8. Protección de derechos de personas y empresas frente a nuevas dinámicas de control territorial y economías ilegales

8. Protección de derechos de personas y empresas frente a nuevas dinámicas de control territorial y economías ilegales

8. Protección de derechos de personas y empresas frente a nuevas dinámicas de control territorial y economías ilegales

Con la llegada del posconflicto, se ha advertido sobre las implicaciones de un posible ‘vacío de poder’ que sería aprovechado por bandas criminales y diferentes grupos armados al margen de la ley. Los primeros efectos de este fenómeno podremos empezar a verlos en el transcurso de 2017, año en el cual será de suma importancia el refuerzo de las medidas de seguridad que se implementen por parte de la Fuerza Pública en todo el territorio nacional.

En este escenario, empresas, comunidades y ciudadanos en general requerirán medidas especiales de protección a sus derechos, partiendo por el derecho a la vida, vulnerado como se ha visto en los recientes asesinatos de líderes sociales en las regiones.

Por esto, el modelo de seguridad que se implemente en el marco del pos-acuerdo debe contemplar medidas especiales con enfoque de derechos que permitan a las empresas desarrollar sus actividades productivas sin entrar a ser víctimas de extorsiones y presiones por parte de grupos criminales como en el pasado, y a los líderes y comunidades, ejercer plenamente sus derechos.

En particular, las problemáticas del control territorial por parte de grupos armados ilegales y crimen organizado (como amenazas, homicidios, desplazamientos, retenciones y despojos a quienes se oponen al control territorial), toman aún mayor relevancia en un eventual escenario de posconflicto y frente a la posibilidad de la firma de un acuerdo con el ELN, en el mediano plazo.

La situación en los entornos empresariales con presencia de estos grupos quedará supeditada al actor que ocupe su lugar en el control territorial. En el caso que sea el Estado, su presencia facilitará la generación de capacidades en los territorios. Por el contrario, si el control territorial es tomado por otros grupos armados ilegales y crimen organizado, los entornos empresariales se verán posiblemente deteriorados ante las profundas implicaciones en las posibilidades para el goce y ejercicio de derechos de las comunidades.

Esto tendría consecuencias en el largo plazo, en tanto el deterioro de la estructura productiva en las zonas afectadas por el conflicto, por salida de empresas, generaría afectaciones directas sobre las posibilidades del ejercicio del derecho al trabajo y sobre el desarrollo y fortalecimiento de la economía local. Asimismo, la inversión por parte del sector privado se reduciría derivando en un menor recaudo de impuestos y conllevando así a una menor inversión en salud, educación y servicios públicos por parte de administraciones municipales.

El Estado tendrá el principal desafío de generar una estrategia que responda al crimen organizado sin prolongar el conflicto armado. La articulación estatal será fundamental para la construcción de una relación entre comunidades empresas e instituciones, que logre restablecer la autoridad legítima del Estado en los territorios, garantizando la protección de derechos de los ciudadanos.

*FOTO: Fundación Paz y Reconciliación, http://www.pares.com.co/paz-y-posconflicto/grupos-armados-ilegales/crimen-organizado-una-serpiente-de-mil-cabezas/

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