PRINCIPIOS RECTORES: Cinco años de olas de progreso muestran que la marea ha cambiado

PRINCIPIOS RECTORES: Cinco años de olas de progreso muestran que la marea ha cambiado

PRINCIPIOS RECTORES: Cinco años de olas de progreso muestran que la marea ha cambiado

Luis Fernando de Angulo
Director Ejecutivo

La influencia de los Principios Rectores sobre empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas (PRNU) en Colombia surgió de manera rápida y contundente. En junio de 2011, cuando los PRNU fueron aprobados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la agenda de empresas y derechos humanos era muy reducida en Colombia como una dimensión reconocible de la práctica responsable de los negocios o del enfoque definido para los organismos públicos competentes en la supervisión de los proyectos o la protección de los individuos y las comunidades.

La primera ola

La idea que las empresas son responsables en el campo de los derechos humanos fue, en cierto modo, llamativa, y generó inicialmente, en algunos sectores, algo de rechazo inmediatamente después de la aprobación de los PRNU.

Las cuestiones de derechos humanos y empresas en Colombia se encontraban hasta entonces, asociadas a una percepción de complicidad con los crímenes cometidos por las organizaciones armadas, en el curso del conflicto interno armado en Colombia. La limitada discusión de los derechos humanos en el ámbito de los negocios estaba estrechamente relacionada con violaciones de los derechos civiles y políticos y asociada a cuestiones de justicia penal, y a la y a discusiones sobre participación directa o indirecta de las empresas en el conflicto armado.

Quienes mostraron interés inicial en la aplicación de los PRNU, así como en muchos otros países, más que el gobierno fueron las filiales colombianas de empresas multinacionales  que ya estaban familiarizadas con el marco “Proteger, respetar y remediar”. Muchas de ellas habían participado en las consultas realizadas por el Representante Especial sobre Empresas y Derechos Humanos, el Profesor John Ruggie. Esta primera respuesta a los PRNU por lo tanto no fue una sorpresa.

La segunda ola

La segunda ola surgió de dos iniciativas multi-actor.  El Comité Minero Energético de Seguridad y Derechos Humanos (CME) inspirado en los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos, y en las Guías Colombia, una iniciativa de la sociedad civil, las empresas y el gobierno para la promoción de prácticas empresariales responsables.

Ambas iniciativas acogieron los PRNU para promover mejores y más exhaustivas evaluaciones de los riesgos de seguridad. Guías Colombia desarrolló pautas sobre el trabajo decente, temas de tierra y mecanismos de reclamación, todos ellos basados en los PRNU. Ambas iniciativas han sido fundamentales en la difusión de los PRNU en Colombia y han interesar a  actores clave del gobierno y  de empresas en conceptos como derechos humanos, debida diligencia en derechos humanos  y remedio, este último visto desde una perspectiva distinta como oportunidad  de construcción de puentes de confianza , para acercar  grupos tradicionalmente segregados.

Un momento de gran significancia del involucramiento  de las iniciativas con los PRNU fue la participación de John Ruggie en el  evento internacional del CME en 2014, sobre la seguridad y los derechos humanos. Este evento, sumado a la solicitud de Colombia para convertirse en un miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ayudó a desencadenar la atención del Gobierno de Colombia en el apoyo a los esfuerzos de las empresas para poner en práctica los PRNU. La intensificación del proceso de paz de Colombia y el compromiso con las normas internacionales estimuló la reflexión necesaria al interior del gobierno para formalizar su compromiso con los PRNU.

La tercera ola

La cooperación internacional ha jugado un papel fundamental en el avance de la agenda de empresas y derechos humanos y en ayudar al gobierno de Colombia en sentar las bases de una nueva tercera ola de aplicación de los PRN  en donde la política pública de empresas y derechos humanos ocupa un espacio protagónico

Durante el periodo 2014 – 2015, el Gobierno inició la preparación y discusión para formular el Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos (PNA) y  la aplicación sistemática de los PRNU en Colombia. Esta decisión responde también a la exhortación del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas a los  Estados, para profundizar su compromiso con los PRNU mediante la formulación de un plan de acción, en el cual se establecieran prioridades y las bases de política pública para una integración más robusta de las interacciones entre los gobiernos y las empresas alrededor de la protección y respeto a los derechos humanos

Los aspectos del PNA de Colombia, fueron consultadas con los principales grupos  de interés de diversos sectores económicos y organizaciones de la sociedad civil, entre ellas IHRB y CREER. Finalmente, se publicó en diciembre de 2015, convirtiendo a Colombia en el primer país latinoamericano en emitir un PNA sobre empresas y derechos humanos. Desde entonces, varios países de la región han solicitado asesoramiento y apoyo a Colombia para elaborar sus propios planes nacionales de acción.

La comunidad internacional ha venido apoyando este esfuerzo pionero. Uno de los primeros proyectos que desarrollan el  PNA es una evaluación de las opciones no judiciales, públicas y privadas, existentes para el acceso a remedio por impactos a derechos humanos asociados a la actividad empresarial. La investigación, la evaluación de alternativas y la formulación de propuestas de mejora está siendo dirigida por CREER con el apoyo financiero del Fondo para la Democracia y los Derechos Humanos del Reino Unido.

El proceso de preparación y consulta del PNA ha llevado a muchos organismos colombianos a reflexionar sobre cómo integrar los derechos humanos en sus políticas sectoriales y sobre la forma en que pueden y deben caracterizar los impactos de las actividades económicas bajo su supervisión. Un primer ejemplo significativo ha sido la participación de la UPME (una agencia del Ministerio de Minas a cargo de la planificación del sector) en la próxima a ser publicada Evaluación Integral  De Impacto en Derechos Humanos Del Sector Minero dirigida por CREER. La  motivación  de UPME ha sido incluir en el proceso de planificación una línea base de los derechos humanos para los diferentes minerales y regiones, como un insumo básico para un enfoque de acción sin daño en las políticas y los proyectos mineros.

La marea ha cambiado

¿Se habrían podido producir estas olas de iniciativas y cambios en la política, sin el impulso global y la convergencia provocada por los PRNU  desde hace cinco años? Ciertamente no en Colombia. Los PRNU han permitido la inserción de los derechos humanos en la agenda de las empresas y han estimulado una nueva forma de entender el valor de los estándares de cuidado y prudencia en la planificación de proyectos y políticas públicas.

La influencia es aún limitada, sin embargo son claros los ejemplos de avances concretos de empresas y del Gobierno de Colombia. Hace cinco años no parecían posibles.

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