6. Integración de la protección y respeto de los derechos humanos en las actividades económicas que contemplen los Planes de Desarrollo Territorial

6. Integración de la protección y respeto de los derechos humanos en las actividades económicas que contemplen los Planes de Desarrollo Territorial

6. Integración de la protección y respeto de los derechos humanos en las actividades económicas que contemplen los Planes de Desarrollo Territorial

El Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, suscrito entre el gobierno nacional y las FARC incluye en su primer punto el compromiso de las instituciones de llevar a cabo una Reforma Rural Integral (RRI). En este aspecto, el acuerdo busca avanzar en la reparación al atraso de las regiones rurales, al cierre de brechas y la inequidad campo-ciudad. Este punto del acuerdo trasciende el avance del conflicto estado-FARC y apunta a ser el fundamento de las acciones de los actores públicos y privados en el campo. No hay duda que el punto 1 del Acuerdo será en gran medida el determinante de lo que ocurra en el campo en Colombia, a partir de 2017.

Uno de los instrumentos destacados de la RRI son los planes de ordenamiento de desarrollo con enfoque territorial- PDET. Señala el acuerdo, que es ya documento de referencia política pública, que en las regiones más afectadas por el conflicto y la pobreza, con presencia de economías ilegales y mayor debilidad institucional, se pondrán en marcha los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial con el fin de implementar con mayor celeridad y recursos los planes nacionales sectoriales. Se trata de reconstruir y transformar estas regiones, garantizar derechos, facilitar la reconciliación y construir de manera participativa, planes de acción para la transformación regional.

Así que la RRI, que combina metas de bienestar, goce de derechos, acceso a la justicia y la seguridad con mayor competitividad y modernización de la economía rural, inevitablemente será referente de las actuaciones de las empresas de los sectores agropecuarios, de la comercialización y de la inversión. Los acuerdos en este punto raramente  mencionan al sector privado, no abordan las expectativas de desempeño y responsabilidades empresariales, y por lo tanto tampoco hacen referencia a la interacción con el sector empresarial rural. Será entonces necesario construir esos  modelos de relacionamiento responsable del sector empresarial en los distintos escenarios de construcción de paz territorial y acordar el papel de las empresas en los procesos de la planeación del desarrollo rural integral, de la comercialización, de la transformación de la producción y de los enlaces con las economías urbanas. Esto, bajo la sombrilla general de construcción de estado, sociedad y mercados como precepto general de la paz territorial.

No cabe duda entonces que esa armonización de los planes nacionales sectoriales y el desarrollo territorial requerirá de acuerdos también participativos para que la actividad empresarial, necesaria para la construcción de riqueza y crecimiento endógeno en las regiones, esté guiada por criterios de respeto a los derechos de las poblaciones. Es un reto a la debida diligencia, a la atención y remedio pronto y eficaz a los conflictos, y a una una nueva forma del Estado para atender su obligación de arbitrar y orientar la actividad empresarial. En este contexto los Principios Rectores de Naciones Unidas tendrán un nuevo desarrollo, ya no será tanto el énfasis en debida diligencia en áreas de conflicto sino debida diligencia en la construcción de paz.

Los PEDT requerirán de un diseño y una hoja de ruta, en donde las nuevas formas de relacionamiento, los cómos de la interacción de todos los actores serán tan importantes como los objetivos. Colombia está llena de ejemplos de acuerdos sobre lo que hay que lograr, malogrados por subestimar la construcción de confianza y el reconocimiento de legitimidad de todos las partes. En 2017 veremos cómo se aprovecha esta nueva oportunidad.

*FOTO: ARCHIVO G. ZARAMA

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