas al abandono forzado en contexto mineros responde a disputas por el control de territorios geoestratégicos entre GAI para captar rentas destinadas a su financiamiento. Esta situación está contemplada en el Estatuto de Roma en el Art. 8 (Crímenes de Guerra) como una de las infracciones graves contra los Convenios de Ginebra de 1949: “IV. La destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares, y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente” (Conferencia de Roma, 1998).

 

 oro 

3.      Abandono forzado por acciones dirigidas contra líderes sociales y/o poblaciones organizadas, incluyendo comunidades étnicas

También se presentan abandonos de tierras por acciones dirigidas en contra líderes sociales y/o poblaciones organizadas (incluyendo comunidades étnicas) por parte de actores interesados en su debilitamiento. Así lo expresó en entrevista un líder de comunidades étnicas en el Cauca, en situación de desplazamiento forzado que cuenta con medidas de protección brindados por el gobierno nacional:

Yo tuve amenazas por la minería y tengo amenazas y hace poquito puse la última denuncia, hace como [fecha] más o menos. Porque cuando ellos llegaron yo les dije, no, esto aquí es un territorio colectivo y tienen que hacer la consulta previa libre e informada. ¿Por qué no nos pararon el día que íbamos entrando? ¿Por qué no nos dijeron? Yo les dije, yo no estaba aquí, además que no es nuestra obligación, ustedes deben saberlo, deben consultar primero. Después que no, que según los que mandan más, les habían dado permiso, que eran la FARC. Entonces los que mandan más, nosotros ya hablamos con los que mandan. Les digo, no señores ellos no mandan más. Ellos tienen treinta años de estar aquí, mi bisabuelo llegó hace ciento cincuenta años y si ellos tienen derecho a un 10% y son 500 y ¿nosotros que somos más de [número de personas] no vamos a tener el mismo derecho por lo menos a un 10%? ¡Que no! que era un dos y que eso era, que eso era ley y que en toda parte habían trabajado así. Le dije, sí, pero en otras partes. Me dijo que no, que de todas maneras, que como ahora los que mandan habían dicho eso, pues que entonces ¿que podíamos hacer? Le dije no, que hay muchas otras formas, yo pues me daba como rabia y les decía así pero entonces no sabiendo que ellos todo le iban a decir allá, que yo había dicho eso y que era pues la piedra en el zapato para ellos[3].

 

 oro 

4.      Desplazamiento para el apoderamiento de los medios de producción o por el rechazo a pagar extorsiones

De la misma manera existe abandono forzado de territorios por parte de comunidades, mineras, campesinos, incluyendo líderes sociales debido al interés directo de grupos armados por despojar, apoderarse de los medios de producción o por el rechazo a pagar extorsiones. Un líder político y sindical del Nordeste Antioqueño así lo manifestó a medios públicos y lo sostuvo en entrevista con los investigadores de CREER-IHRB a quienes indicó que en ese momento era parte de la población desplazada “Es común que las personas tengan que abandonar sus títulos o tierras por la violencia”.

Sobre la situación de este líder, una noticia en el diario El Tiempo expone:

Hace un mes 'los Rastrojos' empezaron a exigir el 10 por ciento de la producción de la mina de oro. El concejal se negó y denunció el hecho ante la Policía. Por eso las amenazas aumentaron y tuvo que sacar a su familia de la región (El Tiempo, 2012).

Sin embargo, los líderes no son las únicas víctimas del interés ilegal de algunos actores y en algunos casos, empresas se ven involucradas con reclamos de bienes despojados. En un diálogo participativo dirigido por los investigadores de CREER-IHRB en el Nordeste Antioqueño, una persona sostuvo haber sido despojada después de desplazarse por la violencia y también, que perdió todo tipo de derechos sobre la mina que había creado en el pasado, el título le fue otorgado a una gran empresa. El aforo completo del espacio de diálogo que superó las 20 personas, apoyó la versión de la persona que afirmó haber sido despojada, de tal manera que el grupo identificó como “impacto de la minería” al desplazamiento forzado, al mismo tiempo que le decían a la persona “es mejor resignarse”.

 

 carbon oro 

5.      Abandono forzado de territorios por transformaciones descontroladas hechas por la minería en medio del conflicto interno armado

Se identificó también el abandono forzado de territorios atribuidos a transformaciones descontroladas hechas por la minería en medio del conflicto interno armado y negociaciones con la participación directa o indirecta de actores de la guerra.

Como se expuso en un extracto de entrevista anterior, algunas comunidades étnicas se ven obligadas a aceptar participaciones de la producción de mineros informales impuestos ,en ocasiones a través de negociaciones en la que está presentes GAIs,. No obstante, esas participaciones además de involucrar a las comunidades en la cadena de ilícitos de la minería ilegal solo generan beneficios a corto plazo y a mediano plazo obligan a las poblaciones locales a migrar a otros municipios pues sus territorios dejan de brindar alternativas de sustento. Así lo afirma un habitante de edad avanzada de un territorio étnico completamente transformado por la minería:

Todos los terrenos que habían en este pueblo a nivel de sustento para la gente, fue acabado todo, todo, todo, todo, sin dejar absolutamente nada para este pueblo, porque como les decía, todo eso, ese sistema de minería era de personas foráneas. Fue un sistema de minería sin ninguna clase de control, no había ninguna clase de control, ¿por qué?, porque ese sistema de minería cogió estos pueblos sin una justicia fuerte, o sea que esto se nos volvió un Sodoma y un Gomorra, eso eran noches de pánico todos los días con ese sistema de minería. Estamos hablando de 1980 para acá, a esta fecha esa minería se acabó y la gente quedó en la calle desprotegida.

Para conocer información documentada sobre otros casos sobre desplazamiento forzado en municipios mineros del Cesar véase el capítulo sobre vida libertad y seguridad

Sobre la relación del desplazamiento y despojo de tierras con intereses de actores relacionados con la minería también existen múltiples pronunciamientos, entre estos se destaca la sentencia proferida el primero de julio del año 2015 por el juzgado especializado en restitución de tierras de Popayán[4].

 

carbon oro 

6.      Restricciones para la restitución de tierras

En los municipios mineros existen confluencias de intereses asociados a territorios despojados o abandonados en el marco del conflicto interno armado. En el año 2014 la Unidad de Restitución de Tierras -URT- encontró que 5950 solicitudes de restitución de tierras despojadas coinciden con áreas que tienen títulos mineros y que 4656 solicitudes de restitución coinciden con áreas que tienen solicitudes de títulos en zonas microfocalizadas (Unidad de Restitución Tierras, 2014). El mismo documento sostiene que 6461 títulos mineros se superponen con zonas macrofocalizadas (equivalentes a 4 millones de hectáreas aproximadamente) y que 1143 títulos mineros se superponen con áreas microfocalizadas equivalentes a 380 mil hectáreas, aproximadamente.

La URT también encontró que 1552 solicitudes mineras se superponen con áreas microfocalizadas que equivalen a 1.765.159 hectáreas. Aproximadamente 114 mil hectáreas en territorios étnicos presentan confluencia entre áreas microfocalizadas y títulos o derechos mineros[5]. Estas situaciones se muestran en los siguientes mapas.

Mapa 2 Títulos y solicitudes a 2014 en zonas macrofocalizadas para la restitución de tierras

Fuente: Elaboración propia con información de títulos y solicitudes mineras a 2014 del Catastro Minero Colombiano y mapas de zonas macrofocalizadas del IGAC (2015)

Mapa 3 Títulos y solicitudes a 2014 en zonas micro focalizadas para la restitución de tierras

Fuente: Elaboración propia con información de títulos y solicitudes mineras a 2014 del catastro minero Colombiano y mapas de zonas microfocalizadas de la URT (2015)

Se identificó que el retorno de población desplazada y la restitución de tierras despojadas en municipios mineros se ve limitada o restringida por factores contextuales complejos, incluyendo la presencia y acción de GAI y bandas criminales -BACRIM-, ocupación de los predio y transformaciones territoriales por la minería.

 

 oro 

7.      Obstáculos para la restitución de tierras asociados con la presencia de grupos armados al margen de la ley

La restitución de tierras en Colombia no avanza en lugares en donde no se garantice las condiciones de seguridad necesarias. La presencia y acción de actores armados ilegales es uno de los principales obstáculos. La restitución de tierras no avanza en regiones como el Nordeste y el Bajo Cauca antioqueño dada la relación de los municipios mineros con intereses para el financiamiento de GAI y BACRIM.

Al preguntarle a un líder comunitario si la restitución de tierras opera en el Nordeste de Antioquia, este respondió:

Hasta ahora no se ha visto ninguna. De hecho, yo solicité hace como dos años restitución de tierras de la finca que era de mi papá que la tuvimos que vender porque lo mataron a él. Allí teníamos la finquita y allá trabajamos, trabajamos minería, trabajamos la ganadería, trabajamos la agricultura. Piscicultura también tenía yo allá.

Sobre esto, una entrevista del diario El Colombiano con la directora territorial de Antioquia de la URT publicada en julio del año 2015 expone:

Anorí, Remedios y Segovia en el Nordeste; Ituango y Briceño en el Norte; Cáceres, Tarazá y Caucasia en el Bajo Cauca; el corregimiento La Danta (Sonsón) y la vereda Las Palmas (Granada) son los territorios en los que hasta hoy la Unidad de Restitución de Tierras (URT) no ha podido intervenir, pese a las solicitudes hechas por los reclamantes para recuperar hectáreas que alegan son de su propiedad.

La nota de prensa elabora lo siguiente:

En Antioquia, actualmente se tramitan a través de la URT 3.557 solicitudes de restitución en municipios del departamento donde existe presencia activa del conflicto armado. La directora de la Territorial de Antioquia de la URT señaló que frente a estos casos específicos, la Policía, el Ejército y la Fuerza Aérea no han dado conceptos favorables para la presencia de los funcionarios de la unidad de restitución en la zona, por lo que estas peticiones de campesinos y reclamantes no se han llevado a cabo (El Colombiano, 2015).

Es importante aclarar que este problema no se presenta exclusivamente en Antioquia. Una aproximación cartográfica a la complejidad de los retos que enfrenta la restitución de tierras respecto a la presencia de actores armados asociados a la minería se presenta a continuación:

 

Mapa 4 Zonas de influencia de GAI y BACRIM en minería ilícita en zonas microfocalizadas para la restitución de tierras y áreas de intervención étnica

 

Fuente: Elaboración propia con información de mapa de zonas microfocalizadas de la URT (2015) e información de (Policia Nacional, 2013, pp. 82-83)

 

 oro 

8.      Ocupación o transformación de tierras solicitadas para restitución

Otro de los obstáculos identificados para el retorno de población desplazada y restitución de tierras despojadas en municipios mineros es la ocupación o transformación de la tierra por terceros asociados a la minería.

Refiriéndose a la situación del Alto Andágueda en Chocó, en la exposición de antecedentes de la Sentencia 007 del 23 de septiembre del año 2014 proferida por el Tribunal Superior de Antioquia expresa: “En el entretanto, la minería ilegal toma inusitado impulso amparada por grupos al margen de la ley contribuyendo a la grave devastación ambiental del territorio indígena" (Restitución de Derechos Territoriales, 2014).

Particularmente sobre el proceso de retorno relacionado con las mismas comunidades, una publicación de Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES-, sostiene:

el proceso de retorno de las familias Embera Katío provenientes del resguardo del Alto Andágueda, departamento del Chocó, que se encontraban en la ciudad de Bogotá tuvo dificultades debido a la presencia de grupos armados, empresas mineras legales e ilegales en territorio y a los incumplimientos de los acuerdos de retornos anteriores (CODHES, 2014).

Así mismo, refiriéndose a la situación del Pacifico caucano, la exposición de antecedentes “que generaron la imposibilidad del ejercicio pleno derechos territoriales de la población perteneciente al consejo comunitario Renacer Negro” de la Sentencia 071 del 1 de julio del año 2015 proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Restitución De Tierras de Popayán expresa:

En un escenario de conflicto armado, abandono estatal, y presencia de cultivos de uso ilícito, irrumpe con gran fuerza la minería ilegal, promovida por mineros foráneos que en estos 4 últimos años, han desarrollado sus actividades extractivas, sin ningún tipo de control, desplazando las prácticas culturales de minería e implementando el uso de maquinaria pesada, dragas y retroexcavadoras. La actividad minera que se adelanta en la zona, se caracteriza por ser una extracción de material a cielo abierto, con la utilización de dragas y retroexcavadoras, que implican la remoción de grandes cantidades de tierra del lecho de río, generando daños ambientales de enorme magnitud (Restitución y Formalización de Derechos Territoriales, 2015).

La acción de la minería en ese territorio étnico resultó ser tan determinante, que, de acuerdo a la misma sentencia la URT pidió medidas cautelares para el territorio del consejo comunitario:

debido a los hechos graves de conocimiento nacional, relacionado al conflicto armado y factores subyacentes al mismo (minería sin control), con ocurrencia en el municipio de Timbiquí ubicado en la costa pacífica caucana, situación que se ha difundido por medios de prensa y radio y televisión, en los últimos 4 años y en atención a los reclamos y denuncias realizadas por la comunidad y por organizaciones e instituciones defensoras de los derechos humanos, por el ingreso al territorio colectivo, de dragas y retroexcavadora por parte de agentes externos; la URT solicitó en diciembre de 2012, al juzgado primero civil especializado en restitución de tierra de Popayán, la adopción preventiva de medidas cautelares para el territorio mencionado fundamentados sobre el artículo I 13 del decreto Ley 4635 de 2011 (Restitución y Formalización de Derechos Territoriales, 2015).

 

 oro 

9.      Titulación minera en zonas que fueron objeto de abandono o despojo

Se han adjudicado y solicitado títulos mineros en zonas que fueron abandonadas o despojadas en el marco del conflicto interno armado. Sobre esta situación basta con recordar la realidad expresada al inicio de esta sección sobre los miles de títulos mineros otorgados en zonas solicitadas para la restitución de tierras. No obstante, esta realidad no solo devela una contradicción e incoherencia entre instituciones, sino que también expresa la posibilidad de que titulares mineros puedan participar como terceros opositores en los juicios de restitución de tierras. Esta posibilidad implica la generación de posibles tensiones entre población desplazada y empresas o titulares mineros. El hecho de que sobre tierras que fueran despojados hubiera habido titulación es una actuación de indolencia de la institución responsable (Ingeominas principalmente). Esto complejiza los procesos de reparación y de retorno y genera interrogantes sobre la forma en que pueda operar el principio de actuación de buena fe exenta de culpa en los casos en donde compradores de predios en donde hubo despojo también sean titulares de derechos de minería.  

Los casos más visibles sobre empresas mineras que actúan como opositoras de procesos de restitución de tierras se desarrollan en territorios étnicos. Estos casos han establecido precedentes en la jurisprudencia colombiana, llegando incluso a la declaratoria de la suspensión de títulos adjudicados[6] y trámites de solicitudes de grandes empresas hasta que se lleve a cabo un proceso de consulta previa con las comunidades. También, algunas empresas han tomado la decisión de renunciar parcialmente a áreas solicitadas para que se excluyan las zonas superpuestas con los territorios de las comunidades étnicas (Restitución de Derechos Territoriales, 2014).

 

oro 

10.   Adjudicación de baldíos reclamados por las víctimas y en donde hay explotaciones ilegales de minerales

Las tensiones entre tenencia informal de la tierra y titulación minera se acentúa en los escenarios de desplazamiento y despojo. La revisión de información arroja varios tipos  de situaciones en donde se presentan riesgos para las poblaciones vulneradas por el desplazamiento :

  • Titulación sobre predios que han sido objeto de despojo sin que el poseedor tenga propiedad formalizada.
  • Titulación sobre baldíos que presentaban ocupación de hecho en zonas de retorno
  • Minería ilegal ocupando predios que fueron objeto de despojo
  • Restricciones a restitución por proximidad a explotaciones mineras[7]

Mapa 5 Informalidad de tierras a 2009 en municipios mineros

Fuente: Elaboración propia con información de CEDE, Ibáñez, A. M., Muñoz-Mora, J. C., & Gáfaro, M. (2012). Atlas de la Distribución de la Propiedad Rural en Colombia. Universidad de los Andes.

 

Respecto a la titulación de predios baldíos, la evidencia cuantitativa sugiere una asociación con el desarrollo de actividades mineras. En particular, se observa que los municipios con minería de oro tienen una mayor extensión de tierras baldías que su grupo de comparación, esta diferencia es del 30%. Este resultado sugiere, eventualmente, una menor titulación de baldíos en territorios mineros. En el caso de carbón en el interior del país, los municipios mineros también presentan una mayor extensión de territorios baldíos, en un 60%, respecto a sus municipios de comparación. Como en el caso de oro, esta evidencia sugiere una menor titulación de baldíos en territorios mineros. Por el contrario, para los municipios con minería de carbón en Cesar y La Guajira se observa una extensión 60% menor de tierras baldías respecto a su grupo de comparación. Esta evidencia sugiere, eventualmente, que en los municipios con minería de carbón en estos territorios se presentó una mayor titulación de predios baldíos. De manera similar, los resultados cuantitativos sugieren que los municipios con minería de materiales de construcción tienen una menor extensión de territorios baldíos que los municipios de comparación. Esta diferencia es del 30%. Como en el caso de los municipios con minería de carbón en Cesar y La Guajira, este resultado sugiere una mayor titulación de predios baldíos en municipios mineros.

 oro 

11.   Restitución de tierras en territorios destinados a Proyectos de Interés Nacional y Estratégico -PINES-

Los denominados PINES, dentro de los cuales se encuentran varios proyectos de gran minería han generado controversias por la regulación particular que tienen en relación con la restitución de tierras y las restricciones que pueden conllevar  para el retorno de población desplazada. El Plan Nacional de Desarrollo (2104-2018) establece en su Art. 50 que los predios que se encuentren en áreas asociadas con PINE solo podrán ser objeto de compensación en procesos de restitución de tierras.

La inclusión del predio en los PINE se entenderá en los términos del artículo 72 de la Ley 1148 de 2011 como una imposibilidad jurídica para la restitución que impondrá al Fondo de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas la obligación de compensar a las víctimas con un predio de similares condiciones, en el orden y lineamientos establecidos en el artículo 98 de la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios. Sin embargo, en estos casos, el pago de la compensación se realizará con cargo a los recursos que se consignen en el depósito judicial efectuado por la entidad propietaria con cargo al proyecto, en virtud del proceso de expropiación (Congreso de la República de Colombia, 2015).

Sobre esto es importante resaltar, por un lado, que la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 15 de mayo de 2015 (diez días después de aprobado el Plan Nacional de Desarrollo) ordenó la suspensión de 516 zonas denominadas Áreas Estratégicas Mineras (AEM) o Bloques Mineros tras una acción de Nulidad presentada por Tierra Digna (Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna, 2015). La suspensión se decretó porque no se realizó un proceso de consulta previa adecuado que garantizara la participación plena de comunidades étnicas en la formulación de las AEM. Según el Consejo de Estado:

Es apenas evidente que dentro los departamentos en donde delimitaron áreas estratégicas mineras, se encuentran territorios que han sido habitados ancestralmente por colectivos de comunidades indígenas y negras, como en los departamentos de Nariño, Putumayo, Chocó, la Amazonía, La Guajira, Valle, Cauca, Antioquia, entre otros, así nuestro territorio, pese a la violencia y vulneración de minorías étnicas, aún conserva un gran número de población indígena y afrocolombiana, que debe ser protegida de manera preferente, pues hace parte de nuestro patrimonio cultural e histórico, y de nuestra identidad, por lo que es imperiosa su participación en la planeación de medidas como las tomadas por las autoridades mineras […]

Finalmente el Despacho considera, que la suspensión provisional de las resoluciones demandadas se hace necesaria, en razón a la naturaleza y el alcance del impacto que las medidas propuestas puedan tener, pues lo que se busca es proteger el derecho fundamental a la consulta previa, y evitar el desmedro de los derechos constitucionales de las comunidades étnicas que con las mismas pudieran verse afectadas (Consejo de Estado, 2015).

Este fallo fue recibido con preocupación por la ANM. Su presidenta, Natalia Gutiérrez, afirmó que una de las consecuencias de la decisión es “que dilata el proceso” y que “se generan incertidumbres sobre el proceso. Se retrasa el aprovechamiento del potencial minero con altos estándares. Y también se afecta la posibilidad de que la población presente en el territorio, reciba los beneficios generados por un proyecto minero de estas características” (Portafolio, 2015; Guesgüan Serpa, 2015). La ANM también señaló que no se realizó consulta previa porque las resoluciones no otorgaban títulos mineros y, según un concepto del Ministerio del Interior, solo establecen áreas estratégicas mineras, es decir “creaban meras expectativas” (Revista Semana, 2015). Una analista reconocida por su conocimiento sobre el tema de la consulta previa interpretó el fallo como “una señal de que la consulta previa empieza a tener los efectos que le reconoció el nuevo código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo” y también que “le da al gobierno un margen para hacer un giro y apuntar hacia la corrección constitucional del ordenamiento territorial” (Viana, 2015).

La ANM interpuso un recurso de súplica a finales de mayo de 2015 ante el Consejo de Estado con el que pretende defender la creación de las áreas estratégicas mineras. Esta entidad aún no se ha pronunciado al respecto (Portafolio, 2015).

El Art. 50 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 fue demandado ante la Corte Constitucional. En una declaración publicada en El Espectador, el representante a la Cámara, Alirio Uribe, afirmó que el Art. 50

rompe con la separación de poderes, entregando al ejecutivo la reglamentación de unos proyectos que son asimilados de utilidad pública, es decir, se puede expropiar en nombre de la minería, las hidroeléctricas y las obras viales. Se desconocen otros derechos, como los de las víctimas del despojo violento de la tierra, pues la norma obliga al juez de restitución a abstenerse de devolverle la tierra a la víctima si el predio se traslapa con un PINE. Así, privilegiaremos una 4G a la restitución de las víctimas (El Espectador, 2015).

El 9 de febrero de 2016 la Corte Constitucional falla la demanda instaurada contra el Plan de Desarrollo, prohibiendo la exploración y explotación de recursos no renovables en los páramos de Colombia. Además, la Corte empoderó nuevamente a las corporaciones autónomas regionales, para evaluar el impacto ambiental de los proyectos mineros, quitándole la facultad a la ANLA (Autoridad Nacional de Licencias Ambientales).

Esta decisión, además de blindar de todo manejo irresponsable al medio ambiente en esas zonas, de las que depende la gran parte de generación de agua, protege a las comunidades desplazadas, en tanto da prioridad a la satisfacción de sus intereses sobre los empresarios mineros.

La Corte Constitucional determinó frente a los PINES (Proyectos Estratégicos de Interés Nacional), que las víctimas de desplazamiento forzado pudieran reclamar su derecho a retornar a las tierras despojadas si estas habían sido otorgadas para el desarrollo de PINES (Semana, 2016). Por lo que las víctimas podrán elegir entre el retorno a sus tierras y la reparación económica. De este modo, se reivindica la idea de que el desarrollo económico no puede estar por encima de los intereses de grupos vulnerables, como los desplazados.   

 

oro 

12.  Actuación desregulada de empresas en territorios étnicos

La percepción de las comunidades frente a las transformaciones e impactos ambientales que afectan sus derechos, incluyendo la posibilidad de disfrutar o hacer uso de sus territorios o propiedades, están asociados a los antecedentes de acciones de pequeños y medianos mineros formales e informales y también de grandes empresas que operaron en sus territorios con el aval del Estado.

Un habitante de edad avanzada en un territorio étnico en el Chocó  sostiene:

“…el gobierno para poder fortalecer especialmente el sistema económico debería, como le dijera, debería entrar a poner aptas esas tierras que fueron trabajadas [por la minería] porque de eso apenas hay las pocetas, los montones de piedra y arena. Esa situación trae una gran cantidad de enfermedades a estos pueblos, por eso ese chikungunya se entró aquí en estos pueblos, porque es que están las pocetas que dejó la compañía minera Chocó Pacífico, y están las pocetas que dejó el trabajo de la minería mecanizada. Están los montones de piedra y arena de la compañía minera Chocó Pacífico y están los montones de piedra y arena de la minería mecanizada. Entonces el gobierno para poderle abrir otro horizonte económico a estos pueblos, sería bueno que ellos buscaran la manera de adaptar esas tierras que quedaron. Eso para la habilitación de la agricultura que sería una de las formas de subsistencia de estos pueblos y que como le digo los alcaldes y el mismo gobierno nacional se preocuparan por tratar de incentivar a las personas para que vayan al campo. Porque es que la riqueza prácticamente está en los campos. Estos pueblos que están sometidos a minería tienden a desaparecer, tienden a desaparecer y es el ejemplo, pongamos, de la compañía minera Chocó Pacífico, ustedes deben de haber oído hablar de esa compañía. Esa compañía también acabó con, con los ríos, acabó con una cantidad de tierras también y esta minería mecanizada complementó a desaparecer, o sea que estos son pueblos que por tener un sistema económico de minería tienden a desaparecer.”

A pesar que la compañía Chocó Pacífico ya no opera en el territorio de la comunidad étnica, sus acciones siguen presentes en la memoria de las comunidades de tal forma que la percepción de la persona citada no es distante a la de los habitantes de un territorio cercano en 1934. Esto explica en parte la resistencia de las comunidades étnicas a incursión de grandes empresas en sus territorios.

Resolución Nº 23 (Agosto 23 de 1934)[8]

El Concejo Municipal de Nóvita, considerando:

1º. Que la compañía minera Chocó Pacífico S.A., no obstante haberse llevado de calle lo dispuesto en el artículo 3º de la ley 38 de 1887, sin que hasta la fecha se haya arrepentido de sus fechorías, continúa activando, por medio de sus abogados, sus denuncios de minas, a fin de hacerse a las propiedades de nuestros pobres labriegos, situadas en las riberas de nuestro río Tamaná, para explotarlas a su antojo.

2º. Que nuestro río se considera como ‘el pan nuestro de cada día’ de donde derivan su subsistencia, por los sistemas de ‘mazamorreo’ y de ‘zambullir’, millares de chocoanos cuya suerte no puede serle indiferente al gobierno, ya que dragando nuestro río estos chocoanos habrían de emigrar a otras regiones en busca del sustento diarios.

3º. Que dadas las condiciones de nuestro río, su explotación por el sistema de dragajes acabaría con los cultivos y crías de animales, importantes renglones para la vida de los habitantes de estos sectores.

4º. Que no vemos la causa que justifique la premura del gobierno, menos la necesidad, del dragaje de nuestro río, trabajado por naturales hoy, es verdad, por procedimientos empíricos y rutinarios, mañana, dado ese constante ascender de la humanidad, por métodos científicos y, bajo un color y sabor netamente nacionales.

5º. Que no hay proporción en el pleito que actualmente adelanta la compañía con nuestros pobres e indefensos labriegos a raíz de los avisos y denuncios de minas, de que actualmente están conociendo los Jueces del Circuito de Istmina, puesto que es un pleito de un poderoso que cuenta con dineros y abogados, con unos pobretones que no cuentan más que con la bondad social de sus causas;

6º. Que si el gobierno nacional no dicta algunas medidas que vengan a aliviar a nuestros indefensos labriegos de las garras de la prepotente Compañía Minera Chocó Pacífico, S. A., se llegará el momento en que ellos, como ya lo han manifestado y ante la imposibilidad de defender sus patrimonios, tendrán que acudir a repeler la fuerza con la fuerza; y,

7º. Que este cabildo deja su constancia que desde algún tiempo viene, como representante y vocero del pueblo, dando a conocer del Gobierno los pormenores del monstruoso atentado de la mencionada compañía contra el patrimonio, muy legítimo del pueblo chocoano.

 

Sobre la persistencia de transformaciones sin control por parte del Estado, otro habitante del mismo territorio étnico sostiene:

la minería aquí no ha tenido ningún control de gobierno, como le digo, pero esta minería mecanizada, la mecanizada lo que hizo fue seguir los parámetros de la compañía minera chocó pacífico, todo ese metal se iba sin ninguna clase de control. Como les decía había personas que llegaban. Los dueños de su maquinaria y todo. El día que lavaban recogían y ellos se iban, porque había otra situación negativa, que lo que recibía el dueño del terreno era una mínima parte de lo que recibía el dueño de la maquinaria, porque esos cánones los fijaba el capataz, que eran los administradores de minas.

No obstante, los antecedentes y el estado actual de las transformaciones territoriales responden a contextos específicos. Estos parcialmente están determinados por las relaciones que establecidas entre pequeños mineros, formales e informales, por un lado, y por otro, grandes empresas, con actores locales, principalmente con quienes habitan, son propietarios o tienen derechos territoriales. A continuación se presentan algunas situaciones transversales asociadas a la actividad minera que pueden generar afectaciones al ejercicio de derechos étnicos territoriales y de propietarios de tierras.

 

 oro materialesc 

13.   Cambios en la valoración de tierras adyacentes a minas o a áreas proyectadas para proyectos mineros

Los proyectos de minería mediana y grande conlleva además de áreas libres para la extracción de minerales espacios para infraestructura de procesamiento, plantas de tratamiento de agua, presas de relave. Todo esto en conjunto tiene efectos sobre el valor de la tierra como expectativa de ganancia para quien la va a vender o como pérdida cunado la vecindad con estas instalaciones produce impactos reales o percibidos que disminuyen el valor del predio.

El aumento en el valor o interés sobre predios puede generar mayores impuestos para los propietarios y dependiendo de las capacidades de pago, los cambios pueden significar obstáculos para que las personas continúen con sus propiedades. No obstante, las situaciones más preocupantes asociadas al interés por la tierra tienen que ver con engaños a campesinos propietarios. Miembros de un consejo comunitario en el Cauca sostienen: “… entraban con bultos de billetes de mil a comprar las tierras de los campesinos”. Así mismo, un funcionario de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) sostiene que la entrada de la gran minería ilegal en el Cauca se dio a través de la fuerza y “la compra de tierras a precios muy bajos en contextos de pobreza”.

En algunas ocasiones la actividad minera produce depreciación de las tierras y eso impacta directamente los intereses de los propietarios. En el municipio de Suesca, Cundinamarca un afectado por estos cambios sostiene: “económicamente las tierras han perdido todo su valor, sobre todo las que circundan alrededor de la planta de [la empresa]. Nadie va a comprar una tierra al lado de una fábrica de cementos.”

 

 carbon

14.   Ausencia de normatividad para reasentamientos

Con frecuencia los reasentamientos involuntarios son una fuente de conflictividad en proyectos de infraestructura y de la industria extractiva; situación que se complica más ante la ausencia de marcos regulatorios como es el caso de Colombia.      

Los reasentamiento no cuentan con procesos regulados, ni es forzoso el cumplimiento de los estándares internacionales sobre la materia.[9]. Por lo tanto no es posible esperar que procesos esenciales para los reasentamientos, tales como censos, levantamientos topográficos y levantamiento de una línea bases, entre otros, cuenten con procedimientos transparentes preestablecidos, conocidos por todas las partes y los roles  y responsabilidades que comunidades, empresas y agencias de gobierno deben jugar.

La ausencia de responsabilidades definidas y la casi total desvinculación de entidades públicas llevan a que procesos tan complejos como los reasentamientos no cuenten con posibilidades de arbitramento de disputas, que los procesos sean opacos, que no se dé una articulación planeada entre los proyectos de reasentamiento y los gobiernos municipales.

Esta circunstancia favorece la conflictividad, la especulación y la prolongación de los proyectos en el tiempo. Lleva además a que las empresas deban asumir roles que no les corresponde como adelantar censos para desarrollar los PAR (Plan de Acción para Reasentamientos). El código de minas vigente no hace mención alguna acerca de reasentamientos y se limita a referenciar el Art. 58 de la Constitución Política que define como utilidad pública a la minería en todas su ramas y fases, lo que habilita “las expropiaciones de la propiedad de los bienes inmuebles y demás derechos constituidos sobre los mismos, que sean necesarios para su ejercicio y eficiente desarrollo”.

Un caso que ilustrativo de los vacíos normativos y los problemas que se generan por esa razón se presenta en el Cesar. El Ministerio de Ambiente en 2010 ordenó a las empresas que operan en la región ejecutar el reasentamiento involuntario de tres comunidades (Plan Bonito, El Hatillo y Boquerón)  por medio de las resoluciones 970 y 1525. Se podría argumentar que en esas resoluciones el Ministerio de Medio Ambiente  asignó a las empresas mineras funciones que son de su competencia. El Ministerio argumentó que el reasentamiento no era una sanción contra las empresas a la que obligó a implementar este procedimiento sino que “hacen parte de las medidas de manejo ambiental impuestas a las empresas para mitigar, corregir, compensar y prevenir los impactos ocasionados como consecuencia de la actividad económica autorizada mediante las respectivas licencias ambientales” (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). Esta decisión estuvo motivada por niveles de contaminación atmosférica que cuales sobrepasaron los límites establecidos en los Planes de Manejo Ambiental.

Al dejar en manos exclusivamente de las empresas se creó un vacío institucional que en gran medida aún no se resuelve pues la solución integral es ambiental, socio cultural, económica, espacial y de reintegración de las comunidades a una nueva vida como ciudadanos y como comunidades, lo cual desborda lo que las empresas deben y pueden hacer. Esto no las exime de responsabilidades, sin embargo la garantía de protección de derechos no se limita a expedir normas, ésta se materializa en las actuaciones institucionales liderando, organizando y armonizando desde la función que le corresponde al Estado en todo sus niveles.

En entrevista sobre este tema afirmaba un funcionario del Ministerio de Medio Ambiente refiriéndose a las resoluciones citadas antes “… las responsabilidades de  las empresas son de resultado no de medios”. Difícil no concluir que así descarga la institucionalidad en las instituciones la responsabilidad de gobernar. 

Una de las comunidades sujetas a ser reasentadas decidió entablar negociaciones individuales con las empresas. A pesar que ya se le dio trámite a esa diligencia, algunos de los antiguos habitantes están regresando a lo que eran sus predios y ocupándolos nuevamente con el argumento de que las empresas no les han cumplido con el pago total acordado (El Pilón, 2015). Las otras dos comunidades argumentaron en las conversaciones que sostuvieron con el equipo de investigadores de CREER-IHRB que los plazos para realizar el reasentamiento se han excedido, que el operador a cargo del reasentamiento ha sido cambiado en varias ocasiones y que siguen estando sujetos a la contaminación que motivó la orden de reasentamiento.

Una de las empresas involucradas en el proceso argumenta que “El estatus del proceso difiere de acuerdo con las circunstancias y expectativas propias de cada comunidad. En todo caso, se adelanta cumpliendo los lineamientos, parámetros y mejores prácticas internacionales”.

El principal inconveniente que se ha presentado ha sido el plazo establecido por el Ministerio del Medio Ambiente para ejecutar el reasentamiento [...] Estos plazos son técnicamente imposibles de cumplir. La experiencia internacional muestra que en promedio se requiere mínimo de 1 a 2 años para la estructuración del PAR y de 2 a 3 años para su implementación. Esa situación generó malestar en las poblaciones, resistencia y desconfianza por la dificultad de explicarles que esos procesos no se podían ejecutar en ese tiempo y se iban a demorar mucho más. Otro inconveniente que se ha presentado es la intervención de terceros que tienen una posición crítica sobre el proceso de reasentamiento y la actividad minera (Procesos de Reasentamiento de Plan Bonito, El Hatillo y Boquerón, 2015).

 Entre los terceros mencionados hay organizaciones de la sociedad civil que se han comprometido con apoyar a las comunidades en el seguimiento, comprensión y organización social  y negociaciones de los reasentamientos[10]

Sin embargo, según una empresa en el Cesar “algunas organizaciones no gubernamentales hacen campañas anti-mineras e indisponen a la población. Esto impide que los procesos avancen.” Según esta empresa, otras de las circunstancias que favorecen la conflictividad son las resistencias naturales al desarraigo, los miedos que se producen en los pobladores que deben reasentarse y el uso de argumentaciones ambientales o sociales como instrumento de otros propósitos.

Tal y como lo menciona un miembro de la empresa, “el problema no es que haya ONG que sean críticas de los procesos de reasentamiento y de la actividad minera, siempre y cuando se establezca un diálogo maduro y sano que en últimas puede ayudar a proteger los derechos de las comunidades y la legitimidad de las empresas. El problema es lograr un diálogo productivo para poder cumplir con las resoluciones que ordenan los reasentamientos, y para que esto sea una oportunidad de desarrollo. Eso ha sido muy difícil.”

En la baja Guajira también se han realizado varios reasentamientos involuntarios. Algunas comunidades comparten la percepción que la empresa que realizó los reasentamientos no ha cumplido con todos los compromisos adquiridos durante la etapa de negociación. Una de los reclamos más frecuentes tiene que ver con fallas en el suministro de agua potable. En este punto hay que señalar que la empresa donó una planta de tratamiento de agua para el acueducto comunal que surte a algunos reasentamientos; en el momento que se hizo la investigación de campo tenía desperfectos mecánicos y estaba fuera de funcionamiento.

Otros aspectos relacionados con reasentamientos se desarrollan en el capítulo de acceso a condiciones de vida adecuada,.,  vale señalar en otros aspectos relacionados con el acceso a la propiedad y los servicios ,las poblaciones reasentadas, a pesar de contar con una vivienda propia, han cambiado su forma de vida de forma radical, ellas señalan que estos procesos los lleva a un progresivo empobrecimiento. Muchas pasaron de disfrutar del acceso a sabanas comunales y terrenos baldíos para el cultivo y el pastoreo a tener poca tierra, aunque ahora la tienen titulada formalmente[11]. Algunas personas y comunidades compartieron sus percepciones sobre esto Un miembro de una comunidad en la Guajira afirmó que el proceso de reasentamiento “no es hacerle una casa bonita a una comunidad, sino que tenga todo lo que tenía en el anterior lugar, que tenga de qué comer y seguir sus actividades, seguir impulsando sus proyectos productivos”. Un líder manifestó “tienes que vender de forma individual, en una comunidad que está organizada de forma colectiva y después de que tu vendes no cumplen los acuerdos, hay un incumplimiento de acuerdos”, mientras que otro líder afirmó: “Los reasentados pasan muchos trabajos. Eso es una irresponsabilidad, sacar a la gente del territorio a que mueran de hambre”.

Aunque muchos de los programas ofrecidos por la empresa son bien recibidos por las comunidades, hay una serie de dificultades a las que se enfrentan estas poblaciones que deberían ser atendidas de forma integral con el acompañamiento del Estado. Las familias beneficiadas por el reasentamiento ahora son propietarios formales de una hectárea de tierra en cuatro de los casos y en otro son titulares colectivos de 300 hectáreas. No obstante, la falta de acceso a agua les impide disfrutar completamente de su derecho a la propiedad de la tierra pues no tienen la capacidad de montar proyectos productivos agrícolas. La escasez de agua en ese departamento es una problemática asociada a las condiciones ecosistémicas y la sequía que se presenta actualmente en la región. La empresa ha propuesto como solución construir una bocatoma desde el Río Ranchería para surtir de agua los proyectos agrícolas.

La empresa que ha realizado estos reasentamientos afirma estar comprometida con la prevención y mitigación de los impactos en las comunidades y explica que los reasentamientos son una medida de último recurso. Sostiene además que el proceso

incluye la participación de la comunidad en sus diferentes etapas: construcción de la base social, identificación de impactos y plan de compensación acorde a estos, selección de nuevo sitio y diseño e implementación del plan de reasentamiento que contempla aspectos sociales, económicos y ambientales (¿Por qué realizamos reasentamientos?, 2015).

Por otro lado, reconoce algunas las problemáticas enunciadas:

Hemos encontrado que debido al arraigo de las familias con su tierra de origen, se generan dificultades para su adaptación al nuevo sitio. Adicionalmente, identificamos que el restablecimiento de las actividades económicas o de generación de ingresos, también plantea un reto para un grupo importante de familias (¿Por qué realizamos reasentamientos?, 2015).

En ese sentido, ha diseñado una serie de estrategias para contribuir a la solución de los problemas enfrentados. Según la empresa, los programas de apoyo educativo han llevado a que algunos miembros de la comunidad realicen estudios superiores en distintas universidades. Esto sería un paso adelante en la formación de un capital humano dentro de las comunidades que, en el mejor de los casos (dada la tasa de desempleo en la región) les permitiría desarrollar actividades económicas mejor remuneradas. Otra estrategia implementada es la asesoría para el establecimiento de proyectos productivos aunque en este aspecto se han encontrado algunas dificultades de lograr la sostenibilidad de los emprendimientos[12]. Aun así varias familias se han beneficiado y están en vías de lograr un nivel de auto-sostenimiento a partir de estas iniciativas.

Algunas de las problemáticas mencionadas han empezado a ser discutidas entre las comunidades en El Cesar en proceso de ser reasentadas y la empresa por medio del establecimiento de un espacio denominado Mesa de Diálogo que se reúne mensualmente. En ese espacio tienen representación los tres reasentamientos y se ha avanzado en temas de interés de las comunidades. En esta mesa, además de las comunidades reasentadas y la empresa también participa la ANLA y CORPOCESAR. Cualquier presencia de otra autoridad ha sido infrecuente y esporádica Según testimonios de las comunidades, la única participación por parte de la alcaldía sucedió en una primera etapa del proceso y por medio de un convenio/contrato en el que la alcaldía recibía una compensación económica por su participación. En la actualidad la participación de la alcaldía se interrumpió a raíz de la terminación del contrato.

Otros casos de desplazamiento involuntario de poblaciones

Las afectaciones ambientales la por práctica de la minería también pueden causar un impacto en la morfología de los suelos, ocasionando que agricultores y miembros de la comunidad deban desplazarse a otros municipios.

Este es el caso de la afectación a un centro poblado por un fenómeno de deslizamiento atribuible a la minería, que ocurrió en el barrio Villa Jackie en el Tunjuelo. Las malas prácticas de una empresa en la extracción de materiales para la construcción causaron inestabilidad en los taludes del suelo, generando grietas y remociones en masa. Este suceso resultó en el deslizamiento y la desaparición completa del barrio. Al respecto, el diario El Tiempo, anunció que la empresa se comprometió a adquirir los predios y a sufragar los costos de la reubicación transitoria de las 90 familias afectadas. (Redacción El Tiempo, 2009)

Respecto a este tipo de afectación, En Corrales, Boyacá una empresa que extrae materiales para la construcción ha generado contaminación sobre fuentes de agua y pastos, impidiendo que los agricultores puedan continuar con sus actividades productivas. Un miembro de la comunidad del municipio de Corrales expresó:

Al hacer la operación se han tapado nacederos de agua y zanjones. Cuando se tapa el zanjón se llena de tierra y cuando baja la quebrada baja puro barro. Esta zona es muy árida y las pocas fuentes de agua no se cuidan. Las fuentes de agua están dentro del título que opera la empresa. […] El problema es que ahora los locales se van de la vereda, porque no hay condiciones dignas para vivir, no hay agua para cultivos, la contaminación llega a los pastos y se enferman. Entonces las personas se van a Sogamoso a trabajar.

 Un caso similar ocurre en los municipios de Tabio, Cundinamarca y Firavitoba, Boyacá, donde la cercanía de la actividad minera ha generado afectaciones ambientales causando desplazamientos a los dueños de predios. En ambos casos las empresas mineras acuden a la compra de los predios por precios significativamente bajos. Los finqueros al ser receptores de la contaminación y el ruido que causa la actividad minera prefieren vender sus tierras y desplazarse a otros municipios. Así lo expresa un líder comunitario de Firavitoba: “Las empresas desplazaron a los dueños de los predios porque les compraron esas tierras por centavos, la mayoría se vinieron para la ciudad y aquí no hay en que ocuparse.”

 

oro materialesc 

15.   Uso de tierras en minería con aptitud para otras actividades productivas

La actividad minera llevada por procesos de titulación descontrolada, prescindiendo de consideraciones de armonía con las visiones de desarrollo en los territorios ha llevado a controversias asociadas a la relación del ejercicio del derecho a la propiedad, incluyendo la determinación de su uso y su vocación productiva frente a  la expansión de la minería.

Estas controversias se materializan en superposición de tierras tituladas y solicitadas para minería con áreas que tienen vocaciones diferentes, incluyendo otras actividades productivas o formas de ocupación del territorio de poblaciones locales, incluyendo las que practican comunidades étnicas.

Esto se ejemplifica en un caso de un propietario en el Valle del Cauca cuyas tierras están ubicadas en un área declarada en POT municipal como como destinadas para la construcción de vivienda de interés social o prioritario. No obstante al elevado valor de las propiedades, se adjudicaron y solicitaron títulos para la extracción de materiales de construcción. Los titulares y solicitantes de las concesiones mineras sobre los predios han interpuesto amparos alegando que los avances para la construcción de vivienda son una perturbación de la actividad minera, aunque hasta el momento han sido resueltos a favor del propietario de la tierra (Amparo Administrativo ante la ANM, 2015). El propietario de los predios considera: “ningún título de material de construcción puede generar mayor utilidad pública que la construcción de vivienda de interés social en lugares estratégicos como mis predios”.

Sin embargo, las controversias entre la función pública de la tierra para el bienestar de las comunidades locales y el carácter de utilidad pública de la minería no solo se presenta en casos de áreas estratégicas destinadas para la construcción de vivienda de interés social. Existe una posición compartida por numerosos investigadores, comunidades y organizaciones no gubernamentales que consideran se debe hacer una evaluación costo beneficio previa a las transformaciones de territorios por la minería, incluyendo costos ambientales y culturales (Contraloría General de la República, 2013).

Algunas comunidades étnicas de Quibdó, Chocó, tienen como principal medio de subsistencia la extracción de arenas de manera artesanal en áreas rurales pertenecientes a sus territorios colectivos. No obstante, representantes de los consejos comunitarios aseguran que se les ha limitado las posibilidades de hacer uso de sus territorios por acción de titulares mineros y ocupación de mineros informales.

Un miembro de una comunidad étnica en Condoto sostiene: “La forma de extraer el mineral con retro es una técnica traída del Bajo Cauca, lo anterior generó el desplazamiento de la minería artesanal, que fue cambiada por la mecanizada”.

Asimismo, otro miembro de una comunidad étnica en la región del San Juan afirma que la minería artesanal dejó de existir porque ya no queda tierra para trabajar:

la gente aquí, no me da pena decirle, la gente aquí aguanta hambre. Aguanta hambre porque el sistema económico que era la minería artesanal se acabó, ¿si? y como les digo, ya no se consigue tierra para las personas laborar, ya, mejor dicho, que ya la minería artesanal aquí se acabó.

No obstante, de acuerdo a otro habitante de Condoto la minería mecanizada no solo ha desplazado las prácticas artesanales de minería en territorios étnicos, esta actividad también ha reemplazado la práctica de la agricultura:

nos toca traer los víveres de Pereira o Córdoba por ejemplo, eso encarece muchísimo los precios de los alimentos y eso es producto de la minería. La gente no cultiva más, se dedica a la minería, toca traer las cosas de afuera todo se encarece y cuando la minería se va, con la plata, el costo de vida se queda

Sin embargo, el cambio de la agricultura por la minería, de acuerdo con un representante comunitario en Condoto, no se dio solo por elección sino por la escasez de tierras para trabajar “quienes eran agricultores se quedaron sin tierra para cultivar, y terminaron cambiando la agricultura por el bahareque”.

Esta situación, de acuerdo con un representante del gobierno local tiene que ver con malas prácticas de la minería en los territorios étnicos, entre ellos el cierre de minas. “Una vez extraído el mineral es poco común que los mineros hagan retrollenado, entonces quedan los charcos y pozos que cuando llueve y se empoza permite la proliferación de mosquitos portadores de paludismo, malaria, dengue o chikungunya”. En concordancia con esto, otro habitante del San Juan explica: “Cómo muchas veces se iban sin hacer el retrollenado, quedaron solo los suelos y un suelo estéril donde son se puede sembrar nada. […] ya no hay dónde sembrar, estamos en una situación económica pesada”. Asimismo, el personero de un municipio del San Juan afirma:

la actividad minera ha generado una serie de destrucción de recursos naturales para la subsistencia además de una afectación social que ha generado un desplazamiento por la actividad minera, porque la gente ya no tiene donde cultivar ni medios para subsistir.

Por otro lado, uno de los participantes en un conversatorio realizado en la región del San Juan enfatizó su preocupación acerca de cómo la minería de retro estaba acabando con los medios alternativos de subsistencia como la caza y la pesca:

con la llegada de la minería ya tampoco se puede ir de caza, porque no hay ni bosque ni animales […], solíamos cazar: el armadillo, guagua, tatabro, guatil, perdiz, oso perezoso etc y en el río tampoco se puede pescar porque ya no hay peces: el dentón, la zabaleta, la mojarra, a pesar de que algunos mineros reforestan, como el bosque se demora en crecer... Supongo que los animales se demorarán en volver, si es que lo hacen.

De acuerdo con el secretario general de la alcaldía de un municipio en la región del San Juan, las transformaciones territoriales y de prácticas ancestrales también significaron conflictos por la tenencia de la tierra:

la tierra es netamente minera, con la llegada de las retros, en los 80, dejó de ser la alternativa y se volvió un conflicto por la tierra porque tradicionalmente la minería no era la actividad principal sino que compartía con otras actividades que también necesitaban de la tierra, como la agricultura, de esta manera el conflicto se volvió un conflicto por la tenencia de la tierra, eso desintegró familias.

De acuerdo, con el personero del mismo municipio, las tensiones por la tenencia de la tierra tenían de por medio la presencia y acción de grupos armados. “Esta minería [la mecanizada], fue asociada a grandes grupos santos y no santos, eso implicó el desplazamiento del barequeo y haciendo que se produzcan las guerras por territorios con potencial para ser explotados en términos mineros”.

