Hablemos de la Minería que No se ve

Hablemos de la Minería que No se ve

Hablemos de la Minería que No se ve

En Colombia el debate acerca de la minería se encuentra mediatizado, politizado y polarizado. Estos sesgos nos han impedido dar discusiones abiertas como sociedad acerca de ésta actividad económica y abrir espacios de diálogo des-ideologizados que nos permitan llegar a acuerdos sobre el tipo de minería con la que sí podemos vivir, más allá de la dicotomía de sí o no a la minería.

Con este objetivo, el Centro Regional de Empresas y Emprendimientos Responsables, un centro de pensamiento fundado por el Instituto de Derechos Humanos y Empresas (IHRB) en marzo de 2015 en Colombia, se embarcó en la elaboración de una Evaluación Integral Sectorial de Impactos (EISI) en el sector de la minería, recientemente publicada y disponible para consulta en www.creer-ihrb.org, la cual fue desarrollada gracias al apoyo de las embajadas del Reino de Noruega, de la Gran Bretaña, del Reino de los Países Bajos y de la Unidad de Planeación Minero Energética, entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía.

Este estudio ofrece una radiografía panorámica del sector, al incorporar diferentes tipos de minería y diferentes tipos de minerales; una visión completa de las dinámicas nacionales, al estudiar 8 regiones y 83 municipios e incorporar un modelo cuantitativo para la comparación de municipios mineros con municipios no mineros, que hoy nos permite responder preguntas como ¿qué tiene que ver el número de estudiantes por salón con la minería?; y una aproximación integral a la visión de diferentes actores, al seguir la lógica que denominamos 360° y que implica hablar de lo mismo con todos, con comunidades, Estado, empresas y emprendimientos mineros.

Pero tal vez el aporte más relevante es la interpretación en clave de derechos que se hace de los impactos ambientales, políticos, sociales, culturales y económicos relacionados con el ejercicio de la minería, y que permite abrir la discusión en términos de la obligación de proteger, respetar y remediar dichos impactos de acuerdo con los Principios Rectores de Naciones Unidas para Empresas y Derechos Humanos, al tiempo que se humaniza la problemática, recordándonos que quienes están detrás de las cifras y la dura realidad son individuos, ciudadanos, con responsabilidades y derechos.

Con 130 recomendaciones específicas, este esfuerzo investigativo busca pasar del dicho al hecho, informando la toma de decisiones de política pública, y ya ha demostrado su impacto al impulsar a la acción de instituciones que, como la Unidad de Planeación Minero Energética, han emprendido un plan de trabajo específico para la adopción de algunas de éstas recomendaciones.  

 

¿QUÉ ES DE LO QUE NO SE HABLA?

Existen por lo menos 3 discusiones aplazadas o ignoradas que el país debe dar si queremos llegar a desarrollar una minería sostenible y responsable. Nuestra invitación es a abrir la discusión y por eso hoy, a partir de nuestros hallazgos principales, queremos poner tres temas sobre la mesa:

  1. ¿Quién sueña con la minería?

Una de las grandes sorpresas que nos llevamos al emprender el estudio fue el hallazgo de que a pesar de que la minería es el segundo renglón en la economía del país, ésta no se encuentra entre las líneas estratégicas de los planes de desarrollo territoriales. ¿Qué nos dice esto? EN primera instancia, que la minería no se entiende como un recurso de desarrollo, lo cual tiene serias implicaciones en el hecho de que el sector se planea independientemente del territorio, o a espaldas del territorio, factor que exacerba la conflictividad alrededor de la minería en las regiones, pues ésta se planea desde unas esferas, pero se vive en otras.

Adicionalmente, nos muestra por qué es tan complejo el diálogo a cerca de la minería, pues no es posible una conversación de distintos actores que no logran soñarse con cuáles son sus horizontes. La política minera entonces ve menguada su legitimidad cuando los mineros no se ven reconocidos o reflejados en su diseño y esto es, porque desafortunadamente, la protección de derechos no está actualmente en el centro de la política sectorial.

En Colombia es evidente que enfrentamos una paradoja, dado que mientras la administración territorial ha evolucionado hacia la descentralización, la gestión del sector minero se ha ido centralizando paulatinamente.

¿Cómo cerrar entonces la brecha entre el sueño y la realidad? Desde CREER planteamos que la sostenibilidad de los escenarios mineros requiere planear el sector con enfoque territorial, así como la protección de derechos como eje articulador de las actuaciones institucionales.

