9. Desafíos de la implementación y puesta en marcha del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz

9. Desafíos de la implementación y puesta en marcha del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz

9. Desafíos de la implementación y puesta en marcha del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz

A través del denominado “Acuerdo sobre las Víctimas del Conflicto: “Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz; y Compromiso sobre Derechos Humanos” (Punto 5), que hace parte del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, suscrito entre el gobierno nacional y las FARC, se establecen los lineamientos necesarios para la administración de justicia transicional en el escenario del posconflicto así como las formas de reparación a las víctimas.

Entre otros aspectos, este punto del acuerdo incorpora la llamada “Declaración de principios” convenida entre las partes el 7 de junio de 2014, que involucra, entre otros: el reconocimiento de las víctimas, el reconocimiento de responsabilidad, el esclarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas, la garantía de no repetición, y el principio de reconciliación.

Para garantizar el cumplimiento de los principios arriba señalados, el Acuerdo contempla entonces la creación y puesta en marcha de una serie de instancias, medidas y mecanismos fundamentales, a saber: 1) la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP); 2) la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; 3) la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto;  4) las Medidas de reparación integral para la construcción de la paz; y 5) las Garantías de No Repetición. Todas estas medidas o mecanismos –entendidos a su vez como componentes– se articulan dentro del denominado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Bajo ese entendido, la implementación y puesta en marcha de dicho sistema tendrá un papel preponderante durante el año 2017, por lo cual será indispensable que frente a la ciudadanía en general como veedora y a los distintos actores del conflicto, se presenten plenas garantías de transparencia, imparcialidad e independencia, especialmente en lo que tiene que ver con la reglamentación de los aspectos procesales, estructurales, operativos y con relación a la elección de los integrantes de las distintas instancias judiciales y extrajudiciales contempladas.

De manera particular, se debe resaltar que el nuevo Acuerdo suscrito reiteró la competencia de la JEP para revisar conductas de financiación o colaboración con actores del conflicto en que hayan incurrido los terceros no combatientes que tuvieron una participación activa o determinante en los crímenes más graves. Igualmente establece que a quienes contribuyan a las medidas de verdad y reparación, se les podrán aplicar beneficios como la renuncia de la acción penal u otro tipo de terminación anticipada del proceso, mientras que los que no sean responsables de crímenes graves tienen la posibilidad de obtener la terminación de los procesos que hoy los puedan afectar en la justicia ordinaria.

Es por ello que merecerá especial atención el próximo año, el comienzo de los procesos judiciales que se surtan en el marco de acción de la JEP, los cuales deberán igualmente contar con plena legitimidad y el respeto de todas las garantías procesales, pero además con la total mitigación y erradicación de las públicamente conocidas prácticas indebidas –e ilegales- que recurrentemente se han presentado en los escenarios judiciales colombianos, tales como: la politización de la justicia, falsos testimonios, nombramientos influenciados en las Altas Cortes, fallos abiertamente en contra de la separación de poderes, incursión de jueces y magistrados en política, y pago de dádivas para beneficios judiciales incluyendo sentencias favorables, por mencionar algunos ejemplos.

 Finalmente, y tal como quedó establecido en el acuerdo, todos los sectores de la sociedad -incluyendo por supuesto al sector privado y empresarios-, deberán participar activamente tanto desde la veeduría como en la rendición de cuentas del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, especialmente en cuanto al establecimiento de verdad y responsabilidades por parte de todos los participantes en el conflicto, de forma directa o indirecta, para pensar en la reconstrucción del tejido social y de la paz territorial.

*FOTO: Archivo El Tiempo. 

 

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