Sobre esto, un líder de un consejo comunitario de la región sostiene que el papel de los GAI es tan determinante en conflictos asociados a la minería que, en una época, cuando había problemas asociados a la tenencia de la tierras e intereses mineros, las personas recurrían a los GAI y no a ellos:

la gente acude a nosotros sobre todo con los conflictos internos respecto a la tenencia de la tierra pero no cuando está inmersa la minería porque en ese caso, la gente recurría a las fuerzas irregulares que eran las que tomaban decisiones y resolvían el caso. En realidad los conflictos respecto a la minería eran solucionados sobre todo por los las fuerzas irregulares. Cuestiones ya no sobre minería la gente recurre a nosotros. Hoy en día los conflictos alrededor de la minería ya no hay casi porque no hay minería como había antes, por dos razones: ya se agotó la que estaba fácil y la que queda demanda todo el proceso técnico y legal mediado por un capital que soporte todo eso.

En concordancia con lo expuesto, un documento oficial de la URT respecto a la situación del Alto Andágueda expone serias preocupaciones relacionadas con afectaciones territoriales causadas por la minería:

El ejercicio de caracterización de afectaciones territoriales en el Alto Andágueda realizado por la Dirección de Asuntos Étnicos de la URT, evidenció el daño perverso que causa la minería practicada en territorios ancestrales cuando se realiza en contravía de los usos y costumbres de las comunidades étnicas y sin garantías a sus derechos. Estos daños son tanto a nivel socio-ambiental como a nivel cultural. La afectación al derecho a la salud y la vida por causa de los daños ambientales producidos por las actividades mineras sobre el resguardo son de la mayor envergadura, así como los daños causados en el tejido social de estas comunidades, para quienes el territorio es fundamento de vida (Unidad de Restitución Tierras, 2014).

 

Fuente: Elaboración propia con información de mapa de vocación de uso de suelo CORPOICA (2012) e información de títulos y solicitudes mineras a 2014 del Catastro Minero Colombiano.

 

Las consideraciones de la URT implican el reconocimiento de una institución del Estado sobre la vulneración de derechos de comunidades étnicas en contextos mineros y que las comunidades étnicas, en algunos casos, se ven obligadas a migrar por la combinación de múltiples tipos de violencias en sus territorios.

Sobre esto, un represente de la iglesia en la región afirma: “Le explicaba que la retro dejó a muchos sin tierra así que hoy para poder sustentar a la familia, un miembro debe migrar, sea Medellín, Cali o Bogotá, para poder mandar plata”.

La combinación de titulación descontrolada  minera sin concertación con los territorios, y la entrada de minería criminal bajo la tutela de GAI y BACRIM ha llevado a un conjunto de impactos severos sobre el ejercicio de derechos esenciales: al medio ambiente sano, a condiciones de vida digna, a la salud, a la libre circulación que se suma a las amenazas sobre lideres y comunidades cuando se oponen a este orden de cosas.

El resultado son poblaciones doblemente victimizadas: una vez por el crimen organizado y la destrucción de los hábitats y el capital social y otra vez por la incongruencia entre la actuación del sector minero con las vocaciones de los territorios, incluyendo la minería tradicional, ahora desplazada por las retroexcavadoras con titulo y sin titulo.

No sorprende entonces que fenómenos  como migraciones masivas como en Buriticá se  presenten con frecuencia, cuando no son otra cosa que el desplazamiento de poblaciones que no encuentran opciones de acceso al sustento. Estos no son, a la vista de estas causas, situaciones sorprendentes, son la manifestación de dinámicas de conflicto y ausencia de Estado en los territorios.

 

oro materialesc 

16.  Inadecuados cierres de minas

En municipios de Cundinamarca como Suesca, Sibaté, Tabio, Tausa y Soacha, el abandono de tierras después de la explotación a cielo abierto representa una de las mayores afectaciones debido a las omisiones en la recuperación de los predios que genera pasivos ambientales a lo largo del territorio. Un profesional de la Secretaría de Ambiente de Soacha señalaba que: “…El principal problema que se presenta son los pasivos ambientales que deja la minería.” Coincidía, un líder comunitario del municipio de Suesca: “…La explotación es un fracaso, dejan desoladas las tierras, las dejan abandonadas después de la explotación a cielo abierto.”

 Incluso, desde la Secretaría de Ambiente de Bogotá, se manifestó un interés principal en buscar solución a este tema:

Estamos exigiendo que todas esas actividades extractivas en zonas no compatibles con la minería se restauren las áreas, porque hay instrumentos y la norma especial genera un instrumento que se llama el Plan de Manejo de Recuperación y Restauración Ambiental, el PMR, entonces estamos tratando que esta cicatriz y estos pasivos ambientales no se mantengan ahí, que no sigan porque finalmente la minería está generando unos pasivos ambientales, que si no los gestionamos adecuadamente, y los responsables de la actividad no los manejan, vamos a terminar asumiéndolos nosotros como Distrito Capital y podemos hacer el supuesto de que el Estado sigue asumiendo los pasivos de toda esta actividad que la gente durante muchos años desarrolló, y finalmente nunca asumió con responsabilidad.

En algunos municipios de Boyacá y Cundinamarca algunas empresas no cumplen o no cuentan con planes de restauración ante afectaciones ambientales. En contextos en los que se desarrolla explotación de materiales de construcción a gran escala, las empresas se comprometen con los gobiernos locales y las comunidades a restaurar el territorio afectado. Los incumplimientos frente a estos compromisos han causado inconformidad de la comunidad frente a la actividad minera. Un líder comunitario del municipio de Firavitoba, Boyacá sostuvo:

La empresa [...] lleva dos o tres años explotando más de 250 metros, y hasta ahora no ha reforestado ni ha hecho ninguna restauración como había prometido. Ya no se ven los pajaritos. Este era un sector de zorro, comadrejas y perdices pero ya de eso no existe nada.

Un caso similar se presenta en la localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá, donde las principales denuncias y quejas de la comunidad se resumen a contaminación de cuerpos de agua, afectación a la calidad del aire, tránsito de volquetas y daños en la malla vial. De acuerdo con el PMA de la mina La Esmeralda estas afectaciones no deberían estar ocurriendo, ya que cuentan con planes para su mitigación. No obstante, la CAR en Soacha realizó diversas visitas en las que comprobó su no cumplimiento.

Una funcionaria de la alcaldía de Duitama, Boyacá expuso:

“…La empresa tiene un plan de responsabilidad social con el mantenimiento de viviendas y con los colegios pero no ha restaurado. Han hecho mejoras respecto a la escorrentía, pero aún hay afectaciones por la deforestación. Lleva 20 años explotando y siguen deteriorando los recursos cada vez más. Antes habían dos quebradas pero se secaron totalmente. La deforestación no se ha realizado. Lo único que dicen es que su presencia genera desarrollo para la comunidad.

En medio de  la frágil vigilancia de entidades varias  comunidades étnicas con derechos territoriales o propietarios de tierras donde se planea o extraen minerales llegan a acuerdos (algunos en medio de tensiones) con mineros formales o informales. Esto para que exista algún tipo de control y compensación ante los impactos ambientales de la minería. El diagnóstico para la identificación de áreas susceptibles de formalización minera en el departamento del Chocó realizado por el IIAP en convenio interinstitucional con el Ministerio de Minas describe estos acuerdos:

La minería mecanizada es la que mayor demanda frente al establecimiento de acuerdos. Con la incursión de foráneos con retroexcavadoras y dragas, y dadas las particularidades de la titularidad colectiva de los territorios, administrados por sus autoridades étnico territoriales quienes en su defensa por la preservación de éstos, han establecido reglamentos internos que de una u otra manera, les permitan minimizar y mitigar las repercusiones negativas que ha venido dejando la explotación minera mecanizada, irracional y sin control en estas áreas. Estos reglamentos locales tratan de abordar aspectos económicos y de recuperación ambiental, soportados con avales o acuerdos para el aprovechamiento de los recursos naturales, unos surgidos de manera tradicional y otras en medio de tensiones, fruto de dinámicas más recientes (IIAP, 2013).

La limitada acción de vigilancia y de forzar el cumplimiento de normas de recuperación de pasivos llevan a que coincidan  comunidades, funcionarios públicos y mineros en Antioquia, Córdoba, Cauca y Chocó en la apreciación de los impactos originados en el mal cierre de minas (formales e informales) y el incumplimiento de estos acuerdos por algunos mineros que ya no están interesados en permanecer en esas regiones. Esta situación afecta tanto a los propietarios de los predios, en cuanto a las posibilidades de aprovechamiento productivo de sus tierras como a los vecinos y el ejercicio de derechos étnico territoriales. Sobre esta situación un funcionario de CORANTIOQUIA, refiriéndose a minería aluvial, afirma: “Mal cierre de minas significa estancamiento de agua relacionado con proliferación de enfermedades por vectores”.

Otra dimensión de estos daños se manifiesta en los entornos de conflicto y represión de la minería ilegal, en un diálogo sostenido con mineros en el Nordeste Antioqueño, uno de los conflictos principales identificados por los asistentes es el cierre de las minas. Sobre esto, mineros informales de Ayapel, Córdoba, afirman que algunos están comprometidos con las compensaciones ambientales y procuran hacer cierres de minas y reforestaciones. Sin embargo, estos mineros han sido objeto de operativos y en algunos casos arrestados, incluso en las etapas de cierre.

También, en un diálogo con mineros del Suroeste de Antioquia, un minero informal afirma: “…es que no ha habido esa posibilidad de hacerlo, nosotros tratamos de diluir el ataque que nos hacen, entonces en lugar de atacarnos deberían darnos instrucciones, así todo estaría controlado y no habría ningún problema”.

 

oro carbon

17.  Restricciones para el acceso a tierras y sabanas comunales

Algunas de las afectaciones que se reportan por las comunidades en territorios étnicos, tienen que ver con casos de restricciones para el acceso a tierras y sabanas comunales usadas para actividades tradicionales de subsistencia por expansión de actividad de grandes empresas mineras.

En la baja Guajira habitantes locales que se autodefinen como afrodescendientes, si bien aún no cuentan  reconocimiento del Ministerio del Interior, sostienen que se presentan varias instancias en las que las empresas mineras terminan por cerrar el acceso a tierras de uso comunal. Un miembro de una de estas comunidades expresó que “las tierras para pastoreo eran baldíos pero con la llegada de la minería se quedaron con ellos. Llegaron haciendo campamentos en lugares que no eran de ellos y la gente empezó a cercar sus tierras para delimitar propiedad”. Otra persona en le mismo dialogó manifestó:  

“…Lo que quiere la empresa es que uno no cultive para que se muera de hambre, por eso no quiere que sembremos ni yuca, ni plátano, porque eso dura más tiempo. Una roza de plátano puede durar hasta 25 años, en cambio el maíz es de corta vida.

Según otro miembro de la comunidad, el cerramiento de tierras para la explotación minera también tiene consecuencias sobre actividades tradicionales como la caza y la pesca:

se pescaba en el río [...] que producía mucho pez y muchas variedades y había muchos pozos, eran tan hondos que incluso en el verano a veces no se secaban. Cuando no se podía pescar allí íbamos al Río Ranchería que es un río mucho más grande, con más caudal”. Según la misma persona, en la zona había muchos animales de cacería “como el venado, cuáquero, zaínos, pajuil, guacharaca, conejo, machángala, morrocón, báquiro… La cacería era con fines alimentarios y no de comercio, esto permitía que hubiera suficientes animales.

Las personas que manifestaron este punto de vista hacen parte de comunidades que ya fueron reasentadas y que decidieron quedarse en su territorio en resistencia a esa medida por diversas razones. En ese sentido, la empresa cumplió con ofrecer una alternativa para el reasentamiento. No obstante, el que se presenten este tipo de situaciones denota la complejidad de los procesos sociales en los entornos de gran minería y señala una falencia en el diseño y ejecución de política pública en materia de reasentamientos. El Estado no ha tomado medidas para proteger los derechos de estas comunidades ni para reglamentar las condiciones que deben ser acatadas por las partes.  La ausencia de un marco regulatorio sobre reasentamientos no exime al Estado de su obligación de actuar como garante, mediador y orientador en estos contextos ni a las empresas a  aplicar integralmente estos estándares a pesar de la ausencia de regulación explícita sobre reasentamientos

En ese mismo sentido, una comunidad wayúu expresó que “La gente se dedicaba al campo, en ese entonces no se dependía de un salario para sobrevivir”. Según lo expuesto por los miembros de esta comunidad, la transformación de comunidades agrarias dedicadas a actividades de subsistencia que pasan a tener una relación salarial habría implicado una transformación profunda de las prácticas comunitarias, tradicionalmente asociadas a la tierra y la interrelación entre distintas comunidades agrícolas: “La gente cultivaba todo lo necesario para la alimentación y el resto se intercambia con las comunidades vecinas”. “Todo eso [la tierra] era libre para nosotros, podíamos cazar a donde sea, no teníamos problemas, se era libre libre”.

Esta problemática está asociada a la ausencia de regulación por parte del Estado en las regiones y la informalidad en la tenencia de la tierra: “Nosotros teníamos 10 hectáreas, pero si usted tiene en cuenta el territorio en el que pastoreaban, eran más de 20000 hectáreas [...] luego llegó la minería y los terratenientes y nos dejaron sin nada. nosotros nunca pensamos que iba a llegar la minera a sacarnos”. Un líder comunitario expresó lo anterior en pocas palabras: "[las empresas mineras] se hicieron dueñ[a]s de tierras productivas [...] campesino sin tierra no es campesino”.

La falta de claridad en la tenencia de la tierra y la poca efectividad del Estado en la formalización de propiedad y reconocimiento de derechos étnico territoriales genera este tipo de situaciones. El uso libre de baldíos ha sido una práctica común en muchas zonas rurales (LeGrand, 1988). Esa relación entre el uso, la tenencia y las comunidades no ha sido objeto de un reconocimiento efectivo, y por lo tanto, no se ha avanzado en estrategia que garantice la protección de los derechos étnico territoriales y de propiedad. La titulación minera y la adquisición de tierras realizada por las empresas en estos casos terminan por ponerlas en conflicto con las comunidades. Éstas no se sienten adecuadamente compensadas ni protegidas por el Estado en negociaciones en las que se establece una relación que perciben como asimétrica.

También se presentan migraciones de colonos y en algunos casos de actores ilegales que buscan usurpar tierras tituladas y/o ocupar baldíos ocupados por los habitantes de la zona. Estas dinámicas agudizan los conflictos por la tenencia de la tierra (Velasco, 2014). En estas situaciones, a pesar de la debida diligencia que puedan implementar empresas, el potencial de generación de conflictos relacionados con la tierra es alto.

La constitución del resguardo de la media y alta Guajira en 1984 por medio de la resolución 015 emitida por el INCORA en ese año ha generado una serie controversias en torno a la propiedad privada, el uso del suelo para actividades mineras y la construcción de infraestructura dedicada a prestar servicios de transporte de materias primas. Aunque la minería en la zona predata la declaración de resguardo del territorio por unos años, los wayúu argumentan que el territorio ha sido ocupado por ellos desde antes de la constitución del Estado colombiano:

La Guajira tiene la primera resolución [para la fundación del resguardo] en 1984 y [la empresa] ya estaba asentada. Eso nos les da el derecho de decir que antes eso era de la nación. Eso era de los wayúu territorialmente. Se demuestra con nuestras generaciones, restos humanos, eso nos da la escritura de nuestro territorio. Siglos de permanencia en este suelo. Antes del Estado ya era territorio wayúu. [...] En el momento de la resolución del resguardo no delimitaron ni hicieron excepciones de área para la operación minera. Aquí se pasa por encima de eso y nadie lo toma en cuenta. Una revisión minuciosa va a arrojar que hay muchas propiedades privadas dentro del resguardo.

Una líder de una comunidad indígena de la alta Guajira afirmó: “donde ahora queda la ciudadela de la empresa, solía ser puro monte y estaba lleno de pasto. Ahí era el comedero de los chivos, ahora no hay donde meterlos a pastar”. Su relato de cómo llegó la operación minera a la zona es la siguiente:

cuando llegó la compañía no había derechos humanos, nosotros no valíamos nada. Eso tumbaban casas, tumbaban las enramadas [...] A nosotros nos corrieron cuando fueron a poner el puerto. Nos quitaron los ranchos, tumbaban los ranchos, tumbaban todo. Sacaban las cosas con la policía. Ellos no compraron nada. Daban $20.000, $10.000, $6000 por las mejoras. Eso es lo que dieron.

La relación cultural con el territorio y su dimensión sagrada es algo que también se resalta[13]:

nosotros no somos mandados del gobierno para cuidar su tierra. Él no tiene su abuela enterrada ahí. Mientras que la de nosotros sí está ahí, en el cementerio. El cementerio quedaba allá adentro. Nos pasamos de allá y lo movimos para acá. Lo sacamos de allá [tierra ahora ocupada por la empresa] porque ellos dijeron que había que sacarlo.

 Es relevante señalar que varios de los proyectos mineros mas grandes son anteriores a la constitución de 1991. Esto se traduce en que las obligaciones de protección de derechos de minorías, la jurisprudencia que hoy las rige, la consulta previa, los mecanismos de protección de derechos como la tutela no existían. Algunas empresas han procurado llevar a cabo actualizaciones de sus procesos para ponerlos acordes a las exigencias legales post constitución de 1991. Tal es el caso de los EIA y PMA que no fueron exigencias en los grandes proyectos mineros desarrollados en los 70s y 80s.

Lo anterior explica el origen de varias de las situaciones observadas, sin embargo cabe señalar que las empresas en casos como la adquisición predial no tiene limitaciones impuestas por la ley, puede hacer todo lo que sea necesario menos lo que contravenga la ley. En los reasentamientos esto no siempre ha sido el caso, aunque es también visible una curva de aprendizaje desde los primeros casos como Tabaco a los más recientes como Tamaquito en la Guajira.

Es importante resaltar que la empresa a la que se hace mención ha revisado sus prácticas desde el momento al que se refieren los entrevistados (principios de la década de los 80) a hoy. A pesar de los tratados internacionales sobre derechos humanos que existían para esa época, las empresas aún no disponían de marcos de referencia para guiarlas en la implementación de proyectos con un enfoque de derechos. Con el surgimiento de iniciativas como la Directriz Operacional para reasentamientos del IFC de 1990, el Global Compact del 2000 o los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos de 2011 se han ampliado las responsabilidades y la rendición de cuentas de las empresas, y por ende, se han mejorado prácticas corporativas. A esto se le puede sumar la implementación de programas con énfasis social que buscan mitigar distintas carencias actuales de las comunidades locales.

La vía férrea que atraviesa la media y alta Guajira también es un factor que limita la posibilidad de disfrutar derechos étnico territoriales y de propiedad de los habitantes de las rancherías que la bordean. En una de estas rancherías la autoridad tradicional afirmó que la tierra que ellos han ocupado tradicionalmente quedó dividida en dos por el ferrocarril. Su abuelo vivía al otro lado y cuando se construyó la vía tuvo que dejar su corral abandonado. La empresa les reconoció un dinero para que pudieran pasar toda su ranchería al lado de la vía que ahora habitan. La tierra del otro lado aún les pertenece pero otras personas perciben el ferrocarril como lindero y ocupan su predio.

Sobre esto, una autoridad tradicional indígena de La Guajira sostiene:

El daño cultural es el siguiente: primero, fraccionan el territorio. En un territorio donde queda el cementerio y donde beben los animales a un lado (del tren) y las viviendas al otro, lógico que el tránsito de los animales conduce a que los atropellen. Culturalmente nos rompió la tradición. Que si se emborrachó en el cementerio y atraviesa también lo atropella. Animales personas, territorio y todos los demás valores son atropellados.

Al respecto vale la pena señalar que la empresa que opera esta vía férrea ha establecido un protocolo de seguridad para evitar este tipo de situaciones. Según entrevistas realizadas con funcionarios de la empresa, el número de vidas salvadas por la implementación de las medidas de protección es exponencialmente mayor a las fatalidades de personas y animales que no se han podido evitar.

La empresa también ha adelantado campañas pedagógicas que pretenden sensibilizar a la población sobre los riesgos que representa el paso constante del tren por el territorio y salvaguardar de esa manera su vida. Además, ha apoyado al centro de salud de la comunidad vecina del puerto con una unidad móvil para atender emergencias médicas en la zona de puerto y una parte de la vía férrea. Por otra parte, ha establecido una fundación encargada específicamente del fortalecimiento de las comunidades indígenas y un programa de gestión social que maneja el relacionamiento con las comunidades para generar la licencia social en las zonas de explotación y embarque. Como complemento de lo anterior, la empresa ha establecido mecanismos de quejas y reclamos para que las personas puedan presentar su inconformidad o denuncia ante una instancia que se encarga de darle trámite a esas peticiones.[14]

 

oro materialesc 

18.   Contradicciones entre políticas del sector minero y ordenamiento ambiental del territorio

El ordenamiento ambiental de territorios presenta contradicciones con los procesos de titulación minera, y por supuesto con la acción de grupos ilegales. Esta tensión se manifiesta de manera especial con comunidades étnicas y sus derechos territoriales.. Estas, principalmente, se encuentran asociadas a 1) la falta de actualización y coherencia de instrumentos para el ordenamiento del territorio con las realidades y expectativas de las comunidades 2) la incompatibilidad de las expectativas de las comunidades y el ordenamiento ambiental del territorio con las transformaciones que puede significar el otorgamiento de licencias para minería y/o explotación de hecho por parte de mineros informales.

Un ejemplo de lo anterior  tiene que ver con el establecimiento de zonas de procesamiento de minerales. Mineros en Antioquia, Cauca, Nariño y Chocó argumentan que algunos gobiernos locales no aceptan incorporar en los planes de ordenamiento nuevas áreas de uso industrial  para la instalación de entables o plantas de beneficio. A pesar que esta es una preocupación generalizada de los mineros de oro en Antioquia, Cauca, Chocó y Nariño, cada negación responde situaciones específicas  de cada sitio. Estas, por un lado, tienen que ver preocupaciones de autoridades o comunidades locales, incluyendo propietarios por posibles afectaciones que las actividades mineras puedan generar en sus entornos. Las razones más frecuentes tienen que ver con la superposición de los lugares de interés con: 1) áreas de reserva establecidas 2) áreas de interés para otros usos, incluyendo el desarrollo de otras actividades productivas prioritarias para las poblaciones locales y áreas urbanas[15] 3) áreas sensibles identificadas dentro de los ordenamientos ambientales.

El punto de reflexión aquí es que la armonización de las actividades mineras y el territorio constituye un reto en todos los niveles, no solamente el nacional. No siempre los intereses de comunidades mineras son necesariamente el referente guía para asegurar respeto a derechos como por ejemplo la salud. En la sección del derecho a la salud y a un ambiente sano se refieren casos como el uso del mercurio, la ubicación de entables o el uso de agua que genera afectaciones a los derechos humanos y son efectos de política pública nacional. La pregunta que surge es hasta qué punto se involucran en una lógica de protección de derechos los gobiernos locales para armonizar minería y sostenibilidad de los territorios.

Mapa 6 Titulos y solicitudes a 2014 en áreas del SINAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas) de Colombia

 

Fuente: Elaboración propia con información de títulos y solicitudes mineras a 2014 del catastro Minero Colombiano y del Sistema de Información Ambiental Colombiano (SIAC).

 

Por otro lado, en algunos municipios mineros en la región andina de Nariño y algunos municipios en el Nordeste y Bajo Cauca Antioqueños, en donde tradicionalmente la actividad minera ha sido la principal actividad económica, el principal obstáculo tiene que ver con la falta de actualización de instrumentos de ordenamiento como reservas ambientales que nunca han coincidido con sus realidades de ocupación y que no han sido sustraídas por las autoridades competentes.

Una situación similar se ha identificado en el caso de comunidades étnicas en el Chocó que están en proceso de acercamientos con el Estado para la formalización de sus actividades en territorios de tradición minera. Los procesos avanzan lentamente, en parte, porque existe superposición de reservas ambientales en sus territorios (IIAP, 2014). Este ha sido uno de los factores más significativos para la persistencia de minería informal sin ningún tipo de regulación por parte del Estado en sus territorios.

Mapa 7 Títulos y solicitudes a 2014 en áreas de zona de reserva forestal Ley 2 de 1959

 

Fuente: Elaboración propia con información de títulos y solicitudes mineras a 2014 del catastro minero Colombiano y del Sistema de Información Geográfica para el Ordenamiento Territorial (SIGOT)

 

Por otro lado, situaciones asociadas al otorgamiento de licencias para la explotación minera en zonas de páramo también constituye posibles alteraciones sobre la prestación de servicios ecosistémicos que pueden afectar a propietarios, en cuanto al ejercicio de actividades productivas como la agricultura y sus propias posibilidades de permanencia en los territorios.

El municipio de Tausa, Cundinamarca se han otorgado licencias para explotación de carbón en zonas de páramo, que han sido protegidas por la ley. Este acontecimiento ha causado afectaciones en un cuerpo de agua próximo al socavón de una mina. Tal y como lo expresó un funcionario de la UMATA en Tausa:

El Ministerio de Minas ha dado licencias para la explotación de carbón en zonas de páramo, un sector de Laguna Verde se está viendo afectado por una mina ubicada aguas abajo de la laguna y cuyo socavón está generando fenómenos de infiltración drenando el agua del cuerpo de agua.

Minería y zonas de reserva campesina

La ley 160 de 1994 establece la obligación del Estado de

Regular la ocupación y aprovechamiento de las tierras baldías de la Nación, dando preferencia en su adjudicación a los campesinos de escasos recursos, y establecer Zonas de Reserva Campesina para el fomento de la pequeña propiedad rural, con sujeción a las políticas de conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables y a los criterios de ordenamiento territorial y de la propiedad rural que se señalen(Congreso de la República de Colombia, 1994).

Sin embargo, el proceso de adjudicación de baldíos encuentra serias restricciones, como se expuso en la sección sobre restitución de tierras, si las áreas solicitadas se encuentran relacionadas o están próximas a lugares destinados a la extracción de recursos naturales. Por supuesto, estas restricciones se amplían en cobertura dependiendo del espectro de solicitudes y títulos adjudicados en el territorio nacional.

El actual panorama de interés para el desarrollo de la minería por un lado, implica desafíos para la constitución de nuevas zonas de reserva campesina y, por otro lado, expone el interés por el desarrollo de actividades mineras en las ZRC constituidas representado por la superposición de títulos adjudicados y solicitados en áreas que fueron priorizadas para estimular la pequeña propiedad rural y favorecer a la población campesina.

De acuerdo con un representante de ANZORC, la minería mecanizada es una actividad que está generando impactos socio-ambientales en zonas de reserva campesina, por ahora, minería informal. Esta es una realidad con la que han aprendido a convivir en la ZRC del Valle del Río Cimitarra -VRC-, una región con presencia de GAI y BACRIM, precaria presencia institucional, desarticulada del mercado y fuertemente influenciada por economías de bonanza como la coca y el oro.

Mapa 8 Títulos y solicitudes mineras a 2014 en Zonas de Reserva Campesina

Fuente: Elaboración propia con información de títulos y solicitudes mineras a 2014 del Catastro Minero Colombiano, ANZORC e INCODER

 

Mapa 9 Títulos y solicitudes mineras a 2014 en la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra

Fuente: Elaboración propia con información de títulos y solicitudes mineras a 2014 del catastro minero Colombiano, ANZORC e INCODER

 

La Zona de reserva Campesina del  Valle del Rio Cimitarra adelantó un ejercicio de   identificación de impactos de las actividades mineras y de alternativas para su mitigación y remedio con la formulación del Plan de Desarrollo Sostenible -PDS- “Zona de reserva campesina del Valle del Río Cimitarra ‘una iniciativa agraria de paz’”.

El PDS fue creado con el acompañamiento del INCODER a partir de una metodología participativa. El capítulo de minería del PDS tiene como propósito desarrollar un modelo concertado que incluye a los mineros, quienes también lo acogen con lo que según el representante de ANZORC, se garantiza la mitigación de impactos, el remedio de las afectaciones y también que se distribuyan las rentas de la actividad, en oposición a un modelo minero de “economía de enclave” (ACV, INCODER y Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, 2012).

Comoquiera que la armonización de minería y desarrollo territorial es una acción crucial en las áreas de construcción de paz territorial es conveniente evaluar la experiencia de la zona de reserva campesina en la lógica de comprender si es un modelo generalizable o es aplicable únicamente en el contexto de la organización social y política de la zona de reserva campesina.

Sin embargo, según ANZORC, la ejecución del PDS no ha contado con el apoyo de recursos estatales por lo que comunidad ha tenido que buscar financiación externa y reunir recursos propios para llevar a cabo algunos de los proyectos.

 

 oro 

19.   Presencia de actores armados en contextos de minería y comunidades étnicas

Comunidades étnicas en territorios mineros se han visto afectadas por la presencia y acción de GAI y BACRIM que se benefician directa o indirectamente de la minería. Entre otras afectaciones asociadas a su integridad física (Ver capítulo de derecho a la vida, libertad y seguridad) y libre circulación y movilidad (Ver capítulo de libre circulación y permanencia), el abandono de sus territorios y despojo de sus propiedades producto del desplazamiento forzado es una de las afectaciones más preocupantes en cuanto a sus derechos étnico territoriales. Algunas de las razones identificadas por las cuales las comunidades étnicas abandonan forzadamente sus territorios en contextos de minería y conflicto interno armado responden principalmente a 1) disputas por el control de territorios geoestratégicos para el financiamiento de los GAI y BACRIM; 2) acciones dirigidas en contra líderes o comunidades por parte de actores interesados en su debilitamiento; 3) el interés directo de los GAI y BACRIM por despojar, apoderarse de los medios de producción o por el rechazo a pagarles extorsiones; y 4) a transformaciones descontroladas de los territorios hechas por la minería en medio del conflicto interno armado.

Actividades mineras han afectado el disfrute de derechos étnicos territoriales y de propiedad en contextos donde el Estado no ha cumplido con sus obligaciones. Estas, por un lado, se han presentado por actividades de pequeños y medianos mineros formales e informales, en algunos casos con vínculos directos o indirectos con GAI y BACRIM.

Por otro lado, también se han presentado por actividades originadas en la titulación en los territorios sin consulta y dialogo con las comunidades étnicas. Tal es el caso del proyecto Mandé norte y las comunidades de las áreas de Murindó, Curvaradó y Jiguamiandó en el Urabá Chocoano y Antioqueño. Este caso que llegó a la corte constitucional (sentencia T 769/09) ilustra cómo una situación de minería formal se llevó a cabo por la consulta previa mal realizada en un entorno dominado por GAI y Bacrim, quienes estaban haciendo minería y destruyendo el entorno. Mientras la Corte señalaba las omisiones de las empresas y evidenciaba cómo la consulta había omitido muchos pasos, las GAI seguían con su actividad sin concernirse con la oposición de las comunidades a las violaciones de su territorio. Es un caso de los poderes de facto y los poderes formales frente a los derechos de las comunidades e insuficiencia de debida diligencia por parte de las empresas.

 

Mapa 10 Titulos y solicitudes a 2014 en territorios de comunidades étnicas (Resguardo Indígenas y territorios colectivos de comunidades negras)

Fuente: Elaboración propia con información de títulos y solicitudes mineras a 2014 del catastro minero Colombiano e información de territorios étnicos del Sistema de Información Geográfica para el Ordenamiento Territorial (SIGOT)

 

Las trayectorias y gravedad de las afectaciones identificadas responden a contextos específicos, incluyendo el tipo de empresa o emprendimiento relacionado. No obstante, en términos de derechos étnicos territoriales tanto pequeños y medianos mineros formales e informales, como grandes empresas están vinculadas a los siguientes tipos de afectaciones:

1) Limitaciones al libre ejercicio de actividades económicas tradicionales de comunidades de mineros artesanales, pescadores y agricultores por transformaciones territoriales causadas por la minería

2) Afectaciones por transformación de territorios y caminos, accesos terrestres y fluviales de uso tradicional de comunidades étnicas por minería formal e informal (Ver capítulo de derecho a la libre circulación y permanencia).

3) Afectaciones a los recursos naturales existentes en las tierras de las comunidades étnicas por causa de la actividad minera.

4) Limitaciones a comunidades étnicas para afrontar nuevas condiciones de vida, necesidad de medio de pago circulante y de ingresos  derivados de transformaciones la economía local

5) Afectación de comunidades étnicas por actividades o toma de decisiones asociadas a la minería sin consulta previa y garantías de participación plena.

 

 oro 

20. Omisiones o insuficiencias en procesos de consulta y participación

La Consulta Previa es una figura que tiene como fin proteger “el derecho a la autodeterminación y gobierno propio, y el derecho al territorio colectivo, derechos unidos intrínsecamente a la pervivencia y supervivencia física y cultural de las comunidades étnicas” (INDEPAZ, 2010, pág. 42).

La Consulta Previa fue introducida en el ordenamiento jurídico internacional a partir del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-. Su Artículo 6 establece que los gobiernos deberán “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” (OIT, 1989). A partir de la Ley 21 de 1991, el Convenio 169 de la OIT se integró al Bloque de Constitucionalidad, es decir, se reconoció como derecho fundamental de los grupos étnicos en el ordenamiento jurídico colombiano.

La Corte Constitucional, en la Sentencia SU-039 de 1997 señaló los parámetros para la realización de consultas previas con los grupos étnicos colombianos además de aportar elementos de importancia para la protección y garantía de los derechos de estas comunidades. De acuerdo a la información del Censo de 2005 elaborado por el DANE, de los 41.468.384 habitantes del país, 5.709.238 personas se auto-reconocieron como parte de un grupo étnico[16]. Algunos de ellos habitan en territorios colectivos o resguardos indígenas reconocidos por el Estado, mientras que otros habitan en territorios sin reconocimiento de propiedad colectiva.

Mapa 11 Territorios colectivos de comunidades negras y resguardos indígenas

 

Fuente: Elaboración propia con información del Sistema de Información Geográfica para el Ordenamiento Territorial (SIGOT)-2012

 

Según información recogida en un informe de elaborado por el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga entre 2003 y 2014 se protocolizaron 4496 consultas previas en Colombia, de las cuáles 305 estuvieron relacionadas con proyectos mineros. En ese mismo período 724 comunidades étnicas han participado en procesos consultivos (Gracés Viana, 2015).

De acuerdo con el mismo instituto, uno de los problemas más relevantes enfrentados por los procesos de consulta previa es la tendencia del Estado a transferir algunas de sus responsabilidades a los actores privados. Esta es una de las causas principales de inconvenientes en la gestión de las consultas previas, cuando las empresas asumen el rol del Estado se producen una serie de consecuencias negativas que generan complicaciones adicionales en las consultas (Instituto de Ciencia Política Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, 2015a).

En el trabajo de campo, las comunidades expresaron la necesidad de garantizar el derecho a la Consulta Previa como condición para la participación equitativa de las comunidades étnicas en las decisiones que los afectan. Para esto, es preciso que la consulta sea:

  • Previa: anterior a la adopción y aplicación de la medida legal o administrativa y a la ejecución del proyecto, obra o actividad.
  • Libre: Sin interferencias o presiones.
  • Informada: Se debe de dar a conocer el objeto de la ley, decreto o del proyecto obra o actividad.

Sin embargo, los actores consultados explican que existen diversas limitaciones en el cumplimiento y aplicación de este mecanismo, que vulneran el goce efectivo del derecho a la participación y de otros derechos de las comunidades étnicas tales como el derecho a la identidad, a la autodeterminación y la igualdad de las comunidades como sujetos de derechos colectivos.

Una de estas limitaciones es la comprensión diferenciada de lo que significa la Consulta Previa. Las comunidades explican que para el gobierno ésta es simplemente una socialización, donde la postura de las comunidades no es vinculante, y en este sentido la aplicación de la figura es obsoleta en términos de participación.

En otros casos, el problema es que ni siquiera se aplica la figura a la hora de otorgar títulos mineros a empresas sobre territorios colectivos y resguardos, o que durante su aplicación, mecanismos de cooptación desde diversos actores interesados sean implementados, fragmentando y debilitando la capacidad organizativa de las comunidades para que participen de manera previa, libre e informada.

Estas problemáticas están asociadas a un limitante más estructural que tiene que ver con la ausencia de titulación de tierras a comunidades indígenas y negras. Los títulos colectivos y de resguardo emitidos por el Ministerio de Interior son una condición para la aplicabilidad de la consulta previa. Es decir, aunque en muchas regiones del país las comunidades habitan los territorios desde hace mucho tiempo, necesitan del título colectivo para poder reclamar el derecho a la consulta previa cuando este derecho se superpone a intereses mineros. En este contexto, la minería se ha convertido en un obstáculo para los procesos de reivindicación de derechos de comunidades negras e indígenas.

Este es el caso de varios consejos comunitarios en Chocó y el Norte del Cauca, donde se han otorgado títulos mineros y suscrito concesiones sin consulta previa, pues el Ministerio de Interior no reconoce la existencia de comunidades negras en estos territorios. Aunque las comunidades han apelado a diversos mecanismos para el reconocimiento de sus derechos étnico-territoriales, los títulos y licencias siguen vigentes.

Además de estas limitaciones, los procesos de reivindicación y participación de comunidades étnicas se han visto fragmentados por dinámicas del conflicto armado y la acción de algunos sectores económicos con intereses en los territorios. En algunas ocasiones, la mediación de distintos tipos de violencia (económica, abandono estatal, exclusión social y acción o presencia de grupos armados legales o ilegales) limitan las alternativas de las comunidades, quienes se ven forzadas a aceptar la transformación de sus territorios.

A continuación se presentan situaciones identificadas asociadas con los procesos de minería en territorios étnicos sin la participación de las comunidades en forma apropiada, oportuna, continua, completa y culturalmente relevante de comunidades, y la aplicación adecuada de la consulta previa libre e informada:

  • Ocupación de territorios étnicos por mineros formales e informales en contextos donde el conflicto interno armado y sus actores tienen vínculos estrechos con la minería. Como se expone en la sección sobre desplazamiento forzado, en algunos casos mineros informales con estrechos vínculos con GAI y BACRIM se niegan a respetar los derechos étnico territoriales, incluyendo la consulta previa libre e informada y la participación de las comunidades locales (Restitución y Formalización de Derechos Territoriales, 2015).
  • Afectación por la ocupación y transformaciones territoriales por pequeños y medianos mineros formales e informales: Este tipo de situaciones también han sido visibilizadas, entre otros, por sentencias de restitución de tierras que favorecen a comunidades étnicas (Restitución de Derechos Territoriales, 2014; Restitución y Formalización de Derechos Territoriales, 2015). La Corte Constitucional también se ha pronunciado al respecto. En la Sentencia T-1045A del año 2010 hace referencia al caso de una comunidad étnica que a pesar de no contar con un territorio colectivo debe ser consultada de manera libre e informada.

En el asunto objeto de estudio, se encuentra demostrado que existe un añejo nexo entre el territorio y la supervivencia cultural y económica de la comunidad afrocolombiana allí asentada. Además, la violación del derecho a la consulta sobre proyectos de explotación de recursos naturales, también conlleva la conculcación de otros derechos del pueblo afectado, tales como la autonomía e integridad cultural y social y, eventualmente, la propiedad. Ese territorio ha sido puesto en riesgo porque el proyecto, que tiene una duración prevista en 10 años, prorrogables otros 10, puede incrementar los daños ambientales usualmente consecuenciales a la minería, con mayor afectación a las fuentes hídricas de la zona, contaminación del aire, producción de residuos sólidos y reforestación, incrementándose el desequilibrio ecológico que tan gravemente afronta la humanidad (Corte Constitucional de Colombia, 2010).

  • Otorgamiento de títulos, permisos y licencias a empresas sobre territorios étnicos sin respetar el derecho de prelación de las comunidades étnicas con tradición minera, su derecho a la participación y consulta previa libre e informada: La misma corte constitucional se ha pronunciado sobre el derecho de prelación y consulta en casos de otorgamiento de permisos[17]. Por otro lado, en los casos de sentencias de restitución asociadas a territorios étnicos se han ordenado la suspensión de derechos otorgados a empresas hasta que se realice la consulta previa.
  • Planeación y reglamentación de zonas estratégicas para la implementación de proyectos que pueden generar transformaciones en sus territorios y modos de vida sin su participación o aplicación de la consulta previa: algunas de estas zonas fueron suspendidas por el consejo de Estado hasta que no se realice consulta previa libre e informada con comunidades étnicas que pudieran verse afectadas[18]:

Finalmente el Despacho considera, que la suspensión provisional de las resoluciones demandadas se hace necesaria, en razón a la naturaleza y el alcance del impacto que las medidas propuestas puedan tener, pues lo que se busca es proteger el derecho fundamental a la consulta previa, y evitar el desmedro de los derechos constitucionales de las comunidades étnicas que con las mismas pudieran verse afectadas (Consejo de Estado, 2015).

  • Restricciones para el retorno de población desplazada por la violencia en el marco del conflicto cuando estas tiene que ver con áreas asociadas a PINES: Este es el caso de las medidas reglamentarias en el Plan de Desarrollo que restringen el retorno de la población desplazada en zonas estratégicas que se encuentran suspendidas hasta que se realice la consulta previa libre e informada.
  • Ausencia de medios y capacitación sobre derechos étnico territoriales y consulta previa: Todas las comunidades étnicas visitadas en el trabajo de campo demostraron interés en conocer en qué consiste la consulta previa libre e informada, derechos étnico territoriales, cuáles son sus alcances, límites y qué beneficios pueden generar para las comunidades. Las comunidades negras también mostraron interés por conocer todos los aspectos relacionados con la ley 70.

 

Bibliografía

¿Por qué realizamos reasentamientos? (2015). ¿Por qué realizamos reasentamientos? Recuperado el 13 de Noviembre de 2015, de http://www.cerrejon.com/site/desarrollo-sostenible-%E2%80%A2-responsabilidad-social-rse/reasentamientos/-por-que-realizamos-reasentamiento.aspx

Restitución de Derechos Territoriales, Sentencia 007 (Tribunal Superior Distrito Judicial de Antioquia Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras 23 de Septiembre de 2014).

Amparo Administrativo ante la ANM. (2015).

Restitución y Formalización de Derechos Territoriales, Sentencia 071 (Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Popayán 1 de Julio de 2015).

ACV, INCODER y Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. (2012). Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra (ZRC-VRC) “Una iniciativa agraria de paz”. Plan de desarrollo sostenible - PDS 2012-2022.

Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna. (15 de Mayo de 2015). Suspendidas 516 Áreas Estratégicas Mineras. Recuperado el 13 de Noviembre de 2015, de Centro de Estudios para la Justicia Social Tierra Digna: http://tierradigna.org/2015/05/15/prueba-2/

CODHES. (2014). Crisis humanitaria del pueblo Emberá. Documentos CODHES 28. . Bogotá.

Conferencia de Roma. (1998). Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

Congreso de la Repúbica de Colombia. (2014). Ley 1728 de 2014 por la cual se dictan normas de distribución de terrenos baldíos a familias pobres del país con fines sociales y productivos y se dictan otras disposiciones.

Congreso de la República de Colombia. (1994). Ley 160 de 1994 Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras disposiciones.

Congreso de la República de Colombia. (2015). Ley 1753 de 2015 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país".

Consejo de Estado. (2015). Medio de Control de Nulidad.

Consejo de Estado. (25 de Junio de 2015). Solicitud de Suspensión Provisional del Decreto 2691 del 23 de diciembre de 2014 expedido por el Presidente de la República. Bogotá.

Contraloría General de la República. (2013). Minería en Colombia: institucionalidad y territorio, paradojas y conflictos. Bogotá.

Corte Constitucional de Colombia. (1997). Sentencia SU-039/97.

Corte Constitucional de Colombia. (2010). Sentencia T-1045A.

El Colombiano. (17 de Julio de 2015). Por qué no avanza la restitución de tierras en 10 municipios antioqueños. Recuperado el 13 de Noviembre de 2015, de El Colombiano: http://www.elcolombiano.com/por-que-no-avanza-la-restitucion-de-tierras-en-10-municipios-antioquenos-CB2333444

El Espectador. (10 de Junio de 2015). Demandan ante la Corte Constitucional Plan Nacional de Desarrollo. Recuperado el 13 de Noviembre de 2015, de El Espectador: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/demandan-corte-constitucional-plan-nacional-de-desarrol-articulo-565580

El Pilón. (31 de Octubre de 2015). Periódico El Pilón. Recuperado el 13 de Noviembre de 2015, de Plan Bonito se niega a desaparecer: http://elpilon.com.co/plan-bonito-se-niega-a-desaparecer/

El Tiempo. (20 de Agosto de 2012). El concejal que vive en una mina por miedo a ser asesinado. Recuperado el 13 de Noviembre de 2015, de El Tiempo: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12143484

Grupo De Diálogo Sobre Minería En Colombia -GDIAM-. (2015). Propuestas para una visión compartida de la minería en Colombia. Bogotá: SSRC y Ford Foundation.

Guesgüan Serpa, Ó. (19 de Mayo de 2015). “Freno de mano” a la minería. Recuperado el 13 de Noviembre de 2015, de El Espectador: http://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/freno-de-mano-mineria-articulo-561414

IIAP. (2013). Diagnóstico para la identificación de áreas susceptibles de formalización mineraen el departamento del Chocó.

IIAP. (2014). implementación de acciones para la formalización minera en el departamento del Chocó. Informe final.

Instituto de Ciencia Política Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga. (2015). Seguimiento a la Implementación y el progreso de la Consulta Previa - Caso Colombia (versión preliminar).

Instituto de Ciencia Política Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga. (2015a). Proyecto de investigación - Gestión de infraestructura: efectos de la consulta previa.

LeGrand, C. (1988). Colonización y protesta campesina en Colombia 1850-1950. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2010). Resolución 0970 de 2010.

Montoya Falla, A. (4 de Diciembre de 2012). ‘Minería amenaza la agricultura’. Recuperado el 13 de Noviembre de 2015, de Periódico La Nación: http://www.lanacion.com.co/index.php/economica/item/190661-mineria-amenaza-la-agricultura

Policia Nacional. (2012). 16 Estrategias Operativas de la Policía Nacional - Plan Corazón Verde. Bogotá, D.C.

Portafolio. (28 de Mayo de 2015). Con súplica, buscan salvar áreas mineras. Recuperado el 13 de Noviembre de 2015, de Portafolio: http://www.portafolio.co/economia/suplica-buscan-salvar-areas-mineras

Procesos de Reasentamiento de Plan Bonito, El Hatillo y Boquerón. (2015). Procesos de Reasentamiento de Plan Bonito, El Hatillo y Boquerón. Recuperado el 13 de Noviembre de 2015, de http://www.drummondltd.com/responsabilidad-social/proceso-de-reasentamiento/procesos-de-reasentamiento-de-plan-bonito-el-hatillo-y-boqueron/

Revista Semana. (20 de Mayo de 2015). Consejo de Estado pone en jaque la locomotora minera. Recuperado el 13 de Noviembre de 2015, de Revista Semana: http://www.semana.com//nacion/articulo/consejo-de-estado-pone-en-jaque-la-locomotora-minera/428427-3

Unidad de Restitución Tierras. (2014). La Restitución de Tierras en Colombia: del Sueño a la Realidad. Bogotá.

Velasco, J. D. (2014). Negociando la tierra: empresas extranjeras, minería a gran escala y derechos humanos en Colombia. Estudios Socio-Jurídicos 16 (1), 289-314.

Viana, A. (2 de Junio de 2015). La suspensión de las áreas estratégicas mineras, en frío. Recuperado el 13 de Noviembre de 2015, de Semana Sostenible: http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/suspension-areas-estrategicas-mineras-frio/33140

 

 

[1] Principios: 1. Preferente. La restitución de tierras, acompañada de acciones de apoyo pos restitución, constituye la medida preferente de reparación integral para las víctimas; 2. Independencia. El derecho a la restitución de las tierras es un derecho en sí mismo y es independiente de que se haga o no el efectivo el retorno de las víctimas a quienes les asista ese derecho; 3. Progresividad. Se entenderá que las medidas de restitución contempladas en la presente Ley tienen como objetivo el de propender de manera progresiva por el restablecimiento del proyecto de vida de las víctimas; 4. Estabilización. Las víctimas del desplazamiento forzado y del abandono forzado, tienen derecho a un retorno o reubicación voluntaria en condiciones de sostenibilidad, seguridad y dignidad; 5. Seguridad jurídica. Las medidas de restitución propenderán por garantizar la seguridad jurídica de la restitución y el esclarecimiento de la situación de los predios objeto de restitución. Para el efecto, se propenderá por la titulación de la propiedad como medida de restitución, considerando la relación jurídica que tenían las víctimas con los predios objeto de restitución o compensación; 6. Prevención. Las medidas de restitución se producirán en un marco de prevención del desplazamiento forzado, de protección a la vida e integridad de los reclamantes y de protección jurídica y física de las propiedades y posesiones de las personas desplazadas; 7. Participación. La planificación y gestión del retorno o reubicación y de la reintegración a la comunidad contará con la plena participación de las víctimas; 8. Prevalencia constitucional. Corresponde a las autoridades judiciales de que trata la presente Ley, el deber de garantizar la prevalencia de los derechos de las víctimas del despojo y el abandono forzado, que tengan un vínculo especial constitucionalmente protegido, con los bienes de los cuales fueron despojados. En virtud de lo anterior, restituirán prioritariamente a las víctimas más vulnerables, y a aquellas que tengan un vínculo con la tierra que sea objeto de protección especial.

[2] Los municipios de comparación se construyen por un método de emparejamiento. Es decir, se toman municipios mineros y se emparejan con municipios no mineros con los cuales compartían variables demográficas, sociales y económicas para comienzos de la década de 1990. Así, se procura que la comparación se haga con un grupo lo más similar posible, de forma que se logre identificar los efectos de las actividades mineras.

[3] Se eliminaron algunos fragmentos de la entrevista que podrían comprometer la identidad de la persona.

[4] 2015. Sentencia étnica Consejo Comunitario Renacer Negro. Popayán

[5] De acuerdo a este documento, 100 mil hectáreas están relacionados con zonas de minería especial, 13 mil con zonas  de minería indígenas y 678 con zonas  de intervención del estado.

