7. Los retos del país de cara a la puesta en marcha de la Reforma Rural Integral (RRI) y los nuevos instrumentos de política agraria

7. Los retos del país de cara a la puesta en marcha de la Reforma Rural Integral (RRI) y los nuevos instrumentos de política agraria

7. Los retos del país de cara a la puesta en marcha de la Reforma Rural Integral (RRI) y los nuevos instrumentos de política agraria

En el marco de una estrategia de alistamiento para dar cumplimiento y operatividad al punto denominado “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral (RRI)” que hace parte a su vez del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (Punto 1) suscrito entre el gobierno nacional y las FARC, desde finales del año 2015 se materializaron una serie de cambios normativos que sentaron las bases para la reestructuración de la institucionalidad rural en Colombia, lo cual pretende adicionalmente responder a las necesidades e impulso que se quiere dar al sector agrario, especialmente a partir de lo dispuesto en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.

En ese sentido, fueron expedidos una serie de decretos con el fin de llevar a cabo una reforma institucional integral, de la cual es pertinente resaltar los siguientes aspectos:

  • La supresión del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) y en su lugar la creación de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Agencia para el Desarrollo Rural (ADR).
  • La creación de una nueva Agencia para la Renovación del Territorio.
  • La creación del Consejo Superior de la Administración de Ordenamiento del Suelo Rural.
  • La creación del Consejo Superior para la Restitución de Tierras.

Adicionalmente, se destaca:

  • La expedición del “Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural(Decreto 1071 de 2015), modificado y/o adicionado por los Decretos 1298, 1449, 1565, 1648, 1780, 1934, 2020 y 2179 de 2015, el cual compila reglamentaciones preexistentes, con el objetivo de agrupar y racionalizar las normas de carácter reglamentario que rigen en el sector y contar con un instrumento jurídico único para el mismo.
  • La definición en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 de la la necesidad de efectuar un arreglo institucional integral que permita atender de manera especializada la ejecución de las políticas de ordenamiento social de la propiedad rural, en cabeza de la recientemente creada Agencia Nacional de Tierras, para lo cual estableció concretamente la puesta en marcha de un catastro multipropósito en el país, entendido como aquel que disponga información predial para contribuir a la seguridad jurídica del derecho de propiedad inmueble, al fortalecimiento de los fiscos locales, al ordenamiento territorial y la planeación social y económica.
  • Así como la creación de las Zonas de Interés y de Desarrollo Rural, Económico y Social (ZIDRES) mediante la Ley 1776 de 2016, que buscan establecer la posibilidad de delimitar de territorios especiales con aptitud agrícola, pecuaria y forestal y piscícola, identificados y avalados por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), destinarlos al desarrollo de proyectos productivos de preferencia asociativa con miras a impulsar la creación de parques tecnológicos con el uso de energías limpias y zonas francas agroindustriales. Es de destacar que a la fecha la posibilidad de materializar las ZIDRES depende del pronunciamiento de la Corte Constitucional frente a la demanda que se interpuso contra la Ley que las creó, pues entre otras cosas se ha puesto sobre el debate el hecho de que las ZIDRES podrían implementarse en cualquier lugar del país con altos índices de pobreza o sin acceso a infraestructura de transporte, lo cual sugiere como afirman algunos analistas tener acceso entre el 35 y el 43 % de los baldíos de la nación que podrían cumplir con esas condiciones, y ello significa que las ZIDRES disminuirían radicalmente la cantidad de tierras disponibles para dar en propiedad a los campesinos sin tierra, meta clave de la RRI.

Bajo esas consideraciones, la aparición de todas las instituciones, instancias e instrumentos, representa un reto enorme de cara al año 2017, no sólo en cuanto se refiere a las posibilidades reales a nivel de implementación y materialización de esas iniciativas, sino para que logren generar de manera efectiva una verdadera estabilización socioeconómica del campo y de los derechos de su población, frente a lo cual la actividad empresarial especialmente la agroindustrial, deberá mostrar compromiso, liderazgo y coherencia frente a las políticas de reivindicación rurales, particularmente en las zonas rurales dispersas y en aquellas priorizadas para el posconflicto.

*FOTO: ARCHIVO G. ZARAMA

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