9. Haciendo que el rol del sector privado en los Objetivos de la ONU para el Desarrollo Sostenible favorezca los Derechos Humanos.

9.	Haciendo que el rol del sector privado en los Objetivos de la ONU para el Desarrollo Sostenible favorezca los Derechos Humanos.

9. Haciendo que el rol del sector privado en los Objetivos de la ONU para el Desarrollo Sostenible favorezca los Derechos Humanos.

En el 2015, las Naciones Unidas adoptará unos nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que trazará el camino para la agenda de desarrollo internacional hasta el 2030. En agosto de 2014 un grupo de trabajo intergubernamental (Open Working Group) propuso un borrador inicial de los objetivos. Dicho grupo presentó 17 objetivos que cubren una gama amplia de temas importantes tales como la erradicación de la pobreza (Objetivo 1), el empleo y trabajo digno (Objetivo 8), cambio climático (Objetivo 13) y acceso a la justicia y la responsabilidad de las instituciones (Objetivo 16). El Secretario General de las Naciones Unidos recientemente emitió un Reporte de Síntesis como la más reciente contribución al proceso de elaboración de la agenda post- 2015.

Tanto el borrador elaborado por el grupo de trabajo intergubernamental como el reporte del Secretario General, buscan reflejar el rol del sector privado, aspecto no incluido en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Ambos documentos reconocen la contribución de las empresas frente al crecimiento económico y la innovación en sostenibilidad.

Sin embargo, es bien reconocido que las actividades de las empresas también pueden tener un impacto adverso sobre la población y el medio ambiente. El reporte del Secretario General hace referencia a los beneficios que puede ofrecer un sector privado regulado y responsable al desarrollo sostenible, pero no aprovecha la oportunidad para reafirmar el deber de los Estados de establecer un marco para las empresas responsables o, fijar como mínimo la expectativa frente a la contribución de las empresas en la promoción de iniciativas para el desarrollo económico, social y del medio ambiente, respetando los derechos de aquellos afectados por las actividades de las empresas.

El reporte del Secretario General da un paso adelante, que debe ser bienvenido, frente al el borrador del grupo de trabajo en el sentido de reconocer algunos estándares clave. Explícitamente hace referencia a los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos humanos-PRNU, los estándares de trabajo de OIT y los estándares para medio ambiente de la ONU, todos estos estándares con los que se deben alinear las política de inversión que implementan los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así mismo, el reporte busca elevar el rasero de los informes corporativos, alentando a los estados a adoptar un régimen de presentación de informes obligatorio en materia económica, medio ambiental, social y de gobernanza (EESG por sus siglas en inglés). De ser implementados, estos regímenes contribuirían a la transparencia en estas áreas.

El Reporte de Síntesis también hace una breve referencia a alianzas publico privadas responsables que se están posesionando como uno de los medios clave para implementar los ODS. Cientos de alianzas de este tipo existen entre gobiernos y otros actores, entre estos las empresas, y toman diversas formas con el propósito de enfrentar nuevos retos en desarrollo. Sin embargo, a pesar de la cantidad de alianzas, todavía no hay evidencia sólida acerca de cuál es la mejor forma de llevarlas a cabo. Aún es necesario elaborar herramientas efectivas para evaluar la gobernanza y el impacto que pueden tener dichas alianzas.

Con el objetivo de finalizar los ODS en septiembre de 2015, y en un esfuerzo por contribuir a la comprensión de lo que en la practica son las alianzas publico-privadas responsables, el IHRB revisará la situación de una selección de alianzas, cómo establecen sus objetivos, cómo desarrollas estructuras de gobernanza, cómo adoptan estándares de operación y desempeño y cómo incorporan mecanismos de responsabilidad. El objetivo es examinar hasta qué punto estas alianzas son consistentes con los estándares internacionales de derechos humanos incluyendo el cómo previenen y solucionan efectos adversos inesperados de sus intervenciones.

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