[6] la suspensión de permisos incluye etapas de exploración y explotación.

[7] Ley 1728 2104 “No serán adjudicables los terrenos baldíos que cuenten con las siguientes condiciones: a) Los terrenos baldíos situados dentro de un radio de dos mil quinientos (2.500) metros alrededor de las zonas donde se adelanten procesos de explotación de recursos naturales no renovables; entendiéndose por estos, materiales fósiles útiles y aprovechable económicamente presentes en el suelo y el subsuelo, dejando por fuera los materiales de construcción y las salinas tomando como punto para contar la distancia la boca de la mina y/o el punto de explotación petrolera…”.

[8] Información disponible en el archivo del portal del periódico Chocó 7 Días: http://www.choco7dias.com/891/choco_ayer.html

[9] Al respecto consultar

  1. Banco Interamericano de Desarrollo: Reasentamiento Involuntario Política Operativa http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=822554
  2. Corporación Financiera Internacional: Normas de Desempeño de sostenibilidad ambiental y social, Norma #5 http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/55d37e804a5b586a908b9f8969adcc27/PS_Spanish_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES

 

 

[10] Tierra Digna ha estado acompañando a los habitantes de Boquerón mientras que Pensamiento y Acción Social (PAS) ha estado con la comunidad de El Hatillo.

[11] Lo anterior implica una transformación a nivel cultural: poblaciones con características rurales que se transforman en habitantes de zonas urbanas.

[12] En el trabajo de campo se identificó que varias familias se han volcado a la construcción de casas con el fin de arrendarlas o a la adquisición de mototaxis. Ninguna de estas actividades es autosostenible; la segunda es informal. Un líder afirmó que “los proyectos productivos que se están implementado no son sostenibles en el tiempo. La mayoría de proyectos están enfocados hacia el mototaxismo la cual es una actividad que no está regulada”. En el tema de la construcción de vivienda se afirmó que “lo mínimo esperado como ganancia final [mensual de los proyectos productivos] está alrededor de 2 salarios mínimos mensuales, las casas que se pueden llegar a construir con el presupuesto disponible no logran producir la suma esperada”. Durante la investigación se logró establecer que el monto promedio adquirido por el arriendo de estas viviendas está alrededor de los $200.000.

[13] El Cementerio es uno de los lugares sagrados para el pueblo wayúu.

[14] http://www.cerrejon.com/site/desarrollo-sostenible-•-responsabilidad-social-rse/oficina-de-quejas.aspx

[15] El Suroeste de Antioquia y el área del Macizo Colombiano en el Cauca son los principales referentes identificados.

[16] https://www.dane.gov.co/files/censo2005/etnia/sys/visibilidad_estadistica_etnicos.pdf

[17] Véase marco normativo y  Sentencia T-1045A de 2010. Para profundizar sobre el derecho de prelación véase capítulo sobre derecho al trabajo.

[18] Véase sección sobre restitución de tierras de este mismo capítulo

 

 

Situaciones que inciden en el derecho a PARTICIPAR EN LA VIDA CULTURAL

todosDescargar documento PDF

 

Situaciones observadas en escenarios mineros determinantes en  el ejercicio del

Derecho a Participar en la Vida Cultural y a gozar de los Beneficios del Progreso Científico

 

La explotación minera, en cualquiera de sus formas, es una actividad que deja huellas en el territorio que se evidencian de muchas formas incluidos  los cambios del paisaje, modificaciones de ecosistemas, biodiversidad, recursos hídricos, entre otros. Estos, cambios, sumados a la llegada de una nueva actividad económica, han generado transformaciones en las dinámicas sociales, culturales y económicas de las poblaciones locales y han limitado o transformado  el ejercicio de derechos, tanto individuales como colectivos.

Para el análisis de la incidencia de la minería en el derecho a participar de la vida cultural, la relación de las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas con el territorio será el eje transversal por ello se desarrolla a continuación  comprensión clara de este concepto.  

El territorio es una dimensión que excede lo estrictamente predial para incluir relaciones sociales construidas en el tiempo por las personas que habitan un espacio determinado. A este espacio, en el que se desenvuelven dichas relaciones, es lo que se denomina territorio. Estas relaciones incluyen lo social, lo económico y también lo cultural (DELANEY, 2005). La forma en que se construyen las interacciones entre estos tres aspectos de la vida en comunidad tiene distintas características según la forma en que sus integrantes interactúan entre sí, con otras comunidades y con el espacio mismo. Según Luis Guillermo Vasco “el territorio es algo que va más allá del espacio geográfico [y abarca] el conjunto de muy diversas relaciones mediante las cuales se apropian, utilizan y piensan dicho espacio, socializándolo” (VASCO, 2002).

El territorio sería entonces el producto, y a su vez uno de los determinantes de formas de ocupación; relaciones laborales y productivas; tensiones sociales; mecanismos de autoridad; dimensiones inmateriales y simbólicas; sitios históricos y sagrados; entre otras. Es por eso que el resultado de estas interacciones es lo que caracteriza a una comunidad determinada y la diferencia de otras.

En este sentido, la sociabilidad vinculada a lo territorial es un elemento crucial a tener en cuenta cuando se analizan los impactos de la minería sobre el derecho a la vida cultural. La expansión de los frentes mineros sobre los territorios de distintas comunidades, además de afectar el disfrute de derechos más medibles (Véase la sección dedicada a la libre circulación y permanencia y el capítulo de derecho a la propiedad, derechos étnico territoriales, y consulta previa), también pueden tener una influencia negativa sobre los aspectos simbólicos y espirituales de la vida en comunidad. Estas afectaciones se producen en comunidades étnicas y campesinas por igual dado la relación especial que estos grupos humanos han establecido con el territorio. Por otro lado, también hay comunidades que han practicado la minería de forma tradicional por lo que ésta es concebida como un elemento compositivo de su cultura. En algunos casos estas comunidades ven su derecho a la vida cultural limitado por la acción regulatoria del Estado, por el accionar de mineros informales que introducen nuevas técnicas de explotación minera (un caso frecuente es la maquinización de la minería de oro) o por la incidencia de GAI (Grupos Armados Ilegales)  sobre los territorios y la minería que se realiza en ellos.

Restricciones o impedimento a formas de vida tradicionales o tradiciones culturales por causa de la actividad minera.

Impedimentos para el desarrollo de prácticas de subsistencia tradicionales

La forma en que comunidades étnicas y campesinas producen los bienes necesarios para su subsistencia es, además de una práctica económica, una dimensión más de la vida cultural de estos grupos humanos. Por esta razón es necesario articular en el análisis la manera en que se produce la vida material con lo que significa este proceso para las comunidades involucradas. Entre las prácticas tradicionales más mencionadas está la agricultura, la caza y la pesca, además de prácticas de intercambio no monetarias basadas en relaciones de parentesco, compadrazgo o de amistad entre miembros de distintas comunidades. La minería artesanal y tradicional también es una práctica de subsistencia vinculada a valores culturales.

 

carbon

1.    Ocupación de áreas para minería y afectaciones a recursos naturales para el desarrollo de prácticas de subsistencia tradicionales 

La minería a gran escala, por sus características, tiene grandes posibilidades de romper la relación de los pobladores con el territorio en las zonas en las que tiene incidencia. En el caso del carbón, además de necesitar una superficie amplia para la explotación, se han desviado varios ríos, arroyos y quebradas. Estos son factores de vulneración del derecho a la vida cultural por las siguientes razones: 1) el aumento progresivo en la dedicación de extensiones de tierras a la minería puede limitar el acceso a lugares sagrados, sabanas comunales, actividades productivas de subsistencia (como caza, agricultura, pastoreo y ganadería), entre otras; y 2) La ruptura de prácticas de sociabilidad tradicionales por el mayor cubrimiento de territorio por la actividad minera y/o el desvío de cuerpos de agua ( Ver capítulo de derecho de libre circulación y permanencia y derecho a la propiedad, derechos étnico territoriales y consulta).

Según las empresas en el Cesar la desviación de los cuerpos de agua se ha realizado dentro del área concesionada y en tierras propias de la compañía. Una de las empresas argumentó que estos se han hecho tras llevar a cabo estudios de impacto ambiental, presentados a las autoridades pertinentes y socializados con las comunidades, por lo cual “el impacto a los cauces ha sido mínimo y se han tomado las medidas de mitigación y compensación correspondientes”

f1

 

Representación gráfica del territorio de 2 de comunidades antes de la llegada de la minería en La Guajira. Elaborada durante un taller de cartografía social con adultos de las 2 comunidades

 

 

Según un funcionario de la Secretaría de Planeación del Cesar, la actividad minera genera “daños al suelo, baja del nivel freático, intervención de ríos y quebradas con impactos sobre la fauna, flora, cauce, aluviales y aguas subterráneas”. Un funcionario de la Defensoría del Pueblo estimó que escasean las tierras para el cultivo en el departamento porque la propiedad hoy es privada: no se puede cazar y se han reducido los espacios para disfrutar del entorno propio de las comunidades que habitan en la región. Ante esto, la empresa argumentó que la actividad minera, como toda actividad humana, genera impactos ambientales y sociales que son previstos en las Licencias Ambientales y en los permisos que otorgan las CAR para prevenirlos, mitigarlos, corregirlos o compensarlos conforme señalen las autoridades en procesos regulados por la ley. Para ello las autoridades hacen vigilancia permanente del cumplimiento de los planes de manejo ambiental de los proyectos, y están muy atentos a las afectaciones no previstas de los proyectos, para imponer medidas de corrección o mitigación.

Por su parte, un miembro de una ONG activa en la región sostuvo que la infraestructura agrícola y la economía campesina han sido las más damnificadas por la expansión minera. Según su estimación mientras que la minería ha generado 25,000 empleos en el Cesar (del que el 10% es mano de obra local), 150,000 empleos se perdieron de la agricultura y la ganadería. Lo que queda es un población de campesinos que perdieron su forma de vida tradicional por la “destrucción de la estructura económica” previa. Un académico experto en temas agrarios sostuvo que el empleo rural se ha reducido y se ha producido desplazamiento hacia las cabeceras urbanas: “el carbón ha sido una causa de desplazamiento del sector rural”. Afirma que el campesino no sabe de minería y que la calidad de vida se ha afectado. Este entrevistado es de la opinión que el principal impacto de la minería sobre la actividad agrícola es la afectación de las corrientes de agua que alimentaban áreas productivas.

f2

 

 

Cultivo de maíz, al fondo se puede observar una Bocamina

 

 

Las pequeñas parcelas han sido secundarias durante mucho tiempo frente al cultivo de algodón a gran escala y la ganadería extensiva. Las tierras planas han sido el lugar en el que, históricamente, estas dos actividades, sumadas a la palma aceitera, han generado mayores dinámicas de privatización y concentración de la tierra (Cinep/Programa por la Paz, 2014)[1]. La adquisición de terrenos para la actividad minera es un factor más en el proceso de concentración de la tierra pues una gran cantidad de tierras son utilizadas para la extracción de carbón o como botaderos de material estéril (Coronado, Catrileo-Arboleda, Restrepo, & Delgado, 2014).

Varios entrevistados (tanto actores comunitarios como miembros de la institucionalidad municipal y departamental) manifestaron que, además de lo anterior, también se produce emisión de polvillo de carbón, la pérdida de especies de cacería y un aumento de la contaminación sonora. Estos impactos ambientales, sean reales o percibidos[2], generan limitaciones al disfrute del derecho a la vida cultural.

Las empresas por su parte establecieron que los estudios de calidad de aire en la región realizados tanto por CORPOCESAR con su red de monitoreo como por la empresa y su red, además de otros estudios realizados por terceros independientes, han comprobado que el material particulado presente en las poblaciones del área de influencia proviene principalmente de las poblaciones mismas, su estilo de vida y costumbres culturales.

Según la empresa, en las áreas concesionadas está prohibida la cacería, y por el contrario, la compañía cuenta con profesionales e infraestructura dedicada a la protección de todas las especies. Así lo mencionó un miembro de la empresa: “contamos con resguardos y áreas dedicadas a la preservación de ecosistemas. Esto, si bien podría sonar a una restricción para los pobladores, en realidad se convierte en la protección necesaria para que puedan persistir especies en la región, pues cuando se empezó a aplicar la política ya había especies que se consideraban extintas en la región, y que poco a poco se fueron recuperando gracias a las áreas de protección ofrecidas por la empresa en sus instalaciones.”

Durante un recorrido realizado en una comunidad del centro del Cesar se recopiló la percepción de varios habitantes. Una anciana recuerda así su relación con el territorio: “vivía sin subsidio pero tenía crías y comida a tiempo. Lavaba ropa en los puertos del río. Se podía entrar a otras fincas pero ya no se puede ni cortar leña. Ahora se compra todo en el mercado”. Otra habitante manifestó, “las minas nos acabaron la agricultura, pesca y caza. Ahora la vida es más dura”. Según su percepción “La cultura se acabó. Ya no puedo hacer las galletas que hacía antes porque no hay leche, ni harina, ni queso”.

Otro habitante sostiene que “antes vivían de la agricultura, para ser agricultor no se necesitaba ser bachiller” y que “con la llegada de la minería se acabó la agricultura y para poder conseguir un empleo en la mina hay que tener estudios”, esto ha llevado a dificultades para conseguir medios de subsistencia. La conclusión a la que llegó esta persona es que las oportunidades laborales que hay son muy reducidas. Hoy en día, se han visto obligados a trabajar en los cultivos de palma por un jornal. Lo anterior refleja distintas preocupaciones sobre las condiciones actuales de subsistencia y la sensación de ruptura con una vida cultural anterior que es añorada por los miembros de la comunidad.

Otras comunidades de Cesar comparten varias de las apreciaciones ya citadas. Un líder comunitario que solía ser campesino afirmó que “se vivía de la pesca, la ganadería y la agricultura. No había atropellos y ahora todo se puso caro”. También se preguntaba “¿De qué sirve tener toda la plata del mundo si se tiene toda la necesidad del mundo?”. Un miembro de una comunidad campesina opina que “los problemas de hambre se deben a que las empresas desplazaron los medios de vida. Los agricultores no tienen garantías y cuando pierden su cosecha quedan desamparados”. Otra persona afirmó que “antes había más trabajo. Ya no hay agricultura ni cultivos que eran la fuente de empleo de la región”. Un líder comunitario expresó que

“Cuando llega [una empresa minera] ya todo empieza a cambiar, las actividades agrícolas ya no podían ser las mismas, los jóvenes se empezaron a enfocar en la minería, querían trabajar en la minería, y eso que en esa época ya existía la palmera, y la palmera nos cambia de actividad pero no nos cambia la vocación agropecuaria. Los jóvenes si han cambiado porque en la empresa se gana más, pero para nosotros los mayores queremos hacerles entender que la minería no va a estar todo el tiempo, ella tiene su fin, puede que sea en 30 años, pero de qué van a vivir si la tierra ya está toda llena de huecos, y ya no va a haber mina”.

Frente a esto, la empresa ha sustentado que, normalmente, cuando se presenta una actividad industrial que ofrece una alta demanda de empleo, en una zona con muchas necesidades y una falta de presencia del Estado histórica, es inevitable que se presenten fenómenos migratorios. Según lo argumentan, las licencias ambientales tienen un componente social diseñado para mitigar el impacto de este tipo de proyectos. Lo difícil es prever el alcance del crecimiento físico y demográfico en el tiempo, y el nivel del incremento de las necesidades, por ejemplo, en servicios públicos. Aquí la responsabilidad, también recae sobre los funcionarios públicos municipales y departamentales en términos de los planes de desarrollo correspondientes, y los proyectos para la inversión de regalías e impuestos que a su vez redunde en satisfacer las necesidades de sus habitantes. 

 

oro materialesc carbon

2.   Dificultades en la formación para encadenamientos productivos,  diversificación económica  y otros oficios

Un funcionario del SENA regional afirmó que hay un interés muy fuerte por formarse en minería y que en los programas dedicados a la agricultura a veces no se llenan los cupos pues los aprendices prefieren dedicarse al sector minero. Esta motivación está dada por los altos salarios devengados por los trabajadores mineros en relación a otras actividades que les permiten patrones de consumo que generalmente están fuera del alcance del común de la población (Ver capítulo derecho al trabajo).

Este cambio en las aspiraciones de los jóvenes marca un cambio cultural importante frente a las personas de más edad y está motivado por los incentivos económicos generados por el tránsito de economías agrarias de pequeña, mediana y gran escala, (en las que combinaba el pancoger, la pequeña parcela, la caza, la pesca y el trueque con el jornaleo) a una economía basada en relaciones salariales e intercambios exclusivamente monetarios. Mientras que la población de más edad extraña la vida que se tenían previa a la actividad minera[3], los habitantes más jóvenes tienen referentes culturales diferentes que los impulsan a buscar opciones laborales más rentables, entre las que muchas veces se incluyen actividades informales como el mototaxismo o ilegales como el contrabando de gasolina.

El funcionario del SENA explicó que la situación puede ser problemática pues “muchos de estos muchachos que se forman y empiezan a ganar bien y rápidamente se desbordan porque no tienen un plan a futuro”. La ruptura del modelo salarial entraña entonces fuertes tensiones sobre la cultura tradicional mantenida por los grupos etarios mayores con la que se está configurando entre la población de menor edad. Esto también es consistente con la aparición de prostitución, drogadicción y alcoholismo en la región.

Un factor adicional a tener en cuenta es que, a pesar de que ser un trabajador minero es una aspiración común entre los jóvenes, la capacidad de absorción de personal de las empresas no alcanza a satisfacer la oferta de mano de obra por lo que muchos aspirantes no encuentran un campo propicio para desarrollar su actividad profesional (Ver capítulo derecho al trabajo).  

 

oro materialesc carbon

3.   Cambios en las dinámicas de uso de recursos locales

La respuesta estatal a nivel regional para la problemática agraria no ha sido suficiente para reactivar el sector, y al contrario, se ha generado un proceso de concentración de la actividad agrícola en un solo renglón. Gamarra (2005) identificó que en 1990 había 265.000 hectáreas en promedio dedicadas a la agricultura. En 2002 esta cifra pasó a 134.673 hectáreas. En los mismos años la palma africana pasó de 16.552 hectáreas en 1990 a 39.012 en 2003 (GAMARRA, 2005). Según cifras publicadas en el sitio web del ICA el cultivo ocupaba 63.000 hectáreas en 2014 (ICA, 2014).

La combinación de minería, monocultivo de palma y ganadería extensiva en el corredor minero del Cesar, además de los impactos ya mencionados, también produce afectaciones a la seguridad alimentaria.

Un informe del PNUD ha reseñado la debilidad del Estado en el departamento del Cesar. Identifican que a los gobiernos locales se les ha dificultado “convertirse en gestores del desarrollo de sus comunidades”. La política estatal ha mostrado “debilidades técnicas, políticas y administrativas” lo que no ha permitido una realización de acciones tendientes a mejorar la situación general del departamento, que se caracteriza por tener profundas limitaciones en la cobertura y ofertas de servicios básicos comparado con el contexto nacional (PNUD, 2014).

Sin embargo, según afirmaron funcionarios de la gobernación, actualmente se están destinando recursos provenientes de las regalías a proyectos de agricultura por medio de los OCAD. También sostienen que el nuevo régimen de regalías ha contribuido a desfinanciar a los municipios mineros ahondando la brecha de NBI entre estos municipios y el resto del país.

Por su parte, en La Guajira se reportaron situaciones en las que grupos de la etnia Wayúu han visto sus formas tradicionales de producción de bienes para la subsistencia afectadas por la actividad minera[4].

En Boyacá y Cundinamarca, funcionarios de los gobiernos locales y algunas comunidades también argumentan que las actividades tradicionales de subsistencia han sido trasladadas a causa de la minería. Por un lado, en casos en los que la gran minería genera afectaciones en los suelos y por otro lado, en casos donde las principales actividades económicas no son rentables por lo que los pequeños productores deciden trabajar en la minería para su autosostenimiento y el de sus familias.

En el municipio de Corrales, Boyacá, por ejemplo, un miembro de la comunidad sostuvo que la responsabilidad asumida por parte de las empresas en las transformaciones territoriales no es visible, puesto que la minería ha generado afectaciones que han incidido en las actividades tradicionales de subsistencia, especialmente en la agricultura y la ganadería. Así lo argumentó el miembro de la comunidad cuando expuso: “Ahora los locales se van de la vereda, porque no hay condiciones dignas para vivir, no hay agua para cultivos, la contaminación llega a los pastos y estos se enferman. Entonces las personas se van a Sogamoso a trabajar.”

En cambio, para el caso del municipio de Ubaté, pequeños productores se dedicaban a la ganadería y a la producción de la leche; sin embargo, debido al decrecimiento de los precios de la leche encontraron en la minería de arcilla una posibilidad viable para su manutención. A pesar de que esta comunidad presenta algunos retos en términos de formalización y cumplimiento normativo, su calidad de vida ha mejorado con la venta del ladrillo en el municipio.

En los departamentos del litoral Pacífico (Chocó, Cauca y Nariño), la explotación aurífera artesanal ha sido una actividad complementaria realizada por algunas comunidades para el sustento diario y ha convivido principalmente con la agricultura. En estas regiones suelen converger altos índices de pobreza y desempleo con minería de pequeña o mediana escala así como de gran minería formal, informal o criminal[5]. Esto ha generado impactos negativos en la creación de empleo para la población local en cuanto se desplazan actividades económicas tradicionales. También se ve limitada la diversificación económica, la seguridad alimentaria y las actividades de subsistencia agrarias.

La llegada de actores que explotan el mineral por medio de técnicas diferentes a las tradicionales como las retroexcavadoras, las dragas o los dragones, ha fomentado una ruptura en las costumbres en algunos municipios del Chocó, “quienes eran agricultores se quedaron sin tierra para cultivar, y terminaron cambiando la agricultura por el barequeo que va detrás de la retro, porque la sacada del orito del río siempre existió”.

La itinerancia en estas comunidades, genera rupturas respecto a las formas tradicionales de vida pues el cambio de vocación productiva de una producción agropecuaria hacia una explotación mecanizada minera ha vulnerado los procesos que suceden al interior de las comunidades. La necesidad de irse detrás de la retroexcavadora para continuar con el barequeo se debe a que por donde va pasando la máquina se va acabando la tierra. Los suelos quedan estériles e inservibles, el agua contaminada y la gente sin posibilidades de sustento, por lo tanto el panorama resultante es uno en el que prima la inseguridad económica y alimentaria.

Por su parte, otro poblador del departamento del Chocó afirmó que con la llegada de la minería de retro al departamento,

“Ya tampoco se puede ir de caza, porque no hay ni bosque ni animales […], solíamos cazar el armadillo, guagua, tatabro, guatil, perdiz, oso perezoso, etc. y en el río tampoco se puede pescar porque ya no hay peces: el dentón, la zabaleta, la mojarra, a pesar de que algunos mineros reforestan, como el bosque se demora en crecer... Supongo que los animales se demorarán en volver, si es que lo hacen”.

En este mismo departamento, un funcionario de la Alcaldía de Sipí hizo referencia al sentimiento generalizado de abandono por parte del Estado. Explica que la situación de pobreza del departamento es un problema estructural asociado a la escasez de fuentes de trabajo, que arrastra a la población a diferentes formas de “rebusque”, impidiendo la planificación de la economía. En estos contextos, la población opta por economías de corto plazo, que les provean un insumo inmediato, tales como la minería ilegal o los cultivos ilícitos.

 De igual manera, ha generado un desplazamiento de las comunidades de tradición minera,

“En el Baudó (Chocó) hay más agricultura, mientras que en el San Juan hay más minería, y en esa tradición está Río Iró, de dónde soy yo. Le explicaba que la retro dejó a muchos sin tierra así que hoy para poder sustentar a la familia, un miembro debe migrar sea a Medellín, Cali o Bogotá, para poder mandar plata”.

Un funcionario de la Alcaldía de Condoto, Chocó, explicó cómo la entrada de nuevas prácticas mineras a la región afecta la coexistencia de diversas actividades económicas en un mismo territorio y crea conflictividad social:

“En Condoto la tierra es netamente minera [ancestral], pero con la llegada de las retros en los 80, ésta dejó de ser una alternativa y se volvió un conflicto por la tierra porque tradicionalmente la minería no era la actividad principal sino que compartía con otras actividades que también necesitaban de la tierra, como la agricultura”.


 oro

4.   Cambios en la situación de seguridad  en escenarios mineros

Algunas de la problemáticas sociales que habitantes de las zonas estudiadas perciben como situaciones asociadas a la actividad minera son la población flotante en la región, el abandono de adultos mayores, aumento en la mendicidad y la delincuencia común, transformaciones de las identidades y cambios en prácticas sexuales, mayor consumo de drogas y alcohol, y más violencia intrafamiliar.

En Antioquia, por ejemplo, un habitante del municipio relató:

“La gente ¿qué opinión se forma de Segovia pero a la distancia? Que en Segovia todo lo que brilla es oro, pero no aquí no todo que brilla es oro. Aquí hay mendicidad; aquí hay una cantidad de personas… de adultos mayores que no tienen ninguna protección; ha hecho carrera lo que es alcoholismo y la drogadicción tremenda; y ahora que se salieron todos esos muchachitos del closet todos estos muchachos gays por todas partes eso está lleno y eso no es un pecado pero cada cual el que nació así. Pues listo, eso ha hecho carrera en el sentido en que se volvió vicio”.

Acorde con lo propuesto por el entrevistado, el abuso de alcohol y drogas en la región derivan en violencia intrafamiliar. Estas cuestiones trascienden el ámbito familiar y resquebrajan el tejido social en diferentes instancias como el credo religioso y espiritual

“Aquí las cuestiones de violencia intrafamiliar son tremendas. Hablábamos de alcoholismo y drogadicción y eso es un detonante de la violencia intrafamiliar. Las mujeres también beben como “machos asoliados” igual que el hombre y enseguida se dan golpes en la calle o en la casa”.

(…) La realidad es lo que les dije al principio, cambian de religión para tal vez mejorar la calidad de vida, pero desafortunadamente el medio los hace caer. Imagínate, entran a una mina ven robando a los demás se contagian de eso; ven a los amigos por ahí tomando licor y con plata y ellos bien pobres y el amigo lo invita “venga hermano, le doy $50.000 pa´que se compre el mercado pero quédese tomando una cerveza poaquí conmigo”… lo dañan”.

 

 materialesc 

5.   Prácticas tradicionales que dependen de extracción de minerales

En el caso de la explotación de materiales de construcción existen municipios en los que la pequeña minería es en sí misma una práctica tradicional de subsistencia. Por ejemplo, en el municipio de Ráquira, Boyacá, durante décadas, las comunidades se han dedicado a la extracción de arcilla para realizar artesanías, las cuales venden para su sustento. Esta actividad se ha desarrollado de generación en generación, involucrando a todos los miembros de las familias. Por lo general, los chircales donde extraen la arcilla de manera tradicional están localizados en los patios de las casas, por lo que los pequeños mineros consideran que no es necesario cumplir con ningún requisito normativo puesto que sus antepasados nunca tuvieron que hacerlo. Tal y como lo expresó una funcionaria del gobierno local del municipio, las familias ven esta extracción como una labor ancestral y no tienen conocimiento frente a las afectaciones a las fuentes hídricas, ni frente a los daños paisajísticos y morfológicos de los suelos:

“La mayoría de los artesanos no asocian la extracción de arcilla con minería, y mucho menos con el licenciamiento ambiental. El mayor problema es que la arcilla está alrededor de todo el municipio. Las familias extraen arcilla en los lotes de las casas”.

 

oro materialesc 

6.   Desarrollo de actividades mineras en zonas con aptitud para otras actividades productivas

Diversos actores comunitarios en los departamentos de Antioquia, Chocó, Cauca, Nariño y Boyacá afirman que la entrada de la minería a contextos de pobreza y desempleo afecta la actividad agrícola y va en detrimento de la seguridad alimentaria. Esta dinámica está asociada a la brecha de ingresos en una y otra actividad. Por ejemplo, un actor comunitario en el Macizo Colombiano caucano comparaba el jornal en agricultura (que oscila entre los $5,000 y $12,000) recogiendo café, coca, amapola con el jornal percibido en una mina de oro “sacando piedra de la mina”[6] de aproximadamente $60,000 pesos.

Por su parte, un actor comunitario del norte del Cauca explicaba la sustitución de la agricultura por minería en una región de vocación tradicional mixta:

“El campesino deja de ser asalariado de cultivos de caña, cacao, yuca, donde gana entre $15,000 y $20,000 por jornal. Con la minería [aluvial] puede ganar entre $100,000 y $300,000 en una hora, y aproximadamente $700,000 en un día. Por esto, la minería atrae hombres, mujeres y niños por igual”.

Por otra parte, en municipios con una vocación mixta entre minería y agricultura, como es el caso de los territorios indígenas del norte del Cauca, la llegada de la minería ilegal ha generado división social asociadas a diferentes posiciones frente a la actividad. Los ancianos y aquellos que defienden las costumbres tradicionales suelen oponerse a la minería. Otros miembros de las comunidades apoyan una postura intermedia a favor de la minería artesanal. Finalmente, algunos cabildos están a favor de la minería mecanizada controlada por ellos mismos. A pesar de la diversidad de opiniones, existe un consenso en estas comunidades alrededor de la oposición total a la gran minería.

Según un funcionario de la Defensoría del Pueblo en el norte del Cauca, este fenómeno genera conflicto entre organizaciones sociales de base que detentan distintas posiciones sobre la minería; también se producen estigmatizaciones, amenazas y asesinatos de defensores del medio ambiente. El fenómeno es mucho más complejo cuando la minería de retroexcavadoras atrae el barequeo, legitimando la gran minería ilegal en las regiones a través de la cooptación de comunidades en contextos de vulnerabilidad. De acuerdo a un funcionario de la Fiscalía en esta misma región del Cauca, "los [grandes] mineros generan sentido de pertenencia a punta de migajas a la comunidad, compran su territorio y su silencio". Estas dinámicas fracturan procesos comunitarios y tiene como consecuencia la pérdida de identidades locales.

En el Suroeste antioqueño, de vocación cafetera, la llegada de la minería no es bien vista en ninguna de sus formas: ni a pequeña escala, ni a gran escala. La relación entre acaparamiento de tierras y proyectos de minería ha generado un quiebre en las actividades tradicionales de subsistencia. Así lo estableció un actor comunitario del Suroeste: “hay un desplazamiento de la mano de obra del campo a la minería es decir, el café se está perdiendo”.

Un funcionario de la gobernación de Nariño afirma que un fenómeno similar se presenta pues

“Nariño es un departamento netamente rural, cerca del 56% de la población vive en el sector rural o tiene una relación directa con lo rural, […] la producción se expresa en una hectárea en promedio, lo que maneja la gente para producir y eso porque a veces especialmente en esta zona [Andina] es complicadísimo el acceso a la tierra. Quedarse en la vocación campesina es muy complicado, la ganancia en el sistema formal es nula por lo que diversifican sus actividades, las mujeres tejen sombreros, cuidan cuyes, venden artesanías etc. pero estas actividades chocan con la llegada de la minería por la cuestión de la tenencia de la tierra”.

En cuanto a las alternativas, mineros y actores comunitarios hacen referencia a la importancia de generar proyectos productivos mixtos. Incluso los pequeños y medianos mineros en municipios de tradición minera tales como el Nordeste y el Bajo Cauca antioqueño reconocen la importancia de la diversificación de la economía, de retomar la vocación de agricultura y pesca en la región, apoyándose en la minería para generar recursos adicionales.

 

 materialesc carbon

7.   Desarrollo de la actividad minera en espacios de importancia cultural

La pérdida de acceso a zonas en las que las comunidades desarrollan actividades vinculadas con aspectos simbólicos, rituales o de sociabilidad afecta el desarrollo de su vida cultural[7]. Es en estos espacios en los que se construyen las dinámicas que generan el mayor arraigo de las personas con el territorio. La actividad minera en muchos de los casos estudiados se desarrolla en territorios pertenecientes a comunidades étnicas, como lo muestra el siguiente mapa.

Mapa 1 Titulos y solicitudes a 2014 en territorios de comunidades étnicas (Resguardo Indígenas y territorios colectivos de comunidades negras)

Map1

Fuente: Elaboración propia con información de títulos y solicitudes mineras a 2014 del catastro minero Colombiano e información de territorios étnicos del Sistema de Información Geográfica para el Ordenamiento Territorial (SIGOT-2012)

 

En el caso del pueblo wayuú, perder acceso a espacios como el cementerio puede romper aspectos fundamentales del tejido social construido sobre los territorios[8]. El cementerio es uno de los anclajes territoriales más importantes para los wayuú:

“El concepto cosmogónico de territorio wayuú implica tener en cuenta un ciclo fundamental: en la vida cotidiana de un wayuú se hallan presentes cuatro que se relacionan de manera vertical para la convivencia colectiva de los clanes definidos por parentesco materno: Lo humano, (constituido por los wayuú que habitan y conviven en el territorio; los que se pueden ver y tratar, aliar, o contradecir, pero que se rigen por las normas ancestrales determinadas por los parientes de carne (apüshi o parientes maternos) y los de sangre (oupayu, o parientes paternos), y por los cementerios a los cuales se adscribe cada territorio” (KLIMAFORUM LATINOAMERICA NETWORK, 2015).

Los otros tres elementos a los que hace referencia el artículo citado son lo sobrehumano (espíritus de wayuú muertos), lo natural (animales, plantas y recursos en el territorio) y lo sobrenatural (espíritus de enfermedades o almas en pena que producen enfermedades). La muerte para los wayuú no es una situación definitiva. En ese estado de vida post mortem el difunto se aparece a sus familiares en sueños para prevenirles sobre lo venidero, por lo que sigue siendo parte fundamental de la vida del clan. Entre cinco y siete años después de ser enterrado la primera vez, los wayuú realizan un segundo y definitivo entierro de su familiar por línea materna.

Por tanto, el territorio es para los wayuú

“El lugar en donde se desenvuelve, día por día, el entramado de sus relaciones individuales, colectivas, interclaniles, e interculturales; que es posesión de todos cuando se comparten, regulan y controlan sus riquezas naturales; y que es posesión del eirrükü (clan) cuando es por todos asumido que hay un cementerio, unos animales, y hombres y mujeres que defenderán y perpetuarán el clan (KLIMAFORUM LATINOAMERICA NETWORK, 2015)”.

De acuerdo con lo anterior, la falta de acceso a zonas sagradas como los cementerios, en este caso debido a la actividad minera, afecta sensiblemente la vida espiritual y la concepción territorial de los wayuú.

Para comunidades afrodescendientes del Chocó también se presentan situaciones que significan una ruptura en el desarrollo de prácticas sociales, rituales y ceremoniales en los territorios en los que la minería tiene incidencia. Este fenómeno se manifestó tras la llegada de las retroexcavadoras a mediados de la década de 1980[9]. En ese momento se estableció una nueva forma de negociación de la explotación de los terrenos y permitió una participación de los condueños[10] en las decisiones sobre las zonas de explotación y la repartición de las ganancias.

La instauración de esta práctica se tradujo en quebrantamientos en la estructura del tejido social de algunas regiones. En Condoto, la repartición de las ganancias obtenidas promovió las disputas familiares. Eso produjo graves afectaciones al territorio, teniendo en cuenta que en estas comunidades afrodescendientes el sistema de propiedad está en la familia[11], que es considerada el ente jurídico poseedor de esta porción de terreno (CASTILLO, 2013).

Por otro lado, la instauración de la minería de retroexcavadora, primero sobre las orillas de los ríos, y después sobre el cauce mismo, ha afectado la relación que las comunidades afrodescendientes establecen con estas fuentes hídricas. Para estas comunidades los ríos son fuente de alimentación, transporte, esparcimiento, lugares de encuentro, entre otros.

Por una parte, en Chocó la minería de retroexcavadora ha hecho que el color del agua se transforme, debido a las grandes cantidades de material particulado o sedimentos acumulados. También se han alterado los cursos de los ríos limitando el acceso a las comunidades. Como consecuencia de ello, actividades de subsistencia como la pesca y el abastecimiento de agua quedan impedidas.

De igual manera, se pierde el río como espacio de recreación, encuentro e intercambio cultural de las comunidades cercanas:

“Cuando éramos pequeños íbamos todos los domingos a comer sancocho y bañarnos en el río con la familia, las mamás lavaban echaban chisme, se cantaba o sólo jugábamos. Luego ya más grandecitos íbamos con las amigas y los pelados con los amigos,… y entonces, era ahí a ojos del río que uno comenzaba a tener sus amores. Hoy ya no hay río, ahora los jóvenes se la pasan en las discotecas, borrachos y las muchachitas coqueteándoles a los recién llegados”.

En Istmina los actores vinculados a la actividad minera, al contrario de lo referido anteriormente, propiciaron el acceso al cementerio de una vereda. Unos retreros[12] colaboraron con la construcción de un camino hacia el cementerio que anteriormente solo podía visitarse por medio de una trocha que era de difícil tránsito.

Por otra parte, en un municipio del Macizo Colombiano caucano campesinos e indígenas que practican la minería han sufrido fuertes transformaciones en sus prácticas.

Hasta hace 3 o 4 años, previo a la llegada de las retroexcavadoras, la tradición minera incluía a niños, mujeres, familias completas que vivían del barequeo en la zona. Esta resultaba ser una actividad itinerante, pues en verano bajaban al río a barequear, en tanto que en invierno, cuando el río sube, trabajan en agricultura, casi siempre en cultivos de café en otras regiones del Cauca o Huila[13].

Las personas de la región relataron que en 2013 unas retroexcavadoras obtuvieron el permiso de extraer material de arrastre del río, pero en realidad trabajaban 24 horas al día, sacando material de día y oro en las noches. La intensidad de la explotación con retroexcavadoras transformó por completo el paisaje en muy poco tiempo. La entrada de maquinaria pesada afectó seriamente el río: “no queremos maquinaria pesada porque destruye el río”. Como consecuencia de ese proceso se modificó el cauce natural: “Aplanaron el río, lo dejaron sin piedras ni distintos niveles de profundidad que son necesarios para barequear, además se llevaron todo el oro y nos dejaron casi nada”. En medio de la explotación, los retreros destruyeron una cancha de fútbol, el único espacio de sociabilidad y ocio de la vereda. En la actualidad los habitantes de la zona se organizaron en un cabildo y prohibieron la entrada de las retroexcavadoras por medio de una acción de hecho.

Una afectación similar se presentó en El Bagre, Antioquia. Según uno de los pobladores de una vereda “la mina se comió el cementerio y la cancha de fútbol”. Los habitantes de la región mostraron su preocupación por la destrucción de su territorio y la falta de espacio de esparcimiento. En esa zona, además, la alta incidencia de GAI y BACRIM[14] es un riesgo adicional. Los jóvenes pueden ser reclutados por estos grupos o, en algunos casos, dedicarse al sicariato. A lo anterior se le suma una fractura de los vínculos familiares por distintas razones y una alta migración por motivo de la minería. Es por eso que el tejido social de estas comunidades se ha fracturado de forma importante.

En el municipio de Remedios también se han afectado espacios de sociabilidad y rituales: la iglesia del pueblo se hundió por causa de una explotación minera que según los habitantes del pueblo tenía la bocamina dentro de la estación de policía.

Las fiestas tradicionales son otro aspecto sobre el que se evidenció un impacto con relación a la vida cultural de las comunidades en entornos mineros. En La Jagua de Ibirico, Cesar, una líder comunitaria afirmó que:

“Esta era una zona de agricultura y ganadería. Teníamos en septiembre el Festival Agrícola, Ganadero, y Fiestas Patronales San Miguel de Arcángel. Ahora esa cultura nuestra, esa tradición se acabó. Ahora es Festival Minero de La Jagua de Ibirico. Nos cambiaron absolutamente todo, nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestras fiestas, todo, todo, nos lo cambiaron”.

En ese mismo departamento se han presentado casos en los que los niños, niñas y adolescentes han visto limitado su posibilidad de interactuar entre sí y de acceder a espacios de recreo. De acuerdo a un informe elaborado por PAS y Terre des Hommes (TERRE DES HOMMES, 2015) “las áreas de recreación y sitios de juego son prácticamente inexistentes” en la comunidad de El Hatillo. En el informe también se consignó que debido a situaciones ambientales precarias se han perdido zonas verdes afectado el acceso a cuerpos de agua en los que los niños y niñas jugaban con sus familias. Al ser una comunidad en proceso de reasentamiento, el Estado también ha reducido la inversión en la comunidad.

En este departamento, como se vio en el caso anterior, el desvío, reducción o desaparición de cuerpos de agua es un factor importante de afectación a espacios de sociabilidad. El desvío del río Calenturitas ha imposibilitado la realización de prácticas culturales ligadas con el río. Los baños en el río implican espacios de socialización y esparcimiento en el que tomaban lugar actividades como los cantos del Manduco. Estos cantos constituían un espacio restringido a las mujeres de la comunidad en el que además de constituir parte de la tradición oral operaba también como un espacio de comunicación y resolución de conflictos.

Los partos sobre las laderas de los ríos a cargo de parteras es otra tradición que se ha perdido. La ausencia de las condiciones de salubridad necesarias impide la continuación de esta tradición y pone en riesgo la pérdida de los conocimientos tradicionales de la parteras (CINEP, PAS & ASK, 2014).

El líder de una comunidad étnica del departamento manifestó que “las afectaciones a los recursos hídricos han llevado a la desaparición de sitios sagrados para la comunidad. [menciona varios pozos]. También han desaparecido otros pozos donde se lavaba ropa o se recogía agua”. Según su interpretación de la situación el Estado y las empresas impulsan una noción de desarrollo que no es compatible con la que tienen las comunidades de la región: “hablan de desarrollo pero, ¿cuál desarrollo?. Un desarrollo que no le conviene a los grupos étnicos. Se vivía mejor antes, cuando se vivía de la agricultura”.

Esta divergencia de miradas es central para la discusión sobre el derecho a la vida cultural. ¿Cómo integrar las ideas de desarrollo de las poblaciones que se ven afectadas por los procesos de modernización y la implementación de megaproyectos de distinta índole a estas iniciativas? La problemática debe ser abordada de forma participativa por los grupos de interés vinculados a la minería.

Flujos migratorios no planeados que afectan prácticas culturales de especial importancia

Las limitaciones para el ejercicio del derecho a participar en la vida cultural que se señalarán a continuación responden a 3 tipos de migraciones:

  • Migraciones asociadas a la búsqueda de oportunidades en la industria extractiva
  • Reasentamientos involuntarios a raíz de la actividad minera
  • otras migraciones involuntarias en contextos mineros

En los casos en que sea necesario se planteará de manera explícita la diferencia entre los impactos en escenarios de pequeña minería y en escenarios de minería empresarial a gran escala.

En términos cuantitativos[15], para los casos de municipios de explotación de oro y carbón, se observa un crecimiento significativamente mayor en la población de los municipios mineros en comparación con el promedio del grupo de municipios de control entre comienzos de la década de 1990 y 2014. En particular, el crecimiento poblacional ha sido 36% mayor en municipios con minería de oro en municipios con minería de oro, 46% mayor para los productores de carbón en el interior, y 88% mayor para los productores de carbón en Cesar y La Guajira, todos los casos respecto a los grupos de municipios de comparación. En términos absolutos, esto implica que respecto a los municipios de control, que tenían patrones poblacionales similares alrededor de 1993, hoy se encuentran cerca de 8 mil personas más en los municipios con minería de oro, 7 mil personas más en los municipios con minería de carbón en el interior, y 19 mil personas más en los municipios con minería de carbón en Cesar y La Guajira. No se observan diferencias significativas entre los municipios productores de materiales de construcción y su grupo de comparación.

 

Los impactos identificados durante la investigación cualitativa se reflejan principalmente en la fragmentación del tejido social y en las limitaciones para el desarrollo de prácticas culturales y tradicionales. Los dos tipos de impactos están en estrecha relación pues la desestructuración de redes familiares y comunitarias impide la construcción de relaciones necesarias para la permanencia de la población en sus territorios y la pervivencia de prácticas culturales e identitarias.

 

oro materialesc carbon

8.   Migraciones asociadas a la búsqueda de oportunidades en la industria extractiva

Las expectativas de generación de ingresos producidas por la llegada o aumento de la actividad minera promueven migraciones de contextos rurales a urbanos en una misma región y de una región a otra para vincularse a la industria extractiva. En otros casos, como ocurre con la explotación aluvial de oro, se presenta una movilidad constante de los pequeños mineros pues se trasladan de un lugar a otro según la presencia del mineral.

  • Minería a gran escala

De acuerdo con un funcionario del municipio de Hatonuevo, en La Guajira, el crecimiento demográfico del municipio por la llegada de la minería le permitió pasar de ser un corregimiento a un municipio. Sin embargo, no se contaba con la infraestructura adecuada para enfrentar este crecimiento. Pone como ejemplo el acueducto municipal, que estaba diseñado para abastecer a los 8.000 habitantes que había anteriormente y que hoy en día debe suministrar agua a aproximadamente 28.000 personas.

Según este funcionario, aproximadamente el 40% de la población del municipio es flotante y la llegada de personas de diferentes regiones del país ha llevado a una pérdida de las costumbres propias. La convergencia de diferentes formas de pensar y costumbres generan alteraciones en el orden público en la medida en que no hay un entendimiento común, además de haber un aumento en los cordones de miseria del municipio.

Estos impactos sobre la demanda de servicios públicos, la aparición de problemáticas sociales y la alteración de prácticas culturales también fue señalada por actores institucionales y comunitarios en los municipios de Barrancas en La Guajira, La Jagua de Ibirico y El Paso, en el Cesar.

Dentro de las principales problemáticas sociales mencionadas se encuentran la aparición de fenómenos como la delincuencia, el consumo de sustancias psicoactivas – SPA, y la prostitución que en el caso de La Guajira, según señalaron actores entrevistados, es ejercida por mujeres de la zona, y otras provenientes de Venezuela y es demandada por trabajadores mineros. También se presentan otras problemáticas que afectan de manera específica a niños, niñas y adolescentes y que se describirán más adelante.

Para el caso de materiales de construcción, en algunos municipios de Boyacá y Cundinamarca, la minería también ha dado lugar al desarrollo de nuevas prácticas sociales asociadas a la violencia, drogadicción, prostitución e indigencia. Si bien en este sector la minería a gran escala no es representativa , durante el trabajo de campo se encontró un caso particular en el Tunjuelo, Bogotá, donde líderes comunitarios sostuvieron que grandes empresas mineras ocasionaron un fenómeno migratorio de indigencia y familias en condición de pobreza extrema. Tal y como lo mencionó un líder comunitario:

“Pues nosotros sostenemos que por ejemplo estos personajes de la indigencia o de los habitantes de la calle que llegaron fue de un momento a otro llegaron por la minería y eso nos ha traído un conflicto, y sospechamos que se mueven intereses, políticos o económicos o sociales, que raro no? Al pie de la minería, es lo que dice el dicho: donde hay minería hay pobreza y eso nos ha traído una cantidad de problemas. Porque esta población, de indigencia atracando, robando a los niños, cometiendo violaciones carnales, bueno toda esas cosas…”

Allí mismo, estos líderes comunitarios atribuyen a grandes empresas el detrimento de la calidad de vida en la región, argumentando que los niveles de drogadicción, prostitución y violencia son cada vez más visibles a causa de la permanencia de empresas mineras en la zona. En palabras del líder comunitario:

“la calidad de vida ha disminuido desde la lógica de vivir tranquilo y feliz en relación con el otro (…) Acá en el barrio hay niveles muy diversos de violencias. La gente se ha tenido que vincular a acciones de sobrevivencia económica que el Estado las califica como ilegales y nosotros las calificamos como soluciones prácticas y dolorosas para poder sobrevivir. La minería ha aumentado la drogadicción, la prostitución y el pandillaje.”

Finalmente, en los contextos de explotación de carbón a gran escala, además de la llegada de gente proveniente de otras regiones, se producen migraciones internas, principalmente de población rural a cascos urbanos. Esta migración ha representado una ruptura en la transmisión intergeneracional de conocimientos, como ocurre con la comunidad del Boquerón en el departamento del Cesar. La posibilidad de una inserción en el mercado laboral de la industria minera, llevó a que algunas de las familias fundadoras y primeros ocupantes se trasladarán a cabeceras municipales, rompiendo así la transmisión de saberes y tradiciones a las poblaciones más jóvenes (GONZALEZ, 2013).

  • Minería a mediana y pequeña escala

En el departamento de Boyacá, en las épocas de bonanza del carbón se presenta la llegada de mineros de departamentos como Valle del Cauca, Cauca y Antioquia, entre otros. Según refirió un actor institucional del municipio de Samacá, se trata de personas que traen otras costumbres y presentan altos índices de consumo de alcohol, lo que lleva a que se generen conflictos con la población local.

En el departamento de Antioquia la criminalización de la actividad minera, se ha traducido en la migración de la actividad a otras zonas donde previamente no existía la minería. Ejemplo de ello es el caso de Buriticá, municipio que desde el 2013 ha hecho énfasis en el problema del alza poblacional que ha sufrido debido a las olas migratorias que se han asentado en su territorio, situación que llevó a la declaratoria de Calamidad Pública de 2013 por la cual se reasentaron 1294 familias y otras fueron desplazadas. Estas poblaciones migraron hacia municipios aledaños no mineros como Santa Fe de Antioquia, Giraldo, Cañas Gordas, Anzá, Sopetrán, entre otros. La llegada de estos mineros a dichos municipios, ha alterado las costumbres de estos lugares, tal como lo expresa un entrevistado, “en estas regiones de costumbres, las costumbres se vuelven ley y con la llegada de los nuevos (los mineros), esas costumbres se cambian y entonces las leyes también, ¿no?”