 

  1. Cuando reina la desconfianza…

Un escenario en el que no hay confianza basada en unas reglas de juego claras cierra las oportunidades de diálogo, entendimiento y cooperación entre los actores. ¿De dónde viene la desconfianza? Se puede identificar tres factores que la alimentan: primero, la asimetría en la información y el hecho de que frecuentemente ésta se considere ilegítima por parte y parte; segundo, la percepción desde las regiones de una ‘excesiva’ cercanía entre las empresas y el Estado; y tercero, la ausencia de reglas claras que definan responsabilidades.

En este respecto, la asimetría y legitimidad de la información es el principal reto que enfrenta en este momento la recién creada oficina del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como Punto Nacional de Contacto para atender reclamaciones según lo indican las Directrices para Empresas Multinacionales de la OECD. El primer caso que dicha dependencia atenderá consiste en una queja en contra de la empresa minera Drummond en referencia a asuntos laborales. De la forma en la que se maneje este primer caso, dependerá la legitimidad del mecanismo de ‘Punto de Contacto’, lo cual no es un reto menor. 

De otro lado, la ausencia de reglas claras que definan responsabilidades es evidente frente a casos como en la minería de carbón en el que por un proceso inconcluso de reasentamiento la empresa tiene la obligación de pagar los recibos de la luz y al mismo tiempo la obligación de adelantar censos que son rechazados por los habitantes, quienes lo perciben como una vulneración de su privacidad.

Bajo estas circunstancias no sólo las comunidades sienten la falta de garantías, los actores empresariales también manifiestan una falta de reglas de juego claras, máxime cuando el país se ha acostumbrado a que temas como la controvertida consulta previa se regulen vía tutela desde la Corte Constitucional en ausencia de una reglamentación de la misma. 

En este sentido es necesario comprender que la confianza no se decreta, sino que se construye sobre la base de dos aspectos: la regulación y auto-regulación de los comportamientos del más poderoso; y la existencia de una tarea común. Entender que hablamos de impactos más no de conspiración por parte de los actores, sería un gran paso hacia la apertura del diálogo y la cooperación entre los actores involucrados en el sector.

 

  1. ¿A quién acudo?

En tercer lugar, encontramos que son tres las principales expectativas que se tienen frente al Estado y que le otorgan legitimidad, y las tres presentan grandes retos en las regiones mineras, a saber: la administración de tributos, la seguridad y la administración de justicia. 

La falta de respuesta en estos tres frentes, ha minado la legitimidad  del sector, cuyos impactos negativos hoy se perciben superiores a los beneficios.

En relación con la administración de tributos por ejemplo, la inversión de las regalías en las regiones mineras es un tema que causa gran controversia; ni el esquema previo ni la normativa vigente permiten contar con mecanismos de asignación que aseguren la mitigación de riesgos asociados a la explotación minera en las regiones. De esta forma, la distribución de regalías con menor participación para territorios mineros puede profundizar la vulnerabilidad en el goce y ejercicio de derechos de sus habitantes.

En segundo renglón, la administración de justicia en entornos mineros es precaria; de hecho, la mayoría de los conflictos en las zonas mineras se encuentran asociados con ciertas acciones administrativas o con la ausencia de ellas, situación que se agrava por carencias en la debida diligencia por parte de las empresas.

En tercer lugar, las regiones mineras se encuentran más expuestas a la violencia y presentan una mayor intensidad de presencia de actores armados y delincuencia común.

En este contexto, se tiene que en los entornos mineros, se presenta una situación de debilidad estatal, la cual se ve reflejada en la incapacidad de las agencias del Estado para interactuar de manera consistente, predecible y coherente.

¿CUÁL ES LA MINERÍA CON LA QUE PODEMOS VIVIR?

Que la minería existe en Colombia y continuará es una realidad, también la existencia de conflictos alrededor de la misma; sin embargo es en la forma de canalizar y atender dichos conflictos en donde puede y debe innovar el país. 

Abordar estas tres discusiones sin duda es una tarea urgente, no sólo de parte de las instituciones, sino de las empresas, las regiones y la ciudadanía.

Desde CREER consideramos que para dar un paso en ese sentido, debemos empezar a preguntarnos más por ¿cuál es la minería con la que podemos vivir? Para salirnos del debate dicotómico de si o no a la minería. 

El desarrollo de pilotos de construcción de confianza y diálogo entre las partes con participación de agentes externos, es una de las claves, puesto que en el contexto actual de desconfianza y polarización, ‘para bailar se necesitan más de dos’.

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