Para el sector de materiales de construcción, en algunos municipios ocurren fenómenos migratorios de personas que llegan a trabajar en minería instaurando nuevas prácticas sociales. Tal es el caso del municipio de Nemocón, Cundinamarca, donde funcionarios del gobierno local, expusieron que quienes se han dedicado a la minería en el municipio vienen de otros municipios de Boyacá como Chiita y Jericó, Así lo manifestó un funcionario público:

“Nemocón tiene otro municipio dentro de él. Porque todas estas personas que se dedican a la minería llegaron de Chita y de Jericó hace unos 25 años. Ahí formaron sus núcleos. Todos son familias. Es un pueblo dentro de otro pueblo, entonces tienen una idiosincrasia diferente a la nuestra”.

Según los miembros del gobierno local, estas personas, que no son nativas del municipio, se han generado problemáticas sociales por no ser oriundos del territorio y por dedicarse a prácticas mineras en donde las dinámicas comerciales y relacionales entre los miembros de la comunidad se asocian a factores como el alicoramiento y la violencia:

“Las ganancias que reciben por el ladrillo se destinan en gran parte para la cerveza. Los hombres alicorados buscan a las mujeres y dejan varias familias abandonadas. Además de abandono hay maltrato físico, verbal y psicológico, a mujeres, niños y personas a su alrededor. Los abusos sexuales son muy generalizados, es normal ver a la hija con el padrastro y estas dinámicas vienen de Jericó. [la vereda] se reconoce por ser un lugar inseguro” (Entrevista a funcionario del gobierno local del municipio)

En esta vereda grandes familias compuestas trabajan en chircales para la producción del ladrillo. Tal y como lo manifestaron actores del gobierno local, la mayoría de los conflictos se relacionan con temas como violencia intrafamiliar, trabajo infantil, inasistencia alimentaria, lesiones personales en riñas y abusos sexuales.

Limitaciones para el ejercicio del derecho a participar en la vida cultural de niños, niñas y adolescentes en contextos mineros con alto crecimiento demográfico

En todos los departamentos, actores institucionales y comunitarios resaltaron la aparición de fenómenos como trabajo infantil, explotación sexual con fines comerciales, consumo de SPA, embarazos adolescentes y enfermedades de transmisión sexual (ETS). Si bien no hay evidencias que permitan demostrar que estas enfermedades son consecuencia directa de la actividad minera, señala un actor institucional del municipio de Hatonuevo, se establece esta relación debido al alto flujo de población, principalmente hombres, que llegan al municipio sin sus esposas para trabajar o buscar trabajo en la mina.

f3

 

 

 

Cartelera realizada en taller con jóvenes de La Loma en el municipio de El Paso, Cesar

 

 

 

En Nemocón, Cundinamarca, actores institucionales también atribuyen estas problemáticas a las costumbres de personas que no son nativos del municipio y que viven en veredas de actividad minera:

“La situación de los jóvenes es inmanejable por la cultura, los padres de familia son muy machistas, les brindan herramientas a los jóvenes para que se crean mejores, toman cerveza y siguen el mismo círculo vicioso de sus padres, de tener varias mujeres, por eso hay mucho embarazo a temprana edad”.

En el Cesar, algunos actores comunitarios señalaron que se han elevado los casos de embarazos en adolescentes y enfermedades de transmisión sexual, refiriendo que aproximadamente el 75% de los casos del Cesar están en La Jagua de Ibirico, La Loma, Chiriguaná y El Paso. Los entrevistados, asocian estas problemáticas a la ausencia que espacios de esparcimiento y recreación para los jóvenes, así como a la búsqueda de una salida económica. Según dijeron muchas adolescentes buscan quedar en embarazo con drummeros[16] porque saben que tienen más recursos. Otra persona señaló que “antes las adolescentes deseaban tener hijos con los soldados, hoy en día, lo buscan es con los mineros”.

El corregimiento de la Loma, del municipio El Paso, es representativo en términos del acelerado crecimiento demográfico y la aparición de problemáticas sociales que afectan a niños, niñas y adolescentes. Desafortunadamente se trata de situaciones que no se reportan, como el trabajo infantil y la explotación sexual, lo que dificulta la actuación institucional.

El trabajo infantil, de acuerdo con el ICBF, es visto por algunas comunidades del Cesar como un rasgo cultural, muchos niños y niñas estudian y trabajan, pues “…el trabajo dignifica”. Además, La falta de recursos en las familias es un factor de riesgo que aumenta el trabajo infantil. En la Loma hay muchos niños y niñas que permanecen en calle dedicados a la venta de diferentes productos. Esto deriva en otras situaciones de riesgo para esta población como el consumo de SPA y la vinculación a redes delincuenciales.

Para enfrentar la problemática de trabajo infantil en el corregimiento de La Loma, el gobierno departamental, el ICBF y algunas organizaciones, adelantan estrategias que fueron desarrolladas en el capítulo correspondiente al derecho a la educación, pues se trata de estrategias que hacen énfasis en la escolarización de esta población y el acompañamiento a sus familias.

Para el sector de materiales de construcción, el trabajo infantil fue visibilizado por los funcionarios públicos del municipio de Nemocón, Cundinamarca. Allí argumentaron que los pequeños productores mineros que han llegado de Jericó y Chita, Boyacá, no conciben el trabajo de niños y adolescentes como trabajo infantil, ya que la colaboración de toda la familia en los chircales de las casas hace parte de la tradición y la cultura de esta población. Por su parte, un líder comunitario de la vereda expuso que:

“Tanto las mujeres como los hijos trabajan en torno a la minería. Los niños estudian y quedan libres después del mediodía, por lo que ayudan en el trabajo. Mi hijo de 17 años valida el colegio el fin de semana y entre semana trabaja y también algunas personas que vienen de otros lados del país ponen a trabajar a niños”.

Ante esta situación, la Comisaría de Familia del municipio desarrolló, en el 2014, un estudio en convenio con Compensar para diagnosticar el trabajo infantil en la vereda minera del municipio:

“La principal razón que se encontró es el dinero, lo hacen porque les pagan, es una problemática social por bajos recursos, familias grandes compuestas y violencia intrafamiliar. [La vereda] tiene mucha población flotante, esa es la cultura de Jericó, es dura de manejar, tienen otra cultura”.

En total, se identificaron diez casos en los que los niños trabajaban en horario extraescolar; todos los casos fueron investigados, a partir de lo cual se realizó un trabajo mancomunado con los padres y la alcaldía local para que los niños dejaran de trabajar en la actividad minera. (Considerada una de las peores formas de trabajo infantil).

Otra problemática que afecta a la población menor de edad en todos departamentos que hicieron parte del estudio, es la explotación sexual con fines comerciales (Ver capítulo de derecho a salud y ambiente sano). Al igual que lo que ocurre con respecto al trabajo infantil, no hay registros del tamaño de la situación pues hace parte de redes ocultas que lo vuelven un problema invisible. Tampoco se presentan denuncias por parte de quienes son víctimas de este delito o de sus familiares pues estos últimos son, en ocasiones, quienes facilitan su ocurrencia.

En La Loma, Cesar, se identificó que una de las formas en que se lleva a cabo el delito de explotación sexual de menores de edad es a través del servicio de lavandería prestado por integrantes de la comunidad a contratistas de las empresas mineras. Según narró una funcionaria del departamento, los padres de familia estaban haciendo negocios que sin saberlo, se prestaban para la explotación sexual de las niñas. Por ejemplo, prestaban el servicio de lavandería a contratistas de la mina (principalmente a contratistas temporales de otras regiones), y utilizaban a las niñas o niños para llevar la ropa a los clientes, momento en el que se presentaba el delito. De acuerdo con esta funcionaria, las familias no enviaban a las niñas conscientes del riesgo, por lo que las estrategias de prevención incluyen el trabajo con el núcleo familiar.

La identificación de la problemática ha llevado a que se desarrollen campañas de atención y prevención por parte del gobierno departamental, en conjunto con el Ministerio del Trabajo y sindicatos. Estos últimos se apersonaron de la situación y armaron campañas para visibilizar la problemática dentro y fuera de la mina. Desde la gobernación, en compañía del ICBF se trabajaba en colegios y comunidades fortaleciendo el tema de la denuncia.

En otros municipios del departamento del Cesar se han presentado otras dos formas en las que se desarrolla este delito. Antes de que se utilizara el tren como medio para transportarlo, el carbón era trasladado desde los proyectos mineros hasta el puerto de embarque en tractomulas. En ese momento se presentaba lo que se conoce en la región como “las toca- llantas” y “los terneritos”. Se trataba de niñas y niños que eran abusados sexualmente por los conductores de estos vehículos. El cambio de medio para transportar el carbón y los esfuerzos de diversas instituciones, incluyendo organismos internacionales (UNICEF, OIM), llevó a una disminución de la grave problemática, sin embargo, han quedado secuelas, en los niños y niñas de estos municipios. Desafortunadamente, en la actualidad, la construcción de la Ruta del Sol está generando la reaparición de la problemática.

Ante esta situación, la empresa sostuvo que al interior de la compañía han llevado a cabo sesiones de sensibilización y de prevención, procurando que los trabajadores no fomenten actividades como la prostitución. Además, con autoridades han hecho recomendaciones al ICBF y a la Procuraduría para que en las poblaciones del área de influencia haya un mayor control sobre estas problemáticas sociales.

Para el caso de la extracción de oro, en los departamentos estudiados (Antioquia, Cauca, Chocó y Nariño) el fenómeno de explotación sexual comercial y el alto número de madres solteras, han sido fenómenos acarreados por la llegada de mineros a estos territorios.

“A Itsmina [Chocó] llegan ciertos brasileros que además de las afectaciones sobre le territorio por el manejo que se tiene con las máquinas, a nivel social compran amor y son transmisores de ETS”.

La periodista Jineth Bedoya, en un artículo titulado Campamentos de explotación sexual en zonas mineras reporta que “alrededor de las minas ilegales, las que no están tituladas, los fines de semana se levantan campamentos para albergar a las niñas y jóvenes que son ofrecidas en prostíbulos móviles” (BEDOYA, 2013). Se trata de niñas y jóvenes que son trasladadas desde otras regiones para ser explotadas sexualmente. Paradojicamente, esta situación ha llevado a que se reduzca la explotación de niñas, adolescentes y jóvenes de la región. Así lo expresó un líder de un Consejo Comunitario:

“Ahí hay un fenómeno social muy interesante (con la prostitución), con las muchachas que vienen de afuera y con las muchachas de aquí. A las muchachas de aquí les empiezan a gustar los nuevos y sumado a eso hay mucha afluencia de dinero y las muchachas de aquí no tenían el conocimiento de ‘mi cuerpo por plata’, pero con tanta gente y tanta plata se iban corrompiendo de a poquito. Sin embargo, cuando penetran las prostitutas, ellas regulan y estabilizan un poco porque si no hubiera sido un impacto mucho más fuerte. Llegaron entre 200 y 300 mujeres. A pesar de que quedaron muchas muchachas embarazadas, no fue más grave que las mujeres que llegan”.

Además del trabajo infantil y la explotación sexual con fines comerciales, los niños, niñas y adolescentes se enfrentan al acceso y consumo de SPA en los contextos con alto crecimiento demográfico. Por ejemplo, en el corregimiento de La Loma, algunas adolescentes que viven en este corregimiento manifestaron que es común ver gente consumiendo droga en espacios públicos, además que las drogas “las venden en la calle y en todo lado”. También señalaron la falta de espacios para el esparcimiento y recreación que les permitan tener otro tipo de actividades y que posibilitan que muchos adolescentes recurran a las drogas para divertirse.

Finalmente, los flujos migratorios en contextos de mineros también han llevado a una reconfiguración de identidades debido a la aparición de nuevos referentes para la población adolescente y joven.

Por un lado, en los escenarios donde se desarrolla la minería a gran escala, como Cesar y Guajira, hay cambios en la proyección de futuro de la población joven. Como se mencionó en el numeral anterior (Ver capítulo de derecho al trabajo) esta población ha dejado a un lado las prácticas de subsistencia propias de una tradición agropecuaria para vincularse con la actividad minera que les permite generar mayores ingresos.

Por su parte, en los contextos de explotación de oro a pequeña escala y de manera informal, la llegada de nuevos pobladores a contextos de pobreza, sumados a los beneficios económicos de la actividad minera han generado lo que se puede denominar como la cultura del dinero fácil (Ver capítulo de derecho a la educación). Este ha sido un fenómeno que recubrió todas las esferas de la sociedad. En el caso de la población infantil, esto se tradujo sobretodo en deserción escolar (Ver capítulo de derecho a la educación, como lo narra una profesora en el Cauca:

“En contextos mineros hay mucha deserción escolar, los jóvenes que asisten lo hacen para que no les quiten el subsidio de Familias en Acción (…). Los padres de todos los alumnos trabajan en minería, hombres y mujeres (…). En el hogar, los jóvenes quedan abandonados, desatendidos. Los jóvenes se van a trabajar en las minas en vacaciones, comienzan a ganar mucho dinero, comienzan a consumir alcohol, gastar en fiestas y comienza el desapego familiar”.

 

  carbon

9.   Reasentamientos involuntarios por la actividad minera

La comprensión del territorio como el escenario donde se tejen relaciones económicas, sociales, culturales y políticas que configuran una identidad colectiva es el punto de partida para comprender los impactos que los reasentamientos involuntarios, y otro tipo de migraciones colectivas, tienen sobre el ejercicio del derecho a participar de la vida cultural.

f4

 

 

Reasentamiento “Las Casitas”, en La Guajira

 

 

Para ilustrar las afectaciones a este derecho a raíz de los reasentamientos involuntarios por la actividad minera se retoman los casos del departamento de La Guajira, que ya fueron expuestos en capítulos anteriores (Ver derecho a la propiedad, derechos étnico territoriales y consulta, derecho a la educación y derecho a la libre circulación). En este sentido, este capítulo no recoge la historia ni las controversias alrededor de los reasentamientos sino que se centra en los impactos en el ejercicio del derecho a participar en la vida cultural.

Los casos del departamento del Cesar no se toman en consideración en este apartado debido a que dos de ellos no se han llevado a cabo aún (El Hatillo y Boquerón)[17] y el tercero (Plan Bonito) no fue un reasentamiento colectivo sino un proceso de negociación individual en el que cada una de las familias que hacían parte de la comunidad se trasladó de manera independiente. Sin embargo, hay que resaltar que esta negociación individual fragmentó completamente a la comunidad que hoy se encuentra dispersa por diferentes municipios y corregimientos del departamento. En este sentido, los impactos en términos de rupturas del tejido social que se describirán para otros casos son totalmente pertinentes para la comunidad de Plan Bonito[18].

Durante el trabajo de campo se entrevistó a representantes de 3 comunidades reasentadas en la Guajira para la identificación de los impactos que se desarrollan a continuación[19]. Los elementos que se pueden destacar son la fragmentación del tejido social derivadas de las estrategias de negociación utilizadas por las empresas mineras y la pérdida del territorio y de referentes identitarios, tanto para comunidades campesinas como para comunidades étnicas.

Fragmentación del tejido social

Dentro de los relatos de las comunidades que fueron reasentadas y aquellas que aún están en proceso de negociación, un elemento común es la mención a las estrategias de negociación adelantadas por las empresas mineras, donde varios aspectos de  las  negociaciones  son individuales con comunidades con formas de organización, usos y costumbres colectivas. Esto promueve la división entre los miembros, clanes y familias de las comunidades y debilita su tejido social.

Por ejemplo, en algunos reasentamientos, el precio sobre el valor de la tierra fue acordado a partir de negociaciones individuales de cada familia. Esto ha generado grandes descontentos y conflictos entre las familias que sienten fueron engañadas al haber fijado un valor inferior que otros grupos familiares.

Varios líderes afirmaron que las empresas llevan a cabo acciones intencionadas que buscan fragmentar a las comunidades para lograr dichas negociaciones individuales. Entre las más comunes, está la expresión “dividir la torta” utilizada por las empresas para ilustrar cómo los beneficios para cada familia pueden aumentar en la medida en que se reduzca el número de familias beneficiarias.

También coincidieron en que el señalamiento de líderes comunitarios ha estado presente en momentos previos a las negociaciones, “las multinacionales antes de empezar a negociar con la comunidad, lo que hacen es fragmentar a las comunidades. Los dividen con el tráfico de malas influencias, satanizando el nombre de los líderes que están representando a las comunidades”. Otros incluso afirman que se presentan casos de compra de líderes “La empresa llegó rompiendo el tejido social de las familias y los vínculos de éstas con los líderes comunitarios. Así lograron negociaciones individuales. Hubo compra de líderes y de familias, ofrecimiento de dádivas” / “Algunos líderes comenzaron a andar en Toyota”.

Todas estas acciones traen consigo la ruptura de lazos de confianza y solidaridad que existían al interior de estas comunidades y que les permitían mantener relaciones de compadrazgo y desarrollar actividades colectivas en beneficio de toda la comunidad. Desaparecen así procesos comunitarios que se habían construido a lo largo del tiempo y que hacían parte de la vida cultural de estos asentamientos.

Pérdida del territorio y de referentes identitarios

Una vez ocurridos los reasentamientos, se presentan otra serie de impactos en el derecho a participar de la vida cultural, que se suman a la fragmentación social ya descrita. La base principal de estos impactos es la pérdida del territorio, que como se desarrolló anteriormente, no es sólo un espacio físico sino el conjunto de relaciones a través de las cuáles este espacio es habitado, pero sobre todo apropiado por las comunidades.

Los reasentamientos involuntarios de comunidades con tradiciones colectivas, así como otro tipo de migraciones involuntarias, como los desplazamientos forzados a causa del conflicto armado, representan la pérdida de un lugar y la ruptura con los espacios en los que se construye de manera permanente la memoria colectiva.

Las comunidades reasentadas en el departamento de la Guajira indican haber perdido el acceso a lugares de uso colectivo como ríos, pozos, jagüeyes, sabanas comunales, entre otros, que además de ser espacios de integración social son de alta trascendencia histórica dentro de la memoria de la comunidad. Así mismo, tanto en comunidades indígenas, como afrodescendientes y campesinas, el desarrollo de la medicina tradicional se ve afectada, pues  señalan que ya no se cuenta con las mismas especies que tenían en el sitio de origen y no pueden aplicar el conocimiento acumulado al respecto.

Para comunidades étnicas, el reasentamiento también implicó una ruptura con prácticas religiosas y ceremoniales que se llevaban a cabo en lugares sagrados[20]. Con respecto a las rupturas en estas prácticas, un representante de una comunidad Wayuú resaltó que los espíritus en el sitio de origen no son los mismos que en el nuevo lugar, por ello se tuvieron que realizar rituales de despedida del sitio de origen y para la llegada al nuevo lugar de tal forma que los espíritus de este nuevo escenario los recibieran.

Las personas mayores, actor fundamental en las comunidades indígenas, también se vieron afectados por este traslado, “los viejos no están soñando. Han tenido que construir sus propias casitas de bareque para dormir allí porque ellos están perdidos, cuando se levantan no saben por dónde sale el sol”.

Sin embargo, la realización de rituales en el nuevo lugar, y la adecuación de las viviendas, no es suficiente para reparar o compensar las pérdidas culturales y espirituales que representa la desterritorialización. Por ello, la comunidad indígena reasentada acordó con la empresa que algunos sitios sagrados en su lugar de origen, como el cementerio, fueran respetados por la empresa y la comunidad negoció el derecho a visitarlos. Hoy en día esta área es una zona de reserva forestal para la empresa y la comunidad tiene libre acceso a los sitios sagrados.

Las características físicas del nuevo asentamiento también ha afectado las prácticas culturales de las comunidades. Para empezar, los nuevos asentamientos son conjuntos cerrados donde las casas están una al lado de la otra a diferencia del lugar de origen donde cada familia tenía un espacio amplio que la separaba de las demás familias y les permitía tener huertas y cría de animales pequeños. Esto ha traído un aumento en los conflictos entre integrantes de la comunidad que sienten que ya no tienen privacidad y también ha producido una pérdida de usos y costumbres.

f5

Reasentamiento de las Casitas en La Guajira

Ante la ausencia de terrenos para la siembra, las comunidades que viven allí han optado por cultivar en los espacios “verdes” al frente de su casa

 

Las formas de producción propias de las comunidades reasentadas se basan en el acceso a estas largas extensiones de tierra de carácter colectivo. Sin embargo, a excepción del caso de la comunidad indígena, las compensaciones en torno a la tierra no han contemplado el aprovechamiento que estas comunidades tenían sobre los terrenos de uso colectivo. La compensación se ha limitado a reconocer los terrenos que cuenten con un soporte jurídico de propiedad o tenencia así como las viviendas e infraestructura habitada.

Esto ocasiona que la vocación agrícola de las comunidades se vea comprometida y deteriorada. La reducción en la cantidad de tierra disponible no es el único factor que afecta el mantenimiento de la tradición agrícola de las comunidades y la estabilidad de la economía de subsistencia en que se soportan, pero sí ha demostrado ser un factor estructural en la forma en que las comunidades se acoplan al reasentamiento.

Finalmente, la ubicación de los reasentamientos también tiene implicaciones en la vida de estas comunidades. En todos los casos, los nuevos asentamientos están ubicados en cercanía a los cascos urbanos, lo que introduce dinámicas urbanas en la vida de comunidades rurales. La inserción de estas dinámicas externas a la comunidad, como el empleo y el desempleo, la aparición de enfermedades relacionadas con el trabajo minero y la vida urbana, el pago de servicios públicos entre otros, han generado cambios sustanciales en la estructura social de la comunidad.

En una entrevista individual y en un taller de cartografía social representantes de dos comunidades señalaron que esta cercanía a cascos urbanos trae consigo riesgos para la población menor de edad. Principalmente identificaron la presencia de problemáticas como consumo de alcohol y drogas, presencia de pandillas, prostitución, violencia sexual y embarazo adolescente.

En síntesis, se puede decir que el ejercicio del derecho a la participación en la vida cultural se ve fuertemente amenazado con los reasentamientos involuntarios. Si bien se espera que constituyan oportunidades para mejorar la calidad de vida de los afectados, en la práctica muchos casos terminan por consolidarse como amenazas al tejido social o de las prácticas culturales de las la continuidad misma de comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas.

La ausencia de un marco regulatorio  y de proceso claros que integren a las normas nacionales los estándares lleva a que los proceso de reasentamientos sean muy vulnerables a coyunturas institucionales a capacidades locales y a voluntades sin que el proceso esté rodeado de garantías para ninguna de las partes. Todas las empresas entrevistadas en distinto grado su interés en que  los procesos de reasentamiento se puedan llevar a cabo siguiendo estándares internacionales. Sin embargo el compromiso en ocasiones no se puede traducir en resultados por la ausencia de responsabilidades diferenciadas entre empresas e instituciones a lo largo de un proceso tan complejo como un reasentamiento. Valga por ejemplo el caso de los censos de población y prediales que es necesario adelantar en las etapas de construcción de los PAR ( Plan de Acción de Reasentamiento) de acuerdo con el estándar 6 de la Corporación Financiera Internacional - CFI[21]. Sin embargo no existe un proceso definido ni mecanismos que obliguen a entidades públicas a adelantar dichos censos para ofrecer garantías y respeto a derechos de privacidad e intimidad. Se ven entonces las mismas empresas siendo una parte interesada conminadas a adelantar los procesos que serán bases de negociación y acuerdos.

Similar situación ocurre con las interacciones entre entidades nacionales como ANLA que registran como impactos los reasentamientos y los entes territoriales que deben acomodar  a través de las interacciones con la empresa sus planes de ordenamiento territorial.

 

oro  carbon

10.  Desplazamiento forzado y despojo en contextos mineros

Además de las migraciones económicas y de los reasentamientos involuntarios por causa de la actividad minera y con participación de las empresas, hay regiones en las que han ocurrido otras migraciones involuntarias que traen consigo los impactos ya planteados. Esto ocurre principalmente en contextos de explotación de oro, donde la actividad minera convive con la presencia y accionar de grupos armados ilegales que han llevado al desplazamiento forzado de la población.

El análisis cuantitativo, por ejemplo, sugiere una posible asociación entre el desarrollo de actividades mineras y transformaciones o rupturas tanto sociales como culturales. Esto se manifiesta por medio de la tasa de desplazamiento tanto de expulsión como de recepción de la población. Estos flujos migratorios pueden transformar las prácticas culturales tradicionales y romper el tejido social de las comunidades desde donde se origina o hacia donde llegan los flujos poblacionales.

En particular, se observa que la tasa de expulsión por desplazamiento forzado es alrededor de 60% mayor en los municipios productores de oro, en comparación con los municipios de control. En términos absolutos, esto implica que mientras los municipios de control expulsaron en promedio 12 personas por cada mil habitantes por año en razón al desplazamiento forzado, la cifra es de 19 personas en los productores de oro. La figura XX hace evidente esta situación. Para los demás minerales  la evidencia estadística no permite concluir que el desplazamiento forzado esté ligado a la actividad minera como una resultante de sus procesos. Lo anterior no quiere decir que en el departamento como El Cesar no hubieran ocurrido desplazamientos forzados en los municipios mineros, de hecho si ocurrieron. Es importante sin embargo distinguir entre impactos asociados a actuaciones individuales a impactos que sean una consecuencia inherente del subsector.

Figura 1. Evolución de la tasa de desplazamiento forzado (expulsión) en municipios con minería de oro

fg1 

Fuente: cálculos propios con base en datos del Ministerio de Defensa Nacional

Respecto a la relación de los flujos de retorno de población desplazada y el desarrollo de actividades mineras, también se encuentra evidencia. En este caso para los municipios con mayor intensidad en la producción de oro y de materiales de construcción. Para oro, mientras los municipios de control recibieron en 8 personas desplazadas por cada mil habitantes, los municipios con minería de oro no recibieron, en promedio, ninguna persona. Por su parte, el grupo de comparación de los municipios con minería de materiales de construcción recibieron en promedio 5 personas por cada mil habitantes. En contraste, los municipios mineros recibieron en promedio 2 personas por cada mil habitantes.

Para los municipios productores de carbón en el interior del país, y carbón en Cesar y La Guajira, no se observan diferencias significativas respecto a los grupos de municipios de comparación. Es decir, en promedio, tanto municipios mineros como no mineros parecieran haber recibido población desplazada en la misma proporción.

 

Mapa 2 Personas expulsadas por desplazamiento forzado en el periodo 1997-2009 en municipios mineros

Map2

Fuente: Elaboración propia con información de títulos mineros del Catastro Minero Colombiano, producción minera del Sistema de Información Minero Colombiano – SIMCO e información de desplazamiento del CEDE, Uniandes

 

Siguiendo este orden de ideas, los obstáculos para ejercer el derecho a participar en la vida cultural por la presencia de actores armados puede evidenciarse en escenarios tanto individuales como colectivos.

En el departamento de Nariño, se encuentra que los impactos acarreados por la minería se presentan en dos escenarios. Por un lado, los hallazgos con la comunidad en la región andina, han demostrado que la pequeña y la mediana minería de carácter tradicional local, han traído beneficios a la comunidad. Pues, la distribución de las ganancias se ha direccionado en aras de reinvertir a favor de la comunidad por medio de construcción de carreteras, escuelas, puestos de salud etc.

En contraposición a este escenario andino, en el Pacífico nariñense la realidad es otra. En esta región, así como sucede en Chocó y Cauca, la llegada de la minería de retro- excavadora de la mano de actores foráneos a la región que establecen alianzas con grupos armados, ha generado una oleada de violencia, victimización y pobreza contra de la población civil. La implantación de este tipo de minería ha resquebrajado el tejido social por medio de la implementación de diferentes prácticas, la plata fácil, tal como lo explicaba un representante del Comité de Integración del Macizo Colombiano - CIMA,

“Por ejemplo en San Sebastián, el jornal estaba entre 6,000 y 8,000 pesos. La minería puede dar hasta 60,000 pesos al día, imagínese el cambio de mentalidad de consumo que hay si cambian así sus ingresos en esas zonas donde existe alta vulnerabilidad y ausencia de alternativas”.

Lo anterior ha generado un conflicto entre organizaciones sociales de base con distintas posturas y la estigmatización, amenazas y asesinatos de defensores del medio ambiente (Ver derecho a la asociación y participación en la vida pública).

En el caso antioqueño durante una entrevista con un campesino y poseedor de un título minero de la región del nordeste, comenta cómo durante el 2002 se vio forzado a abandonar su tierra por presión de diferentes actores armados. Cuando el entrevistado vuelve a su lugar de origen para retomar sus actividades y prácticas campesinas y mineras, su título había caducado y sido adjudicado a tres empresas mineras.

Por otro lado, en un conversatorio en el norte del Cauca diferentes representantes de Consejos Comunitarios arguyeron que el incremento de las amenazas a líderes y desplazamientos selectivos, tienen como consecuencia la fractura de los procesos organizativos que dificultan la visibilización y reivindicación de los derechos y por ende la fractura del tejido social.

Al analizar los tres tipos de migraciones descritas con anterioridad se observa, por un lado, que la llegada de actores nuevos a una región irrumpe con las dinámicas locales de tipo económico, social y cultural y trae consigo nuevas formas de ser y habitar un territorio. Estas nuevas formas no siempre son compatibles con el contexto y sus actores por lo que las transformaciones que se desprenden pueden ir en detrimento del ejercicio de derechos de la población local, en este caso específico del derecho a participar en la vida cultural.

Por otro lado, la migración de comunidades enteras producto de los impactos de la actividad minera o de su expansión, así como de la presencia de grupos armados ilegales, ha afectado sustancialmente a comunidades con formas de vida colectiva. En los casos de las comunidades étnicas cuya cosmovisión está en estrecha relación con la tierra, la pérdida del territorio implica también la pérdida de referentes identitarios que aseguran la pervivencia de estos pueblos.

 

 materialesc 

11.   Insuficiente protección del patrimonio arqueológico

De acuerdo con lo estipulado en la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural el patrimonio arqueológico forma parte del patrimonio cultural junto con otro tipo monumentos y lugares que “tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etnológico o antropológico” (UNESCO, 1972). Como tal, es deber de los Estados identificar, “proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio”.

En Colombia, de acuerdo con la Ley 1185 de 2008, los bienes de patrimonio arqueológico son considerados bienes de interés cultural del ámbito nacional y pertenecen a esta última. El artículo 6 de esta Ley, aclara que “para la preservación de los bienes integrantes del patrimonio paleontológico se aplicarán los mismos instrumentos establecidos para el patrimonio arqueológico”.

 La institución encargada del manejo del patrimonio arqueológico es el Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH, por lo tanto, en lo que concierne a la actividad minera, es la autoridad encargada de aprobar el Programa de Arqueología Preventiva que debe estar incluido en el estudio de impacto ambiental (ANM, sf).

Durante la investigación cualitativa, algunos actores entrevistados en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca dieron cuenta de daños que la actividad minera ha causado sobre el patrimonio arqueológico y paleontológico en la región.

En la zona cercana a Villa de Leyva, en Boyacá se reportaron dos casos. Por un lado, en la región del Alto Ricaurte, actores comunitarios afirman que la extracción de materiales de construcción, específicamente la explotación informal de piedras de labor para procesos de urbanización y mejoramiento de vías del casco urbano, está poniendo en riesgo formaciones rocosas con pictografías y petroglifos, es decir, patrimonio arqueológico de la región. Una persona entrevistada, puso de manifiesto la contradicción que esto representa teniendo en cuenta la vocación e importancia cultural del municipio.

Por otro lado, en la vereda Ritoque, en el municipio de Villa de Leyva, la explotación de caliza por parte de empresas cementeras está afectando zonas de importancia paleontológica. Según señaló la persona entrevistada, depósitos de fósiles se están agotando por la extracción y molienda de los mismos. También mencionaron que al momento de aprobación de la licencia ambiental para las explotaciones no se reconoció la importancia arqueológica del lugar, ni se exigió una identificación amplia del patrimonio arqueológico de la zona. Un concepto emitido por la Universidad Nacional de Colombia el 7 de Febrero de 2012 señala que “por la importancia paleontológica y patrimonial que representa la Unidad Geológica se recomienda solicitar a las cementeras que la están explotando, conceder zonas para exploración científica”, sin embargo, la persona que solicitó el estudio del material lo hizo a título personal, por lo cual no conoce los mecanismos para lograr que la recomendación de la universidad se tenga en consideración.

Otra zona de importancia arqueológica mencionada por actores comunitarios en Cundinamarca y que están en riesgo por la actividad minera son las Piedras de Tunjo en Mosquera. En Nemocón, que también cuenta con hallazgos arqueológicos importantes, actores institucionales entrevistados señalaron que el municipio no realiza veeduría sobre la explotación minera pero que saben que la empresa que hace presencia allí cuenta con Plan de Manejo Arqueológico.

En el departamento de Antioquia, en el municipio de Támesis una organización social señaló que no se quiere la entrada de la actividad minera a la región debido a las afectaciones a recursos hídricos que genera y por tratarse de una zona de vocación agrícola y riqueza arqueológica con potencial turístico.

En las otras regiones que hicieron parte del estudio la investigación cualitativa no arrojó información relacionada con las afectaciones al patrimonio arqueológico de la nación. Esto no significa que no las haya sino que se debe hacer una evaluación específica al respecto para poder conocer el estado del mismo y su relación con la actividad minera.

 

oro materialesc carbon

12.  Acciones para la innovación, mejoramiento y acceso a nuevas tecnologías para la actividad minera

El derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones en contextos mineros está relacionado con la capacidad económica de los mineros por los costos que supone introducir nuevas tecnologías en las distintas fases de la producción minera. El mejoramiento de las condiciones de explotación en este ámbito muchas veces pasa por el ingenio de cada minero. En muchas ocasiones se adaptan elementos para suplantar maquinaria o herramientas existentes. En otras ocasiones los mineros han contado con el acompañamiento de programas privados y del Estado. Sin embargo, en muchas otras oportunidades se mencionó la falta de apoyo estatal.

Los requerimientos para llevar a cabo una minería responsable y en condiciones de seguridad que protejan la salud e integridad de los trabajadores implican el mejoramiento técnico y tecnológico de las Unidades de Producción Minera (UPM). Durante el diálogo con mineros en los departamentos de Antioquia, Chocó, Cauca, Nariño, Cundinamarca y Boyacá se encontró que el acceso a estas tecnologías para el mejoramiento requiere de inversiones económicas que en algunas ocasiones están fuera de su alcance (Ver capítulo de derecho al trabajo).

Son varios los casos que ilustran lo anterior. En Boyacá, algunos mineros que explotan carbón manifestaron las dificultades para instalar, por ejemplo, los multi-detectores de gases, pues sólo hay un proveedor que cobra precios muy altos. Otros expresaron, “me pueden dar las capacitaciones que quiera, pero ¿dónde está el billete para comprar las vainas?", o "hay muchas exigencias pero no hay dinero".

En el SENA minero de Sogamoso dieron un claro ejemplo de los costos de los arcos de acero que se utilizan para el sostenimiento de la mina. Cada arco se debe importar porque no hay quien lo produzca en Colombia. El precio mínimo es de $1 millón y se debe instalar uno cada metro o 1.20 m. A eso se le debe sumar la instalación y la apertura del frente. Para poder instalar eso se necesita producir mínimo 200 t/día.

Durante una visita a una operación minera de pequeña escala en el norte de Boyacá se hizo evidente cómo la tecnificación de la explotación contribuye a beneficiar  a los dueños de mina y a los trabajadores. El día de la visita los operarios estaban estrenando martillos neumáticos. Hasta ese día habían usado picas (conocido como gancho en el entorno minero) para bajar el carbón del manto. Según afirmaron, con la nueva herramienta están en capacidad de producir mayor volumen, en menos tiempo, con menos esfuerzo. A pesar que la instalación de estas herramientas de costo elevado (incluye un compresor, una instalación de mangueras que los alimente, y los martillos mismos) el dueño de la mina tomó el riesgo pues ve ventajas económicas a largo a plazo.

Un elemento beneficioso para el desarrollo de la actividad minera en el departamento y el cuidado del agua es la introducción de columnas de aireación. Muchas UPM utilizan tanques de sedimentación para tratar el agua producto del bombeo de la mina, sin embargo muchas otras no tienen sistemas de tratamiento de agua. Por otro lado, los tanques de sedimentación, al combinarse con una torre de aireación mejoran sustancialmente el proceso de tratamiento pues la utilización de este sistema permite mejorar la calidad hídrica en lo referido a metales pesados. Para mejorar la efectividad de este método se deben juntar todas las fuentes de agua (bocamina y escorrentía del estéril) para tratarlas a todas conjuntamente. Este sistema supone una mayor inversión del minero.

Otro elemento que ha facilitado la explotación es la introducción de malacates. Aunque muchos son artesanales (buses o camiones viejos adaptados para la tarea) también hay motores eléctricos y a gasolina más tecnificados usados para mover la vagoneta dentro de los socavones. El uso de esta herramienta supone una diferencia sustancial con las formas en que anteriormente se extraía material de las minas. En un taller realizado en Mongua, Boyacá, un minero relató cómo su abuelo sacaba el carbón en una maleta, luego su padre introdujo la carretilla y ahora se usa este sistema que permite mayor producción con menos esfuerzo.

Para el caso de la explotación de oro entre los pequeños productores mineros así como los mineros artesanales, el proceso de amalgamamiento es la técnica aplicada para recuperar el oro de los demás minerales que se extraen. Este es un proceso relativamente sencillo, de bajo costo y que no requiere mayor inyección de capital sobre insumos técnicos ya que los equipos implementados son muy simples. Sin embargo, la recuperación del oro a partir de la amalgama se hace por medio de la quema de la misma, lo cual es un proceso altamente contaminante tanto para el medio ambiente como para las personas que operan estos equipos y en general a las personas que rodean la zona dónde se lleva a cabo la quema. Una alternativa a dicho proceso es el uso del horno de retorta.

Con el fin de evitar la emisión de gases de mercurio y en aras de minimizar el impacto contaminante, promover la recirculación de aguas y el tratamiento del lodo cianurado durante el procesamiento del oro a pequeña escala, departamentos como Antioquia y Nariño han implementado el uso del horno de retorta. Lo cual según los mineros entrevistados, ha minimizado el impacto de la quema, en cuestiones tanto ambientales como de salud pública.

Las comunidades aledañas a los proyectos mineros en Cesar están siendo monitoreadas por sistemas de medición de la calidad de aire. La red del Cesar es operada por una firma de ingeniería que trabaja conjuntamente con Corpocesar. Los equipos usados (entre los que se encuentran estaciones manuales, semiautomáticas, automáticos y autónomos) y el laboratorio en el que se procesan las muestras recogidas son de alta tecnología. Además de realizar el muestreo, los resultados de las mediciones se socializan cada tres meses (Ver derecho a la salud y ambiente sano).

Por otro lado en el Chocó, la iniciativa de Oro Verde bajo la cual se promovió la explotación de oro de manera responsable y con un enfoque de desarrollo comunitario, siendo los Consejos Comunitarios de ASOCASAN y COCOMACOIRO los Consejos abanderados en la cuestión, tuvo gran acogida por la comunidad .

Esta iniciativa fue promovida con el apoyo de la Alliance for Responsability Mining (ARM) y se implementó a partir del 2000, sin embargo el programa ha sido trasladado hacia otros escenarios en el Chocó biogeográfico[22], principalmente en el departamento de Nariño. En este caso, el beneficio sobre el progreso científico se ha visto en el cuidado del entorno por medio de la recuperación, fomento y cuidado de técnicas tradicionales para la extracción del mineral, que no vayan en detrimento del entorno tanto natural como social.

Los pequeños mineros de La Llanada, Nariño, se constituyeron como cooperativa en la década de los 80. A partir de esa iniciativa han desarrollado un proceso de beneficio del oro que no requiere de mercurio por medio de métodos gravimétricos. Esta planta cuenta con el sello de certificación Fair Mined; esto les permitió acceder a mercados de oro en el que logran mejores precios. En la construcción de esta planta tuvieron la asesoría de ingenieros y el apoyo del gobierno municipal. Esto les ha permitido trabajar a una escala productiva más grande. Sin embargo, han tenido problemas porque la planta de beneficio está construida en una zona que no está declarada como zona industrial. Adicionalmente, la cooperativa también cuenta con un taller de orfebrería con clases gratuitas financiadas por la alcaldía.

En este mismo municipio también hay pequeños mineros que procesan el oro usando sistemas artesanales que no requieren de mercurio. Por medio de un sistema hidráulico, una cobija y el barequeo tradicional se logra emular la tecnología gravimétrica con buenos resultados en la recuperación de oro y cuidado del medio ambiente.

En Samaniego, Nariño, un pequeño minero se dedicó de manera autodidacta a la fabricación de piezas de maquinaria usada específicamente en la pequeña minería de la región. Ahora tiene un pequeño taller dedicado a la producción de repuestos. Su recursividad le ha permitido convertirse en proveedor de piezas para varios mineros quienes también se ven beneficiados por el acceso a repuestos a menor costo.

En el Macizo Colombiano caucano hay mineros de tradición familiar que usan una técnica conocida como manila para barequear. Atan una cuerda alrededor de una piedra y la amarran a dos postes verticales. Luego, usando un palo logran hacer un movimiento de torsión para remover la roca y barequear en ese espacio.

En los ejemplos anteriores se muestra cómo algunos mineros de pequeña escala diseñan herramientas o adaptan tecnología a sus posibilidades. Esa recursividad les permite optimizar los procesos de explotación a sus condiciones económicas.

Con respecto a la extracción de materiales de construcción, en el departamento de Boyacá, la Cámara de Comercio de Sogamoso, en convenio con Corpoboyacá y Fenalcarbón, desarrolló un proyecto denominado SIGMA para el apoyo a UPM. Aunque sólo se ha desarrollado la primera fase de sensibilización, funcionarios de la Cámara de Comercio explicaron que el proyecto incluirá en su totalidad los componentes técnico, legal, humano y económico y comercial. Tal y como lo mencionó una funcionaria de la Cámara de Comercio “SIGMA es un instrumento de gestión institucional que busca dar acompañamiento a los empresarios y trabajadores mineros para mitigar el impacto ambiental y para aumentar la productividad, la competitividad y la internacionalización de las empresas.”

Para ser beneficiarios de este proyecto, los empresarios mineros debían vincularse al Nodo de Producción más limpia que se constituyó en el 2013, por medio de un acta en la que se comprometían a mejorar la gestión ambiental y cumplir con los Planes de Manejo Ambiental. Actualmente, el proyecto cuenta con un equipo base y se espera que, en el futuro, se pueda contar con consultores y con asistentes técnicos para el sector.

Asimismo, la autoridad ambiental de Boyacá, junto con alcaldías municipales y el Sena está llevando a cabo un proyecto de reconversión tecnológica de hornos para los sectores caleros y alfareros del departamento. Por ahora es un proyecto piloto que se está llevando a cabo en el valle de Sogamuxi con 160 UPM, donde se está determinando la viabilidad de las minas que pueden hacer esta reconversión y las que deben cerrar. El objetivo del proyecto es erradicar las fuentes de emisiones contaminantes.

En Sogamoso, por ejemplo, algunos de los pequeños y medianos mineros ya han vendido sus chircales y otros han hecho tecnificaciones a sus hornos. Un líder comunitario de este municipio, quien fue beneficiario de este proyecto, manifestó las ventajas que dicha tecnificación ha traído en la comunidad en términos de disminución de la contaminación y desarrollo de la capacidad productiva. Sin embargo, expuso que los principales retos actuales se basan en la dificultad de dar cumplimiento a las normas y requerimientos que exige la autoridad ambiental, ya que en la comunidad no tienen conocimiento sobre la normatividad ambiental: “Necesitamos un profesional que conozca el tema ambiental y nos ayude con el cumplimiento de los requisitos”.

En el caso de Cundinamarca, los pequeños mineros, manifestaron durante un taller realizado en Ubaté, la importancia de contar con apoyo del gobierno para acceder a las mejoras tecnológicas que se requieren en el proceso productivo y de esta manera reducir el impacto de su actividad en la salud y el medio ambiente. Tal y como se mencionó por un miembro de la comunidad: “a pesar de que hay una voluntad para cumplir con los requerimientos, hace falta programas para la mejora de los procesos productivos” Otra persona argumentó: “la autoridad nunca se ha presentado en la vereda para hacer capacitaciones”.

En entrevista con el Secretario de Minas de la Gobernación de Cundinamarca, esta clase de proyectos (reconversión tecnológica) no se identificaron como prioritarios a trabajar con los pequeños mineros, el tema de acceso a adelantos científicos (capacitaciones, asesoría) está previsto que sea a través de la Unidad Básica de Atención Minera.

 

oro materialesc carbon

13.  Iniciativas empresariales para favorecer la vida cultural en los entornos mineros  

En la tabla a continuación se compila información proviene de entrevistas con actores empresariales y de los informes de sostenibilidad y páginas web de las empresas:

EMPRESA

ESTRATEGIA

ACCIONES

Cerrejón

Fundación Guajira Indígena (Cerrejón)

·      Promoción de iniciativas sostenibles e innovadoras enfocadas en las áreas de educación, desarrollo comunitario y salud

·      Apoyo a la consolidación de las organizaciones indígenas para ayudarles a construir mayor fortaleza comunitaria y capacidad de interlocución con las entidades que trabajan.

·      Proyectos productivos que fomenten el desarrollo y fortalezcan su cultura a través del trabajo comunitario.

·      Cooperación con las comunidades indígenas de La Guajira con el propósito de conservar la diversidad cultural de la región.

·      Canalización de recursos locales, nacionales e internacionales para invertir en los planes, programas y proyectos que se diseñen conjuntamente con las comunidades indígenas.

 

Apoyo a comunidades del área de influencia del puerto de embarque[23]

  • Apoyo a la Institución etno-educativa Kamusuchiwo’u, a través de:
    • Contratación de profesores de música y deportes.
    • Apoyo para la ampliación del área de bachillerato.
    • Suministro de agua e instalación de un sistema de captación de aguas lluvia.
    • Dotación de la sala de sistemas del colegio: tablero inteligente y profesor de sistemas.
  • Apoyo a productores de artesanías a través de un proceso de formalización de emprendimientos con el SENA.
  • Apoyo para la formalización y legalización de la actividad pesquera tradicional de la región. También han desarrollado proyectos para la recuperación de lanchas tradicionales.
  • Recreación, cultura y deporte para la comunidad: apoyan con profesores y en la organización de eventos deportivos como un campeonato de regata. Esto se hace en conjunto con la DIMAR y con Guardacostas

Oferta de programas y actividades para niños, niñas y adolescentes (Cerrejón, 2013)

  • Actividades lúdico-pedagógicas orientadas a rescatar los juegos tradicionales en las ludotecas NAVES “Una Mina de Alegría” del municipio de Barrancas.
  • Programas de música y deporte: se transmiten como educación complementaria a los procesos académicos formales. Fortalecen valores, además de que desarrollan en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes la capacidad de establecer relaciones sanas y constructivas.
  • Programa de fortalecimiento cultural: busca recuperar y preservar las culturas ancestrales de La Guajira, fomentando la transmisión de conocimientos tradicionales a las nuevas generaciones.
  • Formación de 80 gestores culturales en Barrancas, Hatonuevo, Albania y Uribia.

Apoyo a festivales locales (Informe de sostenibilidad Cerrejón)

·         Festival de la cultura Wayuú.

·         Pasarela AMA - arte, moda y acordeón en el marco del Festival Francisco el Hombre en Riohacha.

Prodeco

Fundación La Jagua (Prodeco, s.f.)

  • Proceso de investigación para determinar las causas de las altas tasas de embarazos adolescentes y otras problemáticas psicosociales como adicciones, violencia intrafamiliar, abuso sexual, carencia de proyectos de vida y baja autoestima.
  • Programa Redes de Vida para el fomento de “sanas prácticas culturales” en los niños y adolescentes de las áreas vecinas a nuestras operaciones mineras y portuarias.
  • Festival de la Vida para llegar a las comunidades vulnerables de las zonas rurales del área de e influencia. Ofrece servicios de salud, recreación, cultura y deporte.

Drummond

Programa de responsabilidad social (Drummond, s.f.)

  • Siembra de árboles
  • Apoyo a la comunidad pesquera aledaña al puerto.
  • Capacitación de servidores públicos.
  • Mejoramiento de infraestructura educativa de cinco municipios del Cesar y tres de Magdalena.
  • Dotación a la biblioteca pública de Codazzi.
  • Apoyo a programas de música en Becerril.

Paz del Río

Fundación Social PazdelRío (Paz del Río)

  • Programas de apoyo a educación primaria y preescolar en dos municipios.
  • Uso productivo del tiempo libre
    • Apoyo a escuelas de formación deportiva en cuatro municipios de Boyacá y uno de Cundinamarca
    • Apoyo a la realización de los Juegos Campesinos en Paz del Río
    • Apoyo a los Juegos Inter-Veredales de Ubalá
    • Proyecto A Jugar en Nobsa

Holcim

Voluntariado Holcim (Holcim, 2015)

  • Apadrinamiento de 140 niños para regalos navideños y organización y patrocinio del torneo de fútbol de la Fundación Servicio Juvenil Padre Javier de Nicoló.
  • Colecta de regalos navideños para comunidades vecinas de dos plantas.

Fundación Social Holcim Colombia (Holcim, 2015)

  • Institución Educativa Centro Juvenil Campesino (CJC) de Nobsa, Boyacá.
    • Granja del CJC en la que se realizan proyectos pecuarios y agrícolas.
  • Comunidad de Aprendizaje
    • Fomento a procesos educativos en 22 instituciones de las provincias del Tundama y Sugamuxi en temas ambientales.
    • Incentivo a la participación en el I Concurso de Cuento Ambiental.
    • Presentación de la experiencia de la Comunidad de Aprendizaje, en el Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación en Buenos Aires.
  • Educación Continuada
    • Diplomado La Participación Comunitaria en la Gestión Integral del Agua dirigido a 30 periodistas y comunicadores de Boyacá y Casanare.

Argos

Fundación Argos (ARGOS)

  • Construcción de la Biblioteca Pública del Municipio de Nobsa.
  • Implementación del programa "Exploradores del Territorio" en Sogamoso y San Gil con niños y niñas para sensibilización sobre temáticas ambientales.
  • Capacitación de 140 personas de las zonas de influencia en fortalecimiento comunitario a través del Diplomado de Formación de Líderes.
  • Construcción de restaurantes escolares en las instituciones educativas Inceandes y Gustavo Jiménez sede La Manga en Sogamoso.
  • Construcción de laboratorios y aulas de clase en el Colegio Técnico de Nobsa.

 

Siglas

ARM                      Alliance for Responsability Mining

ASOCASAN            Consejo Comunitario Mayor de Alto San Juan

BACRIM                 Bandas Criminales

CIMA                     Comité de Integración del Macizo Colombiano

COCOMACOIRO     Consejo Comunitario Mayor de Condoto y Río Iró

ETS                       Enfermedades de Transmisión Sexual

GAI                       Grupos armado ilegales

ICA                       Instituto Colombiano Agropecuario

ICBF                      Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

NBI                       Necesidades Básicas Insatisfechas

OCAD                    Órganos Colegiados de Administración y Decisión

OIM                      Organización Internacional para las Migraciones

OIT                       Organización Internacional del trabajo

ONU                     Organización de las Naciones Unidas

PIDESC               Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y    Culturales

PNUD                    Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

SPA                       Sustancias Psicoactivas

UNESCO                 Organización de las Naciones Unidas para la Educación y Diversificación, la Ciencia y la Cultura

UNICEF                 United Nations International Children's Emergency Fund

UPM                      Unidad de Producción Minera

 

 

Bibliografía

AGUILAR. (2012). Recuperado el 26 de 11 de 2015, de Revista Istmo: http://istmo.mx/2012/09/cultura-y-derechos-humanos/

ANAFALCO. (s.f.). Recuperado el 25 de 11 de 2015, de http://www.anafalco.com.co/anafalco-web/?q=node/25

ANM. (sf). Recuperado el 26 de 11 de 2015, de http://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/intervencion_arqueoogica.pdf

ARGOS. (s.f.). Recuperado el 26 de 11 de 2015, de http://www.argos.co/colombia/sostenibilidad/sociales/zona-centro

BEDOYA, j. (2013). Recuperado el 26 de 11 de 2015, de http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12824463

CASTILLO, A. (2013). Los retreros y la gente del río Condoto. Bogotá: Universidad de Los Andes.

Cerrejón. (s.f.). Recuperado el 26 de 11 de 2015, de http://www.cerrejon.com/site/desarrollo-sostenible-%E2%80%A2-responsabilidad-social-rse/sistema-de-fundaciones/guajira-indigena.aspx

Cerrejón. (2013). Recuperado el Noviembre de 2015, de Informe de sostenibilidad 2012: http://www.cerrejon.com/site/Portals/0/Documents/pdf/informes_sostenibilidad/Cerrejon-Informe-sostenibilidad-2012.pdf

CINEP, PAS & ASK. (2014). Transformaciones territoriales en la comunidad del Hatillo, un recorrido por los impactos de la minería de carbón. 31.

Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Observación General No. 17. (2005). Recuperado el 26 de 11 de 2015, de http://portal.unesco.org/culture/es/files/30545/11432108781Comment_sp.pdf/Comment_sp.pdf Ibid

Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General No. 21. (2010). Recuperado el 26 de 11 de 2015, de : http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8793.pdf?view=1

Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. (2003). Recuperado el 26 de 11 de 2015, de http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540s.pdf

DELANEY, D. (2005). Territory: A Short Introduction. Oxford: Blackwell Publishing.

DIAZ, & GAST. (2009). El Chocó Biogeográfico de Colombia. Bogotá: I/M Editores.

Drummond. (s.f.). Obtenido de Resumen ejecutivo 2013 - 2014.: http://issuu.com/drummondltd/docs/resumen_ejecutivo_drummond_2013-201?e=19253911/30401900

GAMARRA, J. (2005). La Economía del Cesar Después del Algodón. Cartagena: Banco de la República.

GONZALEZ, M. (2013). Transformaciones culturales y territoriales ocasionadas por la minería a gran escala: el caso de la comunidad del Boquerón (Cesar - Colombia).

Holcim. (2015). Informe de Desarrollo Sostenible 2014. Recuperado el 25 de 11 de 2015, de http://www.holcim.com.co/fileadmin/templates/CO/doc/IDS-2014.pdf

ICA. (14 de 8 de 2014). Recuperado el 25 de 11 de 2015, de http://www.ica.gov.co/Noticias/Agricola/2013-(1)/Predios-productores-de-palma-de-aceite-deberan-reg.aspx

Informe de la Relatora Especial sobre Derechos Culturales . (2012). Recuperado el 26 de 11 de 2015, de http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/134/94/PDF/G1213494.pdf?OpenElement

Informe de la Relatora Especial sobre los Derechos Culturales. (2012). Recuperado el 25 de 11 de 2015, de http://www.ohchr.org/SP/Issues/derechosculturales/Paginas/benefitfromscientificprogress.aspx

Informe de sostenibilidad Cerrejón. (s.f.). Recuperado el 26 de 11 de 2015, de http://www.cerrejon.com/site/sala-de-prensa/galeria-multimedia/galeria-pasarela-ama-en-festival-vallenato.aspx

KLIMAFORUM LATINOAMERICA NETWORK. (2015). Recuperado el 16 de 11 de 2015, de Cosmogonía Wayúu sobre Ordenamiento Territorial

Organización de las Naciones Unidas. (1948). Recuperado el 26 de 11 de 2015, de http://www.un.org/es/documents/udhr

Paz del Río. (s.f.). Recuperado el 26 de 11 de 2015, de http://www.pazdelrio.com.co/es-es/Sostenibilidad/Paginas/FundacionSocial.aspx

PNUD. (2014). Recuperado el 25 de 11 de 2015, de CESAR: ANALISIS DE CONFLICTIVIDADES Y GESTION DE PAZ.

Prodeco. (s.f.). Informe de sostenibilidad 2011. Recuperado el 25 de 11 de 2015, de http://www.prodeco.com.co/files/8013/4765/4421/report_2011_es.pdf

QUINTO, J. (1 de 2013). Pan para hoy, hambre para mañana. Revista Estudios del Pacífico Colombiano.

TERRE DES HOMMES. (2015). Recuperado el 27 de 11 de 2015, de Case Study on Children´s Right to a Healthy Enviroment Affected by Coal Mining in the EL Hatillo Community

UNESCO. (1972). Recuperado el 26 de 11 de 2015, de http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf

VASCO, L. G. (2002). Entre Selva y Páramo. Viviendo y pensando la lucha india. Bogotá: ICANH.

[1] La pequeña propiedad se ha mantenido en la Serranía del Perijá, que ocupa la margen oriental de los municipios de La Jagua y Becerril.

[2] En caso que los impactos ambientales solo sean una percepción de los habitantes de la región, aún se sigue afectando la forma en que se relacionan con su territorio y con los demás  y por tanto pueden limitar su ejercicio del derecho a la vida cultural.

[3] Hay que recordar que la vocación agraria del Cesar data de la Colonia, mientras que la minería irrumpió en el departamento a finales del siglo XX.

[4] Algunos de los aspectos de este tema han sido mencionados en los capítulos sobre libre circulación y derechos étnico territoriales, propiedad de la tierra y consulta. Otros aspectos serán desarrollados en el siguiente subtítulo.

[5] La minería criminal hace referencia a actividades vinculadas con dinámicas delictivas y/o grupos armados al margen de la ley.

[6] Esta es una de las actividades más pesadas de la minería de oro de socavón. En algunas regiones se le llama “catanguear”.

[7] Al respecto véase los capítulos de libre circulación y derechos étnico territoriales, propiedad de la tierra y consulta.

[8] Véase la sección de Limitación para el uso y disfrute de territorios étnicos y prácticas ancestrales por actividad minera y desarrollo de infraestructura del capítulo de derecho a la propiedad, derechos étnico territoriales y consulta para la narrativa del caso.

[9] En el departamento del Chocó la práctica de la minería artesanal ha sido una tradición de sus habitantes. Sin embargo, la primera etapa de explotación masiva de oro y platino, vino de la mano de la empresa Chocó-Pacífico. La empresa no negoció con quienes habitaban el territorio explotado. Al contrario. impusieron sus políticas, que a su vez fueron avaladas por el Estado colombiano.

[10] Los condueños son los  dueños de los terrenos donde se realiza la exploración y explotación minera. Su función consiste en realizar la negociación con los mineros, administrar, y distribuir el porcentaje de renta por el alquiler del terreno. (QUINTO, 2013)

[11] “La familia minera refiere a dos ámbitos sociales,  el primero describe la unidad doméstica, la cual casi siempre coincide con la familia nuclear formada por el padre, la madre y sus hijos, aunque también puede incluir abuelos, entenados (niños adoptados), sobrinos o primos. Incluye los parientes conectados por filiación y por afinidad. El segundo ámbito describe el grupo de descendencia al cual pertenece el condoteño. Esta acepción refiere solo a los parientes consanguíneos, los cuales trazan su filiación hacia un ancestro que se denomina tronco. El representante vivo de ese tronco, o que murió recientemente y por tanto se ha convertido en un ancestro focal, es el ñunco”.  (CASTILLO, 2013).

[12] Propietarios de retroexcavadoras

[13] La llegada de las retroexcavadoras y el desplazamiento del barequeo como forma de minería artesanal, también ocurre en comunidades afrodescendientes del departamento del Cauca. Para profundizar en este tema se recomienda visitar el siguiente enlace: http://www.las2orillas.co/las-mujeres-del-oro-en-el-cauca/

[14] Para un mapa que cruza la presencia de GAI y BACRIM véase el capítulo de Libertad y Seguridad.

[15] Los datos cuantitativos que se presentan a continuación fueron incluido también en el capítulo correspondiente al derecho a la educación. Se retoman en este capítulo debido a que ilustran el tamaño de la problemática y los consecuentes impactos en el ejercicio del derecho a participar en la vida cultural.

[16] En la región se refieren a los trabajadores de los diferentes proyectos mineros como drummeros, sin importar con que empresa trabajen.

[17] Los casos de estas dos comunidades están incluidos en el análisis sobre restricciones o impedimentos a formas de vida tradicionales o tradiciones culturales desarrollado en el numeral 1 de este documento. También han sido abordados en otros capítulos de este estudio.

[18] En esta misma línea se debe mencionar que en el departamento de La Guajira, previo a los procesos de reasentamiento actuales que se rigen por normas internacionales como los lineamientos del Banco Mundial, hubo situaciones de desplazamiento o desalojo de comunidades (ver capítulo sobre el derecho a la libre circulación y permanencia), cuyos impactos sociales y culturales aún están vigentes. En algunos casos como las comunidades de Tabaco y Manantial, los impactos culturales ocurren principalmente a la dispersión de la población que  llevó a la pérdida de una forma de vida colectiva. Otros casos, como el de la comunidad de Oreganal consistió en la entrega de casas y, para algunas familias, compensaciones económicas, más no un acompañamiento que permitiera mantener la cohesión social y las formas de vida colectivas. Hoy en día, algunas de estas comunidades están en negociaciones con la empresa para mejorar sus condiciones de vida y, en el caso de Tabaco, construir un nuevo asentamiento para su comunidad.

[19] Además de estas tres comunidades también se encuentran las comunidades de Chancelta y Patilla cuyo proceso ha sido diferente de las anteriores. Una parte de estas dos comunidades aceptó los términos para el reasentamiento propuestos por la empresa y ya están ubicadas en un nuevo lugar. Pero otra parte de las dos comunidades no han aceptado los términos y permanecen en sus territorios de origen. Las entrevistas y ejercicios de cartografía social con estas dos comunidades se realizaron con quienes no se han reasentado, por lo que la información que brindaron no se incluye en este apartado. Sin embargo, los impactos descritos en el numeral uno de este documento aplican también para estas dos comunidades.

[20] En la sección 1 b de este documento, se presentó la importancia del cementerio dentro de la cultura wayuú y los impactos que puede tener la pérdida de acceso a estos. También se mostró la relevancia de los sueños dentro de su cosmogonía. Estos dos aspectos fundamentan la importancia de lo expuesto por esta comunidad dentro de los impactos culturales que ha significado el reasentamiento.

[21] Ver explicación sobre la norma 6 de reasentamientos involuntarios en http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/55d37e804a5b586a908b9f8969adcc27/PS_Spanish_2012_Full-Document.pdf?MOD=AJPERES

[22] Una estrecha franja del territorio americano, que apenas alcanza los 175.000 km2, un 2% de la superficie terrestre, alberga cerca del 10% de la biodiversidad del planeta; se trata del Chocó Biogeográfico, una zona que incluye territorios de Colombia, Ecuador y Panamá, cuyos ambientes naturales se encuentran entre los mejor conservados de América. En (DIAZ & GAST, 2009)

[23] Acciones referenciadas durante entrevistas con actores empresariales

Situaciones que inciden en el derecho al TRABAJO DECENTE

todosDescargar documento PDF

 

Situaciones observadas en escenarios mineros determinantes en el ejercicio del

Derecho al Trabajo Decente

 

Los impactos en el derecho al trabajo asociados al sector minero identificados durante la investigación cualitativa, se presentarán a continuación de acuerdo a 3 de los 4 objetivos estratégicos de la OIT: crear trabajo, garantizar los derechos de los trabajadores y promoción del diálogo social (OIT-El programa de Trabajo Decente).

El primero de los objetivos estratégicos o componentes del Trabajo Decente, crear trabajo, hace referencia a las oportunidades de empleo e ingresos, y abarca:

“Tanto las modalidades formales de contratación laboral como los empleos en condiciones más informales, e incluso el autoempleo (…) Así mismo, son objeto de análisis los trabajos remunerados tanto en dinero como en especie, los que se realizan en jornada diurna o nocturna, media o completa, y aquellos en los que el empleador es una persona jurídica, natural, o el Estado mismo (Procuraduría General de la Nación, 2011)”.

Para relacionar este componente con el sector minero y su impacto en derechos humanos, el presente capítulo aborda las características más relevantes en términos de generación de oportunidades, identificadas durante la investigación cualitativa. Teniendo en cuenta que las dinámicas de producción de la minería a gran escala difieren sustancialmente de las de la mediana y pequeña minería, la presentación de hallazgos que viene a continuación se hace de manera diferencial según el tipo de minería.

En términos generales, las actividades extractivas son intensivas en capital pero no necesariamente generan el número de trabajos necesarios para un crecimiento incluyente para el país. La totalidad de empleo que genera el sector minero formal representa menos del 1.5% de la totalidad del empleo en Colombia (OECD, 2014)

Gráfica 1 Composición sectorial del empleo en Colombia (1975-2008)

1

Fuente: Adaptado de (ANIF, 2012)

La gráfica anterior muestra una reducción de la participación de la agricultura y la industria en el empleo (de 21.6 puntos porcentuales), que no fue compensado por la creación de empleo en los sectores de servicios y minería (sólo han incrementado su participación en 7.2 puntos porcentuales) (ANIF, 2012). Específicamente en el sector minero, mientras que la participación en la producción de ese sector se incrementó del 2% al 7% del PIB entre 1975 y 2008, el empleo sólo pasó de representar el 0.4% al 1.2% del empleo total en el mismo periodo, lo que demuestra que la minería no es un sector intensivo en mano de obra (ANIF, 2012).

De acuerdo con los hallazgos del trabajo de campo, existe una mayor generación de empleo y encadenamientos productivos que devienen en mayor desarrollo local en el caso de la pequeña minería[1], en comparación con la gran minería empresarial. Lo anterior se corrobora con los datos del Censo Minero (2012), según el cual la distribución del número de empleados según tamaño en la minería de gran escala es de un 1.5%, mientras que la minería de pequeña y mediana escala suman un 98.5%:

Tabla 1 Distribución del número de empleados por tamaño de la explotación minera

Tamaño de la explotación

Distribución del número de empleados[2]

Grandes

1.5%

Medianas

24.2%

Pequeñas

74.3%

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Minero (2012)

A continuación se identifican situaciones asociadas al componente de crear trabajo en minería a gran escala.

 

carbon

1.    Limitada generación de empleo por tecnificación de los procesos

Dentro de las regiones estudiadas, la minería empresarial a gran escala, ocurre principalmente en los departamentos del Cesar y Guajira, por lo que estos dos departamentos son el énfasis de este numeral. Sin embargo, en el departamento de Boyacá hay presencia de empresas que aunque no realizan explotación a gran escala, sus dinámicas en términos de generación de empleo son más cercanas a las de la minería a gran escala que a las de la pequeña minería. Por este motivo, se presentan también en este apartado.

La economía de Cesar se concentra fundamentalmente en la extracción primaria de minerales. Esta importancia se ha incrementado durante los últimos años. Mientras el sector de extracción de minas y canteras representaba el 32% de la economía departamental en el año 2000, para 2013 se incrementó al 54%. Es decir, más de la mitad de su producción. En contraste, sectores como servicios sociales y comunales, y el sector agropecuario, representaron el 16% y el 9% de la economía departamental para 2013.

En La Guajira, si bien la extracción de minas y canteras sigue siendo el principal sector de la economía departamental, ha perdido relevancia en los últimos 14 años. Mientras la participación de la extracción primaria de minerales era el 60% para el año 2000, en 2013 había bajado al 40%. Este espacio ha sido cubierto por sectores como el de servicios sociales y comunales, que participaba en 2013 con el 16% de la economía, y el agropecuario, que representaba el 4% de la economía en el mismo año.

Sin embargo, “mientras que la actividad carbonífera y, sobre todo, la producción de las empresas gigantes de la costa Caribe generan altos rendimientos económicos, esto no se ha traducido en mucho empleo para la población de trabajadores colombianos: en 2013, la industria de carbón aportó tan solo 1,1% de todos los ocupados nacionales” (Hawkins, 2014).

En estos dos departamentos, así como en algunos municipios de Boyacá y Cundinamarca, los actores locales señalan que las expectativas generadas por la llegada de la gran minería de carbón o materiales de construcción generaron un desplazamiento de las actividades económicas tradicionales, como la agricultura, la pesca y la ganadería (Ver capítulo de derecho a participar en la vida cultural y a gozar de los beneficios del progreso científico). Desde entonces, el deseo y necesidad de tener mejores salarios ha llevado a que muchas personas, principalmente la población joven, quiera trabajar en la industria minera, dejando a un lado su tradición campesina[3].

Sin embargo, la percepción general de los actores entrevistados, tanto institucionales como comunitarios, es que la oferta laboral de la minería a gran escala no es proporcional a las necesidades y demandas de la población. La disminución, y en algunos casos desaparición, de prácticas tradicionales de subsistencia no se ha visto compensada con empleos en la industria minera. Como lo refiere un funcionario del municipio de Hatonuevo: “a raíz del desplazamiento de la actividad agrícola, la tendencia principal de la población es a emplearse en la empresa, sin embargo, la cantidad de empleos generada es muy baja”.

Lo mismo ocurre en algunos municipios de Boyacá; en Corrales por ejemplo, un líder comunitario del municipio estableció que grandes empresas dedicadas a la extracción de materiales para la construcción no brindan empleo local, aun cuando existe población calificada y capacitada: “La población está capacitada, hay profesionales y también hay maquinaria y vehículos, pero no hay contratación local, la gente no consigue trabajo en las empresas”.

La limitación en la generación de empleo por parte de grandes empresas mineras se deriva de la tecnificación en los procesos que conlleva la necesidad de muy pocos operarios. Por ejemplo, en el Barrio México de Ciudad Bolívar, en Bogotá, miembros de la comunidad expresaron que anteriormente se beneficiaban por la generación de empleo, sin embargo hoy en día no existe contratación local debido a la tecnificación de las empresas:

“Las empresas deberían emplear a todos nuestros profesionales que salen graduados de las diferentes universidades del país, pero ya tienen bastante tecnología, realizan la explotación con máquinas entonces no emplean a las personas del barrio y del sector. Antes le daban trabajo a los volqueteros, a los pequeños y medianos volqueteros pero los echaron a todos y trajeron equipo nuevo importado de México y ahora tienen sus propias volquetas, entonces no necesitan nada. Los volqueteros que trabajaban los echaron y ahora andan por ahí mendigando viajes en contratos de miseria con los ingenieros de vías y todo eso que también es corrupción”.

 

carbon2.    Condiciones precarias de empleo en entornos de pobreza

Diversos actores consultados afirman que, en zonas con explotación de gran minería empresarial como Antioquia, Cesar y Guajira, las empresas llegan a ofrecer empleos en contextos de pobreza[4]. En estos contextos, las comunidades no son libres de elegir el tipo de trabajo al que quieren acceder, pues los altos niveles de desempleo y necesidades básicas insatisfechas los obliga a aceptar cualquier oficio que les genere un ingreso mínimo para la subsistencia[5]. Una empresa minera en el Cesar, manifestó que la llegada de empresas –de cualquier sector económico- a una región con muy altos niveles de desempleo aumenta las opciones de empleo y la libertad de escoger. De igual forma, empresas en Antioquia  manifestaron que desde su política de Responsabilidad Social Corporativa -RSC- establecen líneas estratégicas que permiten contribuir al desarrollo sostenible del territorio a través de proyectos productivos, formación y fortalecimiento comunitario.

Por su parte un actor comunitario en el Suroeste antioqueño sostuvo: “esta región con altos niveles de desempleo es el escenario idóneo para que la empresa entre a ofrecer unas condiciones mínimas de empleo”.

En las comunidades del área de influencia de grandes proyectos mineros empresariales, la falta de empleos, sumada a los impactos de la actividad minera ha generado inconformidades en la población local: “si hubiera empleo para la comunidad se podrían aguantar estos impactos”, señala un actor comunitario en Cesar. Esto refleja la percepción de un desbalance entre la relación costo – beneficio que tiene la minería a gran escala, pues además de la ausencia de oportunidades laborales, los actores locales manifiestan que esta actividad no ha traído desarrollo para departamentos como Cesar y Guajira.

Esta percepción corresponde con la realidad territorial al cruzar la información de NBI en los departamentos de gran minería empresarial, como lo muestra el Mapa 1

Mapa 1 Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) a 2011 en departamentos estudiados para gran minería

map1

Fuente: Elaboración propia con información de DANE, 2011

 

Dos factores adicionales que inciden en el aumento de las tasas de desempleo de departamentos con presencia de minería empresarial a gran escala son: i) la reducción de ingresos de las empresas mineras originado en la caída de precios de bienes básicos, y ii) el aumento de población flotante en los municipios del área de influencia de los proyectos mineros.

En el primer caso, un actor institucional y uno sindical, hicieron referencia a la restricción en los horarios para el paso del tren que transporta el carbón en el departamento del Cesar, como una medida de protección ordenada por el Estado. Esta restricción representó bajas en los ingresos de una de las empresas mineras del departamento que dentro de sus medidas de mitigación del impacto tomó la decisión de despedir a 120 trabajadores.

En el segundo caso, las expectativas de mejora de la calidad de vida a través de la industria minera, conllevan un aumento de la población flotante en los municipios del área de influencia. Según instituciones locales en Cesar y Guajira, personas de otras regiones del país llegan a estos departamentos compitiendo por las oportunidades de empleo, generando escenarios de conflictividad con la población local[6].

  materialesc3.    Efectos de modalidades de contratación de mano de obra

La minería empresarial a gran escala utiliza diferentes modalidades de contratación para vincular trabajadores en el desarrollo de su actividad. Por un lado, se utiliza la contratación directa, que incluye tanto contratos a término indefinido, como contratos a término fijo. Esta forma de contratación se utiliza principalmente para labores que están directamente relacionadas con la actividad minera.

A pesar de que en la actualidad existen más contratos directos que tercerizados[7], la contratación directa ha ido disminuyendo a lo largo de los años pues implica una carga mayor en términos de costos para las empresas. Al respecto, Hawkins (2014), señala que:

“En las grandes empresas, dueñas de las minas a cielo abierto, se ha promovido la flexibilidad laboral para bajar los costos. Por ende, más de la mitad de su fuerza laboral está compuesta por trabajadores tercerizados, práctica que va en aumento, como forma de mejorar la competitividad, en términos de bajar los costos laborales, al tiempo que se restringen los derechos de libertad sindical” (Hawkins, 2014).

En algunos municipios de Cundinamarca una de las afectaciones generadas por este tipo de contratación se presenta a causa de la corta duración de los contratos directos que no brinda opciones laborales a largo plazo. Este es el caso del municipio de Suesca, donde un miembro de la comunidad estableció que son muy pocos empleos que brinda la empresa y que los pocos contratos directos que existen, se otorgan por una duración muy corta: “400 son los empleos de la cementera y el 25% de ellos son de Suesca, pero son contratos muy temporales, al que contratan no dura mucho tiempo trabajando ahí”.

En Boyacá, los despidos de trabajadores de una empresa debido a dificultades económicas, han llevado a que el número de trabajadores directos se reduzca a menos de la mitad. En momentos de alta producción se realiza la contratación de trabajadores a término fijo, que suelen ser los mismos que fueron despedidos con anterioridad. Lo ideal, de acuerdo con los representantes del sindicato de esta empresa, es que todos los trabajadores accedan al mismo régimen de contratación de los empleados directos, puesto que los contratos a término fijo tienen una duración de sólo tres o seis meses.

Además de la contratación directa, las empresas mineras han adoptado otras formas de empleo de mano de obra como la tercerización a través de contratistas. Esta figura se utiliza principalmente para aquellas labores que no están directamente relacionadas con la actividad minera, pero que son necesarias para llevar a cabo la operación. Es el caso de actividades de limpieza, transporte, alimento, reparaciones, mantenimiento de vías, entre otras.

En esta modalidad de contratación las obligaciones relacionadas con prestaciones y seguridad social de los trabajadores son asumidas por ellos mismos o por los contratistas y no por quien recibe el servicio. La tercerización ocurre a través de diferentes formas como el contratista independiente, el contrato civil de prestación de servicios, contrato de prestación de servicios con el Estado, y las cooperativas de trabajo asociado (Procuraduría General de la Nación, 2011).

Frente a las condiciones de trabajo, empresas de carbón del norte del país afirman que han tomado medidas para que las empresas contratistas cumplan con todos los requerimientos de Ley, como el pago de prestaciones, etc., y que tienen autonomía con respecto a las condiciones de pago, salarios y duración de los contratos. Es así que las empresas hacen auditorías a sus contratistas para verificar el cumplimiento de normas, por ejemplo, que no haya contratación de menores de edad, ni prácticas discriminatorias por razones de género, entre otras. También se incentiva a que sus contratistas vinculen población local.

Sin embargo, actores institucionales de la Guajira, Cundinamarca y Boyacá señalan que, aunque las empresas contratistas vinculan población local, la oferta sigue siendo muy reducida. A nivel municipal, las principales actividades que identifican realizadas por empresas contratistas son las relacionadas con alimentación, hospedaje y seguridad para los trabajadores contratistas que vienen de otras regiones. En Firavitoba, Boyacá, por ejemplo, un líder comunitario manifestó:

“La empresa no le brinda empleo a ninguno del sector. Sólo un muchacho joven que trabajó como celador para una empresa de seguridad contratada por la empresa minera. Trabajó 8 meses pero lo sacaron porque un concejal quería trabajar allí. Ahora solo hay un señor que trabaja con una volqueta de resto no hay nada”.

 

carbonmaterialesc

4.    Precario desarrollo de la oferta local, tanto para la prestación de servicios como para la vinculación laboral

Otros actores afirman que gran parte de las empresas contratadas para apoyar las operaciones de mineras son de otros departamentos, de ahí que se percibe un beneficio mayor en los departamentos que no deben asumir los impactos directos del sector minero sobre el territorio y sus comunidades. Al respecto, un representante de una de las empresas señaló que las exigencias de seguridad industrial son tan altas que los servicios ofrecidos por los negocios locales no pueden con frecuencia satisfacer los estándares requeridos. Por esta razón hay muchos servicios que es necesario contratar con empresas de otras regiones del país, pero que se promueve la contratación de mano de obra local por parte de los contratistas.

De acuerdo con lo señalado por un representante de una empresa en la Guajira, la vinculación de contratistas se hace a través de licitaciones. Ante esto, un representante del gobierno municipal de Hatonuevo afirma que, “no hay fortalecimiento de la industria local. La empresa contrata a través de licitaciones pero las condiciones de éstas son muy altas, piden una idoneidad que acá no cumplen. La contratación se hace con grandes capitalistas, con empresas grandes”.

Las actividades que se desarrollan en la minería empresarial a gran escala requieren conocimientos específicos que son exigidos al momento de la vinculación laboral. Al tratarse de comunidades tradicionalmente agrícolas, con bajos niveles de alfabetización y formación profesional , cumplir con estos requerimientos es un reto complejo para la población local y especialmente para la población adulta. Esta percepción se traduce en prevención contra la minería a gran escala como se refleja en Nariño , en zonas de tradición minera de pequeña escala, , los mineros locales se oponen a la entrada de grandes empresas pues “entrarían a vincularnos como obreros rasos y perderíamos la independencia que tenemos como pequeños empresarios, dueños de nuestras minas”. Según la empresa minera, el desarrollo integral de un proyecto minero a gran escala exige la contratación de mano de obra calificada y especializada en las diferentes áreas de La Compañía. Por ello se realiza una contratación local de mano de obra calificada y no calificada, siendo ésta última el foco de atención para programas de formación y desarrollo de competencias directamente relacionadas con la operación del proyecto.

Apreciación similar de comunidades en el municipio de Suesca, Cundinamarca se vieron impactadas por la ampliación de la actividad minera, en la cual se prometió que se generaría empleo en el municipio, sin embargo este compromiso no se ha cumplido, principalmente, porque no existe mano de obra calificada para ser empleada. Así lo manifestó un líder comunitario:

“En el municipio no hay mano de obra calificada. Ellos vendieron la idea ofreciendo empleo. Yo creo que el 20% de la gente que trabaja en la empresa es del municipio y el 80% de afuera. Ellos se habían comprometido con un porcentaje mucho mayor”.

Para la población joven en municipios de explotación de carbón a gran escala, esta demanda de conocimientos especializados ha llevado a la apertura de programas de formación y capacitación acordes con las exigencias de las empresas. Como se puede ver en el capítulo relativo al derecho a la educación, estos programas formativos son, en su mayoría, liderados por el SENA en convenio con empresas. Sin embargo, cursarlos no es garantía para la posterior vinculación laboral, aun cuando se realicen las prácticas con las mismas empresas. Así lo señalan integrantes de una comunidad de la Guajira: “estudiar no garantiza ingresar, y en cambio sí traen gente de Barranquilla o de Valledupar”.

En los casos en que la vinculación se hace efectiva, los cargos a los que accede la población local, corresponden a cargos operativos, más no profesionales, incluso cuando “en el departamento [de la Guajira] hay gente bien preparada con el nivel educativo necesario para lidiar con asuntos administrativos. Puede que en temas de un alto nivel de especialización minera no haya los profesionales, pero de resto si existe el personal calificado”. En este sentido, los actores locales perciben discriminación por parte de las empresas, que optan por traer profesionales de otras regiones, en lugar de fomentar la vinculación -previa formación- de jóvenes locales.

 

carbonmaterialescoro

5.    Inequidad de género en contratación laboral

En el trabajo de campo realizado en los departamentos de Antioquia (para oro), Cesar y Guajira (para carbón) y Boyacá y Cundinamarca (para materiales de construcción) se observó inequidad de género para acceder a oportunidades de empleo en la actividad minera empresarial a gran escala, ya que la participación de la mujer es reducida. Este hallazgo se corrobora con los datos del Censo Minero (2012) según el cual, en promedio, entre los trabajadores de la gran minería, sólo el 3% son mujeres. Las empresas mineras en Antioquia han argumentado que esto se debe a que el decreto 1335 de 1987 prohibía la contratación de población femenina para realizar labores subterráneas; este decreto se modificó con el decreto 1886 de 2015 que elimina esta restricción, Según la empresa: “lo anterior explica por qué el bajo nivel de vinculación femenina ya que el mayor porcentaje de contratación se genera para la operación subterránea del proyecto.”

En el departamento del Cesar, la vinculación laboral de mujeres no se evidencia como equitativa según los testimonios de actores locales. Por ejemplo, actores sindicales afirman que hay pocas mujeres dentro de la fuerza laboral. Un dueño de una empresa contratista refiere que al interior una de las empresas la contratación de mujeres es más baja que la de hombres porque “salen más caras y hacen menos”. Lo anterior haciendo referencia, por ejemplo, a las licencias de maternidad o los permisos a las mujeres durante su período menstrual.

Esta inequidad reflejada en los testimonios de actores locales, es consistente con los datos de las empresas. En el informe de sostenibilidad de Drummond Ltd. para 2013 y 2014 reporta un total de 5.099 trabajadores directos, de los cuales sólo el 4% fueron mujeres (Drummond Ltd). Por su parte, el Grupo Prodeco, en Cesar, contaba con 2.762 trabajadores, de los cuales el 9.2% correspondía a mujeres para el 2011 (Prodeco). En la Guajira, de acuerdo con el resumen de desempeño de la empresa Cerrejón para el 2013, la empresa contaba con 6.390 empleados directos, de los cuales, sólo 502 eran mujeres, es decir, un 9.8% (Cerrejón).

Frente a esto, en el diálogo con empresas del sector, las empresas pusieron de manifiesto que por el tipo de actividad que se desarrolla en las minas existen varias barreras culturales y técnicas que impiden una mayor vinculación de mano de obra femenina. Sin embargo, han venido desarrollando programas para la capacitación y posterior contratación de mujeres tanto en tareas administrativas, como en operaciones. Adicionalmente, varios de los funcionarios de empresas entrevistados relataron que el trabajo de las mujeres en las minas ha generado impactos positivos en el ambiente laboral, dada la dedicación y disciplina que las mujeres imprimen en el desarrollo de sus actividades, y que contrario al supuesto de que las mujeres piden más permisos que los hombres, las estadísticas de permisos e inasistencias no revelaba una relación directa con la población femenina de trabajadores.

 

carbon

6.    Debilidad en las políticas empresariales para la contratación de grupos étnicos

En cuanto a vinculación laboral de comunidades étnicas en gran minería empresarial de oro y materiales de construcción se cuenta con poca información recopilada en el trabajo de campo. Sin embargo, de acuerdo al Censo Minero (2012), en promedio, entre los trabajadores de la gran minería, sólo el 3% pertenece a grupos étnicos, lo que permite evidenciar que existen dinámicas de inequidad en el acceso a empleo por cuestiones étnicas.

Para el caso de minería de carbón, teniendo en cuenta que en el departamento de La Guajira, principalmente en la zona de la Alta Guajira, la mayor parte de la población es indígena, la vinculación laboral de población étnica resulta importante en el relacionamiento de la empresa y su entorno. Según la empresa, haciendo referencia a las empresas contratistas en la zona del puerto de embarque del carbón, todas cuentan con personal Wayuú. y señalan que , una de las empresas contratistas es una asociación de trabajadores de esta etnia. Al respecto, líderes sindicales manifestaron que la subcontratación a través de empresas contratistas o a través de bolsas de empleo genera inestabilidad laboral y limitaciones para asociarse.

 

carbonmaterialescoro

7.    Capacidad comparativa de generación de empleo de los subsectores mineros:

Como se mencionaba anteriormente, la minería de pequeña y mediana escala es una actividad intensiva en mano de obra, lo que la convierte en una importante fuente de generación de empleo y de encadenamientos productivos principalmente en las zonas rurales más apartadas y con mayores índices de NBI -necesidades básicas insatisfechas-.

Resulta evidente que el elevado valor agregado por persona empleada de la gran minería proviene de su alta productividad, de ser muy intensiva en capital y en consecuencia su contribución a la economía no viene particularmente por la vía del empleo. Esto contrasta con la capacidad de la pequeña minería de generar empleo y de responder a retos de pobreza y de allí la importancia del acompañamiento a la misma.

Específicamente en la minería de pequeña escala de carbón, según Fedesarrollo (2011), en Norte de Santander genera en promedio empleo directo a cerca 10.500 personas y se calcula que del carbón viven 20 mil familias. En Boyacá, se estima que la misma actividad genera empleo para entre 4.000 y 8.000 personas. En Cundinamarca la cifra asciende a 16.000 empleos (Fedesarrollo, 2012, pág. 22). Por su parte, Hawkins (2014) afirma que:

“En los departamentos del interior del país, las estimaciones de la cantidad de trabajadores de la minería de carbón son muy rudimentarias, debido al gran número de minas pequeñas-artesanales y a la forma extralegal de las relaciones laborales y los contratos de trabajo. No obstante, se puede decir, incluso de las empresas más tecnificadas, que la intensidad de mano de obra es mucho mayor comparada con la actividad carbonífera en la minería a cielo abierto” (Hawkins, 2014)

 

Mapa 2 Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) a 2011 en departamentos estudiados para pequeña y mediana minería

map1

Fuente: Elaboración propia con información de DANE, 2011

 

Algunas experiencias del trabajo de campo dan cuenta de estos datos y cifras. En la localidad de Ciudad Bolívar por ejemplo, la asociación ANAFALCO ubicada en el Parque Minero Industrial donde residen empresas pequeñas y medianas productoras de materiales de construcción ha sido determinante en lo referente a la generación de empleo. Según miembros de la asociación: “Se ha generado empleo, son 900 personas vinculadas directamente, más unas 3.000 vinculadas indirectamente. Gracias a eso la relación con la comunidad es buena.”

Asimismo, miembros de la comunidad de Mosquera afirman que:

“La minería tradicional sí genera empleo, este sector empezó a poblarse hace más de 90 años, los barrios se conformaron hace 50 o 60 años. La explotación minera inició desde que el barrio empezó a hacer como sus primeras casitas. Como unos 90 años, empezaron así como dos personas, y pusieron sus casitas. La extracción del material era manual, entonces ahí sí se empleaba la gente, era otro medio de sustento. En el sector de Mondoñedo, el dueño decía: bueno, puedes vivir acá y puedes extraer el material, me pagas un porcentaje de lo que saques y puedes permanecer ahí. Con el auge el dueño empezó a abrir su frente de trabajo, trajo maquinaria y empleó mucha gente, fue el pilar para que muchos surgieran”. (Entrevista con miembro de la comunidad de Mosquera).

 

oro

8.    Prácticas culturales discriminatorias de las mujeres en entornos mineros

En la minería de oro de pequeña y mediana escala, la participación de la mujer es diferenciada según la región, y especialmente, según el tipo de minería de oro (aluvial o de socavón).

Según Güiza (2013), el 72% de las mujeres que llevan a cabo labores operativas en las minas, lo realizan en pequeñas minas sin título minero, lo que indica que la gran demanda de trabajo para la mujer en el sector se produce en la pequeña minería informal (Güiza, 2013). En contextos de pobreza y ausencia de alternativas laborales, donde muchas mujeres son madres cabeza de familia, las mujeres se dedican a labores asociadas a la minería como única alternativa de subsistencia. De acuerdo a un docente en el Norte del Cauca, las mujeres “o trabajan en minería o trabajan haciendo aseo en casas de familia de Cali”.

En la minería de socavón, las labores que realizan las mujeres, en la mayoría de los casos se limitan a la cocina para los mineros y el trabajo con residuos. Lo anterior está asociado a una prohibición estipulada en el Código Sustantivo de Trabajo[8], que a pesar de haber sido declarada inexequible en 1997 por la Corte Constitucional[9], sigue vigente en el imaginario colectivo de las comunidades que se dedican a la minería.

Algunos actores consideran que esta prohibición no implica discriminación. Por ejemplo, un representante sindical en Segovia considera que el hecho de no poder acceder a los socavones es una “cuestión de constitución”. En la zona andina de Nariño, algunos mineros consideran que esta prohibición tiene sentido en la medida en la que protege a la mujer de una actividad difícil, dura y muy riesgosa. Otros actores insisten en que el lugar de la mujer “..es el hogar” y hacen referencia a la necesidad de preservar valores tradicionales asociados a los roles de género.

Sin embargo, en un espacio de diálogo con Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, varias mujeres afirmaban que existe discriminación en el tipo de participación de la mujer en la actividad. Explican que ellas sólo pueden realizar labores accesorias, pero no pueden ser socias de los emprendimientos mineros, pues “…los hombres son dueños de todo”.

El trabajo de las mujeres en la minería también se ve obstaculizado por limitaciones en los procesos de formalización. Por ejemplo, en el municipio de Buenos Aires, Cauca, la Asociación de Mujeres Agromineras, que reúne aproximadamente 200 barequeras, lleva desde el 2013 en proceso de registro sin respuesta por parte de la ANM. Esto ha generado desconfianza por parte de las comunidades en las instituciones.

Sin embargo, existen algunas excepciones. En los departamentos de Nariño, Cundinamarca y Boyacá, donde hay presencia de pequeña y mediana minería, algunas mujeres son dueñas de sus minas, y trabajan con las mismas condiciones y herramientas que los hombres, o en labores directivas y administrativas como ocurre en Boyacá. Incluso, en el municipio de La Llanada, Nariño, una de las 5 minas formalizadas con certificación Fairmined[10] es propiedad de una mujer que conoce todas las labores asociadas a la mina y es ejemplo en la región por su nivel de tecnificación y trabajo responsable.

En la minería de oro en Chocó, Antioquia, Cauca y Nariño, las mujeres que trabajan con residuos resultantes de la extracción o de los procesos de beneficio de oro desempeñan tres tipos de labores[11]:

  • Chatarreras: Mujeres encargadas de recolectar los residuos de la mina, seleccionarlos y procesarlos.
  • Hueveras: Mujeres que van a los entables y piden “balto” (sobras).
  • Costaleras: Mujeres que se encargan de lavar los costales y recuperar los residuos.

En un diálogo con mujeres chatarreras de Segovia y Remedios, las mujeres explicaban que lo que las lleva a chatarrear es el alto nivel de desempleo de toda la región, así como la tradición de chatarrear que pasa de generación en generación. Afirman que prefieren dedicarse a chatarrear que a trabajar como empleadas domésticas o en empleos formales, pues a pesar de la inestabilidad laboral de la actividad, ésta les da un margen amplio de libertad en términos de horarios y reglas, y pueden ganar más dinero, “…si tienen suerte”.

Muchas de estas mujeres son madres cabeza de familia y la naturaleza informal del chatarreo le da flexibilidad de horarios para poder cuidar de sus hijos. También les permite llevar a sus hijos a su lugar de trabajo cuando no tienen con quien dejarlos. Según una chatarrera, ellos [sus hijos] van con ellas y les gusta aprender y desde pequeños van creciendo con esa tradición minera.

Se plantean dilemas de política frente a estas situaciones: una eventual tecnificación de algunos procesos de la minería en estas regiones implicaría una centralización de los residuos de las minas en plantas de beneficio, impactando fuentes de ingresos de estas poblaciones de mujeres, por otra parte este tipo de tecnificación conllevaría reducciones en riesgos de salud, por ejemplo la exposición de las mismas a sustancias tóxicas como el mercurio.

Ahora bien, hay municipios donde la actividad minera ancestral de oro y de arcilla, les permite a las mujeres cierta autonomía en los procesos de subsistencia. Muchas mujeres participan en la producción minera a través de diversas técnicas. Por ejemplo, en el departamento del Chocó, muchas mujeres se dedican al “mazamorreo”/barequeo, “zambullidera”, “chorro” y minería de socavón. En el municipio de Ráquira, Boyacá, las mujeres se han dedicado a la producción de artesanías por medio de la extracción artesanal de arcilla.

Algunas de las acciones de las empresas han girado en torno a la promoción de la contratación de mano de obra local, generando que la minería constituya una gran fuente de empleo para el municipio.

En el municipio de Cogua, Cundinamarca, las grandes empresas ladrilleras se han constituido al interior de un Parque Minero Industrial. Según directores de una fundación asociada a la responsabilidad social de estas empresas: “en la vereda se han generado más de 200 empleos. Ya no existen muchos chircales porque las grandes empresas los unieron a ellos. Les compraron el terreno y algunos se unieron a las empresas como empleados. La minería ha representado una fuente de empleo significativa para el municipio.”

De otro lado, en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, algunas empresas han tratado de generar empleo por medio de contrataciones directas a población de bajos recursos en zonas de invasión, sin embargo, la comunidad ha generado acciones con el objetivo de perjudicar a las empresas industriales. Funcionarios de la alcaldía manifestaron que:

Las empresas quieren ayudar, ofrecen empleo a las personas que viven en la invasión, pero las mismas personas de la comunidad incentivan la problemática de inseguridad. Los empleados roban el combustible y material, crean canales de comercialización de material, de combustible. Hemos realizado unas mesas de trabajo con los frentes de seguridad, con gobierno y pues esa es la queja de los industriales.

 

carbonmaterialescoro

9.    Retos y desafios para el trabajo decente en la implementación de la política de formalización de la pequeña y mediana minería

El segundo de los objetivos estratégicos o componentes del trabajo decente establece que se deben garantizar los derechos de los trabajadores “para lograr el reconocimiento y el respeto de los derechos de todos los trabajadores, y en particular de los trabajadores desfavorecidos o pobres que necesitan representación, participación y leyes adecuadas que se cumplan y estén a favor, y no en contra, de sus intereses” (OIT-El programa de Trabajo Decente). Al respecto, la Declaración de la OIT sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento (1998) establece que estos derechos son universales y que se aplican a todas las personas en todos los países, independientemente del nivel de desarrollo económico.

Por su parte, Ghai (2006, Pág.28) afirma que este componente “constituye el marco ético y legal para todos los elementos del trabajo decente” (Ghai, 2006). Así pues, su principal ámbito de operación está en el campo normativo, mientras que su reconocimiento y aplicación efectiva depende de la capacidad institucional y de los recursos que asignen los Estados a este fin (Procuraduría General de la Nación, 2011).

En este sentido, el componente aplicado al contexto laboral de la minería en Colombia está directamente relacionado con la garantía de los derechos de los trabajadores mineros, pero también con un marco normativo y la aplicación efectiva del mismo, a partir de un enfoque diferencial e incluyente, que garantice el acceso igualitario al sector, al reconocer la diversidad de los contextos donde se practica la actividad minera.

Para el análisis de este componente se incluye el debate alrededor de la formalización y comercialización de la pequeña y mediana minería en Colombia, haciendo énfasis en la necesidad de reconocer esta actividad y dotarla de legalidad, bajo la comprensión de que existen muchas comunidades dependen de esta actividad como fuente de trabajo.

Los altos índices de informalidad de las unidades de producción minera en el país (Ver Tabla 2), que afectan principalmente a la pequeña y mediana minería[12] [13], representan grandes retos para el sector y su institucionalidad. Estos retos son principalmente en términos de la necesidad de transformar el enfoque y las herramientas de apoyo para garantizar el acceso a un trabajo decente y el cumplimiento de parámetros técnicos, ambientales, económicos, laborales y sociales en el sector.

 

Tabla 2 Informalidad en las unidades de producción minera

Mineral

Con título

Sin título

Carbón

60%

40%

Materiales

41%

59%

Oro

15%

85%

Otros

24%

76%

Total

37%

63%

Fuente: Censo Minero, 2012

La realidad de los mineros informales refleja un abismo entre las reglas formales –construidas desde Bogotá- y reglas informales –aquellas que corresponden prácticas y tradiciones en los territorios-. En este sentido, uno de los desafíos principales tiene que ver con la aplicación de un enfoque diferencial e incluyente que garantice el acceso igualitario al sector, reconociendo la diversidad de los contextos donde se practica la actividad minera. Lo anterior se debe traducir en medidas graduales para la formalización, acordes con las características particulares de la explotación, es decir, acorde con el mineral que se está explotando y del tipo y tamaño de minería que se realiza[14].

Así pues, la rigidez en la formalización minera puede conllevar barreras a la formalidad laboral como ocurre en toda la economía, la pregunta que surge es cómo lograr protecciones esenciales en proteccion laboral en los entornos de minería informal.

 

carbonmaterialesc

10.Desconocimiento de la tradición minera y de los contextos locales

Para que procesos de formalización de pequeña y mediana minería sean pertinentes y exitosos, se requiere del reconocimiento y comprensión de los contextos locales en los que se desarrolla esta actividad de manera tradicional. En los casos de los 3 minerales abordados en este estudio se encontraron particularidades que reafirman la necesidad de un enfoque diferencial dentro de la política pública de formalización. En los párrafos siguientes se presentan algunos casos que ilustran la heterogeneidad de las dinámicas locales.

En el caso de la explotación de materiales de construcción existen limitaciones para la formalización asociadas a las prácticas tradicionales y culturales propias de la población local. De acuerdo con una funcionaria de la Alcaldía municipal de Ráquira, Boyacá, “La mayoría de los artesanos no asocian la extracción de arcilla con minería, y mucho menos con el licenciamiento ambiental. El mayor problema es que la arcilla está alrededor de todo el municipio. Las familias extraen arcilla en los lotes de las casas”. Según lo argumentó, las familias ven esta extracción como una labor ancestral y no tienen conocimiento frente a las afectaciones paisajísticas, morfológicas de los suelos y en fuentes hídricas. Ante esto, un funcionario de la Alcaldía de Nemocón, Cundinamarca, manifestó que existe una problemática histórica asociada a la propiedad de la tierra. Expresó que como la explotación tiene más de 80 años y “es muy complicado formalizarlos. La mayoría de los predios tienen falsas tradiciones, son sucesiones por generaciones”.

La tradición minera del departamento de Boyacá se ilustra claramente con el relato de una asociación de mineros tradicionales que refieren que siempre ha habido explotación de arcillas para ladrillos y carbón para cocinarlos. “Así se construyó la iglesia del pueblo. A TermoPaipa se le vendió desde 1975 con una cooperativa que existía en ese entonces”. Otros señalan que la minería tradicional se ha transmitido generacionalmente, pero hoy ya no está generando ingresos y no hay beneficios por parte del Estado: “nuestra salud se la hemos regalado al Estado, no hay becas para los hijos de los carboneros”

En muchas regiones de explotación de oro, las condiciones de los mineros se configuran en gran medida desde la debilidad de las instituciones, el papel que juegan las distintas organizaciones comunitarias y la presencia de actores armados intermediando en la cadena de valor u organizando diversas intervenciones en la actividad minera. Por ejemplo, en Buriticá, en el occidente de Antioquia, la migración masiva de mineros del Nordeste supera la capacidad operativa de las instituciones locales. Según un funcionario de la Alcaldía, al Estado “le toca entrar con legalidad a contextos complejos de ilegalidad que lo superan”. En este contexto resulta artificial separar la influencia de la mineria legal y formal de la influencia de la mineria informal e ilegal. La situacion de las poblaciones es la combinacion de todas estas fuerzas en un contexto de baja gobernabilidad

Un representante de la comunidad de El Bagre hace énfasis en la importancia de la vocación y tradición minera para la población en el Bajo Cauca antioqueño. Explica que un barequero puede llegar a ganar $1,100,000 pesos al mes, mientras que con un jornal en agricultura no alcanza el salario mínimo. La pequeña minería es entonces el medio privilegiado de subsistencia de la comunidad. Por su parte, un minidraguero en el municipio de Ayapel, Córdoba, explica que “las personas llegan al oro por necesidad”, y que en regiones como esta (con altos niveles de Necesidades Básicas Insatisfechas), la minería “es la única actividad que permite salir de la pobreza rápidamente”. Esta situación se repite en regiones de tradición minera de oro, como el Nordeste antioqueño, norte del Cauca, la zona andina en Nariño y Chocó. En estos contextos, las comunidades hacen énfasis en que las políticas de formalización deben ser diferenciadas y coherentes con las realidades territoriales.

En el municipio de Andes, Antioquia, algunos mineros explicaban que el problema de la política de formalización es que los “entables, barequeros y chatarreros no caben en el modelo de gran empresa a través de contratos y tecnificación”. En la misma línea, mineros de carbón en Boyacá manifestaron sentirse desprotegidos en comparación con la gran minería, y reclaman que no deben ser medidos “con la misma vara con que miden a Cerrejón”, refiriéndose a los requerimientos técnicos y los pagos de impuestos y regalías.

En Caucasia, Antioquia, hicieron énfasis en la ausencia de reconocimiento por parte del Gobierno de los mineros itinerantes (como barequeros, minidragueros y motobomberos), y en la incertidumbre sobre la manera como se puede estimular una actividad que tiene una naturaleza no-estática, variable y diversa[15], “¿qué pasa si el barequero crece o encuentra modos para invertir en mecanización [para mejorar su capacidad de producción, ingresos y calidad de vida]?”. En síntesis, existe una necesidad generalizada de transformar una política que le exige lo mismo a todos los actores sin diferenciar contextos y vulnerabilidades.

 

oromaterialesc

11.Insuficiente acompañamiento estatal para el mejoramiento de prácticas y procesos de formalización

La implementación de una política enfocada en el control y la sanción, sobre el acompañamiento para el mejoramiento a los pequeños y medianos mineros con vocación de formalización,[16] es una de las demandas más recurrentes en las zonas explotación a pequeña y mediana escala en todas las regiones de estudio. Los mineros consideran que los operativos de cierre de minas, en lugar de la implementación de programas con inversión estatal para la mejora de los procesos productivos, son un obstáculo para la garantía del derecho a un trabajo decente, al cual podrían acceder a través de la formalización.

En las regiones de explotación de oro en Antioquia, esta problemática ha sido el detonante de varios paros mineros. El más reciente tuvo lugar en Segovia en octubre de 2015, asociado al cierre de once minas ordenado por la Procuraduría, que afectaría a 35.000 personas en la región[17]. En un espacio de diálogo realizado en Caucasia, subregión del Bajo Cauca antioqueño, los mineros explicaban que el enfoque punitivo actual está ligado a una ausencia de distinción entre la informalidad y la criminalidad en contextos específicos. En Boyacá, por ejemplo, un minero afirmó sentir que “somos vistos como los peores malhechores,… no somos ilegales porque no hemos matado a nadie”. En zonas especiales de orden público –como el Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño-, los mineros expresaban que son, por un lado, víctimas de los grupos armados ilegales, y por otro lado, revictimizados por parte del Estado, que los señala injustamente como “auspiciadores” de los grupos armados.

En general, los pequeños mineros consultados expresaron su descontento con la política actual de formalización que se traduce en la ilegalización de la pequeña minería, a través del cierre de minas y la destrucción de maquinaria. En Segovia, los mineros insisten en que “Necesitamos asesoría jurídica y técnica antes de castigar”. De manera similar, un minero en El Bagre, explicaba que “es necesario un enfoque de control pedagógico”, que implica un cambio de foco del Gobierno, de la estigmatización y el castigo hacia la pedagogía y el acompañamiento con enfoque diferenciado. En Gámeza, Boyacá un minero de carbón expresó lo siguiente, “no recibí beneficio del gobierno, sólo amenazas y persecución de los entes. El gobierno no le extendió la mano al carbonero legalizado. No le ponen cuidado ni al campesino, ni al minero, no invierten ni en salud, ni en educación [para el minero, ni para sus hijos], ni en capacitaciones para los mineros. Sólo hay amenazas, si no se cumple se va a la cárcel”.

En cuanto al papel de las instituciones, un integrante de la comunidad en Segovia se quejaba del papel de Corantioquia, quien “llega a poner multas a entables por temas como el depósito de lodos en cuerpos de agua y vertimientos, pero no dan soluciones ni acompañan en el proceso”. En el Bajo Cauca planteaban la ausencia de una articulación interinstitucional efectiva en el nivel local, pues la Policía realiza operativos de cierre de minas y destrucción de maquinaria, desconociendo los procesos de formalización que se llevan a cabo desde la Gobernación. Situaciones similares han ocurrido en Sogamoso, Boyacá, donde por falta de diálogo interinstitucional, se han cerrado minas de carbón que están en proceso de legalización por minería tradicional.

Para el caso de materiales de construcción y carbón, la ausencia de acompañamiento estatal para procesos de formalización y cumplimiento de estándares ambientales es una de las mayores preocupaciones de los pequeños y medianos mineros. En la vereda Guatagui de Ubaté, Cundinamarca, la producción de ladrillo se desarrolla de manera artesanal, afectando el medio ambiente y la salud por la contaminación que generan los chircales[18] cuando se quema el material. Los mineros consideran que “a pesar de que hay una voluntad para cumplir con los requerimientos, hace falta programas para la mejora de los procesos productivos” y aseguran que “la autoridad nunca se ha presentado en la vereda para hacer capacitaciones”. Los cierres de las minas y chircales tienen como consecuencia el deterioro de las relaciones de los mineros con las instituciones, y específicamente con la CAR departamental. Desde la Alcaldía de Ráquira, una funcionaria sostuvo que “se han realizado capacitaciones en tema de emisiones, pero la idea es que se capaciten también en formalización”.

Un caso similar ocurre en Nemocón, donde los chircales generan contaminación intensa, puesto que los hornos no cuentan con un mecanismo de eliminación de gases. Un integrante de la comunidad expresó que a pesar de que los pequeños mineros cuentan con licencias de explotación – que comparten entre varias familias-, carecen de planes de manejo ambiental debido a que “no cuentan con los recursos para tecnificar los hornos”. Según un funcionario de la Alcaldía del municipio, no hay un acompañamiento constante porque la vereda se encuentra muy lejos. Por su parte, la CAR ha desarrollado capacitaciones sobre temas de formalización, sin embargo por el cierre de algunos hornos, los habitantes perdieron el interés y decidieron no volver a asistir a las reuniones organizadas por la Corporación. En palabras de un líder comunitario: “antes recibíamos capacitaciones ambientales por parte de la CAR, pero como nos cerraron varios hornos pues muchos ya no volvieron más”.

En el municipio de Nobsa hay una oficina regional de la ANM, sin embargo, no cumple ningún rol en el acompañamiento a procesos de formalización, su función es el seguimiento y fiscalización de los títulos existentes en Boyacá y Casanare.

La respuesta institucional local especialmente desde las CAR es diversa y muy asociada a la idoneidad técnica y autonomía de éstas. Es destacable ver como a problemas similares en distintas regiones se dan respuestas distintas con diverso grado de efectividad.

 

carbonoro

12.Procesos de formalización costosos, lentos y con serias asimetrías en el acceso a la información

“Legalización sin tanto ‘perendengue’ pero con un mínimo de condiciones” (Entrevista con miembro de la comunidad de El Bagre, Antioquia).

Los costos, requisitos, y asimetrías en el acceso a la información constituyen otro gran obstáculo para una formalización exitosa, que garantice el derecho al trabajo en regiones de explotación de pequeña y mediana escala.

Para los 3 minerales, los mineros consultados señalaron obstáculos asociados a trámites que dificultan el cumplimiento de los requisitos para su formalización. En varios municipios de Antioquia, Chocó, Cauca, Nariño y Boyacá, los mineros se referían a las dificultades para obtener requisitos como el Registro Único de Comercializadores de Minerales –RUCOM-[19], los Certificados de Origen[20], el PTO[21], el PMA[22] y la Licencia Ambiental[23], entre otros[24], para poder explotar y comercializar el mineral a un precio justo, pues la ausencia de los mismos los obliga a vender al mercado negro.

Lo anterior asociado a las demoras y al no-cumplimiento de plazos por parte de las Instituciones[25] para dar respuesta a las diferentes solicitudes de los mineros. En Soacha, Cundinamarca, las dificultades se presentan debido a que no hay cumplimiento por parte de la CAR en los tiempos (90 días) para dar respuesta a la solicitud de Licencia Ambiental que permite que los mineros se formalicen. Así lo expresaron algunos mineros que participaron en un taller:

“Han pasado 4 y 8 años donde los mineros han invertido dinero para nada, no dan respuesta (…) Mientras tanto hacen operativos y cierran minas. (…) La CAR da unos términos para el PMA, se pasan los documentos, no se recibe respuesta, la explicación por parte de la CAR es que los empleados son contratistas y se les finalizó el contrato. Están acabando con los pequeños mineros”.

Casos similares ocurren en Antioquia, Cauca y Boyacá. Por ejemplo, en el municipio de Buenos Aires, Cauca la Asociación de mujeres agromineras, que reúne a 200 barequeras, lleva desde el 2013 en proceso de registro sin respuesta por parte de la ANM. En Boyacá, donde hay mineros que solicitaron una prórroga un Contrato en Virtud de Aporte, y no han recibido respuesta por parte de la ANM. El tiempo que duraría la prórroga de habérsela aprobado al momento de solicitarla ya está por vencer, por lo que aún no sabe qué va a ocurrir con su título.

En Puerto Boyacá, el Ministerio de Minas definió un área de reserva minera que sólo incluía la cabecera municipal. Los mineros realizaron una solicitud en el año 2010 de una nueva área de reserva que acogiera desde el corregimiento de Serviez hasta Hermitaño, sin embargo, no se ha dado respuesta. En el caso de Buriticá, Antioquia, existen actualmente varios procesos de formalización que se ven obstaculizados por el atraso en la entrega de PTO’s y PMA’s por parte de la empresa a mineros que firmaron subcontratos de formalización: “[La empresa] no quiere entregar los PTOs y PMAs[26] porque el Gobierno no les ha aprobado a ellos las licencias ambientales”[27]. Estas situaciones ilustran una asimetría en la obligatoriedad en el cumplimiento de plazos para los mineros, y la flexibilidad para las Instituciones.

La inequidad y asimetría en el acceso a la información como obstáculo para la formalización de los pequeños mineros, el desconocimiento de los mineros sobre los requisitos necesarios para llevar a cabo el proceso de formalización es una situación recurrente.

Por ejemplo, en el departamento de Boyacá, municipio de Sogamoso, un líder comunitario expresó: “Se han hecho tres reuniones con profesionales para dar cumplimiento al proceso minero porque no conocemos el tema”. Frente a esta situación, Corpoboyacá ha brindado algunas capacitaciones; además los mineros cuentan con una norma ambiental que les ha servido de guía, denominada “Protocolo para Fuentes Fijas”. Sin embargo, el líder comunitario argumentó que para ellos seguía siendo difícil dar cumplimiento a las normas porque no tienen un amplio conocimiento del tema: “Necesitamos un profesional que conozca el tema ambiental y nos ayude con el cumplimiento de los requisitos”. En el municipio de Andes, Suroeste antioqueño, los mineros expresaban su desconocimiento sobre la normatividad referente a la titulación, contratos y figuras de formalización y ausencia de asesoría jurídica para negociar en igualdad de condiciones.

La falta de información o conocimientos sobre los requerimientos de información, la manera de acceder a ella y la ausencia de mecanismos efectivas de atención a quejas ha llevado a muchos mineros a ser víctimas de engaños o estafas por parte de profesionales que se aprovechan de la situación, pues no hay reglas, criterios, tarifas establecidas o pólizas de cumplimiento, y generan contenidos de baja calidad a precios muy altos[28].

Esto se pudo observar en Boyacá, donde mineros que explotan carbón han contratado ingenieros o abogados para tramitar la solicitud de título, pero la solicitud es negada y el área queda libre. Posteriormente encuentran que el título fue otorgado a otra persona que resulta tener vínculos con el profesional que estaba asesorando al pequeño minero. También ocurre que los profesionales que contratan para diseñar su PTO o PMA, les cobran altas sumas de dinero que sobrepasan el costo real del estudio. En otros casos, han pagado estos servicios y los profesionales se han desaparecido con el dinero y sin entregar el producto solicitado. Esto refleja claramente la necesidad de una asesoría más cercana y eficiente por parte del Estado.

La investigación de campo indica que los costos para el mejoramiento de los proyectos mineros son muy altos, lo que dificulta que los pequeños mineros cumplan con los requisitos exigidos. En un espacio de diálogo con pequeños mineros de oro en el municipio de La Llanada, Nariño, estos expresaban que “queremos legalizarnos pero no nos alcanza”. En municipios de explotación minera de pequeña escala para la producción de ladrillos en Boyacá y Cundinamarca los mineros coinciden en que uno de los mayores obstáculos es la ausencia de recursos para la tecnificación de los hornos que les permita cumplir con la normatividad ambiental. En municipios mineros de Cauca, Nariño y Boyacá, los pequeños mineros coinciden en que afiliar a sus empleados a seguridad social es inviable económicamente. En palabras de uno de ellos en Boyacá: “el pecado más grande es ser legalizados, la plata se va en el pago de insumos, servicios, seguridad social, rete-fuente, impuestos, regalías, nos tratan como si fuéramos multinacionales”

La dificultad en acceder a servicios bancarios es otro limitante para la formalización en municipios mineros en Antioquia, Chocó, Cauca, Nariño y Boyacá, pues nadie le presta al minero”, señaló un minero en Segovia. En el municipio de Andes, los mineros identificaban la dificultad en el acceso a créditos por el desconocimiento por parte de entidades bancarias sobre la actividad minera, así como por la incertidumbre propia de la actividad. Esto lleva a los pequeños y medianos mineros a buscar préstamos informales y dificulta sus posibilidades de realizar la actividad bajo un criterio empresarial. Al respecto, Fedesarrollo señala que,

“Sin diferencias por región, en la mayoría de los casos, la financiación se logra a través del comercializador y/o de los propios ingresos de la actividad; y no ven a la entidad bancaria como una alternativa, sino por el contrario una institución desconocedora de las características específicas del sector minero. (…) Los bancos NO existen para este grupo, dadas las exigencias y respaldos que solicitan, que generalmente son de propiedades, finca raíz o vehículos” (Fedesarrollo, 2011).

Para un pequeño emprendimiento minero que está invirtiendo con altos niveles de riesgo, los costos de formalización son una carga que de manera general se ve onerosa. Las problemáticas que viven los pequeños mineros y sus relatos evidencian que la política actual de formalización se puede estar convirtiendo en un incentivo contrario a su objetivo, es decir, más informalidad, o como lo relata un funcionario de la Alcaldía de Puerto Boyacá, Boyacá, “son tantos trámites que es más barato pagar multas que pagar los trámites, entonces se abren espacios para la informalidad” y la ilegalidad

 

oro

13.Contradicciones en el ordenamiento territorial que obstaculizan la posibilidad de formalización

Existen contradicciones con el ordenamiento territorial que plantean una serie de restricciones para los procesos de formalización de pequeños y medianos mineros.

Para el caso de minería de oro, casos como los de Andes, Buriticá en Antioquia, y Ayapel en Córdoba, donde el Plan de Ordenamiento Territorial –POT-/Esquema de Ordenamiento Territorial –EOT- no contempla “zonas industriales”, y por lo tanto excluye la construcción y/o formalización de plantas de beneficio. En el caso de Nariño, más de la mitad de su territorio hace parte de una zona de reserva forestal (Ley 2da), a pesar de que en la práctica, gran parte de esta zona ha sido históricamente intervenida por la población para agricultura, ganadería y minería. Los procesos de formalización en municipios de tradición minera de la zona andina tales como La Llanada, Los Andes-Sotomayor, Cumbitarra, Guachavés y Samaniego se ven obstaculizados por complicaciones asociadas a la ausencia de sustracción de zona de reserva para poder llevar a cabo la actividad minera de manera formal.

Por su parte, asociaciones de mineros en Antioquia y comunidades étnicas mineras en Cauca, Chocó y Nariño consideran fundamental poder participar y estar incluidos en el ordenamiento del territorio y han buscado alternativas como la creación de zonas de reserva especial minera, que logre equilibrar la formalización con el ordenamiento del territorio. De acuerdo con varios representantes de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, esto implica construir la posibilidad real de legalización -no de formalización a través de una empresa- para las comunidades a través de una política minera diferencial.

En Boyacá, una de las principales dificultades para la formalización ha sido la lenta delimitación de páramos, pues ésta se superpone con zonas que tradicionalmente han sido explotadas. Según actores institucionales del departamento y pequeños mineros, hay áreas que están por encima de los 3.000 msnm y no cuentan con ecosistema de páramo, y otras que están por debajo y si tienen este ecosistema. Dan como ejemplo el municipio de Jericó, en Boyacá, que está sobre los 3.000 msnm. Si se sigue la norma, en este municipio no podría haber actividades agrícolas, ganaderas, etc., y de hecho el municipio en su conjunto quedaría en área restringida. Actualmente se está adelantando desde la gobernación de Boyacá, una caracterización social, ambiental y económica para proponer una delimitación que corresponda con las características regionales pues una cota nacional no refleja la realidad de los ecosistemas presentes en cada región.

 

carbonmaterialescoro

14.Inequidad en los mecanismos dispuestos para la formalización

La percepción general en municipios con explotaciones mineras de pequeña y mediana escala en áreas tituladas por grandes empresas es de inequidad respecto a los términos y condiciones en los subcontratos de formalización minera con las empresas titulares. En este sentido, pequeños y medianos mineros en Antioquia, Chocó, Cauca, Nariño y Boyacá consideran que existen profundas asimetrías en el modelo de participación y distribución de la renta del sector.

En particular, en municipios mineros de Antioquia y Cauca, los pequeños y medianos mineros se quejan de que a través de los subcontratos de formalización, las empresas “pagan a destajo”, es decir por porcentaje de producción, sin que puedan predecir sus beneficios. Además, las áreas disponibles para operación son muy restringidas (En Segovia se habla de 6 has. por subcontrato). También consideran que los plazos son reducidos, lo que limita recuperar la inversión. Explican además que a través de la figura, los mineros informales pueden terminar contribuyendo a labores de exploración para empresas titulares sin ninguna garantía de permanencia pues la renovación no es obligatoria: “nos van a utilizar para que exploremos para las multinacionales” (Entrevista con pequeño minero en la vereda de La Toma, Suárez, Cauca).

En el Bajo Cauca, los mineros explicaban que el cambio de condiciones –con la introducción de la figura de subcontratos de formalización-, sumado al aumento de requisitos para la formalización constituye un gran obstáculo para su derecho al trabajo. En otra región ( departamento del Cauca) señalaban “La política actual no ofrece verdaderas alternativas de formalización para el pequeño minero (artesanal y con pequeña maquinaria). La única opción de legalización es algo así como un contrato de arrendamiento” (Entrevista con un funcionario de la Alcaldía de Santander de Quilichao). Según las empresas mineras en el Cauca, el subcontrato de formalización establece un nivel de autonomía para cada empresa formalizada partiendo del acompañamiento de las instituciones pública del sector minero-energético, encargadas de avalar, acompañar y fiscalizar las labores desarrolladas en las áreas asignadas. El titular parte de la voluntad de ceder áreas para la formalización, aclarando que la política y legislación creada para tal fin  es competencia directa del Estado en la implementación y éxito de este programa.

Los pequeños mineros en trance de formalización manifiestan las demoras por parte de algunas instituciones relacionadas con la formalización. En Sogamoso, hay una cooperativa de pequeños mineros que quiere ser dueña del título donde explotan a través de un subcontrato. A la fecha no han podido realizar la solicitud pese al que título original ya está vencido porque aún no hay un acto administrativo que de por terminado el contrato inicial y libere el área. El panorama se complica aún más pues temen que este acto administrativo no ocurra pronto debido a que el titular no está al día con los requerimientos de ley (actualización del PTO y pago de pólizas), y este es un requisito indispensable para cerrar el contrato.

En Samacá, Boyacá, hay un título de una empresa que actualmente no lo está explotando, varios mineros lo están haciendo de hecho. Sin embargo, la empresa no procede a apoyar los procesos de formalización minera de estos pequeños productores, o como expresa un minero, “Ni rajan ni prestan el hacha. Solo hacen estorbo. Todo está en ruinas pero ni venden, ni prestan, ni alquilan ni nada.”

En el diálogo con pequeños mineros informales y dos representantes de empresas titulares en el municipio de Andes se evidenció la problemática entre pequeños productores y empresas titulares. Los representantes de empresas ofrecían a los mineros dos caminos distintos para su formalización: por un lado, el subcontrato de formalización y por otro el contrato de operación. Este ejercicio permitió contextualizar el debate sobre estas dos figuras de formalización para la minería informal en áreas tituladas[29], y da cuenta de cómo los caminos para entrar a la legalidad son limitados por la inexistencia de áreas libres, así los titulares no estén llevando a cabo una explotación que se requiera.

De acuerdo con un experto en minería en Antioquia, en el marco de la Ley 1382 de 2010, a partir de una solicitud de legalización, los mineros informales podían operar hasta que les definieran su situación. Durante este proceso, tenían que demostrar que llevaban mínimo 10 años en el territorio, así como presentar un PTO y un PMA. Mientras tanto, el oro lo seguían vendiendo de forma ilegal. El Gobierno se demoró 4 años en dar razón sobre la disponibilidad de las áreas (previamente tituladas o de reserva) y al final, de 150 minas que presentaron solicitud en el Nordeste Antioqueño y Bajo Cauca, sólo 16 se encontraban en áreas libres (muchas solicitudes se encontraban bajo títulos de Mineros S.A o en áreas de reserva forestal). Este proceso fallido creó expectativas en mineros informales que aún no se resuelven.

La Ley 1382 se derogó por falta de consulta previa en el 2013 (siguió siendo vigente para solicitudes ya presentadas, no para nuevas solicitudes), y se retornó al marco establecido por la Ley 685 de 2001, donde los mineros informales sólo podían operar a través de la figura de contratos de concesión. Sin embargo, esta figura “no le gustaba a empresas porque debían asumir los pasivos ambientales y la seguridad social de los mineros”, entonces se buscaron nuevas alternativas.

Surge entonces la figura de subcontratos de formalización en la Ley 1658 de 2013 (Ley del Mercurio). En un principio, esta figura queda estipulada como un contrato entre privados, entonces el Gobierno interviene agregándole la condición de presentar el PTO y el PMA, “que en la práctica, crea demoras en el proceso”.

 

Tabla 3 Características principales del subcontrato de formalización y del contrato de operación

Característica

Subcontrato de formalización

Contrato de operación

Responsabilidad sobre pasivos ambientales

Operador

Titular

Afiliación a seguridad social y condiciones de seguridad industrial

Operador, como independiente

Titular

Responsabilidad de PTO y PMA

Operador

Titular

Duración

4 años, a veces más

Indefinido (se negocia entre privados)

Etapa donde opera

Exploración y Explotación

Explotación

Obstáculos principales

-   Demoras en trámites por parte de Instituciones (para el caso antioqueño, por parte de la Gobernación)

-   Ausencia de oficinas y personal en campo de CAR y autoridad minera competente.

Fuente: Elaboración propia con base en hallazgos en campo

 

carbonmaterialescoro

15.      Debilidad en la oferta institucional para garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades

La garantía del derecho al trabajo en el sector minero está también asociada a la posibilidad de realizar una actividad competitiva que les permita a los pequeños y medianos mineros acceder al mercado con condiciones justas. Esto implica tener en cuenta las condiciones de comercialización de los distintos minerales.

La normatividad que regula la comercialización de minerales en el país se centra en:

  • El Artículo 112 de la Ley 1450 – Plan Nacional de Desarrollo- ordena implementar las “medidas de control a la comercialización de minerales”.
  • El Artículo 112 queda reglamentado en el Decreto 2637 del 17 de diciembre de 2012.
  • El Decreto 0705 del 12 de abril de 2013 modifica el plazo para que los interesados cumplan con los requisitos hasta el 12 de enero de 2014
  • El Decreto 0276 de 2015 de la ANM, “por el cual se adoptan medidas relacionadas con el Registro Único de comercializadores – RUCOM-“

En minería de oro:

Para el caso específico de la comercialización de oro, el Banco de la República era la única entidad autorizada para comprarlo hasta 1992. Con la Resolución 54 de 1992 del Banco de la República -en conformidad con el artículo 13 de la Ley 9 de 1991 que establece que el mercado de oro en Colombia es libre-, este dejó de ser el único comprador de oro y pasó a ser en un agente más dentro del mercado. A partir de este momento, la venta de oro se ha desregulado y “no ha logrado encontrar un proveedor ideal que le garantice calidad, precio, origen ‘sin sangre’ y pago de regalías” (Eslava, A., Silva, S., Tobón, A. y Vélez, S., 2014, p. 131)

Actualmente, gran parte de la producción de la pequeña y mediana minería se encuentra determinada por reglas informales y prácticas tradicionales en las regiones mineras, paralelas al control estatal. Existen diversos conflictos en las zonas de explotación minera asociados a toda la cadena de valor. Específicamente, la regulación de la comercialización y exportación de oro tiene graves vacíos relacionados con la dificultad de la trazabilidad.

Gran parte del oro producido en el país se vende a comercializadoras que tienen agencias de compra en municipios mineros, o se abastecen de la red de comerciantes intermediarios. Estos actores se encargan de la intermediación entre los pequeños y medianos mineros y el mercado de oro nacional e internacional (Eslava, A., Silva, S., Tobón, A. y Vélez, S., 2014).

Sin embargo, la evasión y el desvío de recursos de regalías, la comercialización ilegal de oro, el contrabando, el lavado de activos y el fraude tributario son algunas de las problemáticas asociadas a la comercialización de oro[30]. Según cifras de la ANM, sólo el 17% del oro y la plata que se extrae en el país proviene de un proyecto minero con un título formal, el 83% restante proviene de explotaciones informales e ilegales (El Tiempo, 2015).

En zonas especiales de orden público, estas prácticas están asociadas a la participación de grupos armados legales e ilegales en varias etapas de la cadena de valor. Según cifras de la Unidad Nacional de Intervención Contra la Minería Criminal, hay 291 municipios en los que se ha identificado la presencia de minería ilegal influenciada por grupos armados al margen de la ley (Portafolio, 2015). Estas dinámicas dificultan la formalización de la comercialización de pequeños y medianos mineros, pues son estigmatizados a través del discurso de la “minería criminal”.

El Gobierno ha adelantado políticas para la regulación y control de la comercialización de oro. Específicamente, la creación del Registro Único de Comercialización de Minerales –RUCOM- por parte de la Agencia Nacional de Minería –ANM- respondía a la necesidad de promover la transparencia en términos de procedencia y trazabilidad del mineral que se vende en el mercado interno y para exportación[31].

Sin embargo, a pesar de la creación del RUCOM, la realidad en los territorios mineros es que el cierre de compras de oro informales ha sido la única política que obliga a cumplir la ley. De acuerdo con las entrevistas , el énfasis del Gobierno ha sido el castigo a productores y la ausencia de controles en los demás eslabones de la cadena de valor. Este enfoque puede estar induciendo mayor opacidad en la comercialización del oro: “El enfoque actual está fortaleciendo el comercio de contrabando de minerales, es decir, están creando ilegalidad al intentar erradicarla” (Entrevista con un comercializador de oro en El Bagre, Antioquia).

Específicamente en lo asociado a la exportación, un comercializador de oro de El Bagre explicaba los requisitos que debe cumplir:

  • Certificación de origen
  • Comprobante de pago de regalías
  • Listado de barequeros
  • Factura de compra de oro
  • Trazabilidad

Para garantizar la trazabilidad, el comercializador consultado utiliza un software donde registra todos sus movimientos. Sin embargo, explica que la trazabilidad no es rentable para las compras de oro: con trazabilidad, un comercializador gana aprox. $100,000,000 al mes por 150kg, mientras que sin trazabilidad la ganancia es de $500,000,000 por la misma cantidad, pues “no se reporta nada, no se paga 4x1000 y no se pagan regalías”.

En cuanto a la fiscalización, el comerciante de El Bagre explicaba que “el problema de la producción se trasladó a la comercialización. Por ejemplo, un entable con 10 trabajadores le saca a cada uno un Certificado de Origen para poder vender el oro como si fueran barequeros”. Otra práctica común es la suplantación de identidad de barequeros para vender el oro, pues estos últimos lo pueden hacer de forma legal. Sin embargo, explica que esto va a constituir un problema muy grave para los barequeros en el futuro cuando comience el proceso de fiscalización y “la DIAN le caiga a los barequeros cuando revise las cantidades de oro que registran y van a perder los beneficios del régimen de subsidiados”.

Pequeños y medianos mineros consultados en varios municipios de Antioquia, Nariño, Cauca, Chocó, explicaban que como no pueden vender el oro de forma legal por la cantidad de trámites y requisitos asociados a la formalización, comercialización y bancarización[32], deben recurrir al mercado negro donde reciben mucho menos[33] y no se reporta el pago de regalías[34]. Lo anterior asociado a que el Decreto 0276 de 2015 de la ANM establece que sólo pueden comerciar oro 6 tipos de personas:

  1. Titular
  2. Contrato de operación
  3. Minería de hecho en área de reserva especial
  4. Población afro/indígena
  5. Barequero
  6. Chatarrero

 

Las comunidades en zonas mineras consideran que la normatividad deja por fuera al pequeño y mediano minero, que produce el 98% del total de oro producido en el país (Censo Minero, 2012).

Además, los trámites y vías para llevarlos a cabo, dificultan el proceso llevando a que “nos toque venderlo [el oro] a cualquier precio”, como señalaron representantes de un consejo comunitario en el norte del Cauca. Una representante de la UMATA en Condoto describe esta problemática: “¿qué ha pasado con el proceso de certificación del barequeo del municipio de las áreas mineras? En el caso del Condoto ese es un trámite que precisa del RUCOM y un certificado que consta un rápido y fácil trámite vía internet, el problema es que la página, a cargo de la ANM, está siempre colapsada. Eso obliga a que los barequeros no certificados tengan que mal vender su producción en el mercado negro”.

El oro de todas maneras se vende y en las circunstancias descritas genera un margen para el intermediario ilegal con frecuencia asociado a crimen organizado, bandas u organizaciones armadas que encuentran en este oro oportunidades para el lavado de activos y utilidades originadas en la posición dominante que ejercen como compradores.

 

En minería de materiales de construcción:

materialesc

16. Acceso desigual a técnicas y tecnologías para el mejoramiento de la productividad

Las dinámicas asociadas al acceso al mercado suponen otros retos para el sector de Materiales de Construcción. Este sector se ha constituido como una industria cercana a los centros de consumo, como lo explicaron asociaciones empresariales; es una industria que no está propiamente en los entornos urbanos, suburbanos o periurbanos, pero sí muy cerca a los centros de consumo que son en su mayoría las grandes ciudades.

Particularmente, en el departamento de Cundinamarca los mercados giran en torno a Bogotá y, en el caso de Boyacá, alrededor de las operaciones de las cementeras ubicadas en municipios industrializados relativamente grandes, como Tunja y Sogamoso.

En el caso particular de Sogamoso, existen pequeñas, medianas y grandes empresas que se dedican a la producción de ladrillo para la construcción. A raíz de un proyecto realizado por Corpoboyacá, grandes y pequeñas empresas que comparten una misma área, decidieron tecnificar sus hornos con el fin de aumentar la calidad de la producción, y disminuir los impactos ambientales.

Las grandes empresas cambiaron sus hornos a Holman y Colmena, mientras que los medianos y pequeños mineros realizaron hornos con ducto de chimenea que implicaban una menor inversión. Esta diferenciación de los hornos hizo que la relación entre grandes y pequeños productores se deteriorara, ya que los grandes productores esperaban que todos los mineros realizaran la misma inversión. Así lo manifestó un líder de una Junta de Acción Comunal: “Los grandes productores esperaban que los otros también cambiaran sus hornos a hornos grandes y más tecnificados, pero yo les hago ver que se trata de que todos podamos subsistir […]. A los grandes les convenía que los pequeños desaparecieran.”

Debido a esta situación, se han generado tensiones en el proceso de comercialización del material que inciden en el derecho a tener igualdad de oportunidades laborales. Pequeños y medianos mineros se han visto afectados por factores como calidad, cantidad y precio del material, debido a que la tecnificación de grandes productores les permite obtener más material de mejor calidad en relación a la que obtienen los pequeños y medianos mineros. Por esta razón, se ha generado, en palabras de un líder comunitario, “una competencia desleal en la venta del material”.

En relación a la comercialización del material, una empresa que participa en la compra de arenas y gravas para la construcción, expresó que antes de iniciar el proceso de compra del material, verifica que las pequeñas o medianas empresas mineras cuenten con los siguientes requerimientos:

  • Plan de trabajo y obras
  • Licencia ambiental
  • Título minero
  • RUCOM

No obstante, miembros de la empresa manifestaron que el hecho de que el productor no cumpla con los requisitos que le exige la ley, no constituye una razón de peso para dejar de comprar el material, debido a que la oferta de materiales no es ilimitada y en estos casos priman variables de calidad y costos: “No es fácil conseguir muchos productores cercanos a las zonas en las que se va a construir […] Por lo general, se escoge el productor más cercano a los proyectos de construcción, debido a que el transporte del material es muy costoso”.

Precisamente, el transporte de los materiales para la construcción es uno de los aspectos más relevantes asociado a su comercialización, debido a los elevados precios que involucra trasladar el material de un lugar a otro. Un informe ejecutivo de la UPME sobre Materiales de Construcción (2014), establece que el transporte adquiere una alta participación en la estructura de costos finales de los materiales, tanto en su comercialización como en la cadena de distribución, puesto que el distanciamiento de la oferta de los materiales de construcción determina el precio final de venta del producto. En el informe se asevera que

“la participación del transporte dentro de esta industria de los materiales de construcción y arcillas, puede llegar a representar hasta el 70% del valor final del producto, generando un alto impacto económico en el precio de venta, la rentabilidad de la operación minera y el cumplimiento de las condiciones pactadas en tiempo, cantidad y calidad a los clientes, lo cual, incide en su satisfacción” ( Unidad de Planeación Minero Energética, 2014).

En minería de carbón:

En el departamento de Boyacá se produce carbón térmico y carbón metalúrgico, “la producción de carbón metalúrgico representa cerca del 58% de la producción total; el térmico pesa 42%” (Fedesarrollo, 2011). Este último tiene como fin el consumo interno y se utiliza para la generación de energía, principalmente en el sector industrial. El carbón metalúrgico se destina para la producción de coque con fines de exportación, aunque también se utiliza a nivel interno para la fabricación de acero, entre otros (Unidad de Planeación Minero Energética, 2012). Estos usos hacen que los principales consumidores de carbón en el departamento sean empresas siderúrgicas, termoeléctricas y cementeras.

Los retos para la comercialización del carbón en el departamento se asocian principalmente al transporte del mineral y al rol de comercializadores o intermediarios.

 

carbon

17. Deficiencias en la infraestructura y vías para el transporte del mineral

Tal y como ocurre con el transporte de materiales de construcción, los costos y tiempos que se deben invertir en este aspecto son determinantes en las ganancias de la producción de carbón para los pequeños y medianos productores. Según Fedesarrollo, la infraestructura de transporte que enfrenta la actividad es deficiente e incrementa los costos del mismo. Fedesarrollo señala que, “de acuerdo con el Censo Minero de Ingeominas, en Norte de Santander el 79% de la infraestructura vial con la que cuenta la minería es trocha, mientras que para Boyacá y Cundinamarca representa el 77% y 49%, respectivamente” (Fedesarrollo, 2011). Esto coincide con lo expresado por un representante de una asociación de mineros al norte de Boyacá, quien dice que hace falta mejoramiento de vías y que los costos de transporte hacen que la explotación no sea rentable.

Algunos mineros cuentan con sus propias volquetas y llevan el mineral directamente a los centros de acopio o a las empresas, en otros casos deben contratar un transporte para que lo distribuya. Los mineros deben asumir el costo del transporte e incluirlo en el precio de venta del carbón. En otros casos, el carbón es recogido por los compradores directamente en boca de mina cubriendo ellos los gastos de transporte y comprando a menor precio.

Un productor del municipio de Sogamoso hacía los siguientes cálculos: el precio por tonelada es de $96.000, lo que deja una ganancia neta entre los $5.000 y los $7.000 tras la deducción de gastos de transporte y producción. Así mismo, pequeños mineros de la zona de Gámeza, señalan verse afectados económicamente porque, el pago de impuestos se calcula con base en el precio final del carbón y no en el precio en boca de mina. Sin embargo, para este cálculo no se tiene en cuenta el pago del impuesto del transporte: “nos cobran doble impuesto, el del transporte que ya se pagó, y el del carbón”, lo que hace que sus ganancias disminuyan.

Los altos costos del transporte inciden en el “aprovechamiento del potencial exportador. La falta de infraestructura de transporte impidió que Colombia se beneficiara más del auge del carbón” (Fedesarrollo, 2011). Una iniciativa que se ha planteado desde hace varios años pero que no se ha llevado a cabo, y cuyo futuro aún es incierto, es la construcción del Ferrocarril del Carare que permitiría transportar el carbón del interior del país hacia los puertos de embarque para su exportación. Al respecto, la ANM señaló, en Mayo del presente año, que se está trabajando para “visibilizar en términos de mercado la oferta de carbón del interior del país, sobre la base de una infraestructura y logística adecuada, que permita a estos pequeños productores mejorar sus condiciones de competitividad. (…) Es vital para el logro de este fin, la construcción de vías terciarias al interior del país, o del Ferrocarril del Carare” (Agencia Nacional de Minería, 2015).

Los costos de transporte afectan de manera desigual a los grandes productores, a cementeras y acerías en Boyacá, creando para los pequeños una externalidad pues los grandes de todas maneras usan la vía con tracto mulas de mayor eficiencia y también mayor impacto en las condiciones de la vía.

 

carbon

18. Participación desregulada de intermediarios en los procesos de comercialización del mineral

El segundo reto en términos de comercialización se relaciona con el rol de los intermediarios en la venta del carbón. Este rol varía según las características de la producción, es decir, varía si se trata de minería artesanal, pequeña minería o de mediana minería. Dentro de la minería artesanal y la pequeña minería hay una gran cantidad de mineros que opera de manera informal. Al no cumplir con los requisitos técnicos y ambientales, los mineros no pueden vender de manera directa a empresas que exigen el cumplimiento normativo. Esto es aprovechado por los intermediarios que no hacen exigencias al productor y que son quienes más se benefician de la comercialización del mineral, “pues el precio de compra al productor es mucho menor que el precio de venta” como lo afirmó un funcionario público del departamento.

De acuerdo con una organización internacional con presencia en el departamento, los comercializadores pueden ser centros de acopio que compran el carbón a mineros que cuentan con título y a otros que no lo tienen. Las empresas compradoras, por su parte, exigen el cumplimiento de requisitos de ley a los centros de acopio, más no a los productores. Esta situación implica que los contratos entre productores y comercializadores sean de carácter informal y carezcan de garantías para unos y otros. Es decir que se genera una competencia desleal entre productores pues no hay precios fijos ni exclusividad en la compra. Cuando se trata de asociaciones o cooperativas, la comercialización directa es más viable, dando mayor estabilidad a los productores.

Algunas empresas compran carbón térmico directamente a los productores, como una estrategia para fortalecer a los pequeños y medianos mineros y que se conviertan en empresarios, sin embargo, la demanda de la empresa es muy alta y algunos mineros no tienen cómo responder.

Durante un conversatorio con pequeños mineros del departamento, algunos pusieron de manifiesto una problemática que se ha venido presentando con la empresa. Según relataron varios de ellos, la empresa se ha negado a cancelar el valor de la compra, aduciendo mala calidad del mineral. Los productores solicitan que se les devuelva el producto o que se realice una contra-muestra para verificar su calidad, pues pertenece a las mismas minas de las que han extraído el carbón en las ventas anteriores. Los términos del contrato impiden la devolución del mineral y la empresa permite la contra-muestra pero en laboratorios seleccionados por esta última. La situación está afectando a varios mineros y representa una gran suma de dinero (alrededor de 400 millones de pesos en total).

El caso anteriormente mencionado, es ilustrativo con respecto a las dificultades que encuentran los pequeños mineros para la comercialización del mineral, pero también, frente a los procesos de formalización, donde el acompañamiento del Estado es fundamental.

Los medianos productores, según la caracterización realizada por Fedesarrollo, “compran a otros productores, tienen centros de acopio y añaden valor al separar y preparar mezclas adaptadas a las características de los consumidores con control de calidad. Sus clientes son usualmente grandes consumidores y en ocasiones exportan directamente” (Fedesarrollo, 2011). Sin embargo, teniendo en cuenta los parámetros utilizados en el censo minero, las diferencias entre pequeña y mediana minería pueden ser mínimas según la UPME, por lo que las dinámicas asociadas a la comercialización del mineral, pueden no diferir mucho entre un productor de pequeña escala y uno de mediana[35].

Con respecto a la exportación del mineral, tres actores diferentes hicieron referencia a un caso que afectó la imagen del carbón de Boyacá a nivel internacional. Con la caída del precio del carbón desde el 2012, se generaron trampas por parte de algunas empresas que exportaron carbón de mala calidad, mezclándolo con carbón de mala calidad. Un buque que transportaba el carbón de una de estas empresas fue inspeccionado en altamar por los compradores que encontraron el carbón mezclado. Este carbón fue devuelto y otro buque de la misma empresa que estaba a punto de salir también fue detenido. Esta situación hizo que la empresa quebrara y a que se impusiera un veto al carbón de Boyacá. “Le pusieron un sello que decía, carbón Boyacá de mala calidad

Algunas acciones y alternativas:

  • Cooperativas de mineros en municipios de tradición minera de la zona andina de Nariño tales como Los Andes-Sotomayor y La Llanada plantean la importancia de que las cooperativas tengan su propia comercializadora de oro legal en el municipio. Específicamente en La Llanada, la Alianza para la Minería Responsable –ARM (por sus siglas en inglés)[36]- ha apoyado a la cooperativa de mineros en la certificación de Minería Justa Fairmined, para exportar oro a través del refinador francés S&P Trading al reconocido fabricante suizo de relojes y joyería Chopard.
  • Por su parte, pequeños y medianos mineros en un diálogo sostenido en Segovia, Antioquia, proponen alternativas tales como la creación de tarifas razonables que garanticen el precio justo a través de intervención estatal, así como la reactivación del papel del Banco de la República como único autorizado para comercializar con oro, pues esto aseguraría la estabilidad para comerciar. Asimismo, mencionaban la necesidad de asesorías y apoyo en la obtención del RUCOM. Por su parte, varios representantes de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca insisten en la importancia de la adopción de un enfoque diferencial para minería, es decir, que conceptos tales como “minería legal” e “ilegal” y las políticas para abordarlas se construyan desde las comunidades, bajo la comprensión de que la minería es una alternativa de entrada al mercado e inclusión de las comunidades.

El tercer componente del Trabajo Decente, promover el diálogo social, hace referencia a que la “participación de organizaciones de trabajadores y de empleadores, sólidas e independientes, es fundamental para elevar la productividad, evitar los conflictos en el trabajo, así como para crear sociedades cohesionadas” (OIT - El programa de Trabajo Decente). En este sentido, promover el diálogo social “es una manifestación de la democracia que se expande hasta el ámbito del trabajo” (Procuraduría General de la Nación, 2011, p. 27).

Lo anterior implica que los actores con intereses en los asuntos del trabajo tengan libertad de opinión y participación para la toma de decisiones que les conciernen, ya sea sobre temas específicos de la relación con empleadores, o de lo relativo a políticas laborales, económicas y sociales que determinan las condiciones de empleo (Ghai, 2006)

En este sentido, el componente de diálogo social aplicado al contexto laboral de la minería en Colombia está directamente relacionado con la libertad de asociación y negociación colectiva; los niveles de participación en la toma de decisiones en el lugar de trabajo.

Asociaciones y cooperativas de pequeños y medianos mineros

En Colombia uno de los caminos para la formalización y el fortalecimiento técnico de la pequeña minería es la asociación. La Política Nacional para la Formalización de la Minería en Colombia (2014), resalta el fortalecimiento asociativo y empresarial como una de las líneas del Programa de Formalización Minera. Este Programa busca orientar en alternativas de conformación, seguimiento, financiamiento y bancarización para la conformación de empresas asociativas y empresas de pequeña escala (Ministerio de Minas y Energía, 2014b).

Sin embargo, a pesar de la existencia de estos programas, la información cualitativa recopilada da cuenta de diversas limitaciones y afectaciones que impiden que pequeños mineros puedan asociarse. Estas dificultades obedecen principalmente a factores como el desconocimiento de la normatividad relativa a sus derechos; la falta de información sobre procesos y beneficios de la asociatividad y los esquemas cooperativos; ausencia de acompañamiento institucional y de recursos; desincentivos generados por prácticas empresariales; y las dinámicas de victimización y amenazas a la integridad[37]. A continuación se desarrollan varias situaciones que ilustran estas problemáticas.

 

oromaterialesc

19. Insuficiente acompañamiento estatal para las asociaciones de pequeños y medianos mineros.

En municipios de Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Cauca y Nariño, la falta de acompañamiento institucional, sumado al desconocimiento y la falta de información para el desarrollo de medidas productivas ha generado limitaciones frente al grado de autonomía y empoderamiento de las asociaciones y frente a las posibles iniciativas para el mejoramiento de las condiciones de la actividad minera.

En el municipio de Nemocón, Cundinamarca pequeños mineros se dedican a la producción de minería de arcilla con títulos que comparten entre varias familias. En la vereda existen dos asociaciones. Según un líder comunitario de la vereda, las asociaciones han incentivado el desarrollo de proyectos de restauración y, especialmente, buscan reducir el número de hornos para disminuir el deterioro ambiental y aumentar la tecnificación. No obstante, tal y como lo manifestó el líder, a pesar de la existencia de estas asociaciones y su voluntad por disminuir el impacto ambiental, no hay un compromiso real por parte de las instituciones del gobierno para apoyar a las asociaciones en cuanto a información y recursos. Un representante de una de estas asociaciones manifestaba:

“Queremos hacer mucho pero no conocemos cómo, a nosotros nos toca someternos a lo que digan las instituciones nacionales. […] queremos que nos tengan en cuenta nuestra intención de cooperar, que nos den capacitaciones y que nos den un tiempo […] Nadie nos ha asesorado, el gobierno no se da, no quieren negociar y no brindan apoyo”.

En el municipio de Ubaté se realizó un diálogo con miembros de la comunidad, quienes aseguraron que allí la minería para la producción de ladrillo constituye la única fuente de empleo y subsistencia. La producción del material se desarrolla de manera tradicional por parte de mineros informales. Esta actividad ha generado impactos en el medio ambiente y la salud, especialmente en lo que respecta a las fuentes hídricas, el impacto de las cenizas en el suelo y enfermedades pulmonares. Tales afectaciones han hecho que la Corporación Ambiental realice algunos cierres de mina por el incumplimiento de las normas ambientales. Los mineros establecieron que para poder cumplir con dichas normas era necesario asociarse para, entre todos, tecnificar algunos hornos y mitigar los impactos ambientales: “falta un acuerdo asociativo para tener mejores hornos”; sin embargo, “los estándares del medio ambiente que fija el gobierno son muy altos […] no podemos tecnificar todos los hornos porque es muy costoso, ojalá pudiéramos asociarnos pero no tenemos ningún apoyo del gobierno”.

Esta situación da cuenta de la afectación al disfrute del derecho en tanto limita las posibilidades de pequeños mineros para asociarse por los altos costos que implicaría una tecnificación de hornos necesaria para la mitigación de los impactos ambientales y por la falta de acompañamiento y apoyo por parte del gobierno.

En ocasiones las instituciones públicas solicitan procesos y trámites dispendiosos que afectan o limitan el disfrute del derecho a la libre asociación. Este es el caso del municipio de Puerto Boyacá, en Boyacá, donde los pequeños mineros conformaron una asociación debido a que ésta era la figura que se solicitaba por las instituciones públicas para la comercialización del material. La asociación que se conformó consta de cuatro pequeños mineros, que realizan explotaciones de grava y arena de río sobre una misma área. Sin embargo, a pesar de tener esta asociación conformada, los trámites para el cumplimiento de los requisitos normativos siguen siendo dispendiosos. Miembros de la asociación afirman que “los procesos con el Ministerio son demorados”.

En municipios mineros en Nariño tales como La Llanada y Los Andes-Sotomayor existen cooperativas de mineros que han avanzado en procesos ejemplares de asociatividad, participación en el modelo de desarrollo local, prácticas sostenibles y responsables y formalización. Sin embargo, en diálogos con algunos de estos mineros, estos manifiestan que el Estado, a través de trámites y procesos contradictorios, pareciera querer acabar con los esquemas cooperativos. En este sentido, explican que en la región los mineros trabajan por frentes en distintas minas dentro de un mismo título que está a nombre de la Cooperativa. El problema surge cuando, por ejemplo, quieren afiliar a sus empleados a seguridad social, pero no pueden hacerlo porque tendría que ser la Cooperativa, como titular, la que realice los trámites. Es decir, la ley va en contravía a la estructura organizativa propia de la actividad minera de la región, restringiendo la posibilidad de mejorar las condiciones laborales de sus empleados de las minas, incluso aunque trabajan bajo el amparo de un título legal.

Con respecto a la explotación de carbón en el departamento de Boyacá son diversas las asociaciones y cooperativas de mineros que existen. El número y tamaño de los asociados y sus UPM varía según la organización. Algunas de ellas, como en el caso de Samacá, cuentan con socios que son pequeños mineros y otros que son tanto productores de carbón, como también compradores, que a su vez, son quienes adelantan el proceso de coquización para posteriormente comercializarlo. Desde la cooperativa se hacen procesos de acompañamiento, gestión y seguimiento a cada una de las minas y en caso de encontrar fallas en algunas se toman decisiones desde el consejo directivo. También existen asociaciones que realizan acompañamiento ambiental para ayudar a los productores a cumplir con los requerimientos de ley en esta materia.

Dentro de las principales dificultades que enfrentan las cooperativas y asociaciones en Boyacá, está la caída del precio del carbón. Esto ha hecho que algunas de las minas que forman parte de los títulos tengan la operación detenida. Sin embargo, entre los asociados realizan el mantenimiento de estas minas para evitar accidentes por acumulación de gases.

Al interior de estas formas organizativas se presentan dificultades y conflictos debido a la prelación de intereses individuales sobre los colectivos, o al incumplimiento de acuerdos por alguno de sus integrantes. Estos conflictos pueden llevar a la disolución de las asociaciones, sin embargo, tener un contrato con el Estado (título minero), los obliga a permanecer asociados para continuar con la explotación. Este es el caso de una asociación de mineros en Sogamoso Boyacá donde durante la fiscalización han surgido algunos requerimientos por parte de las autoridades competentes, para el mejoramiento de las minas. Algunos de los mineros no quieren hacer las adecuaciones solicitadas en su mina, afectando al conjunto de los mineros pues la sanción recae sobre el título completo.

Finalmente, asociaciones de pequeños y medianos mineros en zonas especiales de orden público denuncian la incapacidad del Estado para garantizar el derecho a la vida y la integridad de las personas. En esas zonas, son comunes los asesinatos, extorsiones y amenazas a miembros de asociaciones y cooperativas (Ver capítulo de derecho a la vida, libertad y seguridad y capítulo de derecho a la asociación y participación en la vida pública).

Los homicidios de líderes comunitarios opuestos a la minería criminal son una evidencia de la fuerza y determinación del crimen organizado para moverse a nuevas zonas y hacer de la minería una fuente de recursos.

Acciones desarrolladas que facilitan el disfrute del derecho a la libre asociación

En municipios de Boyacá, Cundinamarca, Antioquia y Nariño se han conformado diversas asociaciones de pequeños y medianos mineros que han facilitado procesos de formalización, restauración, mitigación de impacto ambiental, y han incentivado mejores prácticas mineras.

Mineros tradicionales en territorios étnicos han conformado asociaciones para la defensa del territorio reivindicando el derecho de prevalencia. Por su parte, pequeños mineros reconocen los beneficios de asociarse para reducir los costos de formalización. En un diálogo con pequeños mineros en Cauca, estos afirmaban que como independientes es muy costoso afiliar a sus empleados a seguridad social, y proponían como alternativa asociarse para reducir costos y facilitar trámites.

En Sogamoso, Boyacá, por ejemplo, los esfuerzos por erradicar las fuentes de emisiones contaminantes para los sectores artesanales de producción de ladrillo y cal dieron lugar a un proyecto desarrollado por el Ministerio de Ambiente y Corpoboyacá que permitió que pequeños mineros pudieran vender sus chircales o tecnologizar sus hornos. Gracias a esta alternativa algunos mineros se asociaron para producir material en un solo horno que aumentara la calidad de la producción y disminuyera la contaminación. Algunos de los pequeños y medianos productores comparten los títulos, e incluso cuentan con varios hornos dentro de un mismo título. La Asociación les permite agilizar los trámites y los requerimientos normativos solicitados por instituciones públicas.

En una entrevista con integrantes de una Asociación en Bogotá, se constató que a través de este conglomerado de empresas ladrilleras se promueven buenas prácticas mineras en temas de salud ocupacional, cumplimiento de requisitos normativos y asesoramiento técnico. Además, se han desarrollado programas de responsabilidad empresarial dirigidos a la comunidad que involucran proyectos productivos y actividades deportivas y artísticas.

Los miembros de esta Asociación declararon que los requisitos normativos son muy difíciles de cumplir debido a que éstos no diferencian entre pequeña, mediana y gran minería, por lo cual las empresas mineras inscritas cuentan con constante revisiones de sus propios procesos particulares. Según los miembros de la Asociación, esto ha constituido una de las mayores dificultades, puesto que la ley se preocupa por las empresas legales constituidas por lo que en palabras de uno de los miembros: “es más fácil ser ilegal que legal”.

Esta asociación se encuentra ubicada en el Parque Minero Industrial el Mochuelo, en la localidad de Ciudad Bolívar. Su ubicación permite que las actividades de las empresas se concentren en una zona en la que se permite desarrollar de manera transitoria la actividad minera, aprovechando al máximo sus reservas bajo parámetros de sostenibilidad ambiental. Específicamente, la normatividad establece que “Los parques Minero Industriales posibilitarán la integración de licencias mineras para lograr una mayor racionalidad y coherencia en el desarrollo de los frentes de explotación, rehabilitación y construcción urbana, y permitirán crear espacios físicos adecuados para las industrias derivadas de tal actividad, las cuales requieren estar cerca de las fuentes de materiales"[38].

En síntesis, en departamentos con explotación minera de pequeña y mediana escala, el fomento de los esquemas asociativos y cooperativos es fundamental para fortalecer el sector y adelantar procesos que mejoren las condiciones de la actividad en aras a garantizar el trabajo decente de los trabajadores mineros. Pequeños mineros y medianos mineros en Antioquia, Cauca, Nariño, Cundinamarca y Boyacá reconocen que a través de las asociaciones y cooperativas sienten que sus actividades son legítimas en la medida en que perciben que su lucha no es aislada.

Organizaciones sindicales

Contexto general de sindicalismo en Colombia:

El sindicato es una asociación integrada por trabajadores de empresas públicas o privadas para la defensa y promoción del bienestar e intereses relacionados con la actividad laboral de sus miembros (p. ej. salarios y condiciones de trabajo) a través de la negociación colectiva. En Colombia el 50% de los sindicatos se agrupan en tres centrales sindicales: la Central Unitaria de Trabajadores -CUT[39]-, la Confederación General de Trabajadores –CGT, y la Confederación de Trabajadores de Colombia –CTC-. Los sindicatos gozan de protección en la legislación colombiana[40]:

  • Constitución Política. Art. 39: Derecho a constituir Sindicatos y Asociaciones
  • Constitución Política. Art. 55 Derecho a la negociación colectiva
  • Código Sustantivo del Trabajo. Art. 354: Protección del derecho de asociación
  • Código Sustantivo del Trabajo. Art. 364: Personería jurídica
  • Código Sustantivo del Trabajo. Art. 405: Fuero sindical
  • Constitución Política. Art. 56: Derecho a la huelga

Sin embargo, el panorama de protección de los derechos sindicales en Colombia es desalentador por diversos factores: desde violaciones del derecho a la vida, a la libertad personal y a la integridad física de los sindicalistas colombianos, hasta barreras en la ley que obstaculizan el ejercicio del derecho de asociación sindical. Por sus dinámicas particulares, Colombia es el país más peligroso del mundo para ejercer la actividad sindical (Castaño, 2012). De acuerdo con la Escuela Nacional Sindical –ENS-, del total de asesinatos de sindicalistas en el mundo, en la última década, el 63% tuvo lugar en Colombia[41].

La violencia contra los sindicalistas aumenta en los escenarios del conflicto armado, donde los grupos armados actúan en el marco de las luchas laborales como intermediarios de sectores que defienden intereses económicos específicos. En este contexto, los sindicatos estatales y de sectores específicos, como la agricultura industrial y la actividad minera, han sido altamente perseguidos (Castilla, 2013).

Además de la vulneración del derecho a la vida y a la integridad, existen otras dinámicas que atentan contra los derechos de los sindicatos tales como la facultad del gobierno de disolver un sindicato por vía judicial[42] (Castaño, 2012), y la marginalización de la negociación colectiva. Así pues, solo el 4 % de trabajadores están sindicalizados y sólo el 3 % se benefician de algún tipo de negociación colectiva (Confederación Sindical Internacional -CSI-, 2014). Según cifras de la ENS, en 2014 se instauraron ante el Ministerio del Trabajo 50 querellas por uso ilegal de pactos colectivos, que es una estrategia de los empleadores para impedir la organización de los trabajadores, o evitar que los sindicatos se fortalezcan.

Actores sindicales en las regiones de estudio:

A partir del trabajo de campo realizado en el marco del EISI, se buscó la aproximación a actores sindicales con el fin de identificar elementos relacionados con el ejercicio del derecho a la libertad sindical en el sector minero. Sin embargo, no en todas las regiones se logró esta aproximación.

En el Nordeste antioqueño, hay presencia de Sintraminenergética, que agremia a los trabajadores de la extinta Frontino Gold Mines que operó en la región durante más de 150 años. En 1976 se declaró en quiebra y pasó a estar bajo el control de los trabajadores mediante la figura del concordato, con la vigilancia de la Superintendencia de Sociedades. El concordato duró cerca de 27 años, hasta que en el 2010 –cuando suben los precios internacionales de oro- el gobierno, de manera unilateral, da por terminado el concordato, liquida la Frontino Gold Mines y la vende a la Zandor Capital, S.A, quien opera a través de Gran Colombia Gold, accionista mayoritaria de Zandor capital.

También está el Sindicato de Trabajadores Mineros de Segovia y Remedios SINTRAMISER: sindicato de trabajadores de la Zandor Capital. Este sindicato han denunciado despidos masivos[43] e injustificado de la Empresa Gran Colombia Gold, manejados a traves del servicio de la tercerización con ESTRATEGIAS & MINAS, quien contrata la operación u objeto social de ZANDOR CÁPITAL S.A.

En Boyacá el sindicato existente y activo es Sintrapazdelrío con más de 1.800 afiliados. En su mayoría los asociados a este sindicato trabajan en labores relacionadas con la manufactura del hierro, pues la empresa actualmente no explota carbón de manera directa (Hawkins, 2014).

En el subsector carbón, la mayor actividad sindical está presente en la costa Caribe colombiana donde se desarrolla explotación a cielo abierto por parte de grandes empresas mineras.

Los sindicatos activos en esta región del país y para este subsector se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 4 Sindicatos activos en el norte del país para el subsector de minería de carbón.

 

Sindicato

Región

Empresa

Afiliados

Sindicatos

nacionales

Sintracarbón

 

Cesar y Guajira

Cerrejón y Prodeco

5.500

Sintraminenergética

Cesar y Santa Marta

Drummond, Prodeco y CNR

3.000

Sintraime

Cesar

afiliados tercerizados de empresas contratistas

2.200

Sindicatos

patronales

Sintradrummond

 

 

Cesar

Drummond

700

Agretritrenes

Cesar

Drummond

40

 

Sintracarboandes

Santa Marta

Carbones de los Andes

50

 

 

Sindicatos de base

Sintramasa (afiliado a Sintracarbón)

 

Guajira

Cerrejón

365

Aramark (afiliado a Sinaltrainal)

Guajira

Cerrejón,

300

SintraCerrejón (afiliado a Sintracarbón)

 

Guajira

Cerrejón

500

Sintrachaneme (afiliado a Sintracarbón)

Guajira

Cerrejón

40

Aseocolba

Guajira

Cerrejón

100

Fuente: (Hawkins, El carbón y el trabajo en Colombia: a la sombra de la locomotora minera, 2014)

Con lo anterior presente, la información que se presenta a continuación se enfoca en los hallazgos cualitativos para los departamentos de Cesar y Guajira.

En los escenarios de explotación minera a gran escala se presentan acciones que se constituyen como desincentivos para la formación o participación en sindicatos

El diálogo con actores sindicales de los departamentos de Cesar y Guajira permitió identificar que los principales obstáculos para la formación o participación en sindicatos se pueden resumir en las siguientes categorías: tercerización, estigmatización de sindicalistas y persecución y amenazas a actores sindicales.

 

carbon

20.Deficientes prácticas empresariales para la contratación tercerizada de trabajadores

La tercerización, como una de las diferentes formas o modalidades de contratación permitidas por la legislación colombiana[44] tiene implicaciones para los trabajadores que se constituyen como barreras u obstáculos para la sindicalización de los trabajadores mineros. Las empresas por su parte establecen que la tercerización, común a todos los sectores y en todo el mundo, no es obstáculo para la sindicalización.

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, entre las consecuencias para los trabajadores, de estas formas de contratación están la inestabilidad laboral; suspensión frecuente de cotizaciones a seguridad social; imposibilidad de acceder a descanso remunerado y a prestaciones; y la imposibilidad para negociar las condiciones de trabajo o a participar en actividades sindicales. De manera opuesta, para las empresas la tercerización les permite adaptar sus nóminas según las condiciones del mercado, así como una mayor “competitividad mediante el traslado de funciones a terceros que de forma autónoma presten servicios o brinden los insumos necesarios para que la firma se concentre en un núcleo de actividades esenciales” (Procuraduría General de la Nación, 2013). Una de las empresas en el Cesar sostuvo que la flexibilidad que se logra a través de la tercerización de algunas actividades, les permite a las empresas adecuarse a las condiciones del mercado y aumentar sus posibilidades de sobrevivir y de conservar empleo, pagar impuestos, regalías y pagar a su cadena de suministros, les permite acceder a conocimiento y habilidades especializadas, de mejor calidad, oportunidad o costo del que se obtendrían si se hicieran directamente.

Tal y como lo señala la Procuraduría, algunos actores entrevistados en Cesar y Guajira coinciden en que tanto tercerización como la contratación directa a término fijo reduce los beneficios que se obtienen con una contratación a término indefinido e impiden el ejercicio del derecho a formar sindicatos y el derecho a la huelga.

Como una forma para cobijar a los trabajadores tercerizados, tanto en Cesar como en Guajira, los Sindicatos nacionales hacen acompañamiento a estos trabajadores cuando enfrentan situaciones de maltrato por parte de los empleadores. Igualmente, se han conformado sindicatos de base en las empresas contratistas. En Cesar, por ejemplo, Sintraminenergética, asesoró a trabajadores tercerizados y se logró la conformación de Sintraime, un sindicato de base de este departamento. Por su parte, en la Guajira, los sindicatos de base cuentan con el acompañamiento de Sintracarbón que está pendiente del cumplimiento de proceso con ellos a través de comisiones intersindicales. Sin embargo, Hawkins, refiere que

“(…) debido al enorme trabajo humano requerido y a los altos costos que implica crear, fomentar y mantener pequeños sindicatos dentro de empresas contratistas, que demuestran actitudes muy antagónicas a estas nuevas organizaciones, la junta nacional de Sintracarbón planteó la necesidad de cambiar de estrategia, promoviendo que los tercerizados puedan afiliarse directamente a ese sindicato” (Hawkins, 2014)

 

carbon

21. Estigmatización de la actividad sindical

Según manifestaron líderes sindicales en el Cesar, pertenecer al sindicato ha traído como consecuencia situaciones de discriminación laboral al interior de las empresas. Por ejemplo, señalaron durante las entrevistas, al pertenecer al sindicato no los tienen en cuenta para los ascensos o hay congelamiento de salarios. No obstante, las empresas en el Cesar afirmaron que a los trabajadores no se les discrimina por pertenecer a un sindicato, Una de las empresas manifestó: “más del 60% de nuestros trabajadores pertenece a por lo menos un sindicato, y en la actualidad contamos con cinco (5) sindicatos en Drummond. Algunas empresas contratistas a su vez tienen sus propios sindicatos.”  

Esta discriminación o acoso laboral, como lo llamaron, desincentiva a otros trabajadores para pertenecer al sindicato, pues temen ser despedidos si se afilian a éste. Temor que de acuerdo con lo relatado por los líderes sindicales, podría ser provocado por las empresas para “mostrarle a los no sindicalizados los riesgos de pertenecer al sindicato”. Para los líderes sindicales, en la región “se ha satanizado el sindicato” aun cuando no se encuentran en oposición a la minería sino que propenden porque se haga de una manera responsable y respetando los estándares internacionales. Al respecto, un representante de la sociedad civil en Cesar, afirma que los sindicatos “están en una situación difícil. Les pusieron un estigma y se les señale culpables de una conspiración para cerrar las minas”.  Las empresas por su parte, sostuvieron que “las empresas han sido satanizadas por algunos sindicatos, que las acusan de causar toda clase de daños, e incluso de comisión de crímenes, sin fundamento.”

La respuesta empresarial ante algunas huelgas y paros adelantados por actores sindicales en los departamentos también se traducen en estigmatización de líderes sindicales; y por consiguiente, en desincentivos para la participación en estas formas organizativas. Un caso representativo de esta situación es lo ocurrido con una huelga en el departamento del Cesar en el 2012.

En ese año, trabajadores de uno de los proyectos mineros del departamento, llevaron a cabo una huelga motivada por las escalas de sanción al interior de la empresa y por temas relacionados con la salud de los trabajadores. La huelga que duró 98 días fue declarada como ilegal por la Corte Suprema de Justicia, en 2013. El 25 de mayo de 2015, mediante la resolución 000335, el Ministerio de Trabajo aprueba la solicitud de despido de 28 trabajadores por parte de la empresa. La resolución se hizo efectiva el 20 de junio y entre los trabajadores despedidos estaban la mayoría de los integrantes de la Junta Directiva del sindicato.

Para los representantes del sindicato, la ilegalización de esta huelga va en detrimento del derecho de asociación de los trabajadores y que además, durante el proceso jurídico no fueron llamados a declarar todos los actores involucrados.

Las empresas argumentaron que la huelga fue declarada ilegal por la Corte Suprema de Justicia porque algunos miembros del sindicato incurrieron en actos violentos, por lo que la empresa quedó en capacidad de adelantar actos disciplinarios a los trabajadores involucrados – pertenecientes o no a la junta directiva de un sindicato. Un miembro de una empresa en el Cesar sostuvo: “Mal podría afirmarse que hubo estigmatización o que se trata de desincentivos para la sindicalización. Se trata de asumir las consecuencias de las decisiones que toman a veces miembros de sindicatos y que las autoridades pueden considerar ajustadas o no al derecho.”

Además sostuvo que se han llevado a cabo más de 20 diligencias de descargos de trabajadores involucrados en la ilegalidad de la huelga del año 2013, las cuales se han hecho con apego a lo señalado en las convenciones colectivas de trabajo y respetando el derecho a la defensa y al debido proceso. Como resultado de estas diligencias se han llevado a cabo 6 despidos, 5 suspensiones de contratos de trabajo, 6 archivos del proceso por no hallar mérito para imponer sanción alguna, y 2 casos en los que no se ha tomado ninguna decisión porque los empleados involucrados no se han presentado a laborar, “esto en ningún caso clasifica como despidos masivos, ni como persecución.”

carbon

22. Persecución y amenazas a actores sindicales

Las amenazas a líderes sindicales son otro de los factores que obstaculizan la participación en sindicatos. Los hallazgos cualitativos indican que se han presentado casos de amenazas a estos actores en regiones como el nordeste antioqueño, en el Cesar y en la Guajira. En algunos casos estas amenazas provienen de actores armados o bandas criminales, como ocurre en el departamento del Cesar y en el nordeste antioqueño. De hecho, algunas empresas en Antioquia manifestaron: “la empresa ha recibido amenazas directas de grupos al margen de la ley que declaran a La Compañía y cualquier empleado de la misma objetivo militar de estos grupos.”

En Cesar, según refieren líderes sindicales, se han recibido panfletos amenazantes al interior de los proyectos mineros, sin que se pueda identificar el autor de la amenaza. También se han presentado amenazas provenientes de Los Rastrojos donde declaran objetivo militar a algunos de sus representantes acusándolos de ser cómplices de grupos guerrilleros. En el nordeste Antioqueño, según relató un representante sindical, se presentan frecuentemente amenazas, atentados y asesinatos de líderes sindicales. Las acciones son perpetradas principalmente por bandas criminales como los Rastrojos y Urabeños, argumentando que estos líderes no dejan entrar el desarrollo a la región.


 

Bibliografía

Agencia Nacional de Minería. (21 de mayo de 2015). ANM. Recuperado el 12 de noviembre de 2015, de Sitio Web de la Agencia Nacional de Minería: http://www.anm.gov.co/?q=Produccion_de_carbon_para_2015_estaria_alrededor_de_87_millones_de_toneladas

ANIF. (2012). La desindustrialización en Colombia. Bogotá: ANIF.

ANM. (s.f). Documentos ANM: Trámites ambientales.

Castaño, J. V. (2012). Panorama del sindicalismo en Colombia. Friedrich Ebert Stiftung en Colombia -FESCOL-.

Castilla, C. E. (2013). Violencia contra sindicalistas en medio del conflicto armado colombiano. Revista de Economía Institucional. Vol. 15, Núm. 29. Universidad Externado de Colombia.

Cerrejón. (s.f.). Resumen de desempeño 2013. Obtenido de http://www.cerrejon.com/site/Portals/0/Documents/pdf/informes_sostenibilidad/Resumen_IS2013-ESP.pdf

Confederación Sindical Internacional -CSI-. (2014). Índice Global de Derechos.

Drummond Ltd. (s.f.). Resumen ejecutivo 2013 - 2014. Obtenido de http://issuu.com/drummondltd/docs/resumen_ejecutivo_drummond_2013-201?e=19253911/30401900

El Tiempo. (22 de 01 de 2015). Con nuevo sistema buscan atajar el comercio ilegal de oro. Recuperado el 10 de 11 de 2015, de http://www.eltiempo.com/economia/sectores/sistema-contra-el-comercio-ilegal-de-oro/15136079

Eslava, A., Silva, S., Tobón, A. y Vélez, S. (2014). Oro sin sangre basado en la confianza. Ideas para una nueva economía política de la minería aurífera colombiana. Opera, 14, 119-135.

Fedesarrollo. (2011). Pequeña y mediana minería de carbón del interior del país: alternativa de comercialización y financiación a partir de la conformación de alianzas estratégicas. Fedesarrollo.

Ghai, D. (2006). Decent Work: Objectives and strategies. OIT. International Institute for Labor Studies. Ginebra: Citado en: Procuraduria general de la nación (2011). Trabajo digno y decente en Colombia. Seguimiento y control preventivo a las políticas públicas.

Güiza, L. (2013). La pequeña minería en Colombia: una actividad no tan pequeña . Dyna 80 (181). Universidad Nacional de Colombia, 109-117.

Hawkins, D. (2014). El carbón y el trabajo en Colombia: a la sombra de la locomotora minera. En A. varios, La minería de carbón a gran escala en Colombia: impactos económicos, sociales, laborales, ambientales y territoriales. Friedrich Ebert Stiftung.

Hawkins, D. (2014). El carbón y el trabajo en Colombia: a la sombra de la locomotora minera. In La minería de carbón a gran escala en Colombia: impactos económicos, sociales, laborales, ambientales y territoriales. Friedrich Ebert Stiftung.

Ministerio de Minas y Energía. (2014b). Política Nacional para la formalización de la minería en Colombia.

OECD. (2014). Territorial Reviews: Colombia.

OIT - El programa de Trabajo Decente. (s.f.). Recuperado el 3 de 11 de 2015, de http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/lang--es/index.htm

OIT - Trabajo Decente. (s.f.). Recuperado el 3 de 11 de 2015, de http://www.ilo.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm

OIT - Trabajo decente en América Latina y el Caribe. (s.f.). Recuperado el 3 de 11 de 2015, de http://www.ilo.org/americas/trabajo-decente-america-latina-caribe/lang--es/index.htm

OIT. (1999). Trabajo decente. Memoria del Director General a la 87.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. Ginebra.

Portafolio. (22 de 01 de 2015). Sin permisos extraen oro en siete departamentos. Recuperado el 10 de 11 de 2015, de http://www.portafolio.co/economia/permisos-extraen-oro-siete-departamentos

Procuraduría General de la Nación. (2011). Trabajo digno y decente en Colombia. Seguimiento y control preventivo a las políticas públicas. Bogotá.

Procuraduría General de la Nación. (2011). Trabajo digno y decente en Colombia. Seguimiento y control preventivo a las políticas públicas.

Prodeco. (s.f.). Obtenido de Nuestro informe de sostenibilidad 2011: https://drive.google.com/drive/u/0/search?q=informe%20de%20sostenibilidad%20prodeco

Unidad de Planeación Minero Energética. (2012). Cadena del Carbón. Unidad de Planeación Minero Energética - UPME.

Unidad de Planeación Minero Energética. (2014). Evaluación de la situación actual y de los escenarios futuros del mercado de los materiales de construcción y arcillas en las ciudades de Cali, Cúcuta, Villavicencio, Cartagena, Sincelejo, Yopal, Valledupar y Montería. Unidad de Planeación Minero Energética - UPME.


 

Anexo 1. Marco normativo sobre derechos asociados al sindicalismo

Ley

Tema

Cita textual

Constitución Política. Art. 39

Derecho a constituir Sindicatos y Asociaciones

Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos y asociaciones sin intervención el Estado (…)

Código Sustantivo del Trabajo. Art. 354

Protección del derecho de asociación

(…) queda prohibido a toda persona atentar contra el derecho de asociación sindical.

Considérense como actos atentatorios contra el derecho de asociación sindical, por parte del empleador:

a) Obstruir o dificultar la afiliación de su personal a una organización sindical de las protegidas por la ley, mediante dádivas o promesas, o condicionar a esa circunstancia la obtención o conservación del empleo o el reconocimiento de mejoras o beneficios;

b) Despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de los trabajadores en razón de sus actividades encaminadas a la fundación de las organizaciones sindicales;

c). Negarse a negociar con las organizaciones sindicales que hubieren presentado sus peticiones de acuerdo con los procedimientos legales;

d). Despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de su personal sindicalizado, con el objeto de impedir o difundir el ejercicio del derecho de asociación

e). Adoptar medidas de represión contra los trabajadores por haber acusado, testimoniado o intervenido en las investigaciones administrativas tendientes a comprobar la violación de esta norma.

Constitución Política. Art. 55

Derecho a la negociación colectiva

Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley.

Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo.

Código Sustantivo del Trabajo. Art. 364

Personería jurídica

Toda organización sindical de trabajadores por el solo hecho de su fundación, y a partir de la fecha de la asamblea constitutiva, goza de personería jurídica.

Código Sustantivo del Trabajo. Art. 405

Fuero sindical

(…) la garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos, ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto, sin justa causa, previamente calificada por el Juez del Trabajo.

Constitución Política. Art. 56

Derecho a la huelga

Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador (…)

.

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Según el último Censo Minero (2012), de las 14,000 unidades mineras censadas, aproximadamente el 98% son de pequeña y mediana minería.

[2] Estos datos incluyen minería formal e informal.

[3] Esta problemática es uno de los argumentos que las comunidades con vocación no-mineras en departamentos como Antioquia, Chocó, Cauca, Nariño, Boyacá y Cundinamarca esgrimen para oponerse al otorgamiento de títulos mineros en estas zonas, reivindicando la defensa del territorio y de su actividad económica tradicional.

[4] Muchas veces inducida por el conflicto armado.

[5] Esta problemática se presenta también con la entrada de la minería informal e ilegal en regiones con altos niveles de pobreza, desempleo y, en general, altos índices de necesidades básicas insatisfechas. Este tema se desarrollará más adelante.

[6] Esta problemática que se desarrollará más adelante, pues se presenta también con la entrada de la minería informal e ilegal de oro en regiones con altos niveles de pobreza, desempleo y, en general, altos índices de necesidades básicas insatisfechas.

[7] “Se trata de una modalidad en la que las obligaciones relacionadas con prestaciones y seguridad social de los trabajadores son asumidas por ellos mismos y no por quien se beneficia del trabajo. La tercerización ocurre a través de diferentes formas como el contratista independiente, el contrato civil de prestación de servicios, contrato de prestación de servicios con el Estado, y las cooperativas de trabajo asociado” (Procuraduría General de la Nación, 2011).

[8] Art. 242. Trabajos prohibidos (Declarado inexequible):Las mujeres, sin distinción de edad, y los menores de 18 años no pueden ser empleados en trabajos subterráneos de las minas, ni en general, trabajar en labores peligrosas, insalubres o que requieran grandes esfuerzos (…)”

[9] Ver Sentencia C-622-97.

[10] Fairmined: Éstandar de responsabilidad en minería de oro artesanal ver : http://www.fairmined.org

[11] Estos términos son comunes sobre todo en el Nordeste y Bajo cauca antioqueño.

[12] Según el último Censo Minero (2012), de las 14,000 unidades mineras censadas, aproximadamente el 98% son de pequeña y mediana minería.

[13] Para profundizar en el tema de informalidad en la minería y minería de hecho ver por ejemplo: Giraldo, J. y Muñoz, J.C. (2012). "Informalidad e ilegalidad en la explotación del oro y la madera en Antioquia". Medellín: EAFIT; Eslava, A., (ed.). (2014). “Oro como fortuna. Instituciones, capital social y gobernanza de la minería aurífera colombiana”. Medellín: EAFIT-COLCIENCIAS; Defensoría del Pueblo. (2010). “La minería de hecho en Colombia”. Bogotá.

[14] Tal y como lo plantea el Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia –GDIAM-, “el reto es, entonces, entender la naturaleza de la minería artesanal, de la minería informal y, en general, de la minería a pequeña escala, diferenciar claramente la minería con vocación de formalización de los otros tipos de minería (…)”(Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia –GDIAM-, 2015, pág. 25)

[15] Por ejemplo, en muchas regiones del país, los barequeros interactúan con la minería mecanizada.

[16] Para profundizar en el debate sobre minería con vocación de formalización ver “Propuestas para una Visión Compartida de la Minería en Colombia” (2015) del Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia –GDIAM-, disponible en: http://gdiam.ssrc.org/Mineria.pdf

[17] Ver El Tiempo (2015, 5 de noviembre). “En Segovia (Antioquia) continúa paro por cierre de minas”. Disponible en: http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/en-segovia-antioquia-entran-a-paro-por-cierre-de-minas/ 16421282. Consultado el 6 de noviembre de 2015.

[18] Horno rudimentario para la fabricación de ladrillo.

[19] El Registro Único de Comercializadores de Minerales-RUCOM-, busca certificar a las personas naturales y jurídicas que comercializan los minerales en Colombia para darle mayor transparencia a la comercialización. El RUCOM es administrado por la Agencia Nacional de Minería. La obligatoriedad de la norma inició el 1 de enero de 2015, por lo tanto el comercializador que no se encuentre certificado en la actualidad estaría expuesto a sanciones y decomisos (Agencia Nacional de Minería, 2015)

[20] El Decreto 0276 del 17 de febrero de 2015, que reglamenta el Registro Único de Comercializadores –RUCOM-, estableció que el Comercializador de Minerales Autorizado deberá contar con un Certificado de Origen expedido por el Explotador Minero. El Certificado de Origen es un documento que se emite para comprobar la procedencia lícita del mineral que se transporta, transforma, distribuye, intermedia o comercializa. También es administrado por la ANM (Agencia Nacional de Minería, 2015).

[21] El Plan de Trabajo y Obras –PTO- está estipulado en el Art. 84 de la Ley 685 de 2001. Es el informe final de la fase de exploración que suministra la base técnica, logística, económica y comercial para tomar la decisión de invertir y desarrollar un proyecto minero. Antes del vencimiento de la etapa de exploración, es decir, 30 días antes, el concesionario debe presentar el PTO para su aprobación por parte de la Agencia Nacional de Minería (Agencia Nacional de Minería, 2015).

[22] Simultáneamente con el PTO debe presentarse el estudio que demuestre la factibilidad ambiental de dicho programa, el Plan de Manejo Ambiental –PMA-. Sin la aprobación de este estudio y la expedición de la licencia ambiental correspondiente no habrá lugar a la iniciación de los trabajos y obras de explotación minera (Ley 685 de 2001. Art. 85)

[23] La Licencia Ambiental es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente (Ministerio de Medio Ambiente o CAR) para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, que pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones considerables o notorias al paisaje (ANM, s.f)

[24] En algunas zonas existen otros requisitos tales como estudios arqueológicos.

[25] Para ilustrar el contraste entre pequeña y gran minería para la aprobación y legalización de los títulos mineros ver: Reportaje de Maria Teresa Ronderos, Revista Semana (2011), “La fiebre minera se apoderó de Colombia”. Disponible en: http://www.semana.com/nacion/articulo/la-fiebre-minera-apodero-colombia/246055-3. Consultado el 6 de noviembre de 2015. Citado en GDIAM (2015), “Propuestas para una Visión Compartida de la Minería en Colombia”. Pág. 20.

[26] Específicamente en el municipio de Buriticá, Antioquia, en las negociaciones entre la empresa y los pequeños mineros para definir los términos de los subcontratos de formalización, se estableció que los costos del PTO y el PMA iban a ser asumidos por la empresa. Este es un caso excepcional, normalmente, estos costos los debe asumir el operador.

[27] El otorgamiento de esta licencia ha sido controversial por escándalos de corrupción. Ver: Jiménez Morales, G. (31 DE MAYO DE 2015). “Asesor de Corantioquia negoció millonario contrato con Continental Gold”. El Colombiano. Disponible en: http://www.elcolombiano.com/antioquia/ingeniero-fue-juez-en-corantioquia-y-parte-en-la-continental-gold-FD2041214. Consultado el 9 de noviembre de 2015.

[28] De acuerdo con varias entrevistas desarrolladas durante el trabajo de campo realizado, los costos de un PTO y un PMA oscilan entre 20 y 40 millones de pesos cada uno.

[29] La figura de la venta o cesión parcial se mencionó muy pocas veces en los departamentos visitados. Varios actores coinciden en que esto se debe a la complejidad de los trámites en la ANM.

[30] Por ejemplo, ver casos de tráfico de oro y lavado de activos de la comercializadora Goldex, disponible en: http://www.eltiempo.com/politica/justicia/caso-goldex-lavado-de-activos-y-alianzas-con-bandas-criminales/15143549. Consultado el 10 de noviembre de 2015. También está la investigación adelantada por el Senador Iván Cepeda contra la comercializadora Giraldo y Duque en Valle del Cauca, disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/politica/piden-investigar-otra-empresa-lavado-de-activos-traves-articulo-541936. Consultado el 10 de noviembre de 2015.

Ver también “El país exporta más oro del que produce”. El Tiempo. Disponible en: http://www.eltiempo.com/economia/indicadores/exportacion-de-oro-en-colombia/14019217. Consultado el 10 de noviembre de 2015, donde se evidencia que, según cifras de la Contraloría, entre 2003 y el 2011 fueron producidas 10 toneladas de oro por año por encima de las que aparecen pagando regalías al país, es decir, se habrían dejado de pagar entre 58 mil y 107 mil millones de pesos por ese concepto.

[31] El oro para exportación está exento del impuesto al valor agregado –IVA-, a diferencia del oro para el mercado local. En ambos casos se aplica el pago de regalías.

[32] Ver apartado sobre formalización minera donde se explica de manera detallada los problemas asociados a trámites, costos, tiempos, requisitos y asimetrías en el acceso a la información para la formalización de pequeños y medianos mineros.

[33] Pequeños mineros del municipio de Andes, Antioquia, explicaban que en el mercado negro pierden aproximadamente $20,000 pesos por gramo de oro.

[34] Esto último es una preocupación recurrente en pequeños y medianos mineros que reconocen la importancia del pago de regalías para inversión social en los territorios.

[35] “El tamaño de las UPM fue calculad milares en cada caso.to del Estado es fundamental. Cabe destacar que la empresa GENSApara lac omde acuerdo al número de trabajadores empleados, siendo UPM Grandes aquellas que cuentan con más de 70 empleados, Medianas entre 6 y 70 empleados, y Pequeñas aquellas que tienen hasta 5 empleados” (Unidad de Planeación Minero Energética, 2012).

[36] Para la lista completa de Certificaciones Fairmined apoyados por ARM en Colombia ingresar a: http://www.responsiblemines.org/es/certificacion-fairmined/actores-cadena-fairmined

 

[37] Asociaciones de pequeños y medianos mineros en zonas especiales de orden público denuncian la incapacidad del Estado para garantizar el derecho a la vida y la integridad de las personas. En esas zonas, son comunes los asesinatos, extorsiones y amenazas a miembros de asociaciones y cooperativas. (Ver capítulo derecho a la vida, libertad y seguridad y capítulo de derecho a la asociación y participación en la vida pública).

[38] Artículo 327. Parque Minero Industriales. Artículo 217 del Decreto 469 de 2003. Decreto 190 de 2004 (Compila Dec. 619 de 2000 y 469 de 2003). 

[39] La CUT es la central más grande del país al concentrar el 65% de todos los trabajadores.

[40] Ver Anexo 1.

[41] El segundo en la lista es Brasil, con 7,01% del total.

[42] Colombia es el único país en Latinoamérica donde el gobierno tiene esta facultad.

[43] Según denuncias del Sindicato, en el 2013 fueron llamados más de 300 trabajadores para que firmaran su renuncia al contrato de trabajo para llevar a cabo una terminación de contrato por mutuo acuerdo, a cambio les ofrecían una bonificación equivalente a 40 días de salario. Según los trabajadores, esta bonificación no es más que el valor promedio a la indemnización que obligatoriamente tendría que haber liquidado la empresa por un despido sin justa causa. 

 

[44] Otras modalidades contratación son los contratos a término fijo, las empresas de servicios temporales (EST) y el contrato de aprendizaje (Procuraduría General de la Nación, 2011).

Situaciones que inciden en el derecho a la EDUCACIÓN

todosDescargar documento PDF

 

Situaciones observadas en escenarios mineros que inciden en el ejercicio del

 Derecho a la Educación

 

materialesc oro carbon

1.    Insuficiente inversión de regalías en el sector educativo

El primer factor identificado se refiere a la inversión de regalías para fortalecer la oferta educativa en contextos con actividad extractiva. Los hallazgos cualitativos que resultan del trabajo de campo, permiten reconocer la percepción de algunos actores locales frente a la misma. Hay evidencia de un desencuentro en la percepción de lo que ocurre con la inversión de regalías según la región y el tipo de minería. Sin embargo, comunidades e instituciones, coinciden en señalar que el monto de las regalía no responde al tamaño e impacto de la actividad y, en algunos casos, que la manera como se invierte desaprovecha oportunidades para atender las necesidades de educación, bien sea por razones de eficiencia o por problemas de corrupción.

En municipios de Boyacá y Cundinamarca, actores comunitarios, empresariales e institucionales coinciden en que el pago de regalías de la minería de materiales de construcción es mínimo, en algunos casos el 1%, como lo argumenta el gerente de una empresa minera. Por esta razón, miembros de la comunidad de municipios como Sogamoso, Corrales, Firavitoba, Tibasosa, Nobsa y Tabio sostienen que las regalías no son equitativas en relación al aprovechamiento de recursos minerales ni con los apoertes de fuerza de trabajo local con que contribuye el municipio. A esto se le suma la poca inversión que se realiza de las regalías en programas y proyectos educativos. Un líder comunitario del municipio de Firavitoba expresa que, “es muy difícil desarrollar proyectos educativos. Las regalías no son nada y no sirven porque acá no se realizan proyectos”.

Sin embargo, la inversión en infraestructura de centros educativos fue referenciada por miembros de alcaldías locales de municipios de Boyacá y Cundinamarca, como uno de los temas prioritarios de las administraciones actuales. En Puerto Boyacá, por ejemplo, un funcionario de la alcaldía estableció que “el municipio aún no ha cumplido con las NBI […] se ha enfocado en la educación, dando subsidio a educación básica, mejoramiento y construcción de infraestructura.”

Contrario a lo que ocurre para materiales de construcción, la participación del carbón en el ingreso de regalías del sector minero es muy alta, principalmente en los casos de la explotación a gran escala. Sin embargo, actores comunitarios e institucionales, argumentan que esto no se ve reflejado en el desarrollo del departamento, como lo afirma un funcionario público en el Cesar, “la riqueza que produce la explotación del carbón es inversamente proporcional a la pobreza en que vive la población”. De igual forma una gran empresa de carbón en el Cesar sostuvo que la frustración por la no generación de desarrollo, es una preocupación que comparten en general las empresas. Por ello, actualmente buscan fortalecer y relanzar el Comité de Seguimiento a la Inversión de Regalías de carbón y petróleo en el Cesar, CSIR. 

En este escenario, refiere otro funcionario, “el sector más afectado ha sido la inversión social, pues se ha privilegiado es la construcción de infraestructura”. Los departamentos de Cesar y Guajira, adolecen de otra problemática señalada por los actores entrevistados y que es determinante en la ausencia de inversión social: la corrupción. El recurso proveniente de las regalías, en términos de infraestructura

(…) no se ve reflejado en colegios, hospitales, programas de vivienda, alimentación, sino en coliseos y otro tipo de obras utilizadas por los gobernantes para mostrar inversión, sin embargo las necesidades básicas de la población están insatisfechas y eso hace parte del empobrecimiento de estas zonas.

En términos específicos del sector educativo, algunos entrevistados afirman que ha sido muy poca la inversión, mientras que otros refieren la construcción de colegios con los recursos de las regalías y a pesar de la corrupción. Sin embargo, coinciden en señalar que el cambio en el régimen de regalías sí afecta la inversión en sectores como la educación, “con el anterior régimen de regalías se invirtió en infraestructura a través de la construcción de colegios (tanto a nivel urbano como rural), sin embargo, la pregunta hoy es ¿cómo sostener esta infraestructura si ya no está ese recurso?”.

En el caso de municipios pequeños con explotación minera, el nuevo régimen de regalías representa un obstáculo para la inversión social, pues ya no reciben recursos de regalías para contrarrestar impactos negativos de la minería. Los municipios no cuentan con recursos ni capacidades suficientes para presentar proyectos ante los Órganos Colegiados de Administración y Decisión –OCAD-.

 

 

carbon oro

2.    Reducción en el número de docentes en municipios mineros

El segundo factor en términos de capacidad institucional, con incidencia en el ejercicio del derecho a la educación y común a todas las regiones estudiadas, es la reducción en el número de profesores disponibles en municipios mineros.

Para algunas zonas de minería aurífera en el Sur de Bolívar, por ejemplo, aunque la mayor parte de la población son niños, las escuelas suelen abrir en Marzo y cerrar en Octubre, todo supeditado a subcontratación de profesores mediante diversos intermediarios (Verbel, pág. 22).

El siguiente mapa muestra el número de alumnos por docente en los municipios mineros. En este se puede observar que el hacinamiento escolar es un fenómeno que se concentra a su vez en municipios con alta producción minera. Se resalta un hacinamiento escolar significativo en el nordeste antioqueño y el sur de Bolívar, que es una de las regiones donde se concentra la producción de oro del país. Además se resaltan   los municipios de Cesar donde está presente la actividad minera de carbón a gran escala.

 

Mapa 1 Número de alumnos por en los municipios mineros

Mapa1

Fuente: Elaboración propia con información del CEDE, Uniandes.

 

Cuando se analiza el número de alumnos por docente, la evidencia cuantitativa sugiere que los municipios mineros presentan un deterioro en la oferta docente. Esta diferencia es estadísticamente significativa en todos los casos. De manera sistemática, los productores de oro, los productores de carbón en el interior y en Cesar y La Guajira, y los productores de materiales de construcción presentan un mayor número de alumnos por docente relativo a sus grupos de comparación. Estas diferencias son de 2% para oro, de 3% para carbón en el interior, de 7% para carbón en Cesar y La Guajira, y de 4% para materiales de construcción.

En términos absolutos, las magnitudes implican que los municipios mineros de oro y de carbón en el interior, tienen 0,4 y 0,6 alumnos más por cada docente. Para los municipios carboneros de Cesar y La Guajira esta magnitud es de 1,4, y para los municipios productores de materiales de construcción, de 1 alumno más por docente. Como punto de referencia, los municipios de comparación tienen alrededor de 22 alumnos por docente en promedio.

Esta situación puede deberse a factores como la migración de docentes hacia otras regiones donde los salarios que reciben están acordes con los costos de vida local, como ha ocurrido en el municipio de Buriticá, Antioquia. También puede ser producto del aumento en la demanda de cupos escolares dado el crecimiento demográfico que se deriva de la actividad minera. Estos dos aspectos se profundizan en el numeral relativo a los fenómenos migratorios asociados a esta actividad.

 

 

oro

3.    Menor desempeño escolar en municipios mineros

Finalmente, y quizás como consecuencia de la confluencia de las situaciones anteriormente mencionadas, la evidencia cuantitativa sugiere que los estudiantes en municipios mineros presentan un menor desempeño escolar. En efecto, los estudiantes de colegios en municipios mineros presentan menor desempeño en comparación con los municipios de control. En particular, los resultados totales de las pruebas Saber 11 son significativamente inferiores en 1% entre los municipios con minería de oro, de carbón en el interior, y de materiales de construcción, relativo a los municipios de comparación. Si se restringe la muestra a los municipios con mayor nivel de producción (la mitad que más produce), la diferencia en los tres casos crece del 1% al 2%. Esta diferencia es similar a través de todas las temáticas de las pruebas, desde lenguaje hasta ciencias exactas, y para ambos géneros. Para el caso de carbón en Cesar y La Guajira, no se observan diferencias entre los municipios productores y los municipios de comparación. Las magnitudes de estas diferencias no parecieran ser estadísticamente relevantes, en tanto el promedio de los grupos de control es de alrededor de 47 puntos y un resultado 2% inferior corresponde a alrededor de un punto. No obstante, en tanto esta diferencia se presenta de manera sistemática en todos los sectores analizados, toma relevancia para el análisis de los efectos de la minería sobre desempeño escolar. La siguiente gráfica presenta el resultado para los municipios con minería de oro en Antioquia, Bolívar y Córdoba.

Gráfica 1 Resultados en las pruebas Saber 11 para los municipios con minería de oro en Antioquia, Bolívar y Córdoba.

f1

Fuente: Ministerio de Educación Nacional

 

 

oro materialesc carbon4.    Fenómenos migratorios asociados a la actividad minera desbordan la capacidad de la infraestructura educativa local

La actividad minera ha impulsado el crecimiento demográfico en las regiones en las que se desarrolla, afectando principalmente las dimensiones de adaptabilidad y disponibilidad del derecho a la educación.

Las grandes migraciones generan transformaciones socioculturales que suponen la necesidad de asegurar la adaptabilidad del sistema educativo según las nuevas dinámicas locales y las características de la población migrante. Además, la disponibilidad se ve afectada en la medida en que el aumento de población excede la capacidad de las instituciones educativas para dar cobertura suficiente, a través de programas, infraestructura adecuada y planta docente que garantice una educación de calidad. Esta es una de las principales necesidades manifestada por actores comunitarios e institucionales en todos los casos de estudio, como se ilustra a continuación.

Uno de los factores que atrae a personas provenientes de diferentes partes del país son las expectativas de generación de ingresos a través de la vinculación laboral a la actividad minera o labores asociadas. Sin embargo, los municipios receptores no siempre cuentan con la capacidad institucional y administrativa para enfrentar este aumento poblacional generando desequilibrios entre oferta y demanda de servicios,

(…) el resultado de este acelerado crecimiento demográfico, generado por la población flotante y las migraciones de personas (…) es la imposibilidad de la administración pública de generar una eficiente cobertura en servicios públicos, alcantarillado, salud, educación y vivienda, complementado por un descarado manejo corrupto de los ingresos por regalías (Beltrán, Lobato, & Barbosa, 2010, pág. 65).

Este desequilibrio se traduce en limitaciones para el ejercicio del derecho a la educación. Los resultados cuantitativos indican que los fenómenos migratorios pueden afectar el derecho a la educación, desbordando las capacidades de la infraestructura, la capacidad docente y la oferta educativa en general.

El análisis cuantitativo sugiere importantes cambios en los patrones poblacionales de los municipios mineros[1], especialmente para los casos de la minería de oro y carbón. En particular, el crecimiento durante las últimas dos décadas ha sido 36% mayor en municipios con minería de oro en municipios con minería de oro, 46% mayor para los productores de carbón en el interior, y 88% mayor para los productores de carbón en Cesar y La Guajira, todos los casos respecto a los grupos de municipios de comparación. En términos absolutos, esto implica que respecto a los municipios de control, que tenían patrones poblacionales similares alrededor de 1993, hoy se encuentran cerca de 8 mil personas más en los municipios con minería de oro, 7 mil personas más en los municipios con minería de carbón en el interior, y 19 mil personas más en los municipios con minería de carbón en Cesar y La Guajira. No se observan diferencias significativas entre los municipios productores de materiales de construcción y su grupo de comparación.

Esta situación puede tener implicaciones sobre la capacidad de la oferta educativa, en tanto los municipios no se encuentran preparados ni en infraestructura ni en oferta docente para recibir tal cantidad de personas en corto tiempo.

Un impacto indirecto producto del crecimiento demográfico generado por migraciones económicas, se transfiere por medio de los aumentos en los costos de vida a nivel local. La entrada acelerada y descontrolada de la minería a regiones con altos índices de pobreza implica un aumento en el nivel de ingreso y consumo de la población que trabaja en la actividad. Este aumento rompe con los modelos salariales y genera diferenciaciones económicas entre la población minera y la población no asociada a la mineria, tal es el caso de los educadores, forzando con frecuencia a emigrar a otros municipios, al no poder costear los elevados precios de los bienes y servicios.

Esta es la situación del municipio de Buriticá, en el occidente del departamento de Antioquia en donde, de acuerdo con un funcionario de la Alcaldía del municipio, en dos años han entrado 10,000 personas, en su mayoría provenientes del Nordeste antioqueño, a un municipio con una población local del 6,500. El contraste entre el costo de vida y los ingresos de los docentes ha llevado a la emigración de profesores, impactando de manera directa el goce del derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes. La combinación del déficit de profesores con la llegada de familias enteras al municipio está originando hacinamiento escolar, situación que es consistente con los hallazgos cuantitativos sobre la relación negativa entre número de docentes y número de estudiantes desarrollada en el apartado referente a la oferta institucional en temas de educación en contextos mineros.

 

 

oro materialesc carbon

5.    Incentivos para la deserción escolar

Deserción escolar asociada con minería informal:

En todas las regiones de estudio con presencia de minería informal, niños, niñas, adolescentes y jóvenes abadonan el estudio para vincularse a la actividad minera, que en ocasiones es también el negocio familiar. En estos casos, los menores de edad encuentran una salida económica viable que les permite ganar dinero rápidamente a través de la minería. La educación no es vista como una prioridad ni para ellos, ni para sus familias, sobre todo si se trata de regiones de pobreza generalizada.

Esto se evidencia en lo expuesto por las autoridades locales en Cundinamarca, quienes han dado cuenta de la deserción escolar: “Los jóvenes lo primero que quieren tener en su vida es una moto, por lo que prefieren trabajar que estudiar.” En el diálogo con la comunidad los padres de familia argumentaron que a pesar de que la educación es vista como necesaria para las familias, los adolescentes no demuestran ningún interés o deseo de continuar con sus estudios, especialmente en los últimos años de escuela, donde deciden desertar o en otros casos validar la escuela los fines de semana. Un integrante de la comunidad sostuvo que su hijo “prefiere validar el colegio los fines de semana como una alternativa para continuar trabajando entre semana en la minería”. Argumentó además que  los jóvenes ven la educación como una obligación más que como una prioridad, debido a las ganancias que les representa la minería. De manera similar, en el Norte del Cauca, hay quienes continúan en el sistema escolar para continuar recibiendo el subsidio de programas de transferencias condicionadas, como Familias en Acción, más no por un deseo de estudiar.

En la región de Condoto, Chocó, se han presentado dos situaciones enmarcadas por las características de la actividad minera y sus transformaciones en el tiempo y que tienen incidencias diferenciales en el Derecho a la educación. En un primer momento se ve un impacto positivo de la minería, pero posteriormente, genera deserción escolar:

Antes de la llegada de la minería ilegal, cuando se practicaba la minería artesanal, las familias ahorraban parte de las ganancias para la educación superior de sus hijos e hijas. Esta era una forma de brindar alternativas diferentes a la minería y mayores oportunidades laborales para la población joven. De manera opuesta, en la actualidad, y tras la llegada de la minería ilegal y de mayor tamaño, la población menor de edad se vincula a la actividad para obtener dinero más rápido y suplir carencias económicas en sus hogares. El nexo entre economía, educación y migración, planteado por Sanders (Sanders, 1978), se ve reflejado en el aumento en la movilidad de la población joven en contextos de elevados índices de pobreza, que cambia de lugar de residencia de acuerdo con las oportunidades de generación de ingresos que se presentan, dejando a un lado los estudios. De igual forma, en esta región, el fenómeno también está asociado a la ausencia de los padres, quienes desatienden sus hogares para dedicarse a la minería. Los salarios devengados en esta actividad han llevado a que la educación pierda importancia tanto para los adolescentes y jóvenes como para sus familias.

En este mismo sentido, profesores en el Norte del Cauca explican que la cultura del dinero fácil va en detrimento de una visión de futuro, del interés en estudiar y asistir a una Universidad, y tiene como consecuencia la deserción escolar de adolescentes y jóvenes “cooptados por la minería”. De manera similar, un miembro de la comunidad de Segovia, en el Nordeste Antioqueño, al hablar sobre la asociación entre cultura minera y deserción escolar, plantea el siguiente interrogante: “con tanta plata y 180 años de cultura minera en Segovia, ¿quién va a querer estudiar?”.

Llama la atención las implicaciones que esta situación pueda tener sobre la efectividad de los programas de reconversión derivados de la estrategia de reconversión de poblaciones mineras que no logren ser formalizadas. La baja escolaridad genera barreras adicionales a la movilidad ocupacional. En estas condiciones la “cultura minera” es también una trampa de pobreza.

 

Deserción asociada con minería a gran escala:

La información cuantitativa en las zonas de influencia de la minería de carbón a gran escala no brinda evidencias para afirmar que hay un aumento de la deserción escolar para dedicarse a la actividad minera. Una hipótesis es que la vinculación laboral con las grandes empresas requiere de un nivel de formación que, contrario a las otras formas de explotación minera, motiva a los y las jóvenes a continuar con su educación, pero las observaciones en campo no revelan la existencia de este tipo de dinámicas.

Lo cierto es que las dinámicas económicas y demográficas locales (como el constante flujo de dinero y la multiplicidad de actores en la región), derivadas de la presencia de estos megaproyectos, en conjunto con los altos índices de pobreza, configuran escenarios propicios para el Trabajo infantil. En estos escenarios, como ocurre en el corregimiento de La Loma, Cesar, se presentan deserciones escolares de niños, niñas y adolescentes que quieren dedicarse, entre otros, a las ventas callejeras y otras actividades informales.

 

Diferencias en deserción según tipo de mineral:

En relación con la deserción escolar, la evidencia cuantitativa sugiere cambios en el número de alumnos matriculados por habitante para los municipios mineros. Estas diferencias, además, se presentan de manera heterogénea según el nivel educativo y la intensidad de la actividad minera. Para el caso de los municipios con mayor intensidad en la producción de oro, se observa que el número de matriculados en preescolar y primaria por habitante no es estadísticamente diferente del promedio de los municipios del grupo de comparación. No obstante, sí se observan diferencias significativas de alrededor de un 4% menos estudiantes matriculados en secundaria y media por habitante, relativo a los municipios de comparación. Cuando se toma toda la muestra de productores de oro y no solamente los que más producen, se observa una diferencia negativa y significativa del 2,1% en el número de matriculados en secundaria per cápita.

Para los municipios productores de carbón en Cesar y La Guajira se observa una diferencia negativa y significativa del 12% en el número de matriculados per cápita en media, relativo al grupo de comparación. Esta situación se hace evidente en la figura XX. Con carbón del interior se observa un caso diferente. Cuando se toma toda la muestra de municipios productores, existe una asociación de alrededor de 6% más matriculados per cápita en preescolar y 4% más matriculados per cápita en secundaria, en comparación con los municipios de control. Para preescolar y media no se observan diferencias significativas, y lo mismo ocurre cuando se restringe la muestra a los municipios del interior con mayor intensidad en la producción. La evidencia cualitativa tampoco dio cuenta de un aumento en la deserción escolar en los contextos de minería de carbón en el interior del país.

Figura 2. Evolución del número de estudiantes por docente en municipios con minería de carbón en Cesar y La Guajira.

f2

Fuente: cálculos propios con base en datos del Ministerio de Educación

En el caso de materiales de construcción, cuando se toma la muestra de municipios con mayor intensidad en la producción, se observa un menor número de matriculados en preescolar, primaria y media por habitante, en comparación con los municipios de control. Estas diferencias son del 4%, el 6% y el 5% respectivamente. Para la muestra completa de municipios productores de materiales de construcción los resultados no son concluyentes.

Los resultados en oro, carbón para Cesar y La Guajira, y materiales de construcción en toda la muestra, son consistentes con la hipótesis de una mayor incidencia de la deserción escolar, que puede estar asociada a fenómenos de trabajo infantil o embarazo adolescente, entre otras hipótesis. En el caso del carbón en el interior, el resultado positivo en materia de matrícula escolar podría atribuirse a programas promovidos por autoridades locales, o las mismas empresas que incentiven la participación en el ciclo escolar.

Como ya se evidenció en los casos expuestos, los elevados índices de deserción escolar en contextos mineros están directamente relacionados con las condiciones de pobreza en que vive la población menor de edad y con la presencia de nuevos actores en el territorio. Al retomar las dimensiones del derecho a la educación, se observa una afectación al principio de no discriminación presente en la dimensión de Accesibilidad y a la dimensión de Adaptabilidad. El primero hace énfasis en el acceso a la educación sin discriminación alguna, de grupos vulnerables de hecho, en este caso, a aquellos niños, niñas y adolescentes con necesidades básicas insatisfechas que se ven en la necesidad de trabajar para contribuir con el sostenimiento familiar. El segundo, por su parte, se refiere a la flexibilidad que debe tener la educación para adaptarse a las transformaciones del contexto, que se hace explícita en la diversidad social, cultural y económica propia de escenarios con grandes flujos de población.

 

Acciones frente a la deserción desarrolladas en lo local:

La problemática en La Loma, Cesar, relacionada con el trabajo infantil, ha llevado a que el gobierno departamental implemente estrategias de escolarización y desarrollo de actividades extracurriculares con niños, niñas y adolescentes que han dejado los estudios por la búsqueda de ingresos económicos. De la mano de la Fundación Telefónica y la alcaldía municipal, la gobernación realiza acompañamiento y seguimiento constante a familias y colegios para que formen parte de la apuesta por prevenir la deserción y lograr eliminar las horas de trabajo de niños y niñas. También se ha complementado con alternativas de generación de ingresos para las familias, en tanto las dificultades económicas en el hogar hacen parte de los factores que propician el trabajo infantil. Aun cuando no es el caso de las compañías mineras legales a gran escala en Cesar y Guajira, sí hay información que indica que el trabajo infantil tiene lugar en algunos de los componentes de la cadena de valor de algunas empresas mineras. Las grandes empresas han manifestado su gran preocupación y voluntad de erradicar prontamente esta problemática. 

En el municipio de Bosconia, las instituciones educativas del casco urbano no dan abasto con la demanda de estudiantes, por lo que se están haciendo esfuerzos para vincular a los estudiantes a los centros educativos de las zonas rurales. Esto con el fin de evitar la deserción y para disminuir o erradicar la problemática de trabajo infantil que se presenta en el municipio. Una de las empresas mineras ha construido, reconstruido y dotado 623 aulas en su zona de influencia, al igual que laboratorios de informática. A su vez ha entrenado a más de 150 profesores en educación ambiental. 

 

carbon

6.    Desaparición de centros educativos y/o reubicación de población

Los resultados cuantitativos sugieren que, en efecto, los municipios mineros tienen una oferta de infraestructura educativa significativamente inferior a los municipios del grupo de comparación. Esta evidencia, no obstante, no puede interpretarse directamente como un resultado por desaparición o reubicación de centros educativos, en tanto puede explicarse también por una menor construcción de nuevos establecimientos.

Cuando se analiza la muestra de municipios mineros de carbón del interior del país, los productores presentan cerca de 9% menos establecimientos educativos por habitante relativo al grupo de comparación. Si se toman los productores de carbón del interior con mayor intensidad en la actividad, la diferencia aumenta a 41%, en comparación con el grupo de municipios de control. Esto puede interpretarse como un efecto creciente de la producción de carbón sobre el déficit de infraestructura educativa. En términos absolutos, los municipios de control para carbón tienen en promedio 323 establecimientos educativos por cada 100 mil habitantes, y los municipios con mayor intensidad en la producción de carbón en el interior del país tienen 190 establecimientos educativos por cada 100 mil habitantes. Para los municipios productores de carbón de Cesar y La Guajira no se observan diferencias significativas en el agregado de establecimientos educativos por habitante. No obstante, cuando se analizan únicamente los establecimientos educativos privados, se encuentra una diferencia positiva del 42%. Es decir, los municipios de control para Cesar y La Guajira tienen en promedio 18 establecimientos educativos por cada 100 mil habitantes, y los productores de carbón de estos departamentos tienen alrededor de 25. Este resultado se hace evidente en la siguiente gráfica

Gráfica 3. Establecimientos educativos por 100 mil habitantes, municipios de tratamiento y control en Cesar y La Guajira.

f3

Fuente: Ministerio de Educación Nacional

Para materiales de construcción, tanto cuando se toma la muestra de todos los municipios productores, como cuando se restringe a la mitad que más produce, se observan alrededor de 25% menos establecimientos educativos por 100 mil habitantes relativo al grupo de comparación. Finalmente, para los municipios mineros de oro, cuando se incluye toda la muestra de productores, no se observan diferencias significativas frente al grupo de municipios de comparación. Si se restringe el análisis a la mitad de municipios que más produce, la diferencia es de 6% menos establecimientos educativos por 100 mil habitantes, relativo a los municipios de control.

En lo relativo a la inversión municipal en educación, la evidencia cuantitativa no sugiere ninguna asociación, salvo para los municipios mineros de carbón en Cesar y La Guajira. Los municipios con minería de oro, carbón en el interior y materiales de construcción no presentan niveles de inversión significativamente diferentes de los que presentan los municipios del grupo de comparación. Por el contrario, los municipios con minería de carbón en Cesar y La Guajira presentan 6,7 veces más inversión en educación per cápita, relativo a su grupo de comparación.

Por su parte, la información cualitativa sugiere que la reubicación o desaparición de centros educativos a causa de la actividad minera, responde a dos situaciones: afectaciones ambientales y reasentamientos involuntarios de comunidades por parte de las empresas mineras. Esta reubicación, en algunos casos, se constituye en una medida de protección y una forma de garantizar el ejercicio del Derecho a la educación. En otros casos, ha representado una limitación para este ejercicio.

A continuación, se presentan casos asociados a estas dos situaciones y se ilustra cómo inciden en goce efectivo del derecho.

 

 

materialesc

7.    Reubicación de centros educativos por impactos ambientales

En el trabajo de campo se encontró que en la vereda El Olivo del municipio de Cogua se ha desarrollado un Parque Minero Industrial (PMI) donde convergen grandes empresas y pequeños productores dueños de chircales en una misma zona geográfica. La actividad principal que se desarrolla en el PMI es la extracción minera para la producción de ladrillos, la cual según el personero municipal, representa una fuente significativa de empleo y recursos.

A pesar de ello los impactos de la actividad minera en el medio ambiente son visibles, especialmente en lo relacionado con el humo que generan los hornos y el polvo que sale de las carreteras por las que transitan las volquetas, donde los mayores afectados son los niños, debido a que la escuela rural El Olivo se encuentra en la mitad del Parque Minero Industrial. Además la vía por la que pasan las volquetas es la misma vía de la salida y entrada a la escuela por lo que los niveles de contaminación que reciben son muy altos.

A partir del interés de las empresas por generar acciones encaminadas a la Responsabilidad Social Empresarial surgió una fundación que se ha encargado de desarrollar acciones encaminadas al fortalecimiento del tejido social, especialmente desde la coordinación en la escuela rural. Tal y como lo expuso el director de la fundación, no sólo han aumentado la cantidad de profesores y alumnos, sino también  han mejorado la infraestructura de la institución y la calidad de los programas educativos, desde preescolar hasta educación técnica, tecnológica y superior.

Con el fin de mitigar los efectos de contaminación y los riesgos ambientales, dirigidos principalmente a la población menor de edad, la fundación tiene el objetivo de reubicar la escuela rural El Olivo, brindando un espacio en el que los niños puedan respirar en un ambiente menos contaminado. En palabras del director: “la meta con las empresas es sacar la escuela de la zona, porque está en el centro de toda la producción minera”.

 

 

carbon

8.    Reasentamientos involuntarios por la actividad minera

Los reasentamientos involuntarios en el marco de la actividad minera, para los casos estudiados, obedecen a dos motivaciones diferentes: 1) el interés de la empresa en ampliar las áreas de explotación minera; lo que implica reasentar a las comunidades ubicadas en las áreas a intervenir como en el caso de La Guajira y, 2) una medida de protección tomada por las autoridades nacionales, en la que se ordena a las empresas mineras reasentar a 3 comunidades cuya salud se ha visto afectada por la explotación de carbón, tal y como ocurre en el departamento del Cesar[2].

En el caso de los reasentamientos de las comunidades de El Hatillo y El Boquerón las comunidades señalaban que la gobernación y los municipios de El Paso y La Jagua de Ibirico respectivamente, habían dejado de invertir en infraestructura y servicios a la espera de la ocurrencia del reasentamiento decretado por la resolución 970 de 2010. En la práctica la disfuncionalidad de los procesos de reasentamiento y la descoordinación institucional que rodea estos procesos se ha traducido en que la población escolar durante seis años ha estado afectada por la incertidumbre del proceso y las prolongadas negociaciones e incidentes que rodean los reasentamientos. Esto equivale a que toda una cohorte de estudiantes de primaria (5 años) de estas comunidades ha estado expuestas a los impactos de un reasentamiento indefinido.

Ante esto una empresa en el Cesar, mencionó: “No se puede negar que la decisión del gobierno de ordenar el reasentamiento de estas comunidades ha tenido un impacto en estas poblaciones. El proceso también ha tenido una curva de aprendizaje de tres empresas que nunca habían sido encargadas de ejecutar este tipo de proyectos, que normalmente los asumiría el Estado. Pero los impactos sociales que sufren estas poblaciones no deben ni pueden ser asumidos por el proceso de reasentamiento solamente, ya que son poblaciones que históricamente han tenido un alto nivel de pobreza, con bajos niveles de desarrollo e infraestructura, que han carecido de la presencia y apoyo del Estado”.

Para analizar los impactos de los reasentamientos involuntarios en el ejercicio del derecho a la educación se retoma únicamente el caso de La Guajira, en tanto las comunidades ya han sido relocalizadas casi en su totalidad. En este caso, de las 5 comunidades involucradas, 3 ya fueron reasentadas y están en fase de acompañamiento. Las 2 comunidades restantes no lograron unidad en la negociación, por lo que algunos de sus integrantes están en fase de acompañamiento en el nuevo asentamiento, y otros han permanecido en su territorio ancestral y continúan en negociaciones con la empresa.

Esta diferencia de situaciones genera, a su vez, impactos diferenciados en el goce efectivo del derecho a la educación.

Por un lado, para los niños, niñas y adolescentes que ya fueron reasentados, el proceso de negociación con la empresa permitió asegurar el acceso al servicio educativo. En primer lugar, se incluyó el traslado o reconstrucción de la escuela primaria de la comunidad en el lugar del reasentamiento, como elemento fundamental para garantizar el ejercicio del derecho a la educación. Los docentes de estos centros son contratados directamente por el gobierno local, y la empresa fortalece el proceso educativo a través de la contratación de profesionales para realizar un refuerzo escolar. El bachillerato lo cursan directamente en los colegios del casco urbano.

En segundo lugar, la negociación entre empresa y comunidades, incluyó acuerdos de becas para educación superior y/o subsidios de manutención para estudiantes. Esto ha permitido que los jóvenes tengan mayores oportunidades educativas en términos de educación superior.

El cumplimiento de acuerdos ha tenido tropiezos específicos en cada una de las comunidades, como el que el beneficio educativo se haya aprobado sólo para los hijos del núcleo familiar afectado, sin tener en cuenta que en la región es común que las abuelas maternas se hagan cargo de la crianza de sus nietos. En un principio, estos niños quedaron por fuera de los acuerdos. Ahora, durante la fase de acompañamiento, los procesos de negociación con la empresa continúan en todas las comunidades, para lograr que los acuerdos se cumplan, o se adapten a las necesidades reales.

Por otro lado, en las 2 comunidades que continúan en sus territorios de origen, el impacto en el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes ha sido negativo. La inversión pública en los lugares que serán reasentados se ha reducido y las comunidades perciben que el reasentamiento se convierte en una excusa de las autoridades para desatender su obligación de asegurar acceso a servicios, salud y educación, entre otros.

Según relatan integrantes de la comunidad, la escuela a la que asistían niños y niñas de las comunidades de Chancleta y Patilla fue demolida por parte de la empresa con el permiso de la Alcaldía Municipal. La comunidad interpuso una acción de tutela contra estos dos actores solicitando la reconstrucción del centro educativo. Sin embargo, el fallo del Juzgado Promiscuo Municipal de Barrancas no ordenó dicha reconstrucción, sino la prestación de un servicio de transporte escolar para que los estudiantes asistieran a la escuela más cercana.

Durante todo este proceso los niños y niñas estuvieron aproximadamente 6 meses sin acceso al servicio de educación, pese a que en ocasiones la misma comunidad puso dinero para contratar un transporte particular. Actualmente, la comunidad apeló el fallo del Juzgado y está esperando el fallo de la Corte Suprema. Esta apelación se presentó debido a que representantes de estas dos comunidades consideran que la medida es inadecuada e insuficiente.

En este caso, la ausencia de medidas adecuadas y oportunas para mitigar impactos propios de la ampliación del proyecto minero (que hacen parte de una planeación rigurosa), así como las dificultades en el proceso de negociación para el reasentamiento entre empresas y comunidades, comprometen principalmente dos dimensiones del derecho a la educación: disponibilidad y accesibilidad.

La disponibilidad deja de existir en el momento en que se permite la demolición del centro educativo, sin presentar una alternativa viable para que los niños y niñas que permanecen en el territorio continúen estudiando. Si bien el predio donde se ubicaba la escuela pertenece a la empresa, el derecho debe ser garantizado adoptando las medidas correspondientes para que exista el centro educativo y las condiciones que éste requiere para asegurar una educación de calidad.

La medida adoptada a través del fallo del Juzgado puede ser una solución que aprovecha la oferta disponible en otra comunidad para suplir la carencia del centro educativo. Sin embargo, esta disponibilidad tampoco asegura la accesibilidad si no se presta un servicio de transporte regular para que niños y niñas asistan a la escuela diariamente y en condiciones seguras. Según el relato de los niños y niñas afectados, esta accesibilidad no está siendo garantizada pese al fallo, “ese señor es muy incumplido, hay veces que nos dice que va venir más temprano, pero no llega y nunca aparece”.

 

 

materialesc

9.Excesiva cercanía de centros educativos a proyectos mineros

Existen impactos en el ejercicio del derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes asociados a la cercanía física entre instituciones educativas y zonas de actividad minera (explotación, procesamiento o transporte).

Estos impactos se relacionan con las afectaciones ambientales (Ver capítulo derecho a la salud y al ambiente sano) y las implicaciones que éstas tienen en la salud de la población, así como con un aumento en los riesgos de accidentalidad de la población menor de edad, que pueden afectar la accesibilidad, el desempeño escolar y promover la deserción.

En términos de las afectaciones ambientales producto de la actividad minera y su relación con el derecho a la educación, en el Nordeste Antioqueño los entrevistados refirieron una relación directa entre afectaciones en la salud de niños, niñas y adolescentes y su rendimiento académico. La contaminación por mercurio asociada a la actividad de plantas de beneficio y fundidoras de oro cercanas a centros educativos en los cascos urbanos afectan la salud de esta población.

Al respecto, estudios toxicológicos en el municipio de Segovia, Antioquia, han concluido que el 70% de los niños manifiestan síntomas de alternación psicológica causada por la exposición a largo plazo a vapores del mercurio (Veiga, 2010, pág. 13).

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud determinó a partir de la revisión de la literatura científica disponible que existe suficiente evidencia que indica que la exposición a vapores de mercurio en el aire afecta la capacidad de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes (World Health Organization, 2005, pág. 75).

El transporte del mineral extraído también ha generado afectaciones sobre la educación, principalmente en minería de carbón y de materiales de construcción. En algunos municipios de Cundinamarca y Boyacá las volquetas transitan por las mismas vías de acceso a los colegios, aumentando los riesgos de accidentalidad para la población estudiantil. Si se tiene en cuenta que una de las dimensiones del derecho a la educación es la accesibilidad, que incluye el deber de garantizar las posibilidades de acceso físico a la institución educativa, los riesgos que supone el tránsito constante de volquetas va en detrimento de esta dimensión, y por consiguiente, del goce efectivo del derecho.

Por ejemplo, en la vereda de Checua del municipio de Nemocón, Cundinamarca, se realiza explotación de caolín a gran escala por parte de una empresa minera. El proceso de explotación se realiza en el municipio de Nemocón; el material se transporta al municipio de Madrid, donde se realiza la transformación de la caliza; Debido a esta cadena productiva se presenta, en dichos municipios, un tránsito continuo de volquetas que transportan el material de un lugar al otro.

Específicamente en Nemocón, las volquetas de la empresa atraviesan el municipio cada semana con grandes cantidades de material, por lo que la mayoría de quejas que presenta la comunidad giran en torno al deterioro de vías, el polvo y el ruido que generan las volquetas.

Una de las poblaciones que más se había visto afectada por este tránsito eran los niños y niñas del colegio veredal, los camiones que pasaban utilizaban las mismas vías para acceder al colegio. Para mitigar estos impactos se establecieron medidas preventivas por parte de empresas y gobiernos locales que han facilitado el acceso seguro a los colegios en zonas mineras. Se acordó un horario específico en el tráfico de volquetas con el fin de prevenir futuros riesgos y afectaciones a esta población, tal y como lo expone uno de los miembros del gobierno local: “con la empresa se estableció una restricción de horario para el paso de volquetas mientras los niños entran y salen del colegio.”

Para finalizar, la cercanía a los proyectos mineros se constituye también en un riesgo para la deserción escolar. Por ejemplo, en un municipio del Macizo colombiano, la mina está ubicada al lado de un centro educativo. Los niños, niñas y jóvenes ven salir todos los días a los mineros con grandes cantidades de dinero y muchos han abandonado los estudios para trabajar en la mina[3]. Según la empresa minera, esta dinámica es propia del desarrollo de la minería ilegal en el municipio.

 

oro materialesc 10. Desatención a jóvenes y niños  pordedicación de padres a la minería

Las limitaciones al derecho a la educación en contextos mineros están relacionadas a otras problemáticas que convergen en los territorios. Por ejemplo, en regiones mineras de Chocó y Cauca, los padres de familia dejan solos a sus hijos para trabajar en minería de manera intensiva. De acuerdo con una profesora del municipio de Condoto, “como viven solos [los niño y niñas], hacen muchos destrozos, se meten a pandillas, tienen un bajo rendimiento académico y se aumenta la prostitución y drogadicción”. Por su parte, en el municipio de Suárez, Norte del Cauca, una profesora describe la situación de los jóvenes así:

Los padres de todos trabajan en minería, hombres y mujeres. En el hogar, los jóvenes quedan abandonados, desatendidos. Se van a trabajar en las minas, comienzan a ganar mucho dinero, comienzan a consumir alcohol, gastar en fiestas y comienza el desapego familiar.

Esta situación aparece de manera consistente en las entrevistas realizadas en municipios mineros de Antioquia, Chocó, Cauca y Nariño, Boyacá y Cundinamarca.

En las regiones de explotación a gran escala de oro suelen coincidir la debilidad de las instituciones y la presencia de grupos armados al margen de la ley. Esta convergencia configura un contexto de alta vulnerabilidad para niños, niñas y jóvenes. En regiones como Chocó, el desplazamiento de familias de las zonas rurales hacia los cascos urbanos excede la capacidad institucional y administrativa en términos de demanda de centros educativos y docentes. Como lo expresa un docente del municipio de Condoto,

El colegio está en medio de dos asentamientos de desplazados. Asisten niños con desarraigo de su tierra y profundas vivencias de violencia. Los niños van porque tienen alimentación gratuita, auspiciada por la Secretaría de Educación. Son aproximadamente 1040 niños con 52 docentes. Las funciones de los docentes algunas veces superan sus capacidades pues tienen que hacer el rol de padres, psicólogos, médicos, amigos, enfermeros, etc.

Los resultados del análisis cuantitativo muestran que para los municipios con minería de oro, se observa que la tasa de expulsión por desplazamiento forzado es cerca al 60% mayor en comparación con los municipios de control. En términos absolutos, este resultado implica que mientras en los municipios de control se expulsaron 12 personas por mil habitantes por desplazamiento forzado, en los municipios con minería de oro se expulsaron alrededor de 19 personas por mil habitantes. Las implicaciones de este fenómeno sobre la presentación de servicios de educación puede ser múltiples, puede disminuir el número de docentes o de estudiantes; en cualquier caso se traduce en la interrupción y desarraigo de la vida escolar y del primer capital social de la población infantil o adolecente.

Algunas acciones de protección desarrolladas en el nivel local:

Actores como los maestros, la iglesia y organizaciones sociales juegan un papel fundamental en la protección de los niños, niñas y adolescentes en contextos mineros complejos. A continuación se presentan algunas de estas acciones que se pudieron identificar durante el trabajo de campo. Sin embargo, hay que destacar que no son las únicas existentes:

En la región del Pacífico biogeográfico, la Pastoral social[4] realiza un trabajo constante de acompañamiento y defensa de los derechos humanos de las comunidades étnicas, promoción de valores de solidaridad, dignidad, familia, e incluso provee servicios educativos en las zonas alejadas con poca presencia institucional y altos niveles de violencia. En otras regiones, las iglesias cristianas realizan una labor similar que busca encontrar alternativas para la mitigación de los conflictos sociales. Tal y como lo expuso uno de los líderes comunitarios en el municipio de Nemocón, Cundinamarca, “hay grupos pastorales que dialogan con los muchachos y les enseñan con la biblia, gracias a eso han bajado las riñas”.

En cuanto a acciones institucionales, en las regiones mineras de Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño, Guajira, el común denominador es la baja presencia estatal para tratar las problemáticas que afectan niños, niñas, adolescentes y jóvenes. En otras regiones, como Cundinamarca y Boyacá, a pesar de que existen programas y funcionarios comprometidos –en su mayoría docentes-, el problema es la ausencia de capacidades de las Instituciones.

Una experiencia institucional es el Comité de Convivencia Escolar en el municipio de Hatonuevo, Guajira. En este comité participan todas las secretarías municipales, comisaría de familia, defensoría del pueblo, personería y rectores de colegios públicos y privados, entre otros, con el fin de abordar temas que están por fuera del manual de convivencia de los colegios y que requieren atención por parte de las diferentes entidades

En el departamento del Cesar, estudiantes de una institución educativa en el corregimiento de La Loma, hicieron referencia a un espacio semanal en el colegio donde un psicólogo trabaja con los estudiantes temáticas relacionadas con el consumo de drogas y educación sexual. En este mismo colegio, una de las empresas mineras que operan en la región, lidera una campaña de prevención del embarazo en adolescentes en la que a través de un ejercicio de cuidado, se espera que las adolescentes reflexionen frente a la sexualidad responsable.

En la vereda de Patio Bonito, Nemocón, la Comisaría de Familia ha desarrollado proyectos en convenio con Compensar para contribuir a erradicar el trabajo infantil y la violencia intrafamiliar, implementando métodos educativos apropiados al objetivo. La institución no sólo trabaja con niños sino también con sus familias para sensibilizar sobre la minería como una de las peores formas de trabajo infantil. Sin embargo, una funcionaria de la comisaría sostuvo que la demanda que reciben de problemáticas del sector es muy alta en relación a la capacidad que tiene la institución para atender los casos que se presentan.

Por esta razón, se ha tenido que recurrir a otras figuras o instituciones que, según lo argumentó la funcionaria de la comisaría de familia, cuentan con una gran legitimidad en la comunidad. Una de ellas son los docentes de la escuela de la vereda, quienes se han convertido en conciliadores de los conflictos que se presentan entre los niños, o entre éstos y sus familias, particularmente en lo referente a casos y situaciones que traspasan los límites de lo académico, como la violencia intrafamiliar, los abusos sexuales y las riñas entre los jóvenes. Los docentes entonces se han encargado de abrir espacios de diálogo con los niños, para indagar sobre las problemáticas y enseñar sobre valores de convivencia.

 

 

materialesc carbon

11. Insuficientes oportunidades de formación para el trabajo en grandes empresas mineras

La información cuantitativa disponible no permite hacer un ejercicio de inferencia en lo relacionado con la formación requerida para acceder a las oportunidades que brinda la minería. En particular, se dispone de información sobre el número de matriculados a nivel municipal en programas técnicos y tecnológicos específicamente orientados a la minería, pero no todos los municipios mineros cuentan con dicha oferta educativa, y no se logró suficiente poder estadístico para hacer análisis de regresión. Por su parte, la información cualitativa permite comprender las principales dificultades que se presentan en la relación entre oferta educativa y demanda, así como su relación con las posibilidades reales de vinculación laboral.

Obstáculos para la contratación relacionados con educación.

Las características de la explotación minera a gran escala requiere la contratación de personal cualificado para el desarrollo de diferentes labores en general bastante especializadas. Las ocupaciones más generales como mantenimiento son tercerizadas así como las de menor calificación de oficios generales. Personal con formación técnica, tecnológica y profesional hacen parte de la planta de trabajadores de estas grandes empresas.

Los hallazgos del trabajo de campo indican que la mano de obra local corresponde principalmente al primer grupo. Es decir, personas con un nivel de formación técnico específico para determinadas labores. Para los cargos que requieren formación profesional, el personal proviene de otras regiones del país.

Con las expectativas de mejorar sus condiciones de vida muchos jóvenes aspiran a vincularse a estas empresas y, por consiguiente, a acceder a espacios educativos que les brinden los conocimientos necesarios para hacerlo. En comparación con los ingresos promedio de la población, los trabajadores de estas grandes empresas reciben mejores salarios y mayor estabilidad laboral.

La oferta educativa.

En departamentos como Cundinamarca, Boyacá, Cesar y Guajira, la oferta para estos programas de formación y capacitación está principalmente en cabeza del SENA. Según la región y las características específicas de la explotación minera, el SENA abre programas en sus sedes o lleva las capacitaciones a otros municipios, en convenio con el gobierno local.

Por ejemplo, en Boyacá, la oferta educativa de esta institución incluye programas de formación en niveles operativo, técnico y tecnólogo. Esta oferta educativa incluye temas relacionados con administración de personal, manejo ambiental, topografía, salud laboral, entre otros. Para profesionalización existen convenios con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. El SENA en Sogamoso cuenta con una Mina de Aprendizaje que es también un espacio para que estudiantes de la UPTC realicen sus prácticas.

En estos departamentos también se han establecido convenios entre el SENA y las empresas para que además de la formación los estudiantes realicen las prácticas con las empresas. Para el caso del Cesar, este convenio consiste en la delimitación de unas ofertas educativas específicas cuyas condiciones de admisión son definidas por la empresa. Para quienes ingresan, la empresa da un subsidio económico y afiliación a riesgos profesionales.

Una de las principales dificultades, señalada por actores institucionales y comunitarios entrevistados, en relación con la formación técnica o tecnológica, es la desproporción entre oferta y demanda. Tanto en Cesar, Guajira y Boyacá, la oferta de cupos en el SENA no da abasto. Este mismo desequilibrio ocurre entre el número de jóvenes formados en áreas específicas para labores mineras y las posibilidades para asegurar una vinculación laboral con las empresas como lo refiere una funcionaria del gobierno departamental, “para maquinaria pesada se presentan 3000 personas para 30 cupos en el SENA y una oferta laboral por parte de la empresa para 10 personas”[5].

Otra de las dificultades manifestadas por una comunidad en el departamento de La Guajira es el aumento en el costo de vida para los jóvenes que deben trasladarse a la capital del departamento mientras realizan las prácticas con la empresa. El auxilio económico que da la empresa apenas cubre los costos de vivir en la ciudad y no genera un beneficio directo para la comunidad. Hay “más calidad de vida al ser de la comunidad y vivir en la comunidad”. Según relataron, la empresa les exige vivir en Riohacha debido a que el transporte que presta la empresa parte desde este municipio, en lugar de recoger a los practicantes directamente en sus comunidades, aun cuando están ubicadas en la vía que conduce a la mina.

Además del SENA, hay municipios que han establecido convenios directamente con la empresa para este tipo de formación. Este es el caso del municipio de Hatonuevo en La Guajira. Sin embargo, allí el convenio no ha dado los frutos esperados debido al incumplimiento de acuerdos por parte del mismo municipio. Según uno de los actores entrevistados: (…) el convenio incluía como compromisos de la empresa la dotación y la planta docente y, por parte del  municipio, el lote y la construcción del centro educativo. Hasta el momento, el municipio no ha cumplido con su parte por lo que aún no está en funcionamiento.

El diferencial salarial entre el sector de minería a gran escala y otras vocaciones de la economía local generan grandes expectativas de empleo que se traducen en demandas de formación profesional específica para poder acceder a las oportunidades de empleo que como se vio son muy pocas comparadas con la demanda. Este desequilibrio es fuente continua de tensión entre comunidades y empresas; sin embargo esta tensión refleja dos fenómenos concurrentes: El primero la carencia de esquemas estratégicos de inversión pública y sobretodo de las regalías que muestra una aguda miopía en las prioridades de inversión ya que la inversión de regalías no ha buscado elevar la productividad de otros sectores productivos que pueden a su vez generar oportunidades de empleo mejor remunerado.

El segundo es de nuevo la tensión entre el ordenamiento territorial y le desarrollo del sector. Los requerimientos de los proyectos son previsibles, tanto como o que las mismas empresas han desarrollado convenios con el SENA para asegura adecuada oferta de manos de obra calificada. Cabe preguntarse si algo similar no es posible hacer frente a los requerimientos del desarrollo regional como un mecanismo de inversión de regalías en la lógica de transformar la riqueza del subsuelo en capital humano.

En la investigación de campo CREER no encontró un planteamiento de política regional en Cesar o en Guajira para dar respuestas a los requerimientos de capital humano para habilitar el empleo, por el contrario si fue frecuente encontrar las expectativas centradas en lo que hacen las empresas para solventar la insuficiencia de trabajos de alta remuneración.

Manifestaba una empresa sobre las expectativas de empleo y los requerimientos reales para labores mineras “…la mina va a cerrar en el 2030 y la comunidad tiene que estar lista… las capacitaciones hay que enfocarlas para fortalecer la oferta de oportunidades productivas alternativas a la minería.”

 

 

oro

12.Insuficientes oportunidades de formación profesional para el fortalecimiento de la pequeña minería

La educación para el fortalecimiento de la pequeña minería es una demanda consistente de los pequeños mineros en todas las regiones de estudio. Aunque se han adelantado algunos proyectos particulares y acciones por parte de las instituciones, la ausencia de oferta educativa para el mejoramiento de los estándares de seguridad industrial, gestión social, cultura empresarial y sostenibilidad ambiental, es uno de los limitantes principales para la supervivencia y formalización de la pequeña minería.

En una entrevista con un docente de la Universidad de Nariño, éste explica que en el departamento aún no existen programas técnicos o de ingeniería de minas, “…pese a la existencia de propuestas rigurosas y bien justificadas por académicos muy bien acreditados y la importancia de la minería para varios municipios de la región”. Esto dificulta las posibilidades de acceder a  educación especializada en minería por parte de la población de la región, quienes en el mejor de los casos -cuando cuentan con recursos- tienen que optar por estudiar fuera del departamento.

Por su parte, una representante de una organización social que tiene presencia en todo el Pacífico biogeográfico explica que en la región “se requiere del fortalecimiento a la minería artesanal porque le da trabajo a mucha gente de manera prolongada y es compatible con la agricultura. Pero para esto se requiere innovación en técnicas y herramientas”. Por su parte, un funcionario de la Personería de Condoto, Chocó, afirma que “aquí necesitamos fomentar la generación de empleo, educación y capacitación para el emprendimiento al pequeño empresario, que genere alternativas de auto sostenimiento”.

Sin embargo, el éxito de los programas de educación y capacitación depende de un enfoque que logre captar la diversidad de prácticas sociales y culturales dentro de la pequeña minería y que se construya de manera concertada con las comunidades. En este sentido, una representante de una organización social en Chocó explica que la educación para el fortalecimiento de la pequeña minería debe ser compatible y concertada con los usos y costumbres de las comunidades en los territorios. De manera similar, en espacios de diálogo realizados en el Bajo Cauca Antioqueño, en el Macizo colombiano y en la zona andina de Nariño, los mineros expresaron la necesidad de fortalecer los programas de educación y capacitación diferenciada según el tamaño y el tipo de minería.

 

Algunas acciones desarrolladas a nivel local para capacitación:

En algunas regiones se han implementado programas para el fortalecimiento sectorial y capacitación de la población. La investigación de campo de CREER identificó varias iniciativas que por sus creatividad e innovación se destacan acá, varias de ellas son de organizaciones de la sociedad civil, otras son alianzas entre entidades públicas y ONGs y organizaciones de base de comunidades mineras.

El acceso a formación profesional tiene grandes impactos en las poblaciones mineras, en primer lugar puede apoyar las acciones de sustitución de minería cuando la formalización no es viable, para la protección de salud e integridad y para elevar la productividad. Sin embargo el acceso a la formación profesional encuentra barreras en el acceso a ésta por parte de minería no formalizada. Como se ha señalado en otras secciones de este estudio, la rigidez del modelo de relacionamiento de las instituciones con las poblaciones mineras, en ocasiones coloca a las comunidades en un círculo vicioso de no acceder a servicios del estado por no ser informales pero para dejar de serlo requieren asistencia. Si bien los programas de formalización apuntan a romper este círculo su alcance es limitado por las limitaciones de acceso al recurso derivado de las limitaciones de acceso a títulos.

Este es el caso de la Alianza por la Minería Responsable –ARM-, una organización internacional que ha llevado a cabo procesos de certificación de Minería Justa (Fairmined) en varios municipios de la región andina de Nariño.

En Boyacá, El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en conjunto con Corpoboyacá, desarrollaron un proyecto para erradicar las fuentes de emisiones contaminantes para los sectores artesanales de producción de ladrillo y cal en el Valle de Sugamuxi. El proyecto contemplaba a 104 alfareros y 46 caleros de la región. Bajo este marco, los pequeños mineros de los municipios de Nobsa, Firavitoba y Sogamoso, que decidieron abandonar las prácticas contaminantes, reciben capacitaciones para ser introducidos a otras actividades productivas, además de pagos mensuales por servicios ambientales durante cuatro años (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015)

 BIOREDD+, uno de los programas ambientales de USAID en Colombia, ha adelantado programas de apoyo para la reducción del mercurio y la formalización minera en Antioquia. En una entrevista con el coordinador local de BIOREDD+ para el bajo Cauca, este explicó que empezaron con 300 minas, de las cuales descartaron 200 por ausencia de áreas disponibles. Con las 100 restantes, emprendieron 5 rutas de legalización y acompañamiento del SENA en validación de capacitaciones en 90 minas.

El papel del SENA es fundamental, pues a pesar de tener limitaciones en términos de recursos y capacidades, es una Institución que hace presencia en zonas mineras con capacitaciones en temas prioritarios. Por ejemplo, en La Sierra, Cauca, el SENA adelanta capacitaciones de salvamento minero y acompañamiento a las comunidades para la reducción de riesgos asociados a la infraestructura de la minería artesanal. Además el Sena tiene centros especializados para el tema minero, como el Centro de Formación Minero-ambiental del Bajo Cauca, ubicado en el municipio de El Bagre, Antioquia. Además a través de alianzas entre instituciones regionales, empresas y/o cooperativas de mineros, se han creado centros de formación mineros, como es el caso del Centro ambiental minero de Andes-Sotomayor en Nariño. La ubicación de estos centros se muestra en el siguiente:

Mapa 2 Centros de formación mineros en Colombia

Mapa2

 Fuente: Elaboración propia con información de información de (SENA, 2015) y Corponariño.

 

Asimismo, la Cámara de Comercio de Sogamoso, en convenio con Corpoboyacá y Fenalcarbón, desarrolló un proyecto denominado SIGMA. Una de las funcionarias de la Cámara de Comercio mencionó que éste es un instrumento de gestión institucional al servicio de los empresarios y trabajadores mineros direccionado al mejoramiento de la gestión ambiental, la productividad, la competitividad y la internacionalización de las empresas. La funcionaria argumentó que a través de esta herramienta se han hecho sensibilizaciones en los sectores alfarero, calero y minero sobre la responsabilidad con el medio ambiente, a través de talleres, videos y capacitaciones. Actualmente se encuentran planificando la segunda etapa del proyecto donde se pretende realizar un acompañamiento técnico a las empresas mineras en Boyacá.

 

 

oro carbon

13.Insuficientes oportunidades de formación para encadenamientos productivos, diversificación económica y otros oficios

Una solicitud generalizada en los departamentos de extracción minera de oro es la de educación de la población local en labores como joyería y orfebrería que permita transformar el material en productos con un valor agregado, generando encadenamientos productivos en la zona de extracción. Aunque en algunas regiones se trabaja en estas labores a escala pequeña, los artesanos insisten en la importancia de crear y fortalecer las escuelas y centros para desarrollar conocimiento técnico y tecnología y mejorar la calidad de los productos para que puedan ingresar en mercados internacionales.

Artesanías. En El Bagre, Antioquia, el Centro de Formación Minero-ambiental –financiado por el SENA, una empresa e instituciones locales y regionales- ofrece un programa de joyería. En el municipio de La Llanada, Nariño, La Cooperativa de Mineros creó un taller de joyería con clases gratuitas financiadas por la Alcaldía del municipio. Sin embargo, de acuerdo a una joven joyera que trabaja en el taller, los ingresos mensuales de un artesano que no esté vinculado con un programa para exportación –por ejemplo, ARM, a través de su programa de comercio justo- están entre los $100,000 y $200,000 pesos, lo que la obliga a trabajar en otras labores para poder mantener su hogar. Para el caso de carbón, en el municipio de Tópaga, Boyacá, existe el Centro Piloto para la Erradicación del Trabajo Infantil en las Minas de Carbón, iniciativa que promueve alternativas para la población menor de edad a través de la educación en labores de artesanías en carbón.

Formación para diversificación. Con respecto a la demanda de capacitación para sustitución de la minería por otras labores, la evidencia en campo en zonas mineras de oro da cuenta de una ausencia de programas de educación en otras labores que mejoren las condiciones de vida de la población minera. El caso de las mujeres chatarreras[6] es un tema urgente, pues constituyen un sector importante de la población minera –de acuerdo con entrevistas realizadas en Segovia, en una mina, las chatarreras pueden llegar a doblar el número de hombres- que se vería afectado con la tecnificación de las minas, pues el procesamiento de residuos se centralizaría, acabando con la fuente de trabajo de estas mujeres. Aunque la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia ha realizado varias visitas con el fin de implementar un proyecto de capacitación para estas mujeres en otras labores distintas a la minería, para las mujeres no es muy clara la viabilidad económica de la sustitución.

Otro proyecto de sustitución está siendo desarrollado por la Fundación Alisos –Alianzas para la Sostenibilidad – en el Bajo Cauca. El propósito del programa es la sustitución de la minería informal por cultivos agroforestales a través de una Alianza Público-Privada –APP-, incluyendo capacitaciones con expertos. Sin embargo, el riesgo de este tipo de programas tiene que ver con el carácter no-participativo de las propuestas. Es decir, se llega a las comunidades con alternativas, en lugar de construir las alternativas con las comunidades, teniendo en cuenta sus capacidades y necesidades reales.

 

SIGLAS:

 

ARM             Alianza por la Minería Responsable

APP              Alianza Público-Privada

Cesac           Contexto escolar y social del aprendizaje en Colombia

DESC         Derechos Económicos, Sociales y Culturales

DUDH       Declaración Universal de los Derechos Humanos

IDE                Índice del Derecho a la Educación

NBI               Necesidades Básicas Insatisfechas

OCAD          Órganos Colegiados de Administración y Decisión

OCDE        Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 

PIB                Producto Interno Bruto

PIDESC       Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

PIRLS        Estudio Internacional de Progreso en Competencia Lectora

PISA              Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos

PMI               Parque Minero Industrial

SENA             Servicio Nacional de Aprendizaje

SIGMA         Servicios integrales para la gestión minero ambiental

TERCE       Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo

UNESCO     Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura

UPTC                       Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia

USAID        Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo

 

Bibliografía

Banco Mundial. (2014). Datos: Gasto público en educación, total (% del PIB). Recuperado el 29 de 10 de 2015, de http://datos.bancomundial.org/indicador/SE.XPD.TOTL.GD.ZS

Beltrán, E. A., Lobato, C. E., & Barbosa, J. E. (2010). Las paradojas de una bonanza: impactos de la actividad carbonera en los departamentos del Cesar y Magdalena. Santa Marta: Universidad del Magdalena y Colciencias.

Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales . (1999). Observación General N° 13 sobre el Derecho a la Educación (Art. 13 del Pacto sobre los Derechos Sociales, Económicos y Culturales).

Consejo Privado de Competitividad. (2014-2015). Informe Nacional de Competitividad.

Constitución Política de Colombia. (1991).

Corte Constitucional, Sentencia T-153/13. (s.f.). Recuperado el 23 de 10 de 2015, de http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/T-153-13.htm

Defensoría del Pueblo. (2014). Informe Defensorial: Prevención del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. Análisis de la política pública con enfoque étnico. Bogotá: Defensoría del Pueblo de Colombia.

Icfes. (2014). ¿El logro escolar está influenciado por el entorno de las instituciones educativas en Colombia? Recuperado el 29 de 10 de 2015, de http://www2.icfes.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=3

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (5 de 2 de 2015). Recuperado el 30 de 10 de 2015, de https://www.minambiente.gov.co/index.php/component/content/article?id=1655:minambiente-lanza-proyecto-de-pago-por-servicios-ambientales

Ministerio de Educación. (s.f.). Marco Legal - Sistema de Educación en Colombia. Recuperado el 23 de 10 de 2015, de http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-231223.html.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público. (2014). Oficina de Comunicaciones. Recuperado el 29 de 10 de 2015, de http